ENTREVISTAS
Escalafón, una lucha permanente por los derechos de los trabajadores del Congreso de Jalisco
Por Francisco Junco //
Uno de los grandes retos que tiene el sindicato en el Congreso del Estado es lograr que sus empleados y trabajadores puedan alcanzar mejores condiciones laborales y que estos derechos les sean reconocidos.
La profesionalización y poder crecer dentro del mismo organismo, ha sido una lucha permanente indica César Iñiguez González, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo.
“Lo que nosotros queremos hacer, es generar ese beneficio para todos de una manera abierta, pública y transparente, donde el trabajador pueda, por su experiencia, por su antigüedad y por su mérito, ocupar un espacio que le corresponde por derecho”, señaló.
Con cinco años de trabajo sindical, y en su segundo periodo al frente como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo, el cual, afirma, aglutina a 400 trabajadores de los 500 que hay en el Congreso, César Iñiguez ha logrado que el tema del escalafón sea una realidad en el Congreso de Jalisco.
En entrevista con Conciencia Pública, comentó que no ha sido una conquista fácil de obtener, pero, poco a poco, ha ido construyendo. Bajo la premisa de que para exigir hay que dar, los trabajadores han dado muestra de voluntad para ser más profesionales y ofrecer, como servidores públicos, un trabajo de mayor calidad y especializado.
EL IMPACTO DE LAS ELECCIONES
¿Cómo viven ustedes como trabajadores de base del Congreso del Estado los movimientos políticos que vive Jalisco en el contexto de las elecciones?
Cada tres años, ocurre un fenómeno cíclico que se genera con el proceso electoral y este caso no es la excepción, empieza a mover un poco las fichas. Entran algunos diputados suplentes, cambio de los titulares en las principales comisiones y éstas se integran de manera distinta.
Nosotros, como sindicato, tenemos muy buena comunicación con la diputada Mara Robles, quien se queda como presidenta hasta el final de la legislatura y esto es muy importante para el avance de la construcción de acuerdos y negociaciones, de los beneficios de los trabajadores de base en el Congreso.
Por otro lado, ser muy cuidadosos de que este ánimo electoral, no nos haga incurrir en algunas irregularidades administrativas y jurídicas. No podemos estar de manera muy activa en los temas electorales, como servidores públicos. Se debe tener mucho cuidado para que sea en momentos fuera del horario laboral. Definitivamente, el derecho de participar de manera política, partidista y electoral, es un derecho humano, un derecho civil y político de cualquier trabajador, pero no se debe descuidar el punto de que somos servidores públicos de base, con una responsabilidad y que debemos primero atender ésta y después dedicarnos a los temas políticos partidistas electorales.
Creo que esa es una fortaleza que tenemos como organización, que al interior de nuestra organización existen compañeros de distintas filiaciones político-partidistas, de diferentes ideologías y afortunadamente, esta gran pluralidad, es lo que nos da esta gran fuerza como organización. Una vez que concluya el proceso, se conozca a los ganadores, la integración de la siguiente legislatura, tendremos la oportunidad de estar platicando con los nuevos diputados y eventualmente hacerles nuestros planteamientos como trabajadores de base.
Para cualquier diputado, de cualquier partido, esta estructura de gobierno, que es la Cámara de Diputados, la plantilla laboral, incluyendo los sindicalizados, se vuelve un botín importante ¿Qué pasa con esta parte, con los que ya están, con la gente que pudiera llegar nueva?
Es un tema que yo advertí desde que asumí la dirigencia de nuestra organización (2019), donde los diputados con sus partidos políticos, tienen intereses y van buscando la manera de robustecer sus filas de alguna manera. Entonces, el sindicato del Poder Legislativo, siempre ha sido un atractivo importante para todos los partidos políticos, indistintamente de su origen y, efectivamente, existe ese gran riesgo de que nos convirtamos, como organización, en un botín de un partido político. Lo mejor para los trabajadores es que estemos alejados de esa dinámica porque, al final, la composición pluripolítica al interior del Congreso, te lleva a que, en principio de cuentas, los trabajadores de base tengamos una visión distinta.
Nosotros debemos construir, como servidores públicos, de una manera institucional. Poner nuestros talentos, nuestros esfuerzos, nuestros trabajos en beneficio y necesidad imperante de la sociedad jalisciense de tener un Congreso del Estado a la altura. Esto tiene que ver con que, los trabajadores de base, que somos los que hacemos funcionar al Poder Legislativo, desde lo más mínimo hasta lo más alto y técnico, pudiendo dar una buena opinión, una buena asesoría a un legislador para que tome las mejores decisiones al momento de construir las leyes que les afectan a todos los jaliscienses.
Esto que comentas, de la responsabilidad de los trabajadores de este poder, ¿cómo han logrado avanzar para que ellos estén más preparados y lograr, precisamente, que sean más profesionales?
Nosotros logramos materializar la actualización de las condiciones generales del trabajo que no se actualizaban desde hace 23 años. Fue en el 2019 cuando en un ejercicio de mucha madurez, de mucha negociación con la entidad patronal, representada por la Comisión de Administración y las fracciones políticas en el Congreso del Estado, logramos materializar una ruta en donde, estas condiciones generales, se armonizaron en materia laboral, burocrática, de lo más vanguardista que tenemos a nivel nacional, incluso armonizada con los tratados internacionales y con lo dispuesto a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en materia laboral burocrática. Esto, nos permitió tener un cuerpo normativo a la vanguardia en el país y que incluso logramos, de entrada, en conceptos doctrinales, entendiendo al trabajador como una persona con dignidad, con aspiraciones, con derechos fundamentales, pero con compromisos reales también hacia la institución.
Se estableció una serie de prestaciones, de condiciones de trabajo y éstas nos permitieron que se estableciera una partida especial para la capacitación, para la profesionalización del personal de base.
En el 2019 arrancamos con un programa muy ambicioso y logramos egresar más de 120 compañeros de maestrías y de doctorados, en un programa en el que se hicieron convenios con instituciones de alto prestigio, con institutos de investigaciones.
Nos convertimos en la plantilla permanente, a nivel nacional, de los congresos locales, con una profesionalización más alta en materia académica. Un total del 20% de la plantilla, tenemos maestría o doctorado y, en este caso, nos permitió incluso lograr un reconocimiento por parte de varias instituciones.
No hemos dejado de avanzar en esta percepción y en esta claridad de la ruta que debemos de construir mediante nuestro compromiso con nuestra institución, materializada con la mejora en nuestro desempeño laboral, profesional, en nuestra preparación, adquisición de conocimientos, experiencia, en el desarrollo cotidiano de nuestro trabajo.
Por ejemplo, tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara, donde hay 80 compañeros inscritos en la licenciatura en Derecho, hay otros 40 en la licenciatura en Administración. Tenemos un convenio con una institución que me ha parecido, es de las más altruistas, se trata de del IDEFT (Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco), a cargo de la maestra Lorena Torres (Ramos), con quien tenemos un convenio para obtener certificaciones.
Somos el primer sindicato, a nivel nacional, que pusimos en marcha una certificación para intérpretes de lengua de señas mexicana, donde vamos a tener como intérpretes a más de 30 compañeros, que llevan un poco más de un año estudiando y que esto, evidentemente, ayuda para la inclusión, para el proceso cotidiano del ejercicio al servicio y atención a la ciudadanía de nuestro poder legislativo y obtuvimos un reconocimiento por esta razón.
¿Esto se ve reflejado en el tema de salarios para los trabajadores del Congreso Local?
Tenemos un avance significativo en los procesos de los incrementos salariales. Antes era un proceso, un método que se aplicaba por porcentaje. Había una disparidad muy importante entre el que ganaba más, porque, con ese aumento, ganaba mucho más y el que ganaba menos, se quedaba estancado, porque se definían métodos por porcentaje. Nosotros cambiamos ese método, logrando construir un monto fijo en el que se determina una bolsa que se reparte de manera equitativa para todos. Junto con ello, dentro de las propias condiciones generales, actualizamos el estímulo de puntualidad. Materializamos el estímulo de legislativo anual y algunos otros beneficios para todos los trabajadores de base. También es necesario establecer, que, si bien es cierto, nosotros hemos tenido un gran compromiso con nuestra institución, hemos demostrado que tenemos un gran compromiso para ir mejorando nuestra expertiz cotidiana.
Y esto, nos lleva al tema del escalafón, es decir en la promoción y ascenso de los trabajadores, de acuerdo a su experiencia y tiempo de trabajo
En el Congreso del estado eso no existía, eso, desde hace muchos años, había quedado en la discrecionalidad, en la voluntad política de los partidos, de los coordinadores. Esta es una lucha que hemos llevado y que hace más de cuatro años que se materializó, mediante el escalafón, que no es otra cosa que la oportunidad que tiene un trabajador de base, para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Mediante un concurso público, abierto y transparente, donde sea evaluado, sometido a un escrutinio público, para que pueda mejorar sus condiciones y ocupar un espacio y una plaza de mejor nivel, demostrando sus méritos y sus habilidades.
Creo que este es un tema totalmente justo, legítimo y bueno. No ha sido fácil, hemos tenido que llevar algunas acciones contundentes, como cerrar de manera transitoria el Congreso, hacer manifestaciones pacíficas pero enérgicas, para hacer este señalamiento del derecho que nos corresponde como trabajadores y creo que, afortunadamente, aquí en el Congreso, donde está la voz popular, la soberanía del pueblo de Jalisco, hay muchas personas, que son los representantes populares indistintamente de sus partidos, que han sido muy perceptivos de esta necesidad, que han sido coincidentes de la solicitud y la exigencia de este derecho y creo que, en una gran mayoría, se han manifestado a favor.
¿En qué va este proceso, ya es un hecho?
En este momento te puedo decir que estamos en la construcción, ya de manera definitiva, del cuerpo normativo de este reglamento de escalafón y capacitación. Y que esperamos, en breve, pueda ponerse a consideración del pleno y aprobarse, para que, de una vez por todas, desde hace más de 25 años, tener la posibilidad de aspirar a mejorar nuestras condiciones laborales y salariales por mérito, por capacidad en un concurso abierto y público, en el que todos tengan posibilidades de encontrarse con esta obtención de este derecho.
Oye, el mismo Congreso tiene otro sindicato ¿Los logros que han obtenido son solamente para tus afiliados o es para todos los trabajadores del Congreso?
Eso es algo que es muy importante poder establecer. Los beneficios que nuestra organización logra y conquista son para todos los trabajadores de base, sin distingo de filiación partidista, de filiación sindical, de ideología, de preferencias electorales, son para todos los trabajadores de base. Los incrementos salariales que logramos, son para todos. Las prestaciones que logramos, son para todos. Lo que hemos logrado materializar en temas de beneficios generales, son para todos. Lo que nosotros queremos hacer, es generar ese beneficio para todos de una manera abierta, pública y transparente, donde el trabajador pueda, por su experiencia, por su antigüedad y por su mérito, ocupar un espacio que le corresponde por derecho. Entonces, los derechos que nosotros conseguimos, es que se generan para todos los trabajadores.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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