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Guardia Nacional: La derrota en seguridad

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Opinión, por Iván Arrazola //

Solo bastaron unos cuantos días para aprobar el modelo de seguridad que nos gobernará por los próximos 6 años, aunque posiblemente su permanencia se prolongue por más tiempo, sin que se avizore un cambio en la estrategia en el mediano plazo, el que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública en México, muestra el fracaso de la clase política en materia seguridad y condena a la ciudadanía a una estrategia en la que los derechos humanos no están garantizados.

Hoy la crisis en seguridad es evidente: los territorios en México viven la crudeza de la violencia, y los municipios están profundamente afectados. En este contexto llega la aprobación de la iniciativa para que la Guardia Nacional esté bajo el control de la Sedena, cerrando así un ciclo en el que, durante mucho tiempo se manejó la posibilidad de que el Ejército asumiera de manera provisional las funciones de seguridad.

Inicialmente, el oficialismo planteaba que la Guardia Nacional estaría al frente de las labores de seguridad hasta el 2024, después se hizo una reforma y se prolongó su presencia hasta el 2028. Con la aprobación de la iniciativa las labores de la Guardia Nacional serán permanentes y estarán a cargo de la Sedena.

Hablando del impacto de la Guardia Nacional, se puede decir que ha sido limitado. Con una estrategia poco clara, sus labores se han centrado en acciones disuasivas y reactivas. En zonas de violencia, la Guardia Nacional interviene para disuadir a los grupos criminales, pero una vez que la violencia disminuye, se desplazan a otras áreas en crisis. Esto deja a los estados y municipios, con estructuras de seguridad débiles, incapaces de enfrentar la situación por sí mismos. Como resultado, problemas como las extorsiones y el cobro de derecho de piso se han incrementado en el país.

Las extorsiones han aumentado de manera alarmante en el país. Durante el actual sexenio, las carpetas de investigación han crecido un 45% en comparación con el periodo anterior, según datos de la Coparmex y el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Esto equivale a 31 casos de extorsión diarios. Sin embargo, debido a la naturaleza intimidatoria y peligrosa de los grupos criminales involucrados, solo se denuncian 4 de cada 100 delitos, por lo que la cifra negra es cercana al 96%.

El terror en las comunidades no se limita únicamente a las extorsiones; poblaciones enteras han sido desplazadas por la violencia, y sectores productivos clave, como el del limón y el aguacate, han denunciado los cobros ilegales que les exigen los grupos criminales para poder comercializar sus productos.

La justificación que las autoridades ofrecen para mantener la Guardia Nacional bajo control militar no solo es contradictoria, sino que también carece de suficiente evidencia para respaldar esta decisión. El presidente López Obrador argumenta que la Guardia Nacional debe estar en manos de militares para evitar que se corrompa, como ocurrió con la Policía Federal. Además, afirma que la Guardia Nacional no ha cometido masacres y que cuenta con un amplio apoyo popular.

Sin embargo, el presidente parece no reconocer que el Estado mexicano ha perdido el control de vastos territorios. Delegar la seguridad pública al Ejército solo aumentará el riesgo de que las fuerzas castrenses no rindan cuentas por sus acciones, y que cualquier exceso sea juzgado por ellos mismos, de acuerdo con su normativa interna.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la seguridad en México no se ha militarizado, argumentando que, como comandante y jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ella tiene el control. Sin embargo, este argumento es débil, ya que la administración pública tiene una estructura definida, en la que la presidenta delega funciones, dado que no puede supervisar directamente cada área de gobierno.

Tanto la Corte Interamericana como diversos organismos defensores de derechos humanos han señalado que militarizar la seguridad pública no es la estrategia más adecuada para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. En un país con tanta violencia, la ciudadanía tiene que combatir dos frentes: los grupos criminales y fuerzas de seguridad que actúan sin ningún tipo de control civil.

En los próximos años, al evaluar el modelo de seguridad que se está imponiendo en el país, será fundamental analizar sus consecuencias más allá de las intenciones iniciales. Un modelo centralizado, opaco e incapaz de rendir cuentas no beneficia a México.

Aunque el oficialismo insista en que el modelo funciona, y culpe a los adversarios y medios de resaltar solo los aspectos negativos, la realidad es que la ola de violencia y muerte es una responsabilidad compartida por todas las fuerzas políticas. Si las palabras bastaran para cambiar la realidad, sería suficiente; pero la estrategia omisa y fallida lamentablemente seguirá cobrando vidas.

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Llave al cuello

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– Opinión, por Miguel Anaya

El Senado de la República nació para ser la cámara de la reflexión, el contrapeso, el espacio donde las decisiones se piensan dos veces antes de convertirse en ley. Desde su inicio en el siglo XIX, su existencia buscaba equilibrar al país: la Cámara de Diputados representaría la voz inmediata del pueblo y el Senado, con sus 128 integrantes, encarnaría la visión de más alto nivel de cada estado. En teoría, es la tribuna donde la política alcanza su forma más elevada.

La semana pasada, en lugar de argumentos, lo que retumbó fueron los gritos, acompañados de empujones y amenazas de riña dignas de vecindario enardecido. Lo que debía ser la cúspide del debate nacional se convirtió en un espectáculo más cercano a la arena de lucha libre que al foro legislativo más importante del país.

Conviene recordarlo: la tribuna del Senado no es un micrófono más. Es el escenario que, en teoría, proyecta al mundo la madurez política de México. Allí se han discutido tratados internacionales y reformas constitucionales que marcan generaciones. Y, sin embargo, lo que se ofreció al país no fue altura de miras, sino un espectáculo de pasiones mal encauzadas, una demostración de que, cuando falta el argumento, la violencia sale a flote.

Algunos dirán que la violencia parlamentaria es casi folclórica. En Italia se han lanzado sillas, en Corea martillos, en Taiwán agua y puños. La diferencia es que allá los incidentes son excepción; aquí amenazan con convertirse en método alterno de debate. Al paso que vamos, quizá convenga incluir guantes de box en el reglamento interno.

Lo ocurrido no es simple anécdota, sino síntoma. La violencia desde la tribuna envía un mensaje devastador: si en la Cámara alta se puede insultar y agredir, ¿qué freno queda para la sociedad? El Senado debería marcar la pauta de la civilidad, no reflejar lo peor del enojo social. La tribuna debería ser espejo de lo que aspiramos a ser, no caricatura de lo que tememos convertirnos.

Una máxima, atribuida a distintos autores, menciona que “la violencia comienza cuando la palabra se agota.” En México, la palabra parece agotarse antes incluso de ser pronunciada. Otra frase importante, acuñada por Carlos Castillo Peraza dice: “La política no es una lucha de ángeles contra demonios, sino que debe partir del fundamento de que nuestro adversario político es un ser humano.” Ambas enseñanzas se han olvidado en el legislativo.

Lo más preocupante no es la escena del zafarrancho, sino lo que significa: que en el recinto diseñado para contener pasiones se desbordan las más bajas. Que en la cámara que debía representar la inteligencia del Estado se normaliza la torpeza del insulto. Y que, en la tribuna donde deberían hablar las mejores voces de la nación, se escuchan ecos de cantina.

El Senado no merece ser burla internacional. Mucho menos lo merece el país que lo sostiene. La dignidad de esa Cámara no depende de los mármoles que la adornan, sino de la altura de quienes la ocupan. Y si los legisladores no alcanzan el nivel que la historia les exige, quizá haya que recordarles que la tribuna no les pertenece: pertenece a los ciudadanos que todavía, ingenuos, tercos o soñadores, confían en que la democracia se discutirá con ideas, no con empujones.

En conclusión, lo que vimos en el Senado no es un accidente aislado, sino el retrato incómodo de una clase política que confunde el poder con la prepotencia (¡qué raro!) y la representación con la bravuconería. La patria necesita llaves que abran el diálogo, no llaves al cuello.

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El ocaso del rebelde

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– Opinión, por Iván Arrazola

El poder, ese viejo escenario donde se forjan héroes y se consumen rebeldes, suele desnudar la verdadera esencia de quienes lo alcanzan. A lo largo de la historia, ha sido capaz de transformar ideales en privilegios y convicciones, en concesiones.

En México, pocos casos ilustran mejor esta metamorfosis que el de Gerardo Fernández Noroña: el opositor combativo que enarbolaba la rebeldía como bandera y que, con el tiempo, terminó convertido en el mismo tipo de político al que solía denunciar.

En este sentido, desde sus tiempos como opositor, lo que dio a conocer al senador Fernández Noroña fue su actitud combativa y su rebeldía. Era el tipo de político capaz de hacer una huelga de hambre ante una decisión injusta del gobierno, el personaje que abiertamente criticaba los excesos de la vieja clase política: sus privilegios, sus viajes y el lujo en el que vivían.

Esa faceta crítica y contestataria la expresó también en episodios como su negativa a pagar el IVA en los supermercados, acciones que ponían en aprietos a trabajadores que, en realidad, poco podían hacer para cambiar los precios.

Sin embargo, todo cambió cuando López Obrador lo incluyó entre las llamadas corcholatas presidenciales. A partir de ese momento, el activismo callejero que había caracterizado a Fernández Noroña se transformó. De la noche a la mañana, subió varios peldaños y se convirtió en parte de la nueva élite política.

Así, cuando fue nombrado presidente de la Mesa Directiva del Senado, su estilo ya no fue el de un perfil austero. Los viajes en primera clase, las salas premier en aeropuertos y los vehículos de lujo pasaron a ser parte de su nueva realidad. Paradójicamente, el mismo político que antes presumía su cercanía con el pueblo y despreciaba a los elitistas, pronto cayó en excesos inconcebibles para alguien que se asumía contestatario. Incluso utilizó al Senado como espacio para exigir que un ciudadano se disculpara públicamente por haberlo insultado en un aeropuerto.

El contraste es aún más evidente si se recuerda que durante años criticó la corrupción de panistas y priistas, y denunció las injusticias contra el pueblo. Ahora, en cambio, mostró una sorprendente falta de sensibilidad.

Respecto al rancho de Teuchitlán, Jalisco, por ejemplo, minimizó la gravedad de lo ocurrido al afirmar que solo se trataba de cientos de pares de zapatos, negando que hubiera indicios de reclutamiento o atrocidades. En otros tiempos, probablemente habría exigido justicia y acompañado a las víctimas.

De igual modo, cuando surgieron señalamientos contra el coordinador de su bancada por vínculos de su secretario de seguridad con el crimen organizado, Noroña llegó incluso a cuestionar la existencia del grupo criminal involucrado. En otra época habría pedido el desafuero del implicado; hoy, en su nueva faceta, resulta difícil imaginarlo asumiendo una postura crítica.

No obstante, sus últimos días como presidente del Senado estuvieron marcados por un cúmulo de escándalos. Investigaciones periodísticas revelaron que era dueño de una casa de 12 millones de pesos.

Aunque intentó justificar la compra con un crédito, sus ingresos como senador y las supuestas ganancias de su canal de YouTube, rápidamente especialistas desmintieron que pudiera generar los 188 mil pesos que asegura el senador. Con soberbia, declaró: “Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”. Incluso se ventiló que recibe donaciones ilegales a través de sus transmisiones en redes sociales.

En ese torbellino de acusaciones ocurrió un episodio que pudo haberle devuelto algo de legitimidad, pero que terminó mostrando que se trata de un político que vive el privilegio: el enfrentamiento con el líder nacional del PRI. Aunque al principio la conversación mediática giró hacia la agresión que sufrió junto a uno de sus colaboradores, el caso pronto escaló.

El Ministerio Público acudió de inmediato al Senado a tomarle declaración, mientras miles de personas comunes siguen sin obtener justicia pronta y expedita. Esa diferencia de trato encendió aún más las críticas.

La polémica creció cuando la jefa del Estado intervino, acusando a Alejandro Moreno y a la oposición de actuar como porros. En lugar de llamar a la prudencia y a la concordia, reforzó la confrontación y desvió la atención al señalar que la prensa se fijaba más en la casa de Noroña que en las acusaciones de la DEA contra García Luna.

El caso de Fernández Noroña ilustra crudamente lo que sucede cuando los principios se subordinan al poder, ya sea porque este transforma a las personas o porque desde el inicio solo fue una estrategia para alcanzarlo. Hoy, las condenas a la violencia en el Senado son unánimes.

Lo que no parece merecer la misma indignación es la incongruencia. El régimen insiste en convencerse a sí mismo de que “no son iguales”, pero en los hechos muestran que sí lo son o, lo más inquietante, que pueden incluso superar a aquello que juraron combatir.

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La presidenta, Omar y Marcelo

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– De Frente al Poder, por Óscar Ábrego

A un año la Presidenta está haciendo lo que puede con quien tiene.

Resolver la herencia que le dejó López Obrador no es sencillo.

Una gran parte del país controlado por la delincuencia, finanzas públicas deshidratadas, obras inviables y tremendamente costosas, una nación endeudada brutalmente, un sistema de salud devastado y muchas otras asignaturas como la de lidiar con personajes impresentables por sus vínculos criminales o comportamientos inmorales y corruptos, son parte del pesado costal que carga todos los días Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, en este primer aniversario, estoy convencido de que la primera mujer que encabeza el ejecutivo federal está destinada a trascender en la historia.

Podrán muchos no estar de acuerdo en sus postulados, pero ¿qué mandatario en el mundo se escapa de la polémica y la crítica? Ninguno, sea mujer o varón.

La democracia, al margen de sus bases teóricas, siempre corre riesgos colectivos. Así lo demuestra la historia universal.

De cualquier modo, soy de los que opina que Sheinbaum tiene la convicción de lograr mejorar el estado de las cosas que recibió.

Dicho de otra forma, creo en ella.

Y si bien hay temas que pueden ser materia de cuestionamientos duros y legítimos, lo cierto es que en este primer aniversario de su sexenio sobresalen dos personajes que han dado la nota positiva (por no decir sobresaliente) de su gestión: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.

De ambos lo único que podría decirse en este momento es que están dando buenas cuentas a la sociedad y a la presidenta.

Los dos tienen algo en común: los escenarios que enfrentan son adversos y en extremo desafiantes.

Omar, pacificar al país en medio de una violencia nunca antes vista.

Marcelo, darle viabilidad productiva a México frente a la inestabilidad emocional de Donald Trump.

Si Claudia Sheinbaum ha tenido un acierto, es haber colocado en esas delicadas responsabilidades a Omar García Harfuch y a Marcelo Ebrard, quienes, llegado el momento, de seguro serán los únicos finalistas de Morena en el aún lejano 2030.

En X: @DeFrentealPoder

*Óscar Ábrego es empresario, consultor en los sectores público y privado, escritor, activista social y analista político.

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