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OPINIÓN

Quintos comicios en cuatro años: Elecciones nacionales en Israel ¿el regreso de Netanyahu?

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Política Global, por por Jorge López Portillo Basave //

En un ciclo sin fin y por quinta vez en menos de cuatro años los israelitas se encuentran con un gobierno provisional y en camino a una nueva elección parlamentaria para formar gobierno.

El pasado jueves el parlamento de Israel votó por unanimidad para disolver su gobierno y programar nuevas elecciones en las que el partido que obtenga la mayoría podrá formar gobierno como lo es en cualquier régimen parlamentario.

Pero como usted recordará en este espacio hemos dado seguimiento al tornado político del país de la estrella de David.  

Hace apenas un año una coalición de nueve partidos desde la extrema izquierda hasta el centro y la derecha se unieron para evitar que el partido “Likud” encabezado por Benjamín Netanyahu lograse obtener mayoría absoluta, es decir la mitad más uno del parlamento y con ello bloquear su posibilidad de continuar en el cargo de Primer Ministro.

En su mayoría sus rivales eran antiguos aliados como su ex ministro de hacienda quien consiguió amalgamar la coalición que ahora deja el poder.

Pero el hecho político es muy interesante. El Primer Ministro saliente Bennett, se sumó a la alianza para derrocar a Netanyahu con un partido muy pequeño pero bajo la condición de ser el que encabezase el gobierno, algo así como si en México MC se sumase a una coalición con todos los partidos de oposición para derrotar a Morena, con la condición de que ellos pusieran al candidato a Presidente de la República. En su momento el segundo partido mayoritario encabezado por Yair Lapid un ex aliado de Netanyahu, aceptó el trato y aceptó una posición como ministro de Defensa en el gabinete de Bennett.

En su momento Yair Lapid, con el control del partido más importante de la coalición pudo haberse aferrado a ser el primer ministro de dicha mega unión, pero decidió ceder ese lugar con el fin de ganar el gobierno a Netanyahu y así fue. Ahora a menos de doce meses de gobierno su alianza multi ideológica es auto disuelta por disfuncional y poco eficiente.

 En junio de 2021 Netanyahu y su partido dejaron de tener el gobierno, mismo que habían mantenido durante 12 años consecutivos, convirtiendo a Bebi Netanyahu el Primer Ministro con mayor estadía en el cargo en la historia de Israel. Ahora sus rivales parecen haber agotado su capacidad de negociación interna y por ende se enfrentan a una imposibilidad de continuar gobernando en coalición. El país enfrenta una difícil situación económica y también problemas de seguridad pública.

En un régimen parlamentario nadie está fuera hasta que está muerto. Por lo pronto ya se sabe que el aún líder del partido Likud, podrá aspirar a ganar por sí mismo o con alianzas, 61 lugares de Kennesett -parlamento-, y con ello regresar al poder. ¿Será?

Casi todos los países del mundo están enfrentando problemas económicos, unos más que otros pero esto no parece hacerle mella al líder del país más rico del mundo, hace tres días en la cumbre de la OTAN, el presidente de EEUU dijo que la gente debería resistir y continuar pagando los precios caros de los combustibles “por el tiempo que fuera necesario” para derrotar a Rusia, el comentario fue secundado por su consejero económico en jefe quien dijo que esta batalla económica vs Rusia era para garantizar el “futuro del orden mundial liberal”. Pero no en todos los países los aliados liberales de Biden están en posibilidades de sobrevivir políticamente a la crisis económica que estamos enfrentando a nivel internacional por las malas políticas del G7 y la posterior invasión a Ucrania.

Como sabemos, Bennett fue electo en una coyuntura en la que Netanyahu, amigo cercano de Trump, tuvo que buscar a Biden quien parece haber hundido al anterior primer ministro y fomentado la alianza en su contra, misma que ahora por la crisis económica se desbarata. En Israel hay una parálisis parlamentaria que se complementa con un decrecimiento económico y una inflación acelerada.

Yair Lapid ha tomado el poder como Primer Ministro temporal, hasta el primero de noviembre cuando las elecciones darán rostro al nuevo parlamento y con ello se verá si la apuesta del actual encargado Primer Ministro dio frutos y consigue ganar una mayoría que le permita ahora gobernar como líder o si su poder y el de sus aliados como Bennett se agotó y el pueblo regresa a Netanyahu al poder.

Pero no todo está escrito, Netanyahu está aún bajo juicio por actos de corrupción mismos que él niega pero que no han sido sentenciados. ¿Será que la justicia le evite llegar al poder por segunda vez o será que su sentencia absolutoria será el mejor anuncio de campaña para regresar al poder?

En la geopolítica como en la política callejera todo se vale y como Biden sabe que la victoria de Netanyahu en Israel en noviembre y la victoria del partido Republicano en EEUU en ese mismo mes pueden ser malas noticias globales para su “orden mundial” ha decidido ir a darle un apoyo a la contraparte y confirma que en un par de semanas realizará una gira por Medio Oriente en donde visitará Israel y a su Primer Ministro Temporal, a quien seguro fortalecerá con muchos elogios. Una victoria de la derecha en EEUU y en Israel puede ser un mal augurio para el 2024 y el futuro de su agenda global.

Israel es un país cuya economía está apuntalada en la exportación y venta de gas natural, productos que Washington está tratando de sacar del mercado mundial. Lo raro es que Biden va a ir a Arabia Saudita a pedir a los árabes que aumenten su producción diaria de petróleo para poder controlar la crisis económica, pero al mismo tiempo EEUU bloqueó a sus propios productores locales de gas y de petróleo y bloqueó el oleoducto que llevaría gas natural desde Israel hasta Europa lo que ha fortalecido la posición de Rusia al que se supone quiere derrotar.

Si la crisis económica propiciada por el G7 continúa por los próximos dos años, podríamos ver el retorno de Netanyahu y de Trump -entre otros-, quienes fueron artífices de su propia derrota, siendo regresados al poder por los mismos que fueron sus contrincantes quienes habrían cometido los errores suficientes para lograr que los electores de sus países cambiasen de opinión.

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»

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Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»

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La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III

 

 

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JALISCO

La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III

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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.

El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.

¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?

COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO

El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.

El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.

Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.

Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.

VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE

En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.

Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.

UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS

Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.

El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.

El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.

Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.

LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN

Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.

Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.

Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.

La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?

No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.

Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.

 

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JALISCO

Gobierno desaparecido: La marcha que desnuda la impunidad

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.

Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.

El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.

El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.

El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.

En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.

El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.

No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.

Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.

Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.

Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.

El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.

Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?

La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.

La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.

El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.

Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.

Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.

Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.

En X: @DEPACHECOS

 

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