A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

A lo largo de la historia, el abuso y la explotación de la clase trabajadora han sido constantes. En las primeras décadas del siglo XIX, los obreros que alimentaban la Revolución Industrial enfrentaron condiciones laborales deplorables: largas jornadas, trabajo infantil, falta de derechos y seguridad laboral mínima.

Uno de los casos más emblemáticos fue la Rebelión de los Luditas en Inglaterra, un movimiento que estalló cuando los obreros, enfrentados a las duras condiciones impuestas por la industrialización, destruyeron las máquinas que percibían como símbolos de su miseria. Aunque estos obreros fueron castigados, la lucha por mejores condiciones laborales continuó y sentó las bases para las regulaciones laborales que hoy consideramos fundamentales. Sin embargo, más de dos siglos después, estamos viendo una nueva forma de explotación que nos recuerda esos días oscuros: los trabajadores de las plataformas digitales.

La semana pasada, Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa que podría cambiar el destino de cientos de miles de trabajadores en México, particularmente de aquellos que laboran para plataformas como Uber, Didi y Rappi. Esta iniciativa, que será enviada al Congreso, busca dotar de seguridad social y prestaciones a los choferes y repartidores que, hasta hoy, han sido marginados del sistema de protección laboral, enfrentando condiciones muy parecidas a las de los obreros de la Revolución Industrial, aunque en un contexto moderno.

Desde la llegada de la llamada «economía colaborativa», los trabajadores de plataformas digitales han sido engañados con el mantra de “ser tu propio jefe”, una falacia que esconde la precarización extrema de sus condiciones laborales. Si bien este esquema les promete libertad y autonomía, la realidad es que estos trabajadores no tienen ninguna de las garantías mínimas que deberían ofrecer las empresas que verdaderamente son sus empleadoras. Sin seguridad social, sin vacaciones, sin prestaciones y, lo más grave, sin respaldo alguno en caso de accidentes, estos trabajadores quedan a merced de un sistema que se beneficia de su precariedad.

Es importante recordar que esta no es una nueva lucha. Desde el gobierno anterior se planteó la necesidad de brindar seguridad social a los trabajadores de plataformas, una propuesta que fue ignorada, bloqueada y, en muchos casos, combatida por las propias empresas que alegaban que sus empleados no eran, en realidad, empleados. Lo irónico es que el mismo discurso que se utilizó hace más de 200 años para mantener a los trabajadores en condiciones de semiesclavitud sigue vigente hoy, disfrazado bajo los avances tecnológicos y la retórica de la «innovación».

El argumento central de estas plataformas ha sido que sus conductores y repartidores son «independientes», que trabajan por su cuenta y, por lo tanto, no requieren las mismas protecciones que los empleados tradicionales. A pesar de ello, la realidad es que estas compañías imponen condiciones a sus trabajadores, determinan las tarifas y los penalizan si no cumplen con ciertas normas, lo que claramente los coloca en una relación de subordinación laboral. En otras palabras, estas empresas sí son empleadoras, y como tales, deben asumir las responsabilidades que esto conlleva.

Un ejemplo contundente que desmiente el discurso de las plataformas es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida en 2017. En dicho fallo, el tribunal determinó que Uber no es simplemente una intermediaria entre conductores y pasajeros, sino una empresa que presta servicios de transporte y, por ende, debe cumplir con las regulaciones laborales y fiscales de los países donde opera. Esta decisión fue un golpe para la narrativa que empresas como Uber han impulsado, y aunque en Europa se han comenzado a ver avances en la protección de los derechos de estos trabajadores, en México llevamos un sexenio de retraso.

Durante los últimos siete años, miles de repartidores y choferes han sido víctimas de accidentes de tránsito mientras trabajaban para estas plataformas. En la mayoría de los casos, las empresas simplemente han dado la espalda, argumentando que no son responsables de la seguridad o el bienestar de sus «socios conductores». Este vacío legal ha permitido que las plataformas se enriquezcan a costa de la vulnerabilidad de sus trabajadores, dejando a estos últimos desprotegidos y, en muchos casos, sin recursos para enfrentar las consecuencias de un accidente.

La iniciativa de Sheinbaum es, en este sentido, un paso decisivo para poner fin a esta injusticia. Proteger a los trabajadores de plataformas digitales no solo es una cuestión de equidad, sino de dignidad. Al dotarlos de seguridad social y prestaciones, el gobierno reconoce que estas empresas deben asumir su papel como empleadoras y dejar de evadir sus responsabilidades.

El modelo económico que estas plataformas defienden es insostenible desde el punto de vista ético y humano. No podemos seguir permitiendo que bajo el disfraz de la «innovación» se perpetúen formas de explotación que deberían haberse erradicado hace décadas. Las revoluciones tecnológicas no deben ser excusa para regresar a las condiciones laborales del siglo XIX, y mucho menos para evadir las obligaciones legales que las empresas tienen hacia sus empleados.

La firma de esta iniciativa por parte de Sheinbaum es solo el primer paso. El reto ahora será enfrentar a las transnacionales que, con el apoyo de poderosos grupos de interés, han bloqueado estos esfuerzos en el pasado. Con todo, la justicia laboral no puede esperar más. Los trabajadores de plataformas digitales merecen ser tratados con dignidad, y es hora de que el Estado cumpla con su obligación de protegerlos.

Así como la lucha de los obreros en el siglo XIX fue clave para establecer los derechos laborales que hoy consideramos irrenunciables —como la jornada de ocho horas, el derecho a un salario justo y las condiciones de trabajo seguras—, la protección de los derechos de los trabajadores de plataformas será un hito en la historia laboral del siglo XXI. Al final, lo que está en juego no es solo la supervivencia de un modelo de negocios o la rentabilidad de las plataformas, sino la justicia social y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en un contexto económico cambiante.