OPINIÓN
Atentó contra la dignidad de Jiménez Espriú: La gran mentira de AMLO hirió la dignidad portuaria
Comuna México, por Benjamín Mora //
La maduración psicológica y el desarrollo espiritual hacen que la persona tome consciencia de sus palabras y acciones, aceptando la realidad de uno mismo ante los demás, de manera que podemos descubrir y asumir el verdadero sentido de nuestra existencia.
Durante los días de campaña electoral por la Presidencia de la República, alguien cercano a Andrés Manuel López Obrador, lo video grabó aceptando al engaño que conmueve al pueblo como parte de su estrategia política para acceder al cargo que deseaba. Este video se subió a internet y ahí muchos lo conocimos. Hoy, la misma estrategia de mentira y engaño es la que López Obrador utiliza para ampliar las dádivas a las fuerzas castrenses y ganar sus lealtades.
La determinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de entregar la administración portuaria a la Secretaría de Marina la pudo hacer sin necesidad de mentir ni atentar en contra de la dignidad del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, del director general de Puertos y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, y de los cientos de trabajadores portuarios de todo México, pero no, lo hizo con saña, desde la mentira y la difamación, con la voluntad consciente de engañar al pueblo, de desprestigiar a su propia gente y desde lo más profundo de su inclinación demagógica.
López Obrador sabe, pues fue ampliamente informado por el propio ingeniero Jiménez Espriú, que las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) no son responsables ni intervienen en la importación de absolutamente nada por los puertos que administran, y menos, son responsables del contrabando y la introducción ilegal droga al país, en especial desde China, y aun así lo señaló y usó de escudo a su falta de probidad y honor desde Manzanillo al anunciar que los puertos y las aduanas marítimas pasaban a la administración de la Secretaría de Marina. López Obrador engaña en ésta y en la mayoría de sus decisiones presidenciales de gran alcance como lo hizo en el caso del aeropuerto en Texcoco y la cervecera en Baja California. Es incapaz de asumir la responsabilidad total de sus actos; siempre encuentra a quién culpar y, entre ellos, su preferido es el pueblo bueno y sabio.
López Obrador vive en una realidad paralela; vive en su propia realidad: única e irrepetible, irracional e irreconocible, y siempre irreconciliable. Ordenó la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán sabiendo que él es responsable de gran parte del trasiego de droga de México hacia Estados Unidos, en contra de quien hay una solicitud de extradición por el gobierno norteamericano, violentando los términos del tratado de la materia entre los dos gobiernos y ahora, con esta decisión anti portuaria, se da baños de pureza y dignidad, y se asume como paladín en el combate al contrabando de enervantes. No quiero pecar de indiscreto, pero a qué cartel de la droga le corresponde el contrabando desde Oriente y qué interés podrían tener los Guzmán. López Obrador lamentó la condena judicial de Joaquín “El Chapo” Guzmán para terminar su vida en un encierro total por sus crímenes demostrados y acreditados en contra del pueblo norteamericano. López Obrador, quien pide abrazos y no balazos en contra de los criminales, no tuvo misericordia hacia Javier Jiménez Espriú, Héctor López Gutiérrez y cientos de buenos trabajadores y trabajadoras que allanan caminos al buen comercio de México con el mundo; solo la tiene hacia los Guzmán.
No sé si López Obrador tenga una idea clara de los daños psicológicos que acarrean sus mentiras, pero es evidente que tampoco comprende la trascendencia de la verdad. Finge ser un hombre bueno, impoluto y probo cada mañana en medio de una gran hipocresía, separándose de quienes lo evidencian, llamándolos de mil maneras denigrantes, con la misma la irreflexión con que acusó de ser cómplice permisivo del narcotráfico a Jiménez Espriú y López Gutiérrez desde Manzanillo, Colima, ante los medios y excluyendo de su cónclave a los acusados.
Su ego es gigante. Primero está él y luego está él mismo, y nadie está a su lado en igualdad de dignidad. Teme al rechazo y por ello tardó en aceptar la renuncia de don Javier Jiménez Espriú. ¡Vaya calaña de señor! Este jueves pasado, al aceptar la renuncia de don Javier, López Obrador, se quiso justificar y grabó un video lastimoso. Pretendió racionalizar las causas de la renuncia digna y de gran hombría del ingeniero Javier Jiménez Espriú, a través de un mecanismo de defensa que claramente esconde los trastornos del pensamiento lópezobradorista como son la confabulación, la mitomanía y la pseudología fantástica, íntimamente relacionados con el funcionamiento de un deseo de construir la memoria colectica autobiográfica que le haga trascender en la historia, mintiendo para encubrir rasgos de sí mismo y de su vida que no quiere aceptar.
Insistió, en el video, que en los puertos hay corrupción y que a través de ellos entra contrabando y droga por lo que no basta con una buena administración de ellos, sino que se requiere de seguridad y protección, y por ello entra la Secretaría de Marina, es decir, volvió a echar la culpa a Jiménez Espriú de todo, castigando su buen nombre e imagen. Lo que faltó decir es que, la propia Marina Armada de México es quien ya vigila la seguridad de los puertos y que bastaba con fortalecer tal responsabilidad para lograr lo deseado sin violar el espíritu de la Carta Magna respecto de las fuerzas armadas.
Hoy, en el video, López Obrador demonizó una vez más a su secretario de Comunicaciones y Transportes desde la falsedad al declararlo permisivo en el contrabando y el trasiego de la droga por los puertos de México. López Obrador rompió así con los límites de lealtad hacia los suyos cuando los suyos han sido probos y honestos. López Obrador no fue así de grosero con Manuel Bartlett Díaz cuando se le acusó de falsear su declaración patrimonial.
Este es a quién Nathaniel Parish Flannery califica de demagogo incompetente en su artículo “President López Obrador is Failing México” y en el que lee “Constantly antagonizing and demonizing his political rivals and his critics in the media” (Constantemente antagonizando y demonizando a sus rivales políticos y sus críticos en los medios), publicado en Forbes el 1 de julio de 2020. Grave acusación: ¡DEMONIZANDO!
Nos enfrentamos ante un mentiroso consciente en una realidad que no puede ni quiere asumir y que busca anular la inteligencia social e inducir a la fantasía colectiva. Tenemos por delante, muchos días de engaños y desengaños. De peligros crecientes.
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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