OPINIÓN
Se deben crear estrategias: Generar interés de las mujeres por la ciencia
Educación, por Isabel Venegas //
La semana pasada escribía sobre la necesidad de enfocar las acciones en pro de fortalecer los mecanismos y las tareas para dotar de herramientas a las nuevas generaciones con miras a transformar las formas de concebirse a sí mismas en ambientes de ciencia y tecnología. Enfocaba la idea en una de las recomendaciones de la empresa Microsoft: Identificar y dar visibilidad a referentes femeninos en los ámbitos de ciencia y tecnología.
Esta semana habremos de abordar el segundo punto: Generar interés por la ciencia. Hablar de estrategias para trabajar en espacios de educación atendiendo las agendas de género, significa buscar nuevas formas de convivencia académica y laboral, pero también valorar las experiencias vividas en este tema para poder revisar las razones por las cuales algunas prácticas se han quedado en el camino porque no dieron los resultados esperados. A propósito comentaba con una compañera -también maestra en Educación Media Superior- sobre la importancia de promover la participación de la mujer en las áreas de ingeniería desde la preparatoria, ya que es entonces cuando se gesta el interés y el descubrimiento de las diferentes áreas de estudio, mientras que otros colegas se enfocan en motivar desde la educación básica.
Llama mucho la atención el ver las estadísticas sobre la participación de la mujer en la tecnología focalizando una problemática global: hace apenas unos días la revista Forbes presentaba los resultados de un estudio dirigido por Accenture el cual demuestra que el 50% de las mujeres abandonan las carreras de tecnología a los 35 años en promedio, por otro lado los resultados muestran que hay un abandono de los puestos de aplicación tecnológica en una tasa del 45% más alta que los hombres. Solo el 21% de las mujeres mencionan creer que esa industria es un lugar en donde pudieran llegar a prosperar.
El reto es claro: generar el interés por la ciencia implica habilitar laboratorios desde la educación básica, proporcionar experiencias de vinculación con empresas de aplicación tecnológica, pero principalmente fortalecer la apreciación de las niñas ante su propia capacidad, su nivel de inteligencia y las diferencias con las que puede explotar su talento cognitivo en igualdad de accesos que los hombres, y es que debemos hacer una precisión, los términos de igualdad y equidad suelen entenderse como sinónimos cuando en la práctica particular de la agenda de géneros se asume como un término de mayor capacidad para contener elementos el de la igualdad, entendiéndola a partir de la no discriminación y el acceso a todos los derechos humanos, considerando las diferencias sustantivas como accesorios que enriquecen a la comunidad y que dotan de mayor capacidad a los procesos creativos.
Existen organismos internacionales que promueven la participación de la mujer, como Technovation Challenge, https://technovationchallenge.org/ concurso internacional que invita a realizar propuestas de solución a problemas sociales mediante la tecnología. Se trata de que una problemática social específica de la comunidad sea atendida a través de una propuesta de solución con desarrollo tecnológico, específicamente un app para el celular, tratando de integrar la mayor cantidad de componentes, es decir, sin descuidar la forma en que repercute la aplicación de cierta herramienta con los factores alrededor. –Por ejemplo, cuando se quiere resolver el problema de la falta de electricidad de una comunidad, pero no se debe dejar de ver el impacto ecológico, el desarrollo social, así como los usos y costumbres de ese grupo social para que a la larga ellos mismos adopten las medidas como algo propio, lo cuiden y lo mejoren en su momento-
No deja de ser emocionante medir el impacto de lo que puede significar este tipo de experiencias en los estudiantes. Existen otros organismos como Girls Who Code los cuales tienen la misión de cerrar la brecha de género en la tecnología y cambiar la imagen de lo que hace un programador. Para ellos la estimación indica que la brecha de género en los programadores de computación está empeorando. Por ejemplo en 1995, el 37% de los científicos informáticos eran mujeres. Hoy es está abajo del 23%. Esta brecha seguirá en aumento si no se hace algo al respecto. Se sabe que la mayor caída de la participación de las niñas en ciencias computacionales se da entre las edades de 13 y 17 años.
Inclusive la UNESCO, -Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- tiene diversos programas que promueven la igualdad de género los cuales -asegura -, deben considerarse un medio fundamental para promover la excelencia científica y tecnológica. Se habla de la pérdida de oportunidades que esto representa, no solo para las mujeres sino para la sociedad en su conjunto como un potencial sin explotar de las niñas y mujeres brillantes que eligen no obtener títulos o carreras en estos campos debido a los diversos obstáculos que pueden enfrentar.
Estas niñas podrían estar interesadas en las áreas denominadas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) pero en tanto los investigadores sociales se siguen dando a la tarea de encontrar los factores que son preponderantes en la concepción de las familias, las escuelas, las empresas y los gobiernos para comenzar a articular estrategias más efectivas, finalmente se puede trabajar con acciones concretas en el día a día: Las casas universitarias pueden ampliar sus proyectos de viajes de intercambio en el extranjero, visitas a empresas o instituciones desarrolladoras de tecnología, patrocinio para la adquisición de equipos para laboratorios de programación y cómputo, etc. Es mágica la experiencia de los estudiantes cuando ven los prototipos de los jóvenes ingenieros, chicos y chicas que se ven tan “normales” como ellos y que pueden compartir sus experiencias de vida.
Formar a las futuras generaciones, pero principalmente a las mujeres en el ¡Sí puedo! Es un reto que debemos asumir con el compromiso de un acompañamiento solidario, es un empoderamiento positivo que a la larga irá abriendo las puertas a nuevas formas de concebir el desarrollo de tecnología con perspectivas de solución holística, mucha más integradora, puesto que la mirada de las mujeres deberá traer consigo la respuesta a problemáticas que no han sido atendidas hasta ahora.
Tarea pendiente será estimar en nuestro entorno inmediato lo que piensan nuestras jóvenes estudiantes acerca de su formación profesional y su expectativa de éxito acerca de la vida en el campo de acción. Es claro que una persona no va a invertir sus años de carrera universitaria para abandonarla justo cuando se debería ir en ascenso; revisar los instrumentos de las áreas vocacionales, de los ejercicios de tutorías en el nivel básico y medio superior, así como la evaluación de las prácticas profesionales en la formación dual, son áreas que pueden tener pistas para trabajar de cara a la apertura de nuevos horizontes sociales.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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