A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

En febrero de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas anunció la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como parte de una estrategia política que buscaba consolidar la alianza entre el Estado y las clases populares, ofreciendo organización, representación y beneficios sociales a sectores históricamente marginados.

Ese momento marcó un hito: la política social, hasta entonces entendida como una herramienta caritativa o asistencial, comenzó a perfilarse como un componente central del pacto nacional. Desde entonces, la relación entre el Estado y sus ciudadanos ha estado mediada por una promesa de justicia social, siempre en construcción, siempre sujeta a tensiones.

Hoy, casi noventa años después, México se encuentra en un nuevo momento de redefinición de su política social. El debate ya no gira solamente en torno a la cobertura o al diseño de los programas, sino a la naturaleza misma del bienestar que se quiere construir. El modelo actual, centrado en transferencias económicas directas, pretende articular una nueva visión: más incluyente, más directa, menos burocrática. Sin embargo, al mismo tiempo, surgen cuestionamientos legítimos sobre su efectividad estructural, su sostenibilidad a largo plazo y su capacidad para trascender la contención inmediata de la pobreza.

Desde el año 2018, el gobierno federal ha impulsado una política social basada en el principio de universalización progresiva del bienestar, colocando en el centro a las personas históricamente excluidas: adultos mayores, jóvenes sin empleo, personas con discapacidad y comunidades rurales e indígenas.

Esta visión ha dado lugar a una serie de programas prioritarios que, en términos de cobertura, representan uno de los despliegues sociales más amplios en la historia reciente del país. Más de doce millones de adultos mayores reciben hoy una pensión no contributiva; millones de estudiantes de educación básica y media superior acceden a becas mensuales; y cientos de miles de jóvenes participan en programas de formación o capacitación laboral.

La lógica detrás de estas políticas es clara: garantizar un piso mínimo de bienestar sin condiciones, sin intermediarios y sin exclusiones. En el plano discursivo, esto implica un reconocimiento explícito de que la pobreza no es una culpa individual, sino una responsabilidad colectiva. En términos políticos, se busca reconstruir el vínculo entre el Estado y las mayorías sociales, apelando a una idea de justicia social que tiene raíces profundas en la historia del país.

No obstante, esta expansión cuantitativa no ha ido acompañada —al menos no aún— de transformaciones estructurales que modifiquen los factores que generan y perpetúan la desigualdad. El sistema fiscal mexicano sigue siendo poco progresivo; la informalidad laboral permanece por encima del 55% y la movilidad social real continúa siendo una promesa lejana para millones de personas. A pesar de los esfuerzos redistributivos, la mayoría de los beneficiarios de los programas sociales siguen atrapados en contextos de marginación estructural que limitan sus posibilidades de desarrollo pleno.

En este contexto, conviene preguntarse: ¿se está construyendo una política social con enfoque de derechos o simplemente se están perfeccionando mecanismos de contención social? ¿Hasta qué punto las transferencias monetarias están generando autonomía y capacidad de agencia en los beneficiarios? ¿Se están fortaleciendo las capacidades productivas, educativas y comunitarias que permitirían superar la pobreza de manera sostenible, o estamos ante un modelo que mitiga los síntomas sin intervenir en las causas?

Otro elemento que merece atención es el institucional. La centralización operativa de la política social en una sola secretaría ha simplificado ciertos procesos, pero también ha concentrado atribuciones que, en ausencia de mecanismos robustos de evaluación y transparencia, pueden derivar en opacidad o discrecionalidad.

La desaparición de órganos técnicos como el Coneval, que contaban con autonomía para medir los impactos reales de las políticas sociales, ha debilitado la capacidad del Estado para conocer con precisión los efectos de su intervención. Sin información confiable y sin evaluación externa, se corre el riesgo de diseñar políticas desde la intuición y no desde la evidencia.

A esto se suma el debate sobre la sostenibilidad financiera de los programas. Si bien han sido financiados hasta ahora sin recurrir a una reestructuración fiscal, su permanencia está sujeta a variables inciertas. Sin una reforma estructural que fortalezca los ingresos públicos, será difícil sostener a largo plazo una política social que crece en cobertura y monto, sobre todo si se plantea como un derecho permanente. Además, el reto de su continuidad política no puede subestimarse: ¿qué sucederá con estos programas en un contexto de alternancia? ¿Están suficientemente institucionalizados como para resistir los vaivenes del ciclo político?

Pese a estos desafíos, no se puede negar que la política social en México ha dado pasos importantes. Ha ampliado el reconocimiento de derechos sociales, ha visibilizado a poblaciones históricamente excluidas y ha generado nuevas formas de legitimidad democrática.

Hoy más que nunca, la ciudadanía percibe al Estado como un actor presente en su vida cotidiana, capaz de ofrecer certidumbre frente a la precariedad. Este capital político y simbólico no debe desaprovecharse. Pero tampoco debe idealizarse.

El reto hacia adelante es claro: pasar de una política social basada en la transferencia al ingreso, a una política de bienestar integral, que combine el apoyo económico con el acceso efectivo a servicios públicos de calidad, la formalización del empleo, la educación como palanca de movilidad y un entorno de participación ciudadana que garantice la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

La justicia social, como enseñó Cárdenas en su tiempo, no se impone desde arriba ni se resuelve con soluciones únicas. Se construye todos los días, con instituciones sólidas, con participación activa y con la convicción de que los derechos sociales no pueden depender del ciclo electoral. La historia demuestra que cada generación tiene la oportunidad —y la obligación— de redefinir su pacto social.

Hoy, México tiene una base sobre la cual avanzar. Pero para que ese avance sea duradero, debe combinarse con visión estructural, con innovación institucional y, sobre todo, con un compromiso ético profundo con la equidad.

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

La cuestión educativa y magisterial, en nuestra patria ha sido constante motivo de pugnas en todos los niveles: planes y programas que son causa de enfrentamientos entre gobierno y grupos fácticos, incluyendo toda gama de partidos políticos; los maestros, han sostenido permanente frente, sobre todo con las entidades gubernamentales de los tres ámbitos del poder en el país.

En este caso, el sector magisterial, con las consideraciones de que existen maestros en la federación, los Estados y los municipios, sin contar a los de índole particular y los de nivel superior, que no se incluyen en la membrecía de los sindicatos, han sostenido ese campo de lucha para lograr sus metas salariales, de métodos de enseñanza y ahora el trámite de pensiones.

Partiendo de sus orígenes, diremos que el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) fue fundado el 30 de diciembre de 1943, siendo primer mandatario nacional el Gral. Manuel Ávila Camacho (1 de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946). Se le conoció como el presidente caballero.

Por su parte, la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), surgió el 17 de diciembre de 1979, cuando dirigía a la república el cuasijalisciense José López Portillo, cuyo período se extendió del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Este personaje, se dijo asimismo que era el postrer gobernante extraído de la revolución mexicana.

El más antiguo gremio mencionado, brota al unirse distintas agrupaciones de mentores, así como otros trabajadores del sistema educativo. Al principio lo respaldó el régimen federal, el cual veía con simpatía hubiese una organización sindical aglutinante de todos los trabajadores de la educación básica: de esa forma solo trataría con un organismo los temas del ramo. Ese apoyo lo llevó a ser el sindicato más grande de América Latina. El objetivo primordial del SNTE es la defensa de los derechos e intereses de los obreros de la educación.

En cuanto a la CNTE, emerge como disidencia, ante el papel en que había caído el sindicato denominado como oficial y que permitió que en diversos momentos hubiese verdaderos caciques -estilo la nefasta Elba Esther Gordillo- que regenteaban el destino sentista. Así pues, la organización sindical disidente del SNTE, surgió como una alternativa a la gestión y modelo sindical de tal organismo.

Por lo antedicho, se fundó la Coordinadora en el sureste, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras un evento llamado Primer Foro Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE. El principal objetivo de esta institución fue la democratización del susodicho SNTE y, obviamente, la defensa de los atributos magisteriales y sus auxiliares administrativos.

Y este fin suele lograrse más que con negociaciones tersas con gestiones de protesta y fuerza; de allí que sus actividades se caractericen por actitudes críticas, no solo ante las acciones que despliega el sindicato mayoritario, sino frente a la conducta que en la materia educativa llevan a cabo los gobiernos, especialmente los del tiempo neoliberal, que buscaban privatizar la educación.

En Jalisco, existen dos secciones sindicales del SNTE: la 16, del orden federal, y la 47, que congloba a los maestros estatales. Dentro de ellas se agitan minorías que simpatizan con la CNTE, secundando los acuerdos que a nivel nacional disponen sus líderes.

El que haya controles rígidos en el sindicato mayor, por parte de sus caciques (quienes o se entronizaban ellos en su dirigencia, o ponían a verdaderos peleles, para manipularlos sin problemas) y una especie de entreguismo al gobierno, lo cual se comprueba con la mal llamada reforma de la Ley del ISSTE en 2007, y luego las posteriores normas sobre la materia magisterial, mismas que fueron aceptadas o al menos toleradas por los sentistas.

Esta actitud orilló a la CNTE a tomar medidas extremas, a tal grado que luego de varios movimientos, se les llegó a tachar de virtuales delincuentes, por personajes de la derecha, como el inefable Claudio X. González.

A partir del sexenio lopezobradorista, dio la impresión de que entraban “en razón” y se sumaban a las políticas del expresidente AMLO. Empero no lograron culminar la totalidad de sus propuestas, entre las que destacan la derogación de la ley del ISSTE de 2007, implementada durante el gobierno de Felipe Calderón: en tal ordenamiento se introdujo el sistema de cuentas individuales -Afores- para el pago de pensiones de los trabajadores del Estado, donde están incluidos los maestros. El cambio implicó cambiar un sistema solidario que regía, por uno de cuentas individuales, muy desventajoso para los trabajadores, quienes ahora se pensionan con su propio dinero y las cotizaciones de empresas y gobierno. De esa forma, los retiros del magisterio son totalmente adversos para tener un futuro digno. 

Por ello, ahora con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, han vuelto a negociar los oficialistas del SNTE y a la carga los disidentes de la CNTE. Y aunque el pasado 15 de mayo, Día del Maestro, la mandataria anunció varias mejoras, tales como —entre otras— un diez por ciento de incremento salarial en dos etapas, dos semanas más de vacaciones y el bloqueo del tiempo que fija la ley para efectos de jubilación, que por lo pronto quedó anclado en 58 y 56 años de edad y el tiempo establecido de servicios, 30 años para hombres y 28 para mujeres.

Antes la edad no tenía límites, y podía haber pensionados desde los 40 y tantos años cumplidos. En cuanto a los ingresos salariales, ahora los centistas exigen un aumento del cien por ciento.

Desde luego que también en su lucha, la CNTE incluye la defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad; el añejo objetivo de lograr la cabal democratización del SNTE, y la participación de las comunidades en los modelos educativos. Pero lo substantivo de sus manifestaciones, son la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa, así como un aumento salarial del 100%.

Al respecto, la presidenta les manifestó que cuestiones presupuestales le impiden por ahora conceder todas las exigencias, manifestando su aprecio por los maestros, la idea de que conforme los recursos alcancen les concederá más mejoras y afirmando que con el diálogo en marcha, donde participan muy activamente la Secretara de Gobernación y la de Educación Pública, se podrá adelantar en la materia de los tiempos de pensionarse, realizando reformas legales conducentes.

El activismo casi agresivo de los disidentes de la CNTE había logrado que se concertara una entrevista con la mandataria, para realizarse el viernes. Pero con sus plantones, bloqueos de casetas alrededor de la ciudad de México, la paralización del centro capitalino que ocasiona enormes pérdidas a los negocios establecidos, sumado a las inconformidades por los paros en distintas vialidades, y el colmo, procurar impedir la realización de la mañanera del pueblo del miércoles pasado -incluido un maltrato a ciertos reporteros, rematando con sitiar el aeropuerto internacional y amenazar con tomarlo con cierta permanencia, llevó a que la primera magistrada del país, cancelara la entrevista que tenían acordada.

Expresó: «¿Para qué hacen todo eso para reunirse conmigo si ellos ya sabían que se iban a reunir conmigo el viernes? Hay cosas que no están bien”. Y se canceló la reunión, dejando la opción de que traten con las secretarías mencionadas.

Los tiempos actuales no son de dividir. Las situaciones delicadas que encaramos los mexicanos, y especialmente la primera mandataria, tanto dentro de la república como en el entorno internacional, exigen nos conduzcamos con sentido de unidad, aun cuando no se claudique de lo que legítimamente puede ejercerse. La CNTE, sin negar que en algunos aspectos tiene la razón, con su modo incómodo de actuar, poco puede ganar. Los ciudadanos afectados, los comerciantes, los automovilistas; los viajeros, y en fin gran porción de compatriotas y de extranjeros, han manifestado su malestar.

Bien dice un adagio que «lo cortés no quita lo valiente», y a tal lineamiento deberían de acogerse los miembros de la CNTE. Perder simpatía y apoyos de la población les resultará una factura muy elevada, siendo que requieren el soporte popular para avanzar en su lucha. Mientras, los maestros del SNTE, consolidan su relación con gobierno, instituciones y ciudadanos.

Ojalá que el río no se salga de su cauce y con sentido patriótico, sereno y muy respetuoso, se resuelva la problemática educativo-magisterial, que, en el marco delicado en que está inmersa la nación, -de las relaciones con Estados Unidos, los esfuerzos por evitar no se quebrante la economía, recobrar la paz interna y la celebración inminente de los comicios para renovar el Poder Judicial-, se convierte en grave tema este forcejeo entre gobierno y magisterio.

Por la salud de México, los maestros deben tener presente su papel como columnas de la república; de igual manera, los gobernantes asumir su rol de salvaguardar los derechos de los docentes, por lo que ambas partes deben proceder con sensatez y mucha responsabilidad, a fin de que la patria salve estos tiempos tan dificultosos, y se enfile hacia la paz, la democracia, el progreso y la justicia social.

Desde los Campos del Poder, por Benjamín Mora Gómez //

Claudia Sheinbaum, gracias a la democracia, es presidente, aunque está a punto de destruirla, pues no la cree digna de seguir viva. Para organizarnos como sociedad solo hay un camino y un modo: La democracia. Quien atenta contra ella es un criminal de lesa humanidad.

Claudia Sheinbaum es una mujer de claroscuros graves y pronunciados. Una mujer que no entiende, quizá por incapacidad, o no quiere entender, por obvia indolencia, que lleva un lastre -Andrés Manuel López Obrador- que debe limpiarse si acaso desea terminar su mandato con resultados medianamente aceptables.

El gobierno de Claudia Sheinbaum estará siempre opacado por dos hechos que ella misma se ha impuesto y la flagelan: El golpe de Estado al Poder Judicial que pretende dar en el primer domingo de junio próximo y su ley mordaza a la comunicación que nos aguarda.

Sugiero a Claudia Sheinbaum escuchar a Virginia Woolf, escritora británica, cuando nos dice: “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”. Sheinbaum siempre podrá hundirse más y más.

El mayor pecado de cualquier político es no dar crédito a las ansias de libertad del pueblo. A Claudia Sheinbaum le aterra la democracia. He sostenido que la democracia obliga a un diálogo inteligente y perspicaz entre el pueblo y el gobernante y eso implica un riesgo para quien teme a la verdad.

En la democracia, el pensamiento, la conciencia y la palabra deben permanecer siempre libres, aunque al gobernante no le agraden o incomoden. A pocas semanas del inicio de su mandato, de no enmendar sus terquedades, el gobierno de Claudia Sheinbaum jamás será un buen referente mundial sobre la verdad y democracia.

Claudia Sheinbaum debe entender que no puede acallar al poder de la voz popular sin correr el riesgo de que el pueblo se haga del poder de las armas, de inicio, y después, que el mundo nos bloquee de mil y un modos. Claudia Sheinbaum podría descubrir que siempre hay cosas peores que los aranceles de Trump.

Aprendí que sólo cuando comprendemos que hemos encontrado la mejor de las causas es que asumimos un compromiso y nos entregamos a su consecución. Hoy, la mejor causa en México es defender nuestra democracia. Me preocupa la incapacidad de la presidente para advertir las anomalías éticas de su gobierno. La realidad da golpes de timón que pocos saben sortear.

Hemos aprendido que la construcción de la democracia implica la suma de voluntades de un pueblo y de la nación por ellos construida durante décadas. El Estado mexicano no puede convertirse en delincuente para combatir a criminales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimitó en muchos casos, como al pronunciarse por derechos contra natura, como el de permitir asesinar a un ser humano no nacido en aras de complacer a mujeres enfurecidas por ser mujeres y quedar embarazadas.

Es cierto que tenemos jueces corrompidos que se someten a quien tiene dinero, poder político o se complace en el crimen, pero todo eso no se acabará por dar un golpe de Estado al Poder Judicial como el que pretende Sheinbaum. Es deficitario como deficiente su inteligencia procesal.

La 4T de López Obrador prevalece en sus fijaciones discursivas, muchas de ellas peligrosas y sin cimientos en la razón. Los caprichos enfermos del expresidente contagian a su heredera, y aunque le parezca que todo lo logra, es un pensamiento propio del perdedor por condena propia. No tiene conciencia del derrotismo que busca acallar.

Se nos convoca a no votar en la elección del primer domingo de junio próximo y a manifestar nuestro repudio en una marcha nacional: ¡Hagámoslo! Cuando no hacemos todo lo que en nosotros está para que lo justo prevalezca, somos tan culpables como quien genera algo injusto. El silencio ante el atentado a nuestra democracia y libertades de Sheinbaum es criminal por indolencia.

Claudia Sheinbaum, quizá, el mismo domingo de los cuchillos largos antidemócratas, se atreverá a festinar su crimen. Su linaje anticonstitucional la dominará. Su narrativa recurrirá a más mentiras. Por herencia y gratitud (maldita herencia y perversa gratitud), Claudia Sheinbaum complace a Andrés Manuel López Obrador en eso de dar la última estocada a la historia libertaria de México expresada en leyes, jueces y magistrados.

En el “Silencio de los corderos” de Thomas Harris, al hablar del equilibrio entre el control y el caos, escribe: “No te desvíes de eso. No te desvíes ni un ápice por ninguna razón”. Claudia Sheinbaum, hoy se desvía del mandato que juró cumplir y hacer cumplir cuando asumió la presidencia de México. El piso por el camino es bastante resbaladizo. ¡Cuidado!

La democracia es, por esencia, voluntad de encuentros entre iguales y distintos para la construcción del espacio de acuerdos que unan. La democracia exige de pasión, inteligencia, humildad y voluntad, todas férreas. Es hora de que Claudia Sheinbaum comprenda que, en las cosas del poder político, cada una de sus intenciones se lee e interpreta por el pueblo de maneras distintas.