De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //

CUÁNTA razón tienen aquellos que acuñaron la expresión, “En septiembre, mes de la independencia de México, perdimos nuestra independencia en este 2024”.

Y es que la mayoría aplastante de MORENA en el Congreso de la Unión, más la actuación mafiosa de la “cuarta transformación” para doblar a senadores y así conseguir los votos de las dos terceras partes de la Cámara Alta, en verdad, es algo histórico.

Lo inédito es que por vez primera la población actual en el país, es decir, 130 millones de habitantes, estamos al borde del precipicio porque es innegable que con el control del Poder Judicial por parte de palacio nacional, se terminaron los contrapesos con los otros dos poderes de la Unión (el Ejecutivo y el Legislativo) y de ahí a la desaparición de las Garantías Individuales contempladas en los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay un solo paso.

Pero en verdad este septiembre del 2024 ha estado lleno de hechos que tienen su lugar seguro en la historia, aunque algunos serán depositados en el basurero.

Porque en sus tiempos de hegemonía el PRI hizo lo mismo, pero siempre guardó las formas haciendo respetar hasta las comas de las leyes contempladas entonces, incluido el presidente Ernesto Zedillo que redujo el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación, sin conllevar el propósito de deshacerla como un poder de contrapeso con los otros.

Pero ahora, el Presidente, MORENA y sus secuaces, sin el más mínimo rubor, en forma descarada, chantajearon y extorsionaron a senadores con “mucha cola”, pero como haya sido, evidentemente el partido oficial no contaba con los votos necesarios para alcanzar la “mayoría calificada” y sacar adelante la iniciativa presidencial de reforma judicial.

Primero se “jaló” a dos senadores del PRD y el pasado “martes negro”, presionó la ausencia al pleno del senador campechano Daniel Barrera poniendo en la cárcel a su padre y “convino” con los Yunes (el padre y el hijo) el voto “86” de MORENA y así desaparecerles las órdenes de aprehensión en su contra.

El presidente y el partido oficial sacaron adelante, bajo consigna, una reforma al Poder Judicial teniendo a miles de mexicanos en las calles (entre trabajadores del Poder Judicial y estudiantes universitarios) y con tal prisa, que no se podían dar el lujo de dejar crecer más a la oposición y a días de que el Presidente deje el poder.

“Consummatum Est” para satisfacer la sed de venganza presidencial contra las y los ministros de la Suprema Corte (sobre todo de la ministra presidente, Norma Lucía Piña) que habían “echado abajo” varias de las iniciativas de López Obrador porque simple y llanamente, eran violatorias a la Constitución.

México y su gente pierden, porque a partir de esta reforma, la justicia en nuestro país estará sujeta a las consignas de la política y no al estricto cumplimiento de la Ley.

Y este septiembre de 2024 sí pasará a la historia, por lo burdo del procedimiento para imponer una reforma para satisfacer solo un capricho del Presidente.

Porque la extorsión y el chantaje hicieron efecto en débiles y porque los manifestantes inconformes irrumpieron en el Senado venciendo los muros de la seguridad y obligando a suspender la sesión para trasladarla a la casona de Xicoténcatl.

La irrupción en el salón de sesiones de una Cámara del Congreso de la Unión, no es novedad, según dijo Manlio Fabio Beltrones:

“Me tocó una vez que un militante de MORENA, ingresó a la Cámara de Diputados, montado en un caballo”.

“Esto no se acaba hasta que se acaba”

RECORDANDO esta frase del célebre manager de los Yanquis de Nueva York, Yogi Berra, expertos en Derecho y reconocidos juristas, están convencidos de que el procedimiento para aprobar la reforma judicial está viciada de origen… Habrá que recordar que dos jueces otorgaron suspensiones (amparos) para posponer la discusión de la iniciativa en la Cámara de los Diputados… La respuesta de los líderes de MORENA y del propio Presidente de la República, fue que el Poder Judicial no era competente para conocer de estos asuntos y por consecuencia desdeñaron la orden judicial… Evidentemente, la reforma será impugnada… ¿Sabe dónde?… Efectivamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación… Y usted dirá: “Pero si la Corte no será la misma a partir de estos cambios…”… No será la misma pero dentro de doce meses, cuando se den las primeras votaciones para elegir las y los nuevos ministros del máximo tribunal en el país… ¿Y mientras tanto?… ¿Será que la presidenta Norma Lucía Piña y las y los ministros que no apoyan al Presidente deberán abordar y decidir sobre dicha impugnación?… Y el “pero” que nunca falta, nos indica que en noviembre próximo la Presidenta Sheinbaum designará al cuarto ministro, que al lado de Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, votarán incondicionalmente a favor de la “cuarta transformación” y con ello la posibilidad –según la Ley orgánica de la Corte- de que ninguna impugnación en contra de la reforma judicial, proceda… ¿Qué sucederá?… El tiempo nos lo dirá.

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Por Mario Ávila //

Ni el amparo, ni la acción de inconstitucionalidad, ni la controversia constitucional, son los caminos que podrían seguir los opositores para intentar echar atrás la Reforma Constitucional del Poder Judicial, toda vez que esas puertas están cerradas, dado que no aplica legalmente ningún recurso de esa naturaleza.

Esta es la interpretación que hace el politólogo y abogado constitucionalista, Javier Hurtado González, quien advierte que lo que les queda a los inconformes, es “estirar la liga para ver hasta donde se rompe, impugnando solamente el proceso, no el contenido de la reforma”.

Cuestionado sobre los amparos concedidos por varios jueces para que no se discutiera ni se votara la reforma al Poder Judicial y el amparo que posteriormente otorgó un juez de Colima para que no se publicara el Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el experto Derecho Constitucional, Javier Hurtado, expuso que se trata de un recurso abiertamente ilegal, “ya no digamos inconstitucional, porque eso está en contradicción con la fracción 1 del artículo 61 justamente de la Ley de Amparo, que dice explícitamente que el amparo es improcedente contra reformas constitucionales, es decir se están excediendo estos jueces”.

Otro recurso de control de la constitucionalidad que se tiene además del amparo -dijo-, son las acciones de inconstitucionalidad, pero resulta que las acciones de inconstitucionalidad son para plantear la contradicción de una ley con la Constitución, no la no la contradicción de la Constitución con la Constitución misma, eso no existe.

Y el otro medio de control de la constitucionalidad -explicó-, son las controversias constitucionales, pero las controversias las presentan poderes u órdenes de gobierno cuando consideran vulneradas sus competencias por otro poder o por otro orden de gobierno; entonces está previsto toda una amplia gama de controversias constitucionales de que un municipio contra otro municipio un estado contra otro estado El poder legislativo contra El Ejecutivo etcétera, pero en ningún lugar del 105 constitucional, dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea sujeto legitimado para presentar una controversia constitucional ante ella misma.

Sobre el primer mecanismo, el amparo, el abogado calificó como una “locura” que un simple juez, quiera revertir lo que presentó el Poder Ejecutivo, lo que ya votaron más de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así como los Congresos de al menos 23 estados de la República. “¿Pués quién se creen… quién los eligió… qué poder tienen?”, se cuestionó.

Mientras que, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, de entrada, la oposición en el Poder Legislativo no podría utilizarlas por cuestión aritmética, es decir porque juntos no reúnen a un tercio de la representación en las cámaras de diputados ni en la de senadores.

“LA OPCIÓN ES ESTIRAR LA LIGA”

Ante ese escenario, el académico de la Universidad de Guadalajara y ex presidente del Colegio de Jalisco, planteó que sería absurdo que ellos presentaran una controversia constitucional para ser analizada por ellos mismos; en tanto que la acción de inconstitucionalidad no procede, porque no se reúne el 33% de ninguna de las cámaras, “la única vía y mecanismo que les queda es estirar la liga del amparo a ver hasta dónde se les rompe”, dijo.

Y entonces -planteó-, en una interpretación teleológica, sistemática y funcional, van a decir que se violaron derechos humanos en el proceso, no se van a ir al contenido, se van a ir solamente al proceso y van a argumentar que se falló en el principio de deliberación democrática. Es lo que van a cuestionar porque esta legislatura acaba de entrar y no tuvo oportunidad de discutirla, que quien la había discutido era la anterior legislatura, entonces creo que se van a ir por ahí.

Hurtado González especuló también que el pleno de la SCJN va a atraer los casos de los amparos que se han presentado y que se presentarán en los días posteriores a la reforma, porque tiene facultades para atraerlo cuando lo considere de trascendencia o importancia nacional, “entonces va a ser un amparo indirecto en revisión y de ahí van a emitir su sentencia de que esa reforma constitucional es inconstitucional, porque no se cumplieron los procedimientos de calidad por decirlo, no de cantidad que debe contener la reforma constitucional, que es el principio de deliberación democrática, la debida discusión, porque aritméticamente no tendrían ninguna posibilidad, no les da, no pueden decir que hubo fraude porque no eran las dos terceras partes de los diputados o de los senadores, porque no se reunieron las 23 legislaturas”.

Se van a ir -dijo-, por la violación del principio de deliberación democrática, pienso que sería por ahí y van a tratar de declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, por primera vez en México, a sabiendas de que la Corte no tiene ninguna facultad para hacer eso. Y si nosotros partimos del principio básico del derecho público, que dice que las autoridades solamente pueden hacer aquello que las leyes les faculta explícitamente hacer, entonces la Corte estaría usurpando facultades porque en ningún lado, absolutamente ningún lado de la Constitución y de ninguna ley, dice que la Corte tenga facultades para controlar las reformas constitucionales.

LOS PARTIDOS ESTÁN NULIFICADOS; LA CORTE LLENA ESE SITIO VACÍO

Dejando por un momento de lado el ángulo estrictamente jurídico y cuestionado desde el punto de vista político, el Dr. Javier Hurtado calificó como lamentable que el Poder judicial esté cuestionando esto y vaya a tratar de reaccionar para defender sus intereses, “es decir su pleito es ese, defender sus privilegios, sus lujos, sus corruptelas y para eso van a generar un desmadre constitucional y un enorme problema político, porque si no tiene facultades explícitas para hacer eso y si quieren amacharse y no salirse de donde están, no sé qué pueda pasar… ya dijo el presidente están caminando en un pantano y entre más caminan más se hunden”.

Yo creo -abundó-, que la reforma va a salir adelante, porque también es cierto que los órganos en los que son depositarios de la voluntad popular, lo han aprobado y tú no puedes pasar por alto eso, aunque se haya violado el procedimiento, máximo y cuando no tienes facultades para hacerlo.

Consideró a la vez, que los partidos políticos de oposición en México están totalmente nulificados y por ello se ha crecido peligrosamente la figura de la SCJN y así se expresó: “Los partidos políticos no tienen ninguna posibilidad de hacer nada, porque no tienen el 33% para sentar una acción de inconstitucionalidad, si es que procediera una acción de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales; en entendido de que las acciones de inconstitucionalidad se presentan sobre leyes no sobre reformas constitucionales, entonces no tienen ninguna posibilidad, ellos tampoco tienen legitimidad y personería para presentar una acción de inconstitucionalidad o controversia”.

“Los partidos políticos están acabados y debido precisamente a la debilidad de los partidos políticos, quién se crece es la Suprema Corte que está actuando como un poder de oposición, como un congreso de oposición en contra del Ejecutivo; es un poder de oposición al Ejecutivo y al Legislativo. Ante la debilidad de los partidos políticos es la SCJN la que se está creciendo y eso es muy peligroso, porque sería tanto como la dictadura de los jueces, para los que hablan de la “presunta dictadura popular”, por el resultado de las elecciones; pues es peor la dictadura de los jueces, yo prefiero la dictadura popular que la de los jueces”, planteó.

Finalmente, el abogado constitucionalista Javier Hurtado, censuró el post que subió a la red social X el pasado 10 de septiembre, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, en el que hizo suya la frase inolvidable del caudillo del Sur, Emiliano Zapata, tuiteando: “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”.

Lo que acaba de subir la señora Piña -dijo-, me parece muy grave, esa es una incitación a la rebelión y eso es delito, estos señores, no tienen límite, están dispuestos a generar un enorme problema político, de grandes proporciones, con tal de defender sus privilegios, que por cierto no están amenazados, porque el décimo transitorio del decreto de reforma aprobado, dice claramente que se le respetarán a los trabajadores todo sus derechos laborales todos sus prestaciones y sus condiciones generales de trabajo y dice también que los magistrados y jueces que no se quieran someter al proceso de elección que van a ser liquidados con tres meses de sueldo y 20 días por cada año de servicios, qué es lo que marca la ley. Entonces no hay ninguna violación de derechos laborales ellos están inventando cosas para plantear un problema de poder político, pero ellos están luchando ya no tanto por sus lujos y sus excesos que están garantizados, sino que ellos están luchando por poder político, ese es el grave problema del estado mexicano.

Por Mario Ávila //

“Consummātum est”, estas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz, lo que en español quiso decir, siempre siguiendo el Evangelio de San Juan, fue que todo se había acabado, que todo se había cumplido. Tal sentencia también podría aplicarse a lo que ocurrió este lunes 16 de septiembre, el día más mexicano de todo el año, cuando se promulgó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional al Poder Judicial, que a partir de esta fecha habrá de elegir a sus jueces, magistrados y ministros, a través del voto popular, libre, directo y secreto, igual que ocurre hoy con los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Esta reforma ha provocado un cisma político en el país, en donde incluso se han involucrado con opiniones y sugerencias, algunos actores extranjeros como los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México, a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado de intentar inmiscuirse en la vida pública de nuestro país.

Esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejó incómodos a los partidos políticos de oposición, enfrentados al interior de sus mismas organizaciones políticas, particularmente al PAN y a Movimiento Ciudadano, en donde fue evidente que hubo un par de legisladores que no cumplieron con su promesa de votar en el Senado de la República, en contra la reforma, uno, de MC, Daniel Barreda, de plano se ausentó y otro dio la cara y votó a favor junto con Morena, PT y PVEM, es decir los panistas Miguel Ángel Yunes, papá e hijo, es decir, suplente y propietario.

En tanto que en el caso del PRI, las consecuencias también alcanzarán al presidente Alejandro Moreno, a quien el INE desconoció en el cargo, con el argumento de que violó sus propios estatutos al aprobar una reforma a sus documentos internos, en medio de un proceso electoral, lo que seguramente avivará a los opositores de “Alito” Moreno, para desconocerlo como dirigente del tricolor.

Esto significa que las disputas entre los Yunes contra Marko Cortés; “Alito” Moreno contra Manlio Fabio Beltrones y MC cada día más pequeño, al quedarse aparentemente con solo cuatro senadores y reafirmarse como la bancada más pequeña de la Cámara Alta.

Tan debilitados quedaron los partidos de oposición, que no serían capaces de interponer algún recurso jurídico para tratar de impugnar la Reforma al Poder Judicial, simple y sencillamente porque no representan ni siquiera a un tercio de los miembros de cada una de las Cámaras en el Poder Legislativo.

Esto significa que la lucha para intentar revertir los efectos de la Reforma al Poder Judicial, solo puede llegar de los integrantes del mismo Poder Judicial y así lo hicieron desde iniciado este mes, cuando un cuarteto de jueces de distrito en diversas entidades, concedieron un amparo a algunos ciudadanos, para que se interrumpiera el proceso parlamentario en el caso de la Reforma al Poder Judicial.

Pero como el artículo 61 de la misma Ley de Amparo les impide a los jueces conceder amparos cuando se trate de una reforma constitucional, el proceso en el Poder Legislativo siguió adelante y se consumó, a pesar de que el pasado sábado un juez de Colima, también concedió un amparo, supuestamente para impedir que se promulgara y publicara en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional al Poder Judicial.

Lo que viene, a juicio de algunos estudiosos y expertos en la materia como el abogado constitucionalista Javier Hurtado, serán simples “patadas de ahogado” de los miembros del Poder Judicial, que son los que habrán de seguir dando la batalla ante el descrédito que ante la sociedad tienen los partidos políticos de oposición.

Sin embargo, el académico de la UdeG Javier Hurtado, coincide con la versión del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que los opositores a la reforma, desde la ministra Norma Piña, se encuentran sumergidos en un pantano y entre más se muevan, más se habrán de hundir.

ENTRE PAROS, TOMAS, OFENSAS Y “SECUESTROS”

Los primeros días de septiembre se caracterizaron por convertirse en un caos para la justicia mexicana, luego de que los trabajadores del Poder Judicial, azuzados por jueces, magistrados y ministros, se fueron al paro general en el país, con el argumento de que se afectaría la Carrera Judicial y se impactaría gravemente en sus derechos laborales.

Las reacciones belicosas fueron creciendo al grado de que se impidió el acceso a San Lázaro, sede de los trabajos de la Cámara de Diputados, por lo que tuvieron la necesidad de mudarse a una sede alterna en el centro Deportivo de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Ixtacalco, en donde se efectuó la sesión para darle primera y segunda lectura, así como para efectuar la votación de la iniciativa que fue aprobada por mayoría calificada, en una maratónica sesión que duró más de 18 horas.

Según argumentó el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Avila, la determinación de cambiare de sede obedeció a “respetar el derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial y para no generar ningún enfrentamiento o confrontación o provocación”.

Al pasar la iniciativa a la Cámara de Senadores la situación empeoró, ya que las huestes inconformes, irrumpieron de manera violenta en el recinto cuando se efectuaba el debate en pro y contra la reforma constitucional al Poder Judicial. Después de vencer el cancel de la entrada principal sobre Paseo de la Reforma, la turba venció las puertas de cristal y de madera hasta llegar al recinto y apoderarse de la mesa directiva y de las curules en el Senado.

La estrategia tomada en este caso por el presidente, senador Gerardo Fernández Noroña fue decretar un receso por tiempo indefinido, lapso en el que cambiaron de sede a la antigua casona de Xicotencatl, hasta donde también llegaron los manifestantes y realizaron un plantón, pero esta vez ya custodiados por elementos de las corporaciones policiacas de la Ciudad de México.

Quedarán también registrados en el Diario de los Debates de la histórica sesión en el Senado de la República, asuntos como el presunto “secuestro” del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda; lo mismo que las acusaciones mutuas que se lanzaron los Miguel Angel Yunes (padre e hijo) con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés; así como los desquiciantes insultos de la senadora Lily Téllez al presidente de la Cámara Alta, senador Gerardo Fernández Noroña, a quien le escupió una y otra vez la palabra “bellaco”.

DEL 5 DE FEBRERO AL 16 DE SEPTIEMBRE

El camino para consumar esta trascendental e histórica reforma, inició el pasado 5 de febrero del año en curso, cuando el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, presentó al pueblo de México, su propuesta de 20 reformas constitucionales, en las que el reto estaba en conquistar para la elección del 2 de junio, la mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores.

Un paso determinante ocurrió en la elección del 2 de junio, en donde la votación favoreció abrumadoramente a los candidatos del partido político del presidente y los partidos aliados (PT y PVEM), que en el caso de la Cámara de Diputados no tuvo ningún problema para rebasar el límite de los dos tercios de los integrantes de la LXVI Legislatura al conquistar 365 escaños; en tanto que en el Senado consiguieron 83 posiciones, por lo que tuvieron que sumar a dos senadores del PRD y uno del PAN, para consumar la mayoría calificada.

Vale la pena recordar que dos años atrás, particularmente desde el 9 de junio del 2022, PAN, PRI y PRD había decretado una estrategia llamada “Moratoria Constitucional”, que implicaba que no se aprobaría en la LXV Legislatura, ninguna iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello ante el planteamiento del presidente de reformar al Instituto Nacional Electoral (INE).

Las iniciativas presentadas en el mes de febrero, se mantuvieron congeladas en comisiones y fue hasta los últimos meses de la legislatura, cuando los diputados federales convocaron a foros de parlamento abierto en distintas ciudades del país, para presentar y enriquecer la propuesta de reforma al Poder Judicial.

Y en los últimos días de actividad, los legisladores aprobaron en comisiones 17 de las 20 iniciativas contempladas en el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, dejando la mesa servida para que en los primeros días de la LXVI Legislatura federal, se continuara con el proceso, empezando por la reforma al Poder Judicial.

Ya en los primeros días de la LXVI Legislatura, los morenistas y sus aliados arrancaron con la mira puesta en el cumplimiento del compromiso adquirido con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo y con los 36 millones de mexicanos que votaron por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, para hacer realidad el Plan C, empezando con la iniciativa que seguramente será la más trascendente de todo el paquete de propuestas de López Obrador, con las que se pretende darle un nuevo rumbo político al país, muy distinto al que México vivió desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto.

LAS VOCES DE LOS SENADORES POR JALISCO

Fue sin duda el senador, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, el que tuvo el papel más protagónico en el proceso de la aprobación a la Reforma Constitucional al Poder Judicial, particularmente, porque en su papel de coordinador de una bancada de cinco senadores, al parecer se quedará solo con cuatro, toda vez que el senador por Campeche, Daniel Barreda, prefirió acompañar a su padre a una diligencia, que acudir a la sesión donde se aprobó finalmente la reforma en el Senador de la República.

Y este proceso, solo le sirvió al propio Clemente, para agudizar sus diferencias con el partido en el gobierno, actitud que respaldó el mandatario jalisciense, también de MC, Enrique Alfaro Ramírez, quien anticipó que Jalisco se opondría a la entrada en vigor de la Reforma Constitucional al Poder Judicial.

Esta situación seguramente tensará aún más la lucha post electoral que se ha dado en Jalisco, dado que las elecciones de alcalde de Guadalajara y de gobernador de Jalisco, se encuentran impugnadas en los tribunales y las posiciones parecen irreconciliables entre Morena y MC, al grado de que quien queda en la gubernatura o en la alcaldía de la capital jalisciense, tendrá poca margen de maniobra, en el entendido de que, en el Congreso del Estado, las fuerzas parece que quedarán equilibradas.

Por lo que toca a la senadora del PVEM, Rocío Corona Nakamura, tuvo una participación relevante en la reforma, dado que fue una de las ponentes que fijó postura a nombre de su fracción parlamentaria, en la sesión del Senado de la República, en donde se emitió el Decreto por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.

Ello, una vez que en la mayoría de los Congresos de los Estados, se aprobó la reforma y con ello quedó consumado el proceso, listo para que el Ejecutivo publique su contenido en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso del panista, Francisco Javier Ramírez Acuña, su participación más sobresaliente fue cuando después de pedir el uso la palabra, y cuando ya tenía el micrófono en mano al momento de la discusión y el debate en el Pleno del Senado, optó por cederle su tiempo y declinó en el uso de la voz en favor de su compañera de fracción, Lilly Téllez. En el caso del senador, Carlos Lomelí, su participación se limitó a emitir su voto a favor en este proceso.

Los estados que votaron la reforma:

A favor: Ciudad de México, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Durango, Colima, Campeche, Baja California Sur y Baja California.

En contra: Jalisco y Querétaro.

LA RUTA DE LA REFORMA JUDICIAL:

16 de septiembre 2024

Entra en vigor la Reforma. Primer transitorio: Entrada en vigor del Decreto. Comienza el proceso electoral extraordinario 24-25 para renovar cargos en el Poder Judicial.

23 de septiembre 2024

Sesión del Consejo general del INE. Art. 96 Segundo transitorio: El Consejo general del INE celebra su primera reunión para iniciar la preparación de la elección extraordinaria del 2025. (7 días)

16 de octubre 2024

Emisión de la convocatoria.

Art. 96. Segundo transitorio: El Senado de la República emite la convocatoria para los listados de candidatos a los cargos judiciales a renovar (30 días)

15 de diciembre 2024

Límite para las adecuaciones.

Octavo transitorio: El Congreso de la Unión realiza las adecuaciones necesarias a las leyes para implementar la reforma del Poder Judicial. (90 días)

15 de marzo del 2025

Adecuación de leyes locales.

Octavo transitorio. Las entidades federativas deben adecuar sus constituciones locales y renovar los cargos judiciales locales. (180 días)

1 de junio 2025

Elección extraordinaria de autoridades judiciales.

Segundo y sexto transitorios: Se celebrará la elección extraordinaria para los cargos de ministros, magistrados y jueces y otros cargos judiciales.

18 de agosto 2025

Límite para resolver impugnaciones.

Segundo transitorio: La Sala Superior del Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones relacionadas con la elección extraordinaria.

1 de septiembre 2025

Toma de protesta.

Segundo y sexto transitorios: Las personas electas tomarán protesta de sus cargos en el Senado y el tribunal de Disciplina Judicial inicia formalmente sus funciones.

15 de septiembre 2025

Adscripción a personas electas.

Segundo transitorio: El órgano de administración judicial adscribirá a las personas electas a los órganos judiciales correspondientes.

EXTINSIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

El transitorio sexto establece que el Consejo de la Judicatura Federal será extinto el 1 de septiembre del 2025 con la transferencia de sus funciones al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial.

ELECCIÓN FEDERAL ORDINARIA 2027

Al ser escalonado, la segunda parte de la renovación escalonada de magistrados y jueces en los circuitos judiciales que no fueron renovados en el 2025, será en el 2027.

EL INE ESTARÁ A CARGO DEL PROCESO

El transitorio segundo otorga al Instituto Nacional Electoral, sin la representación de los partidos políticos, la responsabilidad de organizar y garantizar el proceso electoral extraordinario, asegurando los principios de imparcialidad y paridad de género.