NACIONALES
El execrable plan B

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
El plan B es inconstitucional, es un plan perverso, regresivo y perjudicial para el buen desarrollo de los procesos electorales, el presidente lo sabe pero lo impulsa porque así satisface una personal vendetta contra el Instituto Nacional Electoral y algunos de sus consejeros.
Ya se ha dicho bastante sobre los efectos negativos que traerá la aplicación de éstas reformas aprobadas. Una mayoría de ex consejeros electorales han advertido las graves implicaciones para la organización de las elecciones y en consecuencia sobre la credibilidad, la certeza y la confianza en los procesos electorales.
A ellos se han sumado innumerables voces de organizaciones y de comunicadores y formadores de opinión, esgrimiendo razones, no solo de teoría de la democracia sino también sobre la operatividad y la supervisión para que se cumplan las normas en la materia. Todas las voces se han perdido en el vacío, no hay receptividad en el lado gubernamental.
Ahora, con el más burdo, abyecto y servil comportamiento de los legisladores de Morena y sus aliados, en el más desaseado procedimiento legislativo de que se tenga memoria, se aprobaron reformas a las leyes que rigen los procesos electorales y al INE, una vez que el intento por reformar la Constitución General de la República fue abortado y como dijo Julio César al cruzar el Rubicón, “Alea jacta est” la suerte está echada, y solo resta confiar en la independencia del Poder Judicial, en la conciencia y convicción jurídica y moral de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para evitar que el atropello a la Constitución y al avance democrático del país se consume.
Definitivamente no se puede considerar a la regresión propuesta un avance democrático, aunque el discurso oficial diga lo contrario, pues el retroceso es evidente, tanto en la organización de los procesos como en los procedimientos que dan certidumbre al conteo de votos y a los resultados, sin embargo, hay otros aspectos inmersos en el famoso plan B que deben preocuparnos, además de los que ya se han señalado y estos se encuentran en el análisis de las motivaciones que originaron este abominable plan.
No es un secreto que el presidente, en su larga lista de agravios, guarda la convalidación por el entonces IFE, de la elección de 2006, que perdió por reducido margen, aduciendo un fraude que no pudo comprobar.
Tampoco es desconocido que ha considerado un insulto que los Consejeros electorales hayan combatido su decisión de que nadie en la administración pública gane más que él, y en particular también el hecho real de que el presupuesto del actual INE sea multimillonario sin razonar que en este se incluye el financiamiento de los partidos, el mantenimiento del registro de electores, la supervisión permanente de los partidos políticos y las campañas, locales y federales, entre otras tareas. No se quiso escuchar esas razones y en cambio el discurso oficial se encargó de influir en la opinión pública insinuando un alto gasto en viáticos y lujos de los consejeros.
En el origen del plan B se asoma un interés perverso, pues se le hace daño a una institución por venganza, para satisfacción personal y sobre todo para demostrar a quienes marcharon para exigir que el INE no se toca, que en efecto y porque él así lo quiere, el INE sí se toca.
Pero la razón de mayor peso radica en la obsesión por conservar el poder para el movimiento que encabeza, en la aviesa intención de quitarle dientes al órgano rector del proceso para sancionar las violaciones a la normatividad electoral que han venido realizando sus candidatos y aspirantes utilizando recursos públicos, y en la total libertad que busca para llevar a cabo una elección de estado.
En efecto México tiene una democracia cara, producto fundamentalmente de la desconfianza en los procesos electorales, de la necesidad de mantener contenidos los apoyos oscuros a candidatos y partidos, de mantener al gobierno sin influencia en las decisiones del pueblo, de darle al país y a los contendientes certidumbre y confianza en los resultados electorales que es un ingrediente fundamental para la gobernabilidad y la estabilidad social, pero así lo quisieron cuando eran oposición. Sale caro satisfacer las exigencias de antaño que hoy, en el poder, no les acomodan.
Cierto es que hay margen para que, con racionalidad se pueda eficientar el gasto, pero un recorte como el que se plasma en el plan B lo único que exhibe es la necesidad de seguir consumiendo fondos y reservas para financiar políticas clientelares, sin reparar en el daño causado a instituciones de servicio e interés nacional. Organizar una elección con un padrón de casi 100 millones de electores es una tarea que cuesta, vigilar una proceso como el de 2024, en el que se habrán de elegir además del presidente de la república, 500 diputados,128 senadores, 8 gubernaturas más las elecciones locales concurrentes no es barato, ni se puede hacer con funcionarios improvisados, contratados eventualmente, sin tiempo ni dinero para una capacitación adecuada, a no ser que pretendan los autores del plan B, que las votaciones se realicen a mano alzada y que cada candidato gaste y reciba dinero de cualquier origen. Más responsabilidad y menos reacciones viscerales es lo que se esperaría de un gobierno que se precia de demócrata, mientras exhibe el rostro del autoritarismo en sus acciones.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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