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NACIONALES

El balón está en la corte: INE, TRIFE e INAI contra la intolerancia y soberbia presidencial

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Por Francisco Ruiz Quirrin //

EL INE, el TRIFE, la COFECE y el INAI, organismos autónomos creados bajo el consenso de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión en los últimos 20 años, están ahora presentando una lucha en contra de la imposición, la intolerancia y el totalitarismo surgido desde palacio nacional por voz del Presidente López Obrador.

Las instituciones mencionadas fortalecieron al Estado Mexicano por encima de los gobiernos temporales con un objetivo muy preciso: Lograr un verdadero equilibrio de poderes.

Y es ahora, cuando evidentemente la “cuatroté” busca pasar por encima de la Ley con el pretexto de defender a los pobres y combatir la corrupción, que estos organismos cumplen simplemente con la obligación para la que fueron creados: Hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Igual que el Presidente, los directivos, consejeros y magistrados de estas instituciones hicieron un juramento al tomar posesión de sus cargos, bajo la advertencia de que en caso de no cumplir, “el pueblo se los demande”.

Esto último significa que cada uno de estos personajes está sujeto no sólo a un juicio político, a procesos administrativos y penales, sino también al juicio de la historia.

Si a esas vamos habría qué comenzar por el propio Presidente López Obrador, quien no sólo ha violado preceptos constitucionales, sino que puede ser juzgado también por incitar a la división entre los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y de manera particular, su presidente, Lorenzo Córdova, ha sido atacado, vilipendiado y amenazado por el Presidente y por actores políticos como el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado y el “violador” de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Aún así, Córdova se ha sostenido en sus convicciones y en la razón elemental de su cargo: Cumplir con la Ley. Ha tenido el cuidado de no envolverse en un debate ni con el Presidente ni con otros dirigentes o candidatos.

Son actores políticos. Ellos son jugadores. En el INE somos árbitros. Sólo los vigilamos”, ha reiterado.

Por ello, hasta en dos ocasiones resolvieron por mayoría de votos que Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes por MORENA a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, violaron la Ley al no informar de sus gastos de precampaña y por ello debería retirársele sus candidaturas.

López Obrador, Félix Salgado, Mario Delgado y Morón, aprovecharon sus foros para reiterar los ataques contra el INE. Se dejó correr la especie incluso, que desde el Congreso de la Unión podría promoverse la desaparición del árbitro electoral.

No sólo eso. Estaban seguros de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y gracias a que su presidente, el magistrado José Luis Vargas, lleva la “cuatroté” en la sangre, saldrían victoriosos y se burlarían de Córdova y los demás.

No fue así. Sólo Vargas votó a favor de devolverle las candidaturas a Félix y Morón. Los seis magistrados restantes votaron en contra. Y se les cayeron.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es otro organismo autónomo creado para regular y equilibrar con el gobierno en turno la política en materia económica.

Ante el empeño intolerante de palacio nacional de privilegiar las energías fósiles como el combustóleo y el carbón, se impuso la “contrarreforma” eléctrica. El Presidente dijo que el propósito era levantar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Al parecer no le importaron a López Obrador las consecuencias negativas para México ante las reacciones de gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá, que refrendaron con nuestro país un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, basado precisamente en el tema de la generación de energías, en el uso de fuentes limpias como el sol y el aire.

Ante esta realidad, la COFECE ha anunciado la interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya a fines del año pasado, una promoción similar echó abajo el decreto “Nahle” que privilegiaba la generación de energía en base a fuentes fósiles que el mundo está desechando.

La Comisión Federal de Competencia Económica, también está cumpliendo con el propósito para el que fue creada y suma a la confianza en las instituciones del Estado Mexicano, por encima del gobierno en turno.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), es una más de estas instituciones cuyo objetivo es perfeccionar la Democracia en nuestro país. La rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del servicio público fue y ha sido siempre una exigencia del pueblo de México.

Sin embargo, para López Obrador, el INAI debe desaparecer porque esa función la podría llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública. Pero ahí están los números oficiales. Esta dependencia en manos de Irma Eréndira Sandoval, ha sido de las más opacas en el actual régimen.

Bueno, el INAI acaba de anunciar una férrea oposición a la ley que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, iniciativa que aprobaron los “morenistas” en el Congreso de la Unión, sabedores de que el objetivo es controlar la vida privada de los ciudadanos de México.

Se ha confirmado que ofrecer los datos biométricos de las personas, sólo nos hace vulnerables ante el Estado…y ante el crimen. El INAI elabora ahora una controversia constitucional para tratar de echar abajo esa lesiva legislación.

La actitud asumida por quienes están al frente de estas instituciones, permiten retomar la confianza en el Estado Mexicano, fortalecido por un verdadero equilibrio de poderes.

Todos esperamos que triunfen por encima de intereses mezquinos.

¿Y LA SUPREMA CORTE?

CON EL MAYOR cinismo, el Presidente López Obrador reveló hace unos días que su intención era “reformar” al Poder Judicial Federal para “evitar que continúe al servicio de los más poderosos, como en el pasado”… Nunca admitió AMLO que el objetivo final es controlar desde palacio nacional a otro de los poderes del Estado Mexicano… Por eso dejó entrever que fue su idea la de buscar a través de las cámaras de senadores y diputados, extender dos años la permanencia en el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a uno de sus “abyectos”, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aún violando flagrantemente el artículo 97 de la Constitución, que limita a cuatro años sin derecho a reelección, al ministro-presidente.

El Poder Judicial Federal es un tribunal constitucional; está obligado a ceñirse a lo expresado en nuestra Carta Magna y representa una garantía en el cumplimiento del Estado de Derecho en México… ¿Cómo podría Saldívar votar en ese tema, cuando es juez y parte?… ¿Cómo podría asumir una postura a su favor, cuando en el pasado reciente votó en contra de las pretensiones del gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, de extender su mandato en esa entidad federativa?

Porque una cosa está muy clara: Saldívar no ha condenado hasta este momento la violación constitucional por parte de los senadores y diputados. Resulta más que obvio que al ministro-presidente le gustó la posibilidad de permanecer dos años más en el cargo, y se sabe instrumento de López Obrador para la creación del marco jurídico que permita el control desde Palacio Nacional de la Suprema Corte.

Si esto se logra estaremos en un Estado totalitario; los balones están en la cancha del Poder Judicial Federal. Las y los señores ministros tienen la misión histórica de velar por las libertades en este país, exigiendo el estricto cumplimiento de la Constitución. Es la guerra, es la vigencia y objetividad de la ley contra la voluntad centralista, intolerante y totalitaria que se desprende de Palacio Nacional.

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ENTREVISTAS

Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

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Por Francisco Junco //

“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.

Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.

Un camino desde abajo

Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.

“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.

Retos de una elección sin precedentes

En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.

Dilemas judiciales

Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.

“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.

Una justicia humana y equitativa

Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.

Propuestas claras

¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:

“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.

Deuda histórica con las víctimas

Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.

El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.

En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.

En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.

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CARTÓN POLÍTICO

Herida abierta

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NACIONALES

Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

 

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