OPINIÓN
Nuevo año, esperanzas renovadas
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Quedó atrás el dificultoso 2020 y nos encontramos en el esperado 2021, que nos ofrecerá retos pero a la vez la oportunidad de cristalizar proyectos. Los mexicanos nunca hemos tenido etapas fáciles, por lo que habremos de salir adelante y no solo sobreponernos a los desafíos, si no que resurgiremos más fortalecidos como nación.
Uno de los primeros enfrentamientos lo es la pandemia del COVID 19, mal que se ha ensañado causando muchísimos decesos y cientos de miles de enfermos; sin embargo, con disciplina y perseverancia se podrá abatirla, auxiliados con las vacunas que afortunadamente ya llegan a nuestro país, siendo una especie de luz al final del túnel.
El gobierno ha sido tajante al respecto: se protegerá a todos los mexicanos. Incluso, si el sector privado quiere participar, no tiene obstáculos para que intervenga y se sume a la gran tarea de someter esta terrible calamidad. Junto a tal tema viene el vigorizar totalmente la estructura del sector salud, a efecto de cumplir el mandato constitucional del derecho a la asistencia universal, es decir, brindar servicios médicos completos a toda la población.
Día a día debemos nacionalmente redoblar esfuerzos y de esa manera tales adversidades y atrasos serán superados. Lo mismo podemos decir de la situación económica, que iniciando con los quebrantos que generó el año pasado ahora se agregan a la problemática de la cuesta de enero.
En este frente, es alentador que para diciembre pasado ya se hayan recuperado cerca de diez millones de personas trabajando (9.9 millones dice el INEGI), pues la población económicamente activa (PEA), en relación a los doce millones que en abril se habían perdido, era de 55.6 millones: así las cosas, el porcentaje del desempleo se situó en 4.4%. En cuanto al empleo formal, en números redondos, del millón de plazas perdidas, el día 4 de enero, en la mañanera, afirmó el Presidente: “pensamos que en el primer trimestre vamos a estar ya con el millón de empleos recuperados y vamos a llegar a 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social”.
Los datos no son para echar las campanas a vuelo, pero sustentan una recuperación alentadora, lo cual también tiene sustento en el Banco Mundial, organismo que proyecta un crecimiento del 3.7% para 2021, y en las reformas sobre el outsourcing, todo lo cual sumado significa más empleos.
EL EMPLEO
Un problema sobre el empleo es que la informalidad alcanzó la cifra de 29.8 millones de personas, que viene a ser un elevado 56.3% de la PEA. A esto se suma un 15.9% de subocupados, individuos que si bien tienen empleo, buscan un complemento laboral.
Ambos renglones tienen de donde vivir, empero se debe disminuir su número, lo cual tiene que suceder a partir de este año. Anualidad en que se robusteció el salario mínimo con un 15% general, incluyéndose en el sistema de zona libre a la frontera sur de la República, tratamiento que solo recibía el norte del país.
Esta medida, congruente y de estricta justicia, le dará evidente impulso a la economía de las entidades federativas que limitan con Guatemala y Belice, regiones más atrasadas que las del extremo norteño.
No podemos soslayar el grave asunto de la inseguridad pública, en la cual se incluye la violencia, la delincuencia organizada y la impunidad. En este capítulo la exigencia ciudadana es irrestricta: anhela vivir con paz y tranquilidad. Sobre esto existe una Estrategia Nacional de Seguridad, por medio de la cual se debe atender tanto las causas que generan la violencia como el crimen organizado, cuyos hechos sacuden a la comunidad constantemente.
En esa táctica debe incluirse la participación del pueblo, principal afectado, y desde luego, que actúen coordinadamente los diversos órganos del gubernamentales, comprendiendo en esa ligazón a la administración federal como primordial responsable, y a los órdenes de gobierno estatal y municipal. Para ello es trascendente funcionen eficazmente en Estados y Regiones, las Mesas de Trabajo del ramo, conformadas con representantes de cada esfera gubernativa, y el concurso sustancial de la Guardia Nacional, además del apoyo cuando se requiera, de las fuerzas armadas. En estas diligencias, las Fiscalías tienen específicas obligaciones pues de no cumplirlas, se echaría por la borda el trabajo de la prevención y persecución de los delitos.
Por cierto, en esa lucha jamás deberá olvidarse el respeto a las garantías constitucionales o en pocas palabras, a los derechos humanos, ambos aspectos tan vapuleados anteriormente. De allí que el diálogo y la corresponsabilidad siempre habrán de estar presentes, así como la Protección Civil dentro de ellas. No se debe dejar a un lado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya que el poder económico de las mafias que azotan al país es inmenso, y debe combatirse a fondo.
La Secretaría de Seguridad Pública federal ahora está en manos de una mujer (Rosa Icela Rodríguez Velázquez) quien expresó: “la propuesta rompe esquemas por ser la primera vez que un Presidente se atreve en confiar en las mujeres para atender esa, que es la principal demanda social”; agregó que no desconoce el ramo y que entiende que “no se trata de ganar una guerra, se trata de ganar la paz”, a efecto de tener un país en donde podamos vivir con tranquilidad.
Finalmente hemos de mencionar el aspecto político: es incuestionable que la nación está polarizada; los grupos y partidos se aprestan para la gran jornada electoral del 6 de junio venidero, visualizándose dos formidables alianzas: la autollamada “Va por México” que aglutina a los adversarios de la Cuatro T (o sea de AMLO) y los que apoyan la denominada Cuarta Transformación, que juntos buscan “hacer historia”, es decir los que respaldan al Presidente. En la primera formación se atrincheran los disminuidos panistas, el priismo irredento y los restos insepultos del perredismo, a los que se les sumaron empresarios radicales y dizque “intelectuales exorgánicos”. En la segunda liga se alinean los mayoritarios miembros de Morena, con sus tradicionales seguidores del petismo y la poca recomendable adición de los convenencieros verde ecologistas.
En Jalisco no repercutieron esas alianzas, y los emecistas aplican el dicho de “vale más solos que mal acompañados”, en tanto que blanquiazules y priístas buscan algunas ligas o respaldos para no salir raspados en ese formidable domingo 6 de junio. Los morenistas aseguran que si tienen asegurada su especie de coalición, derivada de la de índole nacional.
Ojalá que todo se decida democráticamente y las campañas sean reflejo de las esperanzas renovadas que tenemos los mexicanos, sobre vivir un año 2021, con desarrollo, paz y orden.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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