OPINIÓN
Enemigo de la austeridad republicana: El INE rico de Lorenzo Córdova
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Se inició el año 2022 y se recrudecieron varios asuntos. Entre ellos figuran los relativos a la pandemia del Covid19, que con la versión “ómicron”, amenaza a la humanidad entera; pero además está lo relativo a los energéticos, donde se inscriben las cuestiones relativas al petróleo, el gas, la energía eléctrica y el sensacional “oro del futuro”, o sea, el litio.
Pero los temas no se agotan con los antedichos trajines, sino que las cuestiones económicas reclaman atención idónea, y sin desdoro de otros varios renglones que demandan amplia consideración, está lo relativo a las implicaciones políticas, donde no solo se avizora la anticipada sucesión presidencial, pasando por los comicios que en seis entidades se registrarán este año, sino a la llevada y traída revocación de mandato del presidente, procedimiento que se supone deberá realizarse el mes de abril venidero.
Sobre esta práctica de participación democrática, las opiniones se han dividido: por un lado, están las agrupaciones de oposición y sus simpatizadores, que coinciden con las posturas del Instituto Nacional Electoral (INE), poniendo trabas para su realización y, por la otra parte, el partido gobernante MORENA, sus aliados y adeptos, quienes concuerdan con la posición del primer mandatario federal, sobre que ineludiblemente se lleve a cabo ese ejercicio cívico.
Bajo tales circunstancias, los heraldos de cada actitud han indicado reiteradamente sus argumentos, mismos que van desde la falta del requisito de desconfianza hacia el Presidente, como la carencia de recursos para poder organizar el proceso; del otro bando, exigiendo el cumplimiento irrestricto de la Constitución y su ley reglamentaria, que lo mandatan.
Al respecto, dice Lorenzo Córdova Vianello (LCV), presidente consejero del INE, que el organismo que dirige, ha tomado decisiones a veces polémicas y controvertidas, las cuales “no deberían ser motivo ni de censura y mucho menos de persecución penal o política” (Los Periodistas, enero 3, 2022). Una de ellas fue la exigencia de más dinero (pues querían la friolera de 3 mil 830 millones de pesos y dice que solo cuentan con 1,500 millones) ya que el presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, fue insuficiente.
Desde luego que el INE no recurre a la política de austeridad que el actual gobierno ha implementado. Desde que el primer magistrado, al arrancar su período, anunció la necesidad de esa conducta republicana, ya que no es congruente haya “gobierno rico junto a pueblo pobre”, exhortó a todos los integrantes de la administración pública para que se ajustaran a tal sistema. Sin embargo, solo en el poder legislativo y las dependencias del ejecutivo, se hizo eco a la petición, pues el poder judicial, amparado en un artículo constitucional que originalmente (en 1917) no preveía los salarios, logró que Plutarco Elías Calles, en agosto de 1928, incluyera en el artículo 94 constitucional, la no disminución de las remuneraciones de jueces y ministros durante su encargo, y así ha perdurado no obstante las numerosas reformas a la Carta Magna.
El numeral 127, fracción II de la Carta Magna federal, establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por su trabajo, mayor que la del Presidente de la República. Y en la fracción III, reafirma que ningún empleado gubernamental podrá ganar más que su superior jerárquico: nadie puede negar que el máximo servidor público, dentro del gobierno, es precisamente el jefe de las instituciones nacionales. La excepción que contiene la misma parte del artículo que nos ocupa, dice, “salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente…”. Más claro ni el agua.
Las diversas instituciones que han surgido de hace unos lustros a esta fecha, revestidas de “autonomía”, se han adherido a esta prerrogativa para defender mañosa y encarnizadamente sus pródigos ingresos, y dentro de tales entes destaca el INE. Pero se les olvida que no reúnen las condiciones antedichas, pues, ni tienen un trabajo técnico calificado ni es una especialidad profesional o científica su labor: ser consejero electoral, es un honor, pero solo exige requisitos ordinarios para un empleo de tal índole. En consecuencia, están sujetos a lo que establece dicho artículo 127 en su fracción segunda. Pero Lorenzo (Lencho para sus cuates) cree que defender rabiosamente sus privilegiadas retribuciones, (percibe anualmente $2 millones 487 mil pesos) incluidas una serie de ventajosos beneficios (como gastos médicos mayores) o gruesas partidas para consumos, y no digamos el ejército de “asesores” que tienen, algo así como doscientos sesenta y dos, todos muy bien pagados -hasta $104,875.00 pesos mensuales- y con fastuosas prestaciones. (Sin Embargo al Aire, nov.30-2021).
La gota que derramó el vaso fue cuando el Consejo General del INE dispuso, por mayoría de seis votos a favor y cinco en contra, la medida extraordinaria de posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, por insuficiencia presupuestal.
El paladín de la democracia mexicana -según parece por sus expresiones – Don Lencho Córdova, tajante dijo: “Que quede muy claro: no se trata de una suspensión del proceso o de una negativa a cumplir con las obligaciones constitucionales del INE. Se trata de un acuerdo que busca dotar de certeza plena a este ejercicio inédito de participación ciudadana”.
Y no contento con lograr esa suspensión (no prevista en la Constitución ni la Ley), con aire prepotente manifestó el señor Córdova: “Si realmente se quiere la Revocación de Mandato se los digo con mucha franqueza: salidas hay, el acuerdo…deja abiertas las probabilidades y… pone sobre la mesa posibilidades para que, si realmente hay voluntad de que la Revocación de Mandato sea una realidad, ésta se lleve a cabo”. Las salidas él mismo las enumera: que la Cámara de Diputados haga la ampliación presupuestaria, o el Presidente del país, gire instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que suministre los fondos que pide el INE.
El malhadado acuerdo, fue reprobado no solo por la ciudadanía, sino por la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE). El presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Gutiérrez Luna) interpuso en la Corte la controversia constitucional y el 22 de diciembre concedió la suspensión provisional, ordenando que el INE prosiguiera “con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”, en razón a que se estaría poniendo en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato del presidente (Expansión Política, Guadalupe Vallejo, 22-12-2021).
Días después, el TRIFE, ante recurso interpuesto por MORENA y PT, resolvió revocar el mentado acuerdo del INE, y les dijo a sus directivos no poner “en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato” del presidente de la nación. Por lo tanto, debe realizar y gestionar “las adecuaciones necesarias a su presupuesto, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de garantizar el adecuado desarrollo” del proceso revocatorio. (Portal de Consulta, TRIFE, 29-dic.21).
Para entonces, el antedicho presidente de la Cámara de Diputados, había presentado (el miércoles 22 de diciembre) una denuncia ante la Fiscalía de la República, para deslindar si los consejeros del INE tenían responsabilidad penal. Esto hizo que Lencho y sus adláteres, así como la oposición, reaccionaran telúricamente, pues dice aquél que las diferencias entre los pares y las de la institución con otras entidades, no deben criminalizarse. Y por si hubiese culpas administrativas, la denuncia también se presentó ante el Órgano Interno de Control del INE. Como varias organizaciones y el mismo AMLO, dijeron que no debería llevarse este asunto a la materia penal, la denuncia no se ratificó. Lencho pidió que como esos ilícitos son de oficio, esperaba que se declarara por la Fiscalía su improcedencia. Y volvió a decir que él y sus pares, “a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes 2 siguen cumpliendo sus obligaciones. (Twitter de LCV, 2 ene.2022).
La conclusión de todo lo anterior es que, Don Lorenzo, tiene muchas confusiones: A) la defensa a ultranza de sus altos salarios anticonstitucionales, no conllevan la autonomía del INE, como a hurtadillas sostiene; B) el INE no es la democracia de México, solo es un organismo encargado de organizar los eventos electorales conforme a la ley. El pueblo, especialmente los ciudadanos, son los que encarnan, al ejercer sus derechos, la democracia mexicana. C) la austeridad republicana es parte fundamental de nuestra realidad actual, y a ella deben ceñirse los integrantes del INE, haciendo a un lado sus opulentos sueldos y sus impúdicos derroches. D) el hecho de ser dirigentes del INE, no los exenta de incurrir en responsabilidades, tanto administrativas como punitivas: el que nada debe, nada debe temer, por lo que si su actuación es legítima, no deben sobrecogerse ni imaginar “persecución penal”, ya que nadie les ha fabricado crímenes, solo se denunciaron “hechos”.
Lencho anda tan embrollado, que en una entrevista concedida hace unos días al diario peninsular “El País”, manifestó que, “Estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales. Además, se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación”. Y ya haciéndose víctima, vaticinó: “Este discurso de descalificación y de desinstitucionalización ha antecedido en el pasado algunos de los peores experimentos autocráticos de la historia. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en México, pero subrayo la similitud de este tipo de discursos, por ejemplo, con lo que ocurría en los años 20 en Europa”.
En base a esas declaraciones, consideramos que Don Lorenzo cada vez está más confuso. Lo que ocurría en aquellos tiempos en el viejo continente, eran la gestación del nazismo y el crecimiento del fascismo, lo cual, hablando de nuestra actualidad nacional, de plano resulta inadmisible. A menos que el buen Lencho, ya esté tan neurasténico, que piense como algunos alharaquientos ejemplares de la oposición, de los que invitaron al VOX ibero, o de los que anhelan con volver a los tiempos del anodino Fox, del abominable Calderón o del inmundo Peña Nieto. De suceder esto, entonces sí tendría razón el protagónico cuanto enrevesado dirigente del INE. Pero fundados en la madurez de nuestro pueblo, podemos afirmar que “Si es pasión, que se les borre”: México seguirá adelante y nuestra democracia, cada día, será más sólida y correcta, con o sin el apoyo de este confundido personaje.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez
En circunstancias diferentes el informe de la presidente debiera arrojar luces más de lo que se avecina que de lo pasado. Los informes presidenciales fueron, en momentos de euforia post revolucionaria, verdaderas “fiestas” donde el presidente en turno era el bebé del bautizo, la novia de la boda y el muerto del funeral.
El triunfalismo presidencial era una manera de ensalzar el ego, de por sí inflado, del mandatario en turno, al que le quemaban incienso los lamebotas de su partido, los beneficiados con obras y servicios, algunos sectores de la prensa y no pocos de la oposición.
Eran los días de los “grandes logros” que los presidentes creaban. No les importaba maquillar cifras y magnificar minucias. Cumplir con su obligación; desempeñar su responsabilidad se convirtió en una ceremonia de auto lisonjas, de “espejito, espejito”, con selectos aplaudidores invitados del partido en el poder y representantes sociales.
La farsa de cada informe fue desenmascarada por la realidad. Los periodistas que se atrevieron a cuestionar los miles de “logros” fueron desestimados (ni los oigo ni los veo, dijo una vez Salinas); fueron también perseguidos, amenazados, algunos muertos o desaparecidos.
El origen de los informes presidenciales, dicen fue una legítima reclamación de ciudadanos para conocer en qué se emplean los recursos económicos, principalmente, pero se tergiversó su fin para convertirse en “el día del presidente”.
¿Qué se espera del informe de la presidente Claudia Sheinbaum? Lo que escasamente se ha dicho en todos y cada uno de los informes: datos verdaderos, sin triunfalismos. Que reflejen “la realidad real” y no la felicísima de quienes detentan el poder y tienen su propio cristal para mirarla y hacernos creer que es la única y verdadera.
Como lo más probable es que siga la tradición de tener un país visto desde el olimpo y otro desde los arrabales, el informe de la presidente solo servirá para tratar de leer entre líneas lo que acontece y muy poco para entender lo que nos depara el próximo destino, hasta el año entrante.
Mientras tanto, sigue el chismorreo sobre el zafarrancho en el Senado. A los mexicanos poco nos asustan esas “caídas” del pancracio político. Las cachetadas guajoloteras de Alito a Fernández Noroña y asociados solo constatan lo que ya se sabía: que los legisladores, de las dos cámaras, siguen en su empecinamiento de echar a perder al país.
Ya con leyes que desmantelan al país, ya con dimes y diretes de la más baja estofa que muestran a los “representontos” de un país de ítems. El nivel de los senadores implicados en el mitote de los aventones es el que desde hace unos años se ha manifestado en la cámara alta y no pocas veces en la baja.
A Gerardo Fernández Noroña le cayó “como anillo al dedo” este distractor. Para hacerse la víctima y capotear la tormentosa andanada de informaciones sobre su súbito e inexplicable enriquecimiento que le permite, ostentosamente, sin recato y menos escrúpulos, pasear en clase VIP en aviones a Europa y tener una finca de valuada en 12 millones de pesos que, para un potentado o próspero empresario es poco, pero mucho para el pobretón que siempre dijo ser.
No para este individuo que, cuando era oposición, vociferaba, gritaba y condenaba a los políticos enriquecidos gracias a los “bisnes” y “lana” que les llegan merced a sus puestos gubernamentales.
Sobran videos de esa pose de Noroña quien, cínicamente, dice que “tiene derecho” a los lujos, a los excesos que antes condenó. Ni sus compañeros de partido lo soportan. Tienen que defenderlo porque van todos en el mismo paquete.
Incluso la presidente se atrevió a comentar a su favor y llamar “porros” a los involucrados en el zafarrancho. En automático, la oposición sacó fotos, videos e informaciones sobre los “otros porros” de la UNAM, muchos de los cuales hoy gobiernan a este país.
Mientras tanto, el defensor de la virginidad del Senado, Ricardo Monreal, con el “Jesús en la boca” y casi invocando al “ave María” salió dándose golpes de pecho a lamentar que las cachetadas guajoloteras, aventones e insultos “le dieron la vuelta al mundo”, infiriendo que hay una vergüenza entre los senadores por el escándalo, más no por su pobre desempeño y baja productividad. Eso sí, es una vergüenza, pero como no hay gritos ni sombrerazos, logran eludirla con gran desfachatez.
Acá en Jalisco no hay novedad en el frente: las lluvias siguen inundando a la ciudad; el transporte público sigue hundido —el privado y el público— y solo hay ocurrencias de contraflujos, sin que se adviertan medidas de fondo. Los gobernantes rezan para que ya pase el temporal y que el aguante de los usuarios del transporte siga sin protesta alguna.
Al gobernador Lemus le dieron su lección de aritmética: “primero es el cuatro que el cinco”, en alusión al retraso que sufre la línea 4 del Tren Ligero. El 5 es el transporte que tiene preocupado al gobernador por el “qué dirán” los cientos de miles de turistas futboleros que se apostarán en estos lares por el Mundial de Futbol. Un 5 protestado, rechazado y muy criticado, por cierto.
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