ENTREVISTAS
Escalafón, una lucha permanente por los derechos de los trabajadores del Congreso de Jalisco

Por Francisco Junco //
Uno de los grandes retos que tiene el sindicato en el Congreso del Estado es lograr que sus empleados y trabajadores puedan alcanzar mejores condiciones laborales y que estos derechos les sean reconocidos.
La profesionalización y poder crecer dentro del mismo organismo, ha sido una lucha permanente indica César Iñiguez González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo.
“Lo que nosotros queremos hacer, es generar ese beneficio para todos de una manera abierta, pública y transparente, donde el trabajador pueda, por su experiencia, por su antigüedad y por su mérito, ocupar un espacio que le corresponde por derecho”, señaló.
Con cinco años de trabajo sindical, y en su segundo periodo al frente como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, el cual, afirma, aglutina a 400 trabajadores de los 500 que hay en el Congreso, César Iñiguez ha logrado que el tema del escalafón sea una realidad en el Congreso de Jalisco.
En entrevista con Conciencia Pública, comentó que no ha sido una conquista fácil de obtener, pero, poco a poco, ha ido construyendo. Bajo la premisa de que para exigir hay que dar, los trabajadores han dado muestra de voluntad para ser más profesionales y ofrecer, como servidores públicos, un trabajo de mayor calidad y especializado.
EL IMPACTO DE LAS ELECCIONES
¿Cómo viven ustedes como trabajadores de base del Congreso del Estado los movimientos políticos que vive Jalisco en el contexto de las elecciones?
Cada tres años, ocurre un fenómeno cíclico que se genera con el proceso electoral y este caso no es la excepción, empieza a mover un poco las fichas. Entran algunos diputados suplentes, cambio de los titulares en las principales comisiones y éstas se integran de manera distinta.
Nosotros, como sindicato, tenemos muy buena comunicación con la diputada Mara Robles, quien se queda como presidenta hasta el final de la legislatura y esto es muy importante para el avance de la construcción de acuerdos y negociaciones, de los beneficios de los trabajadores de base en el Congreso.
Por otro lado, ser muy cuidadosos de que este ánimo electoral, no nos haga incurrir en algunas irregularidades administrativas y jurídicas. No podemos estar de manera muy activa en los temas electorales, como servidores públicos. Se debe tener mucho cuidado para que sea en momentos fuera del horario laboral. Definitivamente, el derecho de participar de manera política, partidista y electoral, es un derecho humano, un derecho civil y político de cualquier trabajador, pero no se debe descuidar el punto de que somos servidores públicos de base, con una responsabilidad y que debemos primero atender ésta y después dedicarnos a los temas políticos partidistas electorales.
Creo que esa es una fortaleza que tenemos como organización, que al interior de nuestra organización existen compañeros de distintas filiaciones político-partidistas, de diferentes ideologías y afortunadamente, esta gran pluralidad, es lo que nos da esta gran fuerza como organización. Una vez que concluya el proceso, se conozca a los ganadores, la integración de la siguiente legislatura, tendremos la oportunidad de estar platicando con los nuevos diputados y eventualmente hacerles nuestros planteamientos como trabajadores de base.
Para cualquier diputado, de cualquier partido, esta estructura de gobierno, que es la Cámara de Diputados, la plantilla laboral, incluyendo los sindicalizados, se vuelve un botín importante ¿Qué pasa con esta parte, con los que ya están, con la gente que pudiera llegar nueva?
Es un tema que yo advertí desde que asumí la dirigencia de nuestra organización (2019), donde los diputados con sus partidos políticos, tienen intereses y van buscando la manera de robustecer sus filas de alguna manera. Entonces, el sindicato del Poder Legislativo, siempre ha sido un atractivo importante para todos los partidos políticos, indistintamente de su origen y, efectivamente, existe ese gran riesgo de que nos convirtamos, como organización, en un botín de un partido político. Lo mejor para los trabajadores es que estemos alejados de esa dinámica porque, al final, la composición pluripolítica al interior del Congreso, te lleva a que, en principio de cuentas, los trabajadores de base tengamos una visión distinta.
Nosotros debemos construir, como servidores públicos, de una manera institucional. Poner nuestros talentos, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos en beneficio y necesidad imperante de la sociedad jalisciense de tener un Congreso del Estado a la altura. Esto tiene que ver con que, los trabajadores de base, que somos los que hacemos funcionar al Poder Legislativo, desde lo más mínimo hasta lo más alto y técnico, pudiendo dar una buena opinión, una buena asesoría a un legislador para que tome las mejores decisiones al momento de construir las leyes que les afectan a todos los jaliscienses.
Esto que comentas, de la responsabilidad de los trabajadores de este poder, ¿cómo han logrado avanzar para que ellos estén más preparados y lograr, precisamente, que sean más profesionales?
Nosotros logramos materializar la actualización de las condiciones generales del trabajo que no se actualizaban desde hace 23 años. Fue en el 2019 cuando en un ejercicio de mucha madurez, de mucha negociación con la entidad patronal, representada por la Comisión de Administración y las fracciones políticas en el Congreso del Estado, logramos materializar una ruta en donde, estas condiciones generales, se armonizaron en materia laboral, burocrática, de lo más vanguardista que tenemos a nivel nacional, incluso armonizada con los tratados internacionales y con lo dispuesto a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en materia laboral burocrática. Esto, nos permitió tener un cuerpo normativo a la vanguardia en el país y que incluso logramos, de entrada, en conceptos doctrinales, entendiendo al trabajador como una persona con dignidad, con aspiraciones, con derechos fundamentales, pero con compromisos reales también hacia la institución.
Se estableció una serie de prestaciones, de condiciones de trabajo y éstas nos permitieron que se estableciera una partida especial para la capacitación, para la profesionalización del personal de base.
En el 2019 arrancamos con un programa muy ambicioso y logramos egresar más de 120 compañeros de maestrías y de doctorados, en un programa en el que se hicieron convenios con instituciones de alto prestigio, con institutos de investigaciones.
Nos convertimos en la plantilla permanente, a nivel nacional, de los congresos locales, con una profesionalización más alta en materia académica. Un total del 20% de la plantilla, tenemos maestría o doctorado y, en este caso, nos permitió incluso lograr un reconocimiento por parte de varias instituciones.
No hemos dejado de avanzar en esta percepción y en esta claridad de la ruta que debemos de construir mediante nuestro compromiso con nuestra institución, materializada con la mejora en nuestro desempeño laboral, profesional, en nuestra preparación, adquisición de conocimientos, experiencia, en el desarrollo cotidiano de nuestro trabajo.
Por ejemplo, tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara, donde hay 80 compañeros inscritos en la licenciatura en Derecho, hay otros 40 en la licenciatura en Administración. Tenemos un convenio con una institución que me ha parecido, es de las más altruistas, se trata de del IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco), a cargo de la maestra Lorena Torres (Ramos), con quien tenemos un convenio para obtener certificaciones.
Somos el primer sindicato, a nivel nacional, que pusimos en marcha una certificación para intérpretes de lengua de señas mexicana, donde vamos a tener como intérpretes a más de 30 compañeros, que llevan un poco más de un año estudiando y que esto, evidentemente, ayuda para la inclusión, para el proceso cotidiano del ejercicio al servicio y atención a la ciudadanía de nuestro poder legislativo y obtuvimos un reconocimiento por esta razón.
¿Esto se ve reflejado en el tema de salarios para los trabajadores del Congreso Local?
Tenemos un avance significativo en los procesos de los incrementos salariales. Antes era un proceso, un método que se aplicaba por porcentaje. Había una disparidad muy importante entre el que ganaba más, porque, con ese aumento, ganaba mucho más y el que ganaba menos, se quedaba estancado, porque se definían métodos por porcentaje. Nosotros cambiamos ese método, logrando construir un monto fijo en el que se determina una bolsa que se reparte de manera equitativa para todos. Junto con ello, dentro de las propias condiciones generales, actualizamos el estímulo de puntualidad. Materializamos el estímulo de legislativo anual y algunos otros beneficios para todos los trabajadores de base. También es necesario establecer, que, si bien es cierto, nosotros hemos tenido un gran compromiso con nuestra institución, hemos demostrado que tenemos un gran compromiso para ir mejorando nuestra expertiz cotidiana.
Y esto, nos lleva al tema del escalafón, es decir en la promoción y ascenso de los trabajadores, de acuerdo a su experiencia y tiempo de trabajo
En el Congreso del estado eso no existía, eso, desde hace muchos años, había quedado en la discrecionalidad, en la voluntad política de los partidos, de los coordinadores. Esta es una lucha que hemos llevado y que hace más de cuatro años que se materializó, mediante el escalafón, que no es otra cosa que la oportunidad que tiene un trabajador de base, para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Mediante un concurso público, abierto y transparente, donde sea evaluado, sometido a un escrutinio público, para que pueda mejorar sus condiciones y ocupar un espacio y una plaza de mejor nivel, demostrando sus méritos y sus habilidades.
Creo que este es un tema totalmente justo, legítimo y bueno. No ha sido fácil, hemos tenido que llevar algunas acciones contundentes, como cerrar de manera transitoria el Congreso, hacer manifestaciones pacíficas pero enérgicas, para hacer este señalamiento del derecho que nos corresponde como trabajadores y creo que, afortunadamente, aquí en el Congreso, donde está la voz popular, la soberanía del pueblo de Jalisco, hay muchas personas, que son los representantes populares indistintamente de sus partidos, que han sido muy perceptivos de esta necesidad, que han sido coincidentes de la solicitud y la exigencia de este derecho y creo que, en una gran mayoría, se han manifestado a favor.
¿En qué va este proceso, ya es un hecho?
En este momento te puedo decir que estamos en la construcción, ya de manera definitiva, del cuerpo normativo de este reglamento de escalafón y capacitación. Y que esperamos, en breve, pueda ponerse a consideración del pleno y aprobarse, para que, de una vez por todas, desde hace más de 25 años, tener la posibilidad de aspirar a mejorar nuestras condiciones laborales y salariales por mérito, por capacidad en un concurso abierto y público, en el que todos tengan posibilidades de encontrarse con esta obtención de este derecho.
Oye, el mismo Congreso tiene otro sindicato ¿Los logros que han obtenido son solamente para tus afiliados o es para todos los trabajadores del Congreso?
Eso es algo que es muy importante poder establecer. Los beneficios que nuestra organización logra y conquista son para todos los trabajadores de base, sin distingo de filiación partidista, de filiación sindical, de ideología, de preferencias electorales, son para todos los trabajadores de base. Los incrementos salariales que logramos, son para todos. Las prestaciones que logramos, son para todos. Lo que hemos logrado materializar en temas de beneficios generales, son para todos. Lo que nosotros queremos hacer, es generar ese beneficio para todos de una manera abierta, pública y transparente, donde el trabajador pueda, por su experiencia, por su antigüedad y por su mérito, ocupar un espacio que le corresponde por derecho. Entonces, los derechos que nosotros conseguimos, es que se generan para todos los trabajadores.
ENTREVISTAS
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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