Por Francisco Ruiz Quirrin //

EL INE, el TRIFE, la COFECE y el INAI, organismos autónomos creados bajo el consenso de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión en los últimos 20 años, están ahora presentando una lucha en contra de la imposición, la intolerancia y el totalitarismo surgido desde palacio nacional por voz del Presidente López Obrador.

Las instituciones mencionadas fortalecieron al Estado Mexicano por encima de los gobiernos temporales con un objetivo muy preciso: Lograr un verdadero equilibrio de poderes.

Y es ahora, cuando evidentemente la “cuatroté” busca pasar por encima de la Ley con el pretexto de defender a los pobres y combatir la corrupción, que estos organismos cumplen simplemente con la obligación para la que fueron creados: Hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Igual que el Presidente, los directivos, consejeros y magistrados de estas instituciones hicieron un juramento al tomar posesión de sus cargos, bajo la advertencia de que en caso de no cumplir, “el pueblo se los demande”.

Esto último significa que cada uno de estos personajes está sujeto no sólo a un juicio político, a procesos administrativos y penales, sino también al juicio de la historia.

Si a esas vamos habría qué comenzar por el propio Presidente López Obrador, quien no sólo ha violado preceptos constitucionales, sino que puede ser juzgado también por incitar a la división entre los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y de manera particular, su presidente, Lorenzo Córdova, ha sido atacado, vilipendiado y amenazado por el Presidente y por actores políticos como el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado y el “violador” de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Aún así, Córdova se ha sostenido en sus convicciones y en la razón elemental de su cargo: Cumplir con la Ley. Ha tenido el cuidado de no envolverse en un debate ni con el Presidente ni con otros dirigentes o candidatos.

“Son actores políticos. Ellos son jugadores. En el INE somos árbitros. Sólo los vigilamos”, ha reiterado.

Por ello, hasta en dos ocasiones resolvieron por mayoría de votos que Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes por MORENA a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, violaron la Ley al no informar de sus gastos de precampaña y por ello debería retirársele sus candidaturas.

López Obrador, Félix Salgado, Mario Delgado y Morón, aprovecharon sus foros para reiterar los ataques contra el INE. Se dejó correr la especie incluso, que desde el Congreso de la Unión podría promoverse la desaparición del árbitro electoral.

No sólo eso. Estaban seguros de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y gracias a que su presidente, el magistrado José Luis Vargas, lleva la “cuatroté” en la sangre, saldrían victoriosos y se burlarían de Córdova y los demás.

No fue así. Sólo Vargas votó a favor de devolverle las candidaturas a Félix y Morón. Los seis magistrados restantes votaron en contra. Y se les cayeron.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es otro organismo autónomo creado para regular y equilibrar con el gobierno en turno la política en materia económica.

Ante el empeño intolerante de palacio nacional de privilegiar las energías fósiles como el combustóleo y el carbón, se impuso la “contrarreforma” eléctrica. El Presidente dijo que el propósito era levantar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Al parecer no le importaron a López Obrador las consecuencias negativas para México ante las reacciones de gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá, que refrendaron con nuestro país un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, basado precisamente en el tema de la generación de energías, en el uso de fuentes limpias como el sol y el aire.

Ante esta realidad, la COFECE ha anunciado la interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya a fines del año pasado, una promoción similar echó abajo el decreto “Nahle” que privilegiaba la generación de energía en base a fuentes fósiles que el mundo está desechando.

La Comisión Federal de Competencia Económica, también está cumpliendo con el propósito para el que fue creada y suma a la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, por encima del gobierno en turno.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es una más de estas instituciones cuyo objetivo es perfeccionar la Democracia en nuestro país. La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del servicio público fue y ha sido siempre una exigencia del pueblo de México.

Sin embargo, para López Obrador, el INAI debe desaparecer porque esa función la podría llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública. Pero ahí están los números oficiales. Esta dependencia en manos de Irma Eréndira Sandoval, ha sido de las más opacas en el actual régimen.

Bueno, el INAI acaba de anunciar una férrea oposición a la ley que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, iniciativa que aprobaron los “morenistas” en el Congreso de la Unión, sabedores de que el objetivo es controlar la vida privada de los ciudadanos de México.

Se ha confirmado que ofrecer los datos biométricos de las personas, sólo nos hace vulnerables ante el Estado…y ante el crimen. El INAI elabora ahora una controversia constitucional para tratar de echar abajo esa lesiva legislación.

La actitud asumida por quienes están al frente de estas instituciones, permiten retomar la confianza en el Estado Mexicano, fortalecido por un verdadero equilibrio de poderes.

Todos esperamos que triunfen por encima de intereses mezquinos.

… ¿Y LA SUPREMA CORTE?

CON EL MAYOR cinismo, el Presidente López Obrador reveló hace unos días que su intención era “reformar” al Poder Judicial Federal para “evitar que continúe al servicio de los más poderosos, como en el pasado”… Nunca admitió AMLO que el objetivo final es controlar desde palacio nacional a otro de los poderes del Estado Mexicano… Por eso dejó entrever que fue su idea la de buscar a través de las cámaras de senadores y diputados, extender dos años la permanencia en el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a uno de sus “abyectos”, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aún violando flagrantemente el artículo 97 de la Constitución, que limita a cuatro años sin derecho a reelección, al ministro-presidente.

El Poder Judicial Federal es un tribunal constitucional; está obligado a ceñirse a lo expresado en nuestra Carta Magna y representa una garantía en el cumplimiento del Estado de Derecho en México… ¿Cómo podría Saldívar votar en ese tema, cuando es juez y parte?… ¿Cómo podría asumir una postura a su favor, cuando en el pasado reciente votó en contra de las pretensiones del gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, de extender su mandato en esa entidad federativa?

Porque una cosa está muy clara: Saldívar no ha condenado hasta este momento la violación constitucional por parte de los senadores y diputados. Resulta más que obvio que al ministro-presidente le gustó la posibilidad de permanecer dos años más en el cargo, y se sabe instrumento de López Obrador para la creación del marco jurídico que permita el control desde Palacio Nacional de la Suprema Corte.

Si esto se logra estaremos en un Estado totalitario; los balones están en la cancha del Poder Judicial Federal. Las y los señores ministros tienen la misión histórica de velar por las libertades en este país, exigiendo el estricto cumplimiento de la Constitución. Es la guerra, es la vigencia y objetividad de la ley contra la voluntad centralista, intolerante y totalitaria que se desprende de Palacio Nacional.