– Opinión, por Violeta Moreno

México enfrenta una crisis hídrica marcada por contradicciones: mientras ciudades como Guadalajara (GDL) y la Ciudad de México (CDMX) se inundan durante la temporada de lluvias, otras regiones padecen sequías severas.

El cambio climático intensifica esta problemática al concentrar las precipitaciones en eventos cortos y violentos, exponiendo la vulnerabilidad de los sistemas urbanos. La captación de agua de lluvia emerge como una solución estratégica, no solo para mitigar inundaciones, sino para garantizar seguridad hídrica y promover justicia social.

Dos metrópolis que reflejan la urgencia de repensar la gestión pluvial. Martin Heidegger proponía un “habitar poético” que armonice con la naturaleza, cuidando sus recursos. En un país semiárido como México, donde los acuíferos están sobreexplotados, las lluvias de la temporada de huracanes son esenciales para sostener a la población.

Hans Jonas, con su ética de la responsabilidad, nos recuerda la obligación de planificar considerando el impacto futuro en los recursos naturales. Vandana Shiva, por su parte, defiende el agua como bien común, abogando por una gestión comunitaria que priorice la equidad.

Estas perspectivas éticas inspiran un enfoque integral para la captación pluvial. En 2025, tormentas históricas ponen a prueba a ambas ciudades. La Ciudad de México registró 84 mm de lluvia en una sola noche, saturando drenajes, mientras el lago de Chapala en Jalisco alcanzó niveles récord.

Sin embargo, el cambio climático ha alterado los patrones de precipitación: menos días de lluvia, pero más intensos, incrementando inundaciones y comprometiendo la disponibilidad hídrica a largo plazo.

La captación pluvial, como sugieren Heidegger, Jonas y Shiva, no es solo una solución técnica, sino un acto ético para preservar el agua y fortalecer la resiliencia urbana.

CIUDAD DE MÉXICO: HACIA LA JUSTICIA HÍDRICA

La capital mexicana vive una paradoja: mientras alcaldías como Iztapalapa enfrentan tandeos y cortes, otras se inundan por drenajes obsoletos. Programas como Cosecha de Lluvia, impulsado por el gobierno y organizaciones como Isla Urbana, han demostrado que la captación pluvial puede reducir desigualdades hídricas. En barrios marginados, los sistemas comunitarios de captación abastecen hogares y fomentan la cooperación vecinal, creando redes de solidaridad que fortalecen la resiliencia frente a la escasez y las inundaciones.

Para consolidar este modelo, la Ciudad de México debe implementar:

• Expansión de sistemas de captación pluvial (SCALL) y cisternas en hogares, escuelas, hospitales y mercados públicos.

• Creación de pozos de infiltración y zanjas de absorción en parques para recargar acuíferos agotados.

• Modernización del drenaje con sensores en tiempo real y alertas tempranas para prevenir inundaciones.

• Campañas de educación hídrica y subsidios para desarrollos habitacionales que integren captación pluvial desde su diseño.

Estas medidas, respaldadas por la participación ciudadana, pueden transformar la lluvia en un recurso equitativo, reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades más desfavorecidas.

LA CRISIS DEL SIAPA EN GUADALAJARA

En el Área Metropolitana de Guadalajara, los cortes de agua en 2025 afectaron a más de cien colonias debido a fallas en bombeo, mantenimiento deficiente y corrupción en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La ineficiencia de esta institución ha llevado a los ciudadanos a recurrir a tinacos, cisternas, garrafones y pipas, coordinándose a través de redes sociales para gestionar crisis más rápido que los canales oficiales. La captación pluvial ofrece una alternativa para aumentar la autonomía hídrica y reducir la dependencia de un sistema ineficiente. Para mejorar la gestión hídrica en Guadalajara, se propone:

• Reestructurar el SIAPA, destituyendo funcionarios corruptos y seleccionando perfiles técnicos mediante procesos transparentes.

• Crear un consejo ciudadano con autoridad para supervisar obras y presupuestos hídricos.

• Modernizar las redes de distribución con sectorización hidráulica y monitoreo de fugas en tiempo real.

• Invertir en infraestructura redundante, como bombas de respaldo y conexiones alternas, para evitar cortes prolongados.

• Promover la captación pluvial en hogares y edificios públicos, con incentivos fiscales para sistemas de infiltración.

• Fortalecer la comunicación vecinal para coordinar respuestas ante emergencias hídricas.

Estas acciones, combinadas con la captación pluvial, pueden empoderar a las comunidades tapatías y mitigar los impactos de la fragilidad institucional.

UN COMPROMISO ÉTICO Y COLECTIVO

El cambio climático ha convertido la lluvia en un recurso crítico e impredecible. En México, donde las reservas hídricas dependen de la temporada de huracanes, la captación pluvial es un imperativo ético y técnico.

Inspirados por Heidegger, Jonas y Shiva, debemos habitar responsablemente, preservar el agua como bien común y garantizar su acceso equitativo. Para la Ciudad de México y Guadalajara, adoptar estas soluciones significa mitigar inundaciones, combatir la escasez y fortalecer la resiliencia urbana.

La colaboración entre gobiernos, comunidades y ciudadanos es esencial para transformar la lluvia en una oportunidad para un futuro hídrico sostenible y justo.

– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya

Los números presentados por el INEGI, supliendo ya las funciones del extinto CONEVAL, mostraron una reducción de la pobreza de 17.7% respecto a 2024. Es un gran logro que no debe ser regateado por nadie y si, en cambio, celebrado.

El origen de estos números positivos es el crecimiento del ingreso. Hay 13.3 millones de mexicanos que reciben más dinero, ya sea por los incrementos salariales, las remesas, las pensiones y los programas sociales. Sin dudarlo, han sido los incrementos salariales los que más contribuyeron, y los tres restantes contribuyeron también, aunque con menores porcentajes, a mejorar el ingreso familiar.

Aprovechando estos números positivos, el gobierno y sus voceros oficiosos y oficiales, se han dado a la tarea de exhibirlos como resultado de la política social del régimen, sin hacer caso de los otros datos que arroja la muestra censal aplicada por el INEGI. En efecto, creció el ingreso, pero la pobreza multidimensional dista mucho de ser abatida. En efecto, 13.3 millones de mexicanos ganan más dinero, pero no dejarán de ser pobres debido a las carencias asistenciales que aún les afectan.

Es innegable que mucho del ingreso adicional se ha tenido que ir a satisfacer necesidades de salud, así como también la inflación en productos alimentarios medra el nuevo ingreso, sin embargo, hay que reconocer que al menos tienen recursos para suplir las deficiencias institucionales.

No obstante, lo positivo que es el que haya mejorado el ingreso, no podemos ignorar otras señales que deberían restar al optimismo oficial. El primer semestre de 2025 mostró un crecimiento privado moderado. Los usuarios de tarjetas de crédito las están manejando con más prudencia, pues persiste la incertidumbre en el ámbito económico. Hay un menor dinamismo en el crecimiento del empleo formal y ambas cosas se reflejan en el consumo.

Las ventas que reporta la Asociación de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) desaceleraron en julio y desde mayo la tendencia en ventas va en declive. Se percibe una atonía en la economía como resultante de la baja inversión, la constante incertidumbre por la incierta política económica de los EUA y la desconfianza de inversionistas por las tendencias estatizadoras del régimen.

Con estas señales valdría la pena moderar el optimismo y la jactancia por el “éxito” de la política social del régimen. Si bien es cierto que el ingreso mejoró y que hubo una aparente distribución más equitativa de la riqueza que provocó también la disminución de la brecha de la desigualdad, habrá que reflexionar sobre el costo y el cómo se logró reducir la pobreza en tan amplio margen.

El sexenio anterior extinguió todas las reservas de ahorro para contingencias, redujo el gasto gubernamental, no solo el corriente, sino también en inversión pública, concentrando el gasto en obras no prioritarias y en apoyar a Pemex; con la pretendida austeridad se fondearon los programas sociales y se mejoraron las pensiones menores y estos, junto con las remesas de los paisanos y el incremento de los salarios mínimos, lograron el salto en el ingreso que ahora se publicita. La súbita inyección de efectivo a la economía provocó un salto en la inflación que ha logrado ser controlada; sin embargo, persiste y, no obstante, gravitó en contra del ingreso apenas mejorado.

Habiendo sido el aumento a los salarios mínimos el impulsor de este avance en el ingreso de las familias, pensar en un incremento igual será insostenible en el corto plazo, en especial con una economía contenida. El menor dinamismo del empleo formal y el estancamiento de la inversión pública, sumada a la retracción de la inversión privada, seguirán limitando el crecimiento y, con ello, provocando una menor recaudación, necesaria por el momento para superar el ejercicio presupuestal deficitario y el sostenimiento de los programas sociales.

En conclusión, aun aplaudiendo que haya crecido el ingreso, no podemos ignorar que esta tendencia no tiene sustentabilidad a mediano plazo, porque el salario no puede seguir creciendo por decreto en los términos en que lo hizo y mantener las pensiones y programas sociales, que tienen crecimiento geométrico por la tabla poblacional, requerirá no solo de austeridad sino de una profunda revisión de la política económica y la repercusión de las pulsiones autoritarias y hegemónicas del régimen.

Las campanas que hoy echan al vuelo nos alegran el momento, pero al mirar el horizonte no se ve que puedan seguir sonando tan alegremente. El producto interno bruto no habrá de crecer por decreto y hoy, inflación, población, gasto y deuda crecen más y más velozmente que los salarios y las transferencias de efectivo.

Mejorar el ingreso no garantiza movilidad social porque no modifica los factores estructurales que la permiten, como el sistema educativo, el mercado laboral, el crecimiento económico, la cultura y los valores sociales.

Justifico que el gobierno capitalice el éxito momentáneo, pero no veo justificación para el optimismo.

– Opinión, por Iván Arrazola

La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad enfrenta un dilema central que puede resumirse en la idea “Seguridad sí, DEA no”. Con esta fórmula no se busca negar la necesidad de cooperación, sino subrayar que la asistencia en la lucha contra el crimen organizado no debe implicar subordinación frente a una agencia extranjera.

El reto para el gobierno mexicano, y particularmente para la presidenta Claudia Sheinbaum, es mantener una coordinación eficaz con Washington sin dar la impresión de entregar autonomía ni de actuar bajo órdenes externas.

Ahora bien, el reto no es menor: en Estados Unidos, Donald Trump busca enviar a su electorado la señal de que está enfrentando el problema del tráfico de fentanilo y, en ese propósito, no mostrará sutileza alguna al remarcar quién ejerce el control y quién toma las decisiones para atender la crisis.

Por otra parte, el propio gobierno mexicano envía señales contradictorias. El reciente traslado de 26 reos a Estados Unidos revela que, pese a estar encarcelados, estos seguían operando desde prisiones mexicanas y dirigiendo las actividades de sus cárteles.

Esta decisión, aunque pragmática, pone en entredicho el discurso de soberanía que la presidenta Sheinbaum defiende con frecuencia y, en cambio, exhibe las serias debilidades del sistema de seguridad y control penitenciario en el país.

A ello se suma la presencia de drones estadounidenses en territorio mexicano —revelada primero por la prensa norteamericana y después reconocida únicamente en el caso del Estado de México—, lo que pone en evidencia la dependencia tecnológica del gobierno para monitorear y analizar las operaciones de los grupos criminales.

Este tipo de acciones parecían anticipar la firma de un acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos; no obstante, ante el rechazo de la presidenta Sheinbaum a colaborar directamente con la DEA, ese entendimiento parece quedar en suspenso.

En este escenario, se observan dos posibles rutas. La primera es que el gobierno estadounidense incremente la presión para que México adopte acciones alineadas a sus intereses —como frenar el tráfico de fentanilo— y que el gobierno mexicano, sin margen de maniobra, termine aceptando. La segunda posibilidad es que el gobierno mexicano busque resistirse, consciente de que aceptar sin condiciones lo exhibiría ante la ciudadanía como un gobierno entreguista.

La ambigüedad de la postura oficial se refleja en la idea de “coordinación sin subordinación”. Aunque Sheinbaum la reitera, no queda claro cómo se traducirá en la práctica. El antecedente de tensiones con la DEA —desde la detención del general Salvador Cienfuegos hasta las restricciones impuestas por López Obrador— refuerza la desconfianza mutua y hace más evidente la necesidad de definir los límites de la cooperación.

El problema de fondo radica en que las instituciones de seguridad mexicanas —Ejército, Marina y Guardia Nacional— no cuentan aún con la fortaleza necesaria para enfrentar al crimen organizado por sí solas. A pesar de reformas legales y esfuerzos de centralización, persisten dudas sobre el tiempo que tomará ver resultados tangibles y si existen recursos suficientes para sostenerlos.

La debilidad es aún mayor en inteligencia: México carece de capacidad plena para desmantelar redes de protección criminal, lo que coloca en el centro la relevancia del llamado “Proyecto Portero”, enfocado en rastrear tanto el ingreso de fentanilo a Estados Unidos como el flujo de armas hacia México.

Ante esta evidente asimetría, México difícilmente puede reclamar un trato en condiciones de igualdad. De ahí que el verdadero malestar de la presidencia parezca estar más en la exposición pública de la dependencia que en la cooperación misma. Casos como el uso de drones —negado oficialmente pero imposible de ocultar tras lo ocurrido en el Estado de México— revelan la dificultad de mantener discreción en un terreno donde Estados Unidos busca mostrar control y capacidad de acción.

A ello se suman las acusaciones lanzadas de manera abierta por Donald Trump sobre una alianza intolerable del gobierno con el crimen organizado. Aunque la presidenta ha respondido a través de redes sociales y en sus conferencias matutinas, no ha logrado disipar las dudas. La presunta alianza entre el crimen organizado y el gobierno mexicano constituye una de las imputaciones más graves planteadas desde Estados Unidos.

La fórmula “Seguridad sí, DEA no” sintetiza la paradoja de la política mexicana: el gobierno necesita la cooperación estadounidense para enfrentar al crimen organizado, pero busca evitar que esa relación lo convierta en un actor subordinado. Es probable que lo que se pretenda sea mantener la cooperación operativa mientras se controla la narrativa interna para no perder legitimidad política.

Sin embargo, en Estados Unidos la presión para exhibir resultados es mayor, lo que inevitablemente pondrá en evidencia quién detenta el control de la estrategia binacional. El desafío, entonces, no es decidir si habrá o no cooperación, sino cómo lograr que esta se ejerza sin erosionar la soberanía mexicana.