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NACIONALES

Clima de guerra en Michoacán: Veinte camiones quemados y un país incendiado

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Cónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En un país donde la costumbre pesa más que la sorpresa, el pasado 23 de abril volvió a suceder lo de siempre: bloqueos, fuego, miedo. Sucedieron allí donde Michoacán, Guanajuato y Jalisco se tocan como heridas abiertas: veinte bloqueos, decenas de tráileres incendiados, carreteras clausuradas bajo columnas de humo.

El primer relato oficial -ese que se enuncia como verdad mientras dura la mentira- habló de un operativo exitoso: la captura de un «objetivo criminal» en Jalisco.

La consecuencia, dijeron, fue la reacción airada de los grupos armados. Pero como suele pasar en este país, no había pasado un día cuando la versión cambió. Claudia Sheinbaum, la presidenta que predica transparencia como quien ofrece espejos rotos, negó que hubiera detenciones: «Fue un pleito entre grupos», dijo, en su matinal confesionario político.

Los datos -esos otros huérfanos del poder- se fueron acumulando como autos calcinados: 26 municipios de Michoacán bajo ataque, dos en Guanajuato, uno en Jalisco; camiones robados e incendiados; carreteras tomadas como botín de guerra.

Todo por un enfrentamiento de criminales, explicaron más tarde. Todo por lo que no quieren o no pueden controlar.

¿Quién tiene la verdad? Nadie lo sabe. O peor, todos la administran. El primer reflejo de los gobiernos estatales fue echarle la culpa a un operativo, el federal, por desacreditar esa explicación. Las políticas públicas reducidas a comunicados apresurados, a desmentidos, a promesas de investigación que nadie termina.

Mientras tanto, las empresas, conscientes de su vulnerabilidad, suspendieron servicios. Estafeta dejó de operar en Michoacán, no para proteger paquetes, sino para ofrecer a sus empleados como carne de estadística. “Reanudaremos cuando el clima lo permita”, dijeron. No hablaban del clima meteorológico, hablaban del otro, el único verdadero, el clima de guerra.

Porque Michoacán -lo sabemos, lo repetimos, lo olvidamos- es hoy más laboratorio que estado: puerto de entrada de precursores, exportador de metanfetaminas, mercado de extorsión, santuario de sosa cáustica, fentanilo y acero robado.

Allí donde alguna vez se sembraba maíz, ahora se cosecha miedo. Los cárteles -Jalisco Nueva Generación, Viagras, Nueva Familia, Caballeros Templarios, Familia Michoacana- se disputan hectáreas de pánico como quien pelea parcelas de sol.

El Estado mexicano, ese enfermo crónico, responde como siempre: con despliegues reactivos, con comunicados que prometen investigar, con la eterna apelación a la «coordinación interinstitucional». Es decir: no responde.

Lo más triste no fue ver camiones en llamas, ni las carreteras cerradas, ni siquiera los reportes de “sin heridos”, como si la vida humana se pudiera contabilizar solo en cuerpos rotos. Lo más triste fue escuchar la misma música de siempre, operativos reactivos, declaraciones cruzadas, silencios convenientes.

Se abrió un nuevo frente de guerra para la fuerza interinstitucional federal que encabeza Omar García Harfurch, ¡un frente más!, como si el país tuviera reservas inagotables de soldados, de jueces, de fiscales incorruptibles. Como si el ánimo de los ciudadanos fuera una cuenta bancaria siempre dispuesta a financiar nuevas tragedias.

A la manera de una maldición autoinfligida, Michoacán lleva años ardiendo en guerras de baja intensidad que de tan constantes ya no conmueven. Sólo son noticia cuando se cierran las carreteras, cuando el fuego es demasiado visible, cuando el miedo, que es cotidiano, se vuelve noticia.

Mientras, los cárteles siguen haciendo lo que saben hacer: controlar. Controlan rutas de aguacate y limón, controlan el hierro que se extrae y se trafica, controlan la paz relativa que puede alquilarse o cancelarse a voluntad, controlan, sobre todo, la esperanza, esa mercancía más escasa que el agua limpia o la seguridad.

La narrativa oficial insiste en que “ya se investiga”, en que “no habrá impunidad”, en que “se reforzará la presencia de la Guardia Nacional”. Pero los que vieron sus camiones arder saben que eso significa poco. Los que pasaron la noche varados entre barricadas improvisadas, saben que lo importante no es cuántos soldados más lleguen, sino cuándo – y si algún día – terminará esta guerra sin nombre.

Porque eso es lo que nadie quiere decir con todas sus letras: vivimos en guerra.
No declarada, no oficial, pero real. Una guerra sin frentes claros, sin tratados posibles, donde la vida civil está siempre en el límite, siempre al borde de ser daño colateral. La atención del gobierno federal sobre Michoacán, nos dicen, está basada en mapas criminógenos, en inteligencia militar, en reportes de laboratorio de drogas desmantelados.

Y, sin embargo, la geografía del miedo sigue creciendo. Tal vez el único mapa verdadero sea otro: el que dibujan las rutas donde ya no se puede pasar sin temer, las ciudades donde el silencio es la norma, los campos donde la cosecha ya no es alimento, sino pretexto para el chantaje.

Al final, los nombres cambian: Apatzingán hoy, Zamora mañana, Lázaro Cárdenas, el mes que viene. Pero la música es la misma: tiros, humo, comunicados, olvido. Y nosotros, pasajeros observadores en este tren sin frenos, seguimos contando los días, midiendo las distancias entre cada catástrofe, soñando, tal vez, con un país donde la noticia no sea que ardieron veinte camiones, sino que, por fin, no ardió ninguno.

En X: @DEPACHECOS

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JALISCO

El madruguete del Infonavit: ¿Premiar la ilegalidad en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Increíble, pero cierto: el delito de despojo ahora podría recompensarse con escrituras a precio de ganga. Así lo anunció Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la mañanera del 16 de junio, con la presidenta Claudia Sheinbaum como testigo.

Su iniciativa busca regularizar 145,000 viviendas ocupadas irregularmente, ofreciendo a los invasores un arrendamiento con opción a compra en 4 a 5 años. ¿El mensaje? Invade una casa, espera un poco, y el Infonavit te la venderá en abonos. ¿Qué sigue, escrituras gratis para asaltantes?

Este “madruguete” huele a la clásica opacidad de la 4T. Sin consultar a gobiernos estatales ni a la sociedad civil, Romero pretende resolver las 843,000 viviendas “emproblemadas” del Infonavit con una medida que incentiva la ilegalidad.

¿Es esta la solución, o un anzuelo para más invasiones?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no tardó en responder: “No vamos a permitir invasiones irregulares, eso es contribuir a la ilegalidad en el país.” Y tiene razón. La iniciativa ignora un principio básico: “Todo tiene un dueño, todas las viviendas por abandonadas que estén tienen un dueño,” como señaló Lemus. Ya sea un particular que dejó de pagar su crédito o el propio Infonavit, los derechos de los propietarios originales son pisoteados.

El Infonavit, un organismo tripartita de trabajadores, patrones y gobierno, no puede actuar como si fuera propiedad de la 4T. La propuesta de Romero, además de torpe, es ilegal: debe pasar por la Asamblea General, donde obreros y empresarios ya la rechazaron en la Comisión de Vigilancia. La ignorancia del director es alarmante.

En Jalisco, la certeza jurídica es clave para atraer inversión extranjera, especialmente con el Mundial 2026 en puerta. Medidas como esta ahuyentan a empresarios y erosionan la confianza ciudadana.

Lemus elogió el plan de Tlajomulco, donde el alcalde Gerardo Quirino recuperó viviendas abandonadas en “Chernóvila” con inversión privada, mostrando que la legalidad sí funciona. Mientras, el Infonavit va en sentido contrario.

Romero promete “reprogramar créditos” o “reponer viviendas” a los dueños originales, pero ¿cómo? En un país donde la burocracia sepulta derechos, suena a promesas vacías. Si el gobierno premia la ilegalidad, ¿qué mensaje envía a los jaliscienses que pagan sus créditos puntualmente?

Este albazo no solo amenaza la certeza jurídica, sino la credibilidad del Infonavit. En lugar de regularizar invasiones, deberíamos fortalecer la ley y proteger a los verdaderos dueños. La pregunta es clara: ¿Queremos un México donde la ilegalidad se premia, o uno donde la justicia prevalece?

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ENTREVISTAS

La lucha de AGRUAS es por un gremio unido, ético y eficiente: Enrique Dueñas

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

En un México donde el sector de grúas enfrenta desafíos históricos como la informalidad, la competencia desleal y la falta de regulación uniforme, la cuarta edición de Expo Grúas 2025, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Expo Guadalajara, emerge como un espacio crucial para profesionalizar esta industria.

Este evento reúne a fabricantes, aseguradoras, empresarios y autoridades de América Latina, impulsando negocios y visibilizando la lucha de un gremio que busca ser reconocido por su ética y eficiencia.

Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), lidera un movimiento que ha transformado el sector en seis años, creciendo de 12 a 87 socios comprometidos con diferenciar a los operadores formales de las grúas piratas. Su gestión ha posicionado a AGRUAS como un interlocutor clave ante gobiernos y aseguradoras, enfrentando problemas estructurales como el contubernio con autoridades, corralones saturados y cobros excesivos que afectan a los ciudadanos.

Expo Grúas 2025 no solo exhibirá equipos modernos y capacitará operadores, sino que consolidará la visión de AGRUAS: un gremio unido, profesional y respetado, inspirado en modelos de Estados Unidos y Canadá, donde las grúas son servicios esenciales. En entrevista con Conciencia Pública, Dueñas Rodríguez comparte los avances, retos y su apuesta por un legado de transformación para las futuras generaciones de grueros.

Esta conversación refleja el compromiso de un líder que, tras años de trabajo arduo, busca homologar regulaciones nacionales, garantizar contratos públicos transparentes y dignificar un sector históricamente subestimado. Con Expo Grúas como plataforma, Dueñas vislumbra un futuro donde la informalidad sea reemplazada por profesionalismo, seguridad y confianza ciudadana.

SE CONSOLIDA EXPO GRÚAS

¿Cómo llegas a Expo Grúas 2025 en su cuarta edición?

Llego muy entusiasmado. Este evento se ha consolidado como un referente, con la participación de fabricantes de camiones, equipos, aseguradoras y proveedores de América Latina. Autoridades relevantes asistirán a la inauguración, lo que refuerza su impacto.

Expo Grúas ha puesto los reflectores en nuestro gremio, históricamente subestimado, dignificando nuestro servicio al mostrar su relevancia normativa y operativa. Nos posiciona como una alternativa profesional frente al mercado irregular, fomentando alianzas estratégicas que fortalecen el sector.

¿Qué ha significado liderar la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS) y ser su presidente?

Ha sido profundamente satisfactorio. Mis compañeros me eligieron para encabezar esta agrupación, que incluye a figuras destacadas del sector. Todas las decisiones son colegiadas, con el respaldo total de los socios. Como dice el refrán, “unidos somos más fuertes”. Agradezco su confianza y espero que continuemos en este camino ascendente, apoyando a las próximas generaciones para que el sector siga siendo fructífero y ético.

¿Cómo ha crecido la membresía de ANEMIG en estos años?

En seis años, pasamos de 12 socios fundadores a 87 en todo el país. Somos selectivos: un comité revisa el comportamiento de los solicitantes, verificando permisos y asegurando que no tengan quejas con autoridades. Solo admitimos a quienes comparten nuestra visión de negocio basada en la ética, la honestidad y la dignificación del sector, lo que fortalece nuestra representatividad.

¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como organización?

El mayor reto es la prestación irregular de servicios de grúa. En infracciones o accidentes, debe haber una autoridad presente, pero en los últimos años han fallado. Con la transición de la Policía Federal de Caminos a la Guardia Nacional, el problema se agudizó. Algunas autoridades municipales, estatales y de la Guardia Nacional venden servicios a grúas irregulares, cobrando por asignarlos. Dialogamos con la Guardia Nacional y gobiernos estatales para frenar esta práctica. Además, ciertas aseguradoras contratan empresas informales para reducir costos, afectando la calidad. Trabajamos con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros para priorizar a empresas formales.

Los corralones y las grúas piratas son un problema grave. ¿Qué avances hay con la nueva reglamentación?

Los depósitos vehiculares federales están saturados con miles de autos abandonados, ya que las autoridades tardan en liberarlos, generando deudas impagables para los propietarios. Esto ocupa espacio y eleva costos de vigilancia. Una reforma permitió a empresas recoger chatarra, pero compañías como Sánchez y Sánchez pagaron precios irrisorios, como un peso por vehículo, mientras obtenían grandes ganancias. Negociamos con senadores y la Cámara de Diputados para revertir esta ley, asegurando que los concesionarios, quienes ya invirtieron, se beneficien del aprovechamiento de la chatarra.

¿Cómo ha sido la comunicación con gobiernos estatales y federal para abordar estos problemas?

Hemos visitado estados como Oaxaca, Chiapas, Nuevo León y Chihuahua, encontrando apertura de los gobiernos para colaborar en la resolución de problemas en caminos municipales, estatales y federales. Con la federación, la anterior directora de Autotransporte Federal apoyó acuerdos clave, como el reglamento de grúas, aunque persisten detalles por resolver con la actual administración. También avanzamos en la emisión de placas, un paso hacia la formalización.

Desde 2022, has denunciado las grúas piratas. ¿Qué avances han logrado?

Contamos con una base normativa, con reglamentos y leyes que clasifican y autorizan el servicio. En Jalisco, desde 2023, hay un reglamento y una norma técnica, un avance significativo. Sin embargo, la regularización es simulada en muchos casos: se autorizan grúas que no cumplen, y malos elementos de las autoridades se benefician, cobrando tarifas exorbitantes, de 1,000 a 8,000 pesos. Trabajamos con representantes locales en otros estados para replicar los avances de Jalisco, pero la implementación sigue siendo un desafío.

¿Qué riesgos enfrentan los ciudadanos al usar grúas piratas?

Los riesgos son múltiples: cobros desproporcionados sin tarifas reguladas, robo de piezas, llantas o gasolina, y daños a vehículos por traslados inadecuados, afectando suspensión, caja o diferencial, con costos de miles de pesos. Las grúas piratas no ofrecen pólizas de seguro ni garantías, dejando a los usuarios desprotegidos.

¿Qué recomiendas a quienes necesitan un servicio de grúa?

Buscar grúas de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUAS), identificadas con nuestras calcamonías. Contamos con más de 3,500 grúas en el país que garantizan precios justos, sin daños ni robos, y con pólizas de seguro abiertas, una ventaja que las grúas irregulares no tienen. Nuestra red ofrece confianza y profesionalismo.

¿Cómo puede México aprender de países como EE.UU. o Canadá para fortalecer el sector?

En Norteamérica, las grúas son un servicio esencial, operando 24/7 con normativas estrictas. Hemos adaptado sus estándares, y el contacto con fabricantes y asociaciones norteamericanas, facilitado por Expo Grúas, nos ha permitido profesionalizar el servicio, tanto en capacitación como en equipos modernos.

¿Qué cambios esperas en el sector en los próximos cinco años?

Un sector pujante, con equipos modernos, personal capacitado y certificaciones de habilidades, como en EE.UU. Con el trabajo colectivo de los socios, mejoraremos la eficiencia y la percepción pública, consolidando a las grúas como un servicio confiable y respetado en México.

 

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JALISCO

Seminario de relaciones públicas en Guadalajara: ALARP reconoce a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi

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Por Raúl Cantú //

La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP), capítulo México, celebró con éxito el Seminario de Relaciones Públicas, Comunicación y Ceremonial en el Auditorio del Centro de la Amistad Internacional. El evento congregó a expertos nacionales e internacionales para analizar el papel del ceremonial y las relaciones públicas en contextos complejos y en transformación.

El seminario destacó por sus conferencias, paneles y actos protocolarios que abordaron temas cruciales del sector. Un momento clave fue la entrega del Galardón “Dr. Pedro Gabriel Labariega Villanueva” a Desiré Cristina Rivas Díaz de Sandi, distinguida por su trayectoria en protocolo como Coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad de Guadalajara. En su ponencia “Protocolo: desafíos entre la tradición y el cambio”, resaltó la importancia de fortalecer alianzas gremiales y el reconocimiento profesional.

Por primera vez en México, se otorga este galardón a un ceremonialista que ha destacado por su sobresaliente trayectoria profesional. Esta figura ha ganado respeto en los últimos 20 años en el ámbito de la gestión pública, relaciones exteriores y protocolo universitario.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) presentó “Hablar es un derecho: libertad de expresión en tiempos de censura”, reflexionando sobre los retos que enfrentan periodistas en entornos polarizados. A su vez, la Dra. María Aparecida Ferrari (Brasil) impartió una conferencia magistral sobre el rol transformador de las relaciones públicas en contextos vulnerables, promoviendo inclusión y cohesión social.

El panel “Relaciones públicas en tiempos de complejidad: ética, estrategia y adaptación”, moderado por Yolanda Barroso y con la participación de Viridiana Lemus, Benjamín Covarrubias y Felipe Reyes, presidente de ALARP México, compartió estrategias éticas para actuar en escenarios inciertos. Además, se otorgó un reconocimiento especial a la Mtra. Ruth Rayo (Guatemala) por sus contribuciones al ceremonial y protocolo en América Latina.

El evento consolidó el compromiso de los comunicadores con una práctica ética e innovadora, enfrentando desafíos como la desinformación y la inseguridad. Este seminario se posicionó como un espacio esencial para el diálogo, la reflexión y la profesionalización, reafirmando la relevancia de las relaciones públicas y el ceremonial en la construcción de sociedades más inclusivas y éticas.

Sobre el galardón Pedro Gabriel Labariega Villanueva:

Pedro Gabriel Labariega Villanueva fue uno de los ceremonalistas y diplomáticos más influyentes de México. Con sólida formación académica, amplia trayectoria docente, significativa labor investigadora y liderazgo institucional, contribuyó decisivamente al desarrollo de los estudios de protocolo y derecho diplomático en el país.

Presidente fundador de la Academia Mexicana de Protocolo, A.C

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