OPINIÓN
Acusaciones directas contra EPN y Videgaray: Filtraciones demoledoras
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Por más que quisiera quien esté atento a los sucesos nacionales, no puede sustraerse a lo que aconteció la semana pasada: la filtración de dos documentos en relación al caso Lozoya y el combate a la corrupción, lo que involucra plenamente a la política mexicana.
Ni el COVID-19, ni la situación económica crítica que azota al mundo o las elecciones estadounidenses que para el orbe tanto significan, bueno ni la final de la Champions de futbol europeo que emociona a millones, pudieron distraernos de conocer esos documentos: uno consistente en un video de poco más de cuatro minutos, y otro de 63 páginas que es nada más ni nada menos, que el esperado texto de la denuncia que presentó el 11 de agosto reciente, Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de proporcionar datos que le acrediten para recibir el trato de testigo colaborador que ya se le otorga, papel que de resultar eficaz, casi lo exentará de sanciones punitivas.
En el video filtrado por nadie sabe quién, pero del cual muchos aparecen como sospechosos, comenzando con los adversarios del PAN, siguiendo con los de los gobernadores involucrados y continuando con los amigos del mismo Lozoya, se exhibió en toda su descarnada y nauseabunda imagen a los deshonestos. Por ello algunos aseguraron que como encuadran dentro de las acciones que auspicia el Presidente del país para abatir la corrupción, quizá allí radica la clave de cómo aparecieron: pero la FGR se deslindó rápido de que ella haya sido la filtradora y AMLO asentó el día 20, en la mañanera, que había de indagarse. Lo cierto pues, es que el video representa un botón de muestra de lo podrido del sistema político mexicano; porque si de él se acredita lo que ciertos legisladores federales suelen hacer, para obtener dinero, similares maniobras se llevan a cabo en los Estados y municipios, para lograr fines que lejos de beneficiar al pueblo y sus instituciones, solo engordan las cuentas y bolsillos de los políticos implicados. Y Jalisco, desde hace sexenios no está excluido de tales desenfrenos.
El 19 del presente mes, el impacto causado por el video, pasó a segundo término ante la filtración de la denuncia de Lozoya. Fue su efecto como el de una bomba nuclear, pavoroso y aniquilador. Claro que resta probar lo allí referido, pero sostenido por quien subsistió en las entrañas del monstruo, mucho de lo denunciado debe ser cierto.
De la lectura, larga y a veces pesada, pero que se sostiene por la expectativa de qué nuevos delitos y personajes van a ir apareciendo, no menos de dieciséis políticos finalmente se inmiscuyen. Y son de primerísima línea, desde expresidentes, como Salinas, Calderón y Peña Nieto, o poderosos funcionarios al estilo de Videgaray, Meade y el mismo Lozoya.
La parte inicial de la denuncia narra detalladamente cómo se enlazaron el dueño de la compañía brasileña Odebrecht, con el candidato y luego Presidente Enrique Peña Nieto, siendo luego sustituido en la relación por Luis Videgaray y Lozoya. Todos dedicados a tramar la manera de a final de cuentas, corrompidamente ganar dinero a costillas de PEMEX y la nación.
Asombra que en esas mezquinas maniobras, varios millones de dólares se hayan destinado para cubrir gastos durante la campaña electoral de Peña Nieto y particularmente pagarle a sus consultores extranjeros (uno cobró 380,000.00 euros ¡!), como si la campaña fuera para llegar a Secretario de la ONU.
¿Y de todo esto ni por asomo se dio cuenta el IFE, actualmente INE? Y eso que sus consejeros y altos funcionarios, son tan quisquillosos cuando de dinero se trata, sobre todo si es cuestión de defender sus estratosféricos salarios y ostentosos gastos complementarios.
A cada paso Lozoya reitera: el que me daba las instrucciones directas era Videgaray, quien le reportaba a Peña Nieto. Por cierto, que el denunciante aclara que apenas sí conocía a los dos superiores que tenía, o sea el futuro Presidente del país y su flamante brazo derecho, Videgaray. Todo eso fue en 2012 y luego describe lo sucedido en 2013: se le instruyó para entregar cantidades a la oposición, a efecto de que se aprobaran reformas estructurales. Esas cantidades también las proporcionó Odebrecht, siendo los recipiendarios senadores y diputados, sobre todo panistas, quienes enviaban a sus peones a contar y recoger sus bolsas transparentes (desde luego, tontos no son) para que supieran la denominación de los billetes y además en maletas. Según avanzaba la reforma energética, se entregaban sumas cuantiosas a dichos dizque “legisladores”, que, de ser cierto lo que describe la denuncia, no son más que buitres.
Al respecto afirma Lozoya: “…la actitud de los panistas en obtener recursos era brutal.” (Página 15, de la denuncia) y luego agrega que Videgaray “llevaba un control puntual de los sobornos entregados”. Y el dinero que daba la empresa brasileña, era ahora para garantizar dominio e influencia en el gobierno.” (Pág. 18, denuncia). Pero también hubo priístas en el enjuague: el senador David Penchyna, recibió en 2014 seis millones de pesos. Este por cierto tiene apetito monetario desbocado, pues siendo director del INFONAVIT percibía la fabulosa cantidad de $745,000.00 pesos mensuales, en tanto que los trabajadores afiliados a ese instituto, reciben magras sumas para tener una casita, misma que pagan con crecidos intereses y largos períodos.
Y el asombro no para conforme leemos esa denuncia: Ricardo Anaya, el célebre candidato panista bautizado como “Ricky, Ricón” recibió la crecida cantidad de $6, 800,000.00 por el mes de agosto, luego de constantes presiones que ejerció sobre Lozoya.(Pág.20, Denuncia). Ente 2013 y 2014, señala Lozoya, se entregaron ochenta millones de pesos al enviado de los legisladores blanquiazules, habiéndolos recibido su enviado señor Rafael Caraveo Opengo, en ese entonces secretario técnico de la Comisión de Administración presidida por el panista Jorge Luis Lavalle y cercano al exsenador Ernesto Cordero. Según Yolanda Valladares, ex dirigente panista en Campeche, Caraveo Opengo era prestanombres de Jorge Luis Lavalle.
Sobre lo anterior, los señalados como recipiendarios de las bolsas de dinero en este sombrío relato de la corrupción, aunque nerviosos, han reaccionado airados y amenazantes, niegan todo y anuncian demandas y denuncias contra Lozoya. Preguntado sobre esto, expresó el senador Germán Martínez, al periodista Julio Astillero: “yo no le creo todo a Lozoya, pero tampoco les creo a los que señalados en la denuncia, replican que son inocentes.” Y en eso estamos de acuerdo.
La denuncia es tan extensa e interesante, que amerita otro artículo. Por hoy, tomemos aire y luego, si otra cosa no lo impide, completaremos nuestro vistazo sobre tan singular delación.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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