ENTREVISTAS
Especialista Cindy McCulligh: Crisis del agua requiere transparencia y saneamiento de cuencas, no solo inversiones
Por Francisco Junco
La crisis de calidad del agua que golpea al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es un desafío de naturaleza estructural que trasciende la simple inversión en infraestructura o los paquetes de obras a corto plazo.
Según el análisis de la profesora-investigadora Cindy McCulligh, del CIESAS Occidente, la situación actual exige una reconfiguración radical de la política hídrica estatal, basada en la restauración profunda de las cuencas, la transparencia total en la información y un proceso deliberativo abierto a la ciudadanía.
DIAGNÓSTICO DE UN PROBLEMA SISTÉMICO
Para McCulligh, el agua turbia, los olores y los sedimentos que llegan a miles de hogares no son más que los síntomas visibles de un deterioro ambiental acumulado. La metrópoli depende intrínsecamente de la salud de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Si este sistema hidrológico está comprometido por la contaminación industrial, la escasa vigilancia y la falta de políticas de restauración efectivas, la calidad del agua que reciben los ciudadanos es, por definición, deficiente.
La especialista distingue entre dos tipos de acciones:
- Soluciones paliativas: La intervención en la planta potabilizadora de Miravalle es necesaria y técnicamente válida, pero no ataca el origen. Es lo que McCulligh denomina una solución al «final del tubo»; útil para tratar el agua en la etapa terminal del sistema, pero incapaz de sanear las fuentes primarias.
- Soluciones estructurales: Requieren planes de mediano y largo plazo orientados a la recuperación de las cuencas. El hecho de que sistemas antiguos alimentados por el río Santiago, así como los mantos subterráneos de Toluquilla y zonas como Tlajomulco o El Salto, presenten deficiencias, confirma que el problema no es solo de distribución, sino de una degradación generalizada de las fuentes de suministro.
LA POLÍTICA DE LA EVASIÓN Y LA CRISIS INSTITUCIONAL
Uno de los puntos más críticos señalados por la investigadora es la politización de la crisis. El intercambio de culpas entre el Gobierno del Estado y la Federación ha estancado las soluciones integrales. Mientras las autoridades se enfocan en señalar al otro nivel de gobierno, el riesgo para la salud pública persiste y se dilata la acción necesaria para restaurar los ecosistemas hídricos.
McCulligh lamenta esta falta de madurez institucional y subraya la importancia de la rendición de cuentas. La ausencia de funcionarios responsables, como el director del SIAPA, en comparecencias ante el Congreso, debilita la transparencia. La ciudadanía necesita datos claros y acceso real al estado de la crisis para participar en su resolución. Crítica a las medidas de emergencia.
Sobre las estrategias planteadas por las autoridades, la experta advierte sobre los siguientes riesgos:
- Logística de abastecimiento: El suministro mediante pipas a cientos de colonias resulta insostenible y cuestionable en su viabilidad operativa. Existe una incógnita sobre el origen real del agua distribuida y si esta garantiza los estándares de calidad necesarios para la población.
- Privatización de un derecho: La recomendación de recurrir al consumo de agua embotellada, aunque sea una medida sanitaria inmediata, representa una privatización de facto de un derecho humano. Traslada la responsabilidad del Estado al mercado privado, afectando severamente a las familias de menores ingresos y profundizando las desigualdades sociales.
- Esperanza en el corto plazo: Aunque factores como el ciclo de lluvias o las mejoras en Miravalle podrían ofrecer alivios parciales, es prematuro asegurar que la calidad del agua cambiará sustancialmente en los plazos cortos prometidos por el Gobierno estatal.
HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA PARTICIPATIVA
La propuesta central de McCulligh es la apertura de un proceso de discusión pública robusto sobre el futuro hídrico de Jalisco. La magnitud de la crisis supera las capacidades de un solo gobierno y requiere la inclusión de universidades, especialistas, organizaciones sociales y comunidades directamente afectadas.
La investigadora enfatiza tres pilares fundamentales para una política hídrica efectiva:
- Transparencia: El acceso a la información sobre las descargas industriales, la calidad del agua y el impacto de los proyectos es innegociable.
- Vigilancia y control: Es imperativo elevar los niveles de inspección sobre las descargas contaminantes que llegan a los ríos, los cuales han sido históricamente insuficientes.
- Meta de servicio público: El objetivo final de cualquier política hídrica no debe ser el suministro de agua embotellada, sino garantizar agua verdaderamente potable directamente en la llave de cada hogar.
En conclusión, el llamado de McCulligh es a reconocer la interdependencia entre el territorio y la salud. La conservación de las cuencas no es un lujo ambiental, sino una necesidad de salud pública. La recuperación de la calidad del agua en Guadalajara exige que los responsables políticos dejen de tolerar la contaminación, abran un diálogo basado en evidencia científica y, sobre todo, asuman que la gestión del agua es una responsabilidad compartida que no puede eludirse mediante la confrontación política.
