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Deuda pública y crisis institucional frenan desarrollo de México

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Análisis, por Víctor Hugo Celaya //

(Primera de dos partes) Históricamente, México ha mirado hacia el exterior para obtener los recursos financieros que no siempre hemos podido generar internamente en la magnitud necesaria para impulsar nuestro desarrollo, en especial para financiar el gasto público. Si bien esta práctica no es nueva, en los últimos años se ha intensificado de manera preocupante.

La deuda pública ha escalado a niveles que superan con creces lo observado en décadas pasadas, mientras, paradójicamente, hemos visto una reducción considerable en la inversión destinada a sectores que son verdaderamente estratégicos para el crecimiento económico, como la infraestructura básica y los servicios públicos esenciales.

Al primer trimestre de 2025, la deuda pública de México se situó en un 49.2% del Producto Interno Bruto (PIB), con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) alcanzando los 17.66 billones de pesos. Este nivel representa un incremento notable si lo comparamos con cifras de inicios de siglo, cuando rondaba el 19% del PIB.

Aunque la administración actual proyecta un aumento en la relación deuda/PIB menor que la de algunos sexenios anteriores (un 6.6% adicional comparado con el 8% del periodo 2012-2018), el costo financiero de esta deuda se ha vuelto una carga cada vez más pesada. Entre enero-julio de 2019 y 2024, el servicio de la deuda promedió el 12% del gasto neto del sector público, una cifra superior a la de administraciones previas.

De hecho, a finales de 2023, el costo del servicio de la deuda superó el billón de pesos, alcanzando 1.045 billones, una cifra que no veíamos desde la década de 1990, tras la crisis de la deuda. Este creciente costo tiene consecuencias directas: en 2024, por ejemplo, se destinó el 3.4% del PIB al pago de intereses, mientras que solo el 2.7% se invirtió en salud.

La inversión física, clave para el futuro, incluso registró una disminución anual real del 12.3% en el primer trimestre de 2025, en parte debido a una alta base de comparación por proyectos concluidos en 2024. Este panorama configura un ciclo adverso donde el endeudamiento creciente limita la capacidad de invertir en el futuro, lo que a su vez puede frenar el crecimiento y generar nuevas necesidades de financiamiento.

Una porción significativa de este endeudamiento proviene de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Sus préstamos, si bien pueden ofrecer un respiro, usualmente vienen acompañados de condiciones que exigen la aplicación de políticas macroeconómicas restrictivas: control férreo de la inflación, contención del gasto corriente y una disciplina fiscal rigurosa. Estas medidas, aunque buscan generar estabilidad, no siempre atacan la raíz de la fragilidad estructural del país. Una estabilidad basada únicamente en estas restricciones, sin un crecimiento robusto y una inversión productiva, puede ser precaria.

El problema se agrava cuando el gasto público se utiliza de manera ineficiente, destinándose a obras de baja rentabilidad o a programas asistenciales que, aunque a veces necesarios, carecen de una planeación adecuada y de mecanismos que aseguren su impacto a largo plazo. La situación actual, con niveles de deuda que recuerdan a periodos de crisis pasadas , subraya la urgencia de abordar estos desafíos estructurales para evitar un estrangulamiento financiero mayor.

Más Allá de las Cifras Macro: La Urgencia de Revitalizar la Economía Real

Una política macroeconómica sólida es, sin duda, un pilar fundamental. Sin embargo, su solidez se vuelve insuficiente si no se traduce en bienestar tangible para la población y en un dinamismo palpable en la economía productiva. Como bien señalaba Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, “la esencia de la teoría económica es reconocer la escasez y organizar la sociedad para utilizar los recursos eficientemente”. Esta máxima nos recuerda que el verdadero éxito económico se mide en la capacidad de generar oportunidades y prosperidad compartida, integrando coherentemente la macroeconomía con la microeconomía.

Hoy, el sobreendeudamiento público no solo pone un freno al crecimiento económico potencial, sino que amenaza con deteriorar aún más la economía real, aquella que viven día a día las familias, las empresas que generan empleo y los trabajadores que luchan por salir adelante. Aunque a menudo se nos dice que la macroeconomía mexicana está «controlada» y es cierto que se han mantenido ciertos equilibrios, como una deuda pública que, aunque alta, se considera «sostenible» por las autoridades, la realidad en la calle es otra.

La microeconomía, el motor que impulsa la creación de empleo, el consumo y la inversión productiva, se encuentra en una situación crítica. Factores internos como un bajo nivel de inversión persistente, la alta informalidad laboral que deja a millones sin protección social ni certidumbre, y una productividad estancada, han debilitado profundamente su capacidad de recuperación y crecimiento.

El panorama para mayo de 2025 sigue siendo adverso. Nos enfrentamos a un crecimiento económico anémico, presiones externas constantes, reformas estructurales que siguen pendientes y expectativas que distan mucho de ser alentadoras. Los organismos internacionales, como el FMI, pronostican una contracción económica del -0.3% para este año, mientras que el Banco Mundial prevé un crecimiento nulo (0%).

Por su parte, el gobierno federal, en una proyección más optimista, estima un crecimiento máximo del 0.7% (aunque la propia SHCP ha ajustado a la baja sus previsiones para 2025, desde un rango de 1.5-2.0% a este 0.7%, debido a la desaceleración sectorial y la incertidumbre comercial con EE.UU. ).

El Banco de México también ha recortado su pronóstico de crecimiento del PIB para 2025 de 1.2% a 0.6%. La banca privada, por su lado, apenas vislumbra un avance del 0.2%. Estas proyecciones, consistentemente bajas y revisadas a la baja, generan un círculo vicioso: la incertidumbre frena la inversión y el consumo, lo que a su vez deprime la actividad económica. La economía mexicana, aunque mostró un ligero crecimiento trimestral del 0.2% y anual del 0.8% en el primer trimestre de 2025 , necesita un impulso mucho mayor para superar estos desafíos. La vulnerabilidad externa, exacerbada por medidas proteccionistas de nuestro principal socio comercial, solo se magnifica por nuestras debilidades internas.

Pilares Agrietados: La Crisis de las Instituciones Públicas y su Impacto Fiscal

Una parte fundamental de la compleja problemática económica de México radica en la crisis financiera que atraviesan instituciones públicas clave, verdaderos pilares del Estado mexicano. Entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) operan hoy con serias deficiencias financieras, estructurales y operativas, lo que impone una pesada carga sobre las finanzas públicas.

A. Pemex: El Gigante Petrolero en Apuros

Pemex enfrenta una situación crítica, siendo la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda total superaba los 100 mil millones de dólares en pasivos , y para el primer trimestre de 2025 alcanzó los 2.05 billones de pesos, un aumento del 3.8% respecto al cierre de 2024, con un alarmante incremento del 32.1% en su deuda de corto plazo. Adicionalmente, a finales de 2024, su deuda con proveedores ascendía a 506.15 mil millones de pesos.

La producción de crudo ha ido en declive; Hacienda prevé una caída del 5.1% en las exportaciones de crudo para 2025, con una producción casi estancada en 1.76 millones de barriles diarios. En el primer trimestre de 2025, Pemex reportó una caída interanual del 11% en su producción petrolera. A esto se suman los altos costos de extracción, una elevada carga fiscal y proyectos emblemáticos como la refinería de Dos Bocas, cuyo costo se ha disparado de 8 mil millones a casi 21 mil millones de dólares. Esta refinería sigue en fase de pruebas, ha enfrentado paros técnicos y podría requerir aún más fondos, con expertos dudando que alcance una operación del 90% antes del tercer trimestre de 2027. Como resultado, Pemex registró pérdidas por 43.3 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025. La gestión deficiente y los problemas de corrupción acumulados a lo largo de los años agravan este panorama.

B. IMSS: Presiones Crecientes sobre el Sistema de Salud y Pensiones

El IMSS, fundamental para la seguridad social de millones de mexicanos, opera bajo un modelo de financiamiento basado en cuotas obrero-patronales que se muestra cada vez más insostenible. El envejecimiento de la población y una persistente informalidad laboral que limita la base de contribuyentes ejercen una presión enorme. El Informe Financiero del IMSS 2023-2024, aunque proyecta suficiencia financiera hasta 2037, advierte sobre las presiones a largo plazo derivadas de enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional, con un balance actuarial deficitario para el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM).

El gasto en pensiones es creciente, y las obligaciones laborales por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) se estiman en 2.3 billones de pesos. La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca complementar las pensiones hasta un mínimo de 17,364 pesos mensuales con diversas fuentes públicas , podría añadir presión fiscal si su fondeo no es robusto y sostenible. Aunque el IMSS alcanzó un récord de 22.4 millones de trabajadores registrados , el desafío demográfico persiste. En cuanto a infraestructura, si bien el presupuesto para 2025 contempla un aumento real del 4.7% para el IMSS, con 26.6 mil millones de pesos destinados a inversión (un alza real del 16.2%) para nuevos hospitales y equipamiento , el informe 2023-2024 subraya la necesidad de un fortalecimiento continuo para cubrir la demanda. La infraestructura médica sigue siendo, en muchos casos, insuficiente y los servicios se ven saturados.

C. ISSSTE: Un Panorama Similar de Retos Financieros y Operativos

El ISSSTE enfrenta un desbalance entre el número de trabajadores activos y jubilados (aproximadamente 2.45 activos por cada jubilado en 2021 ). Sus instalaciones médicas a menudo se encuentran deterioradas –la edad promedio de las unidades de primer nivel era de 30.9 años en 2021, y algunos hospitales superan los 55 años, con un 8.4% del equipo médico especializado fuera de servicio –. Los altos costos operativos y una administración que históricamente ha sido señalada por problemas de corrupción y burocracia excesiva complican su viabilidad.

El déficit proyectado para el seguro de salud del ISSSTE en 2025 es de 13,743 millones de pesos, cifra que se espera aumente anualmente, con el riesgo de agotar las reservas de este seguro para 2030. Además, a septiembre de 2024, 25 entidades federativas adeudaban al ISSSTE 88.49 mil millones de pesos.

(Continuará segunda y última parte, próxima edición)

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México en la encrucijada: Innovación como ruta al poderío económico

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

El pronóstico de la OCDE para 2025 golpea como un cubetazo de agua fría: apenas un 0.4% de crecimiento. Cifras abstractas que esconden rostros concretos: el empresario que pospone inversiones, la ingeniera que busca oportunidades en el extranjero, la startup que lucha por financiamiento.

Pero en este paisaje complejo, brotan historias esperanzadoras: desde Querétaro, donde jóvenes diseñan prótesis robóticas con impresión 3D, hasta Yucatán, donde campesinos optimizan cosechas con sensores IoT (Internet of Things). México respira contradicciones. Su futuro dependerá de una apuesta audaz: convertir la innovación en el corazón palpitante de su economía.

LA PARADOJA MEXICANA: DEBILIDADES QUE ESCONDEN POTENCIAL

La dependencia comercial con Estados Unidos es un arma de doble filo. Cuando el vecino del norte estornuda, México se resfría. Los aranceles amenazantes sobre autopartes y acero mantienen en vilo a industrias enteras. A esto se suman viejos fantasmas: carreteras que se desvanecen al sur del país, un sistema fiscal que sangra con déficits del 4.9% del PIB que, aunque trata de corregirse, aún falta mucho por hacer.

Pero justo cuando el panorama parece desolador, asoma la resiliencia mexicana. Hay un pulso vital en el consumo interno que no se apaga. Mercados locales reinventándose, pymes que digitalizan sus ventas contra viento y marea. Y esa fuerza joven, vibrante, que llena universidades y talleres: más del 60% de la población tiene menos de 35 años, son manos y mentes ávidas de transformar realidades.

El nearshoring no es solo una palabra de moda. Son camiones cargados de componentes electrónicos rumbo a Nuevo León, inversiones coreanas en Sonora, clusters automotrices que tejen redes inteligentes. México está en el mapa global como nunca. ¿Podrá convertir esta oportunidad en destino?

EDUCACIÓN: EL CAMPO DE BATALLA SILENCIADO

En el corazón de esta encrucijada hay una tragedia silenciosa. Mientras el gobierno anuncia el «Plan México» para ser potencia económica, recorta el presupuesto educativo al nivel más bajo en dos décadas. Las cifras duelen: 3.2% del PIB destinado a educación -cuando debería ser el doble- por debajo de la recomendación internacional de destinar al menos entre el 4% y 6% (BID 2022). Los resultados saltan a la vista en las pruebas PISA: jóvenes mexicanos quedan rezagados en ciencia, matemáticas, pensamiento crítico.

Pero el verdadero drama ocurre tras los muros universitarios. En una universidad tecnológica del centro del país, los laboratorios parecen cápsulas del tiempo: equipos obsoletos, software de hace diez años. El rector, un político con más lealtades partidistas que visión pedagógica, desvía recursos a proyectos cosméticos. Mientras tanto, profesores brillantes abandonan las aulas frustrados.

«Necesitamos directores que huelan el futuro, no calculadores de votos», comenta la Dra. Laura Méndez, experta en innovación educativa. Recuerda el caso de una universidad en Jalisco que rompió el molde: nombró rectora a una ingeniera con experiencia en Silicon Valley. En dos años transformaron los planes de estudio, crearon laboratorios de realidad virtual, y hoy el 90% de sus egresados trabaja en empresas de alta tecnología.

La receta no es secreta: Rectores con historial en innovación, no en campañas políticas, aulas donde se desarmen drones antes que memorizar teorías, estudiantes resolviendo problemas reales de comunidades.

LA TRÍADA TRANSFORMADORA: ACADEMIA, INDUSTRIA Y GOBIERNO

En Monterrey late un ejemplo esperanzador. La alianza entre el Tec de Monterrey, FEMSA y el gobierno estatal creó el distritotec: un ecosistema donde investigadores, emprendedores y empresas conviven en simbiosis. Allí nació una startup que desarrolla bioplásticos con residuos agrícolas. «Sin esa colaboración, nuestro proyecto sería solo un PowerPoint», confiesa su fundadora, Ana Karen Ramírez.

Pero estas historias son escasas islas en un mar de desconexión. Muchas universidades siguen produciendo profesionales para empleos que ya no existen o dejarán de existir en los próximos 5 años. Las empresas reclaman talento que no encuentran. El gobierno lanza programas burocráticos que nadie utiliza.

El modelo está roto. Urge tejer redes reales:

Academia formando en habilidades del siglo XXI: pensamiento crítico, inteligencia emocional, resolución de problemas complejos.

Industria invirtiendo en I+D como apuesta estratégica, no como gasto.

Gobierno facilitando, no entorpeciendo; con políticas claras y estabilidad jurídica.

La historia de éxito de Medtech en Guadalajara lo demuestra: cuando hospitales, universidades y fabricantes de dispositivos médicos alinearon sus esfuerzos, crearon un cluster que hoy exporta tecnología sanitaria a 15 países.

En Oaxaca, comunidades mixtecas instalaron microredes solares que hoy les dan energía limpia y soberanía energética. «Antes pagábamos la luz más cara de México, hoy vendemos excedentes», explica doña Rufina, líder comunitaria. Proyectos así podrían replicarse nacionalmente si existieran políticas agresivas de transición energética.

El campo mexicano es otra frontera inexplorada. En Sinaloa, sensores IoT monitorean cultivos en tiempo real. «Recibo alertas en el celular cuando las plantas tienen sed o enfermedad», cuenta don Ramón mientras muestra su aplicación. Tecnología simple que quintuplicó su productividad.

Y están los 30 millones de mexicanos aún desconectados. Llevarles internet significaría incorporar su creatividad al ecosistema innovador. Como prueba, existen diversos proyectos de innovación en Chiapas y otros estados del Sur de México, por ejemplo, niñas indígenas desarrollando apps para preservar sus lenguas originarias.

EL CAMINO HACIA LA GRANDEZA

México no necesita milagros. Necesita voluntad política y coherencia. Frente a esto, hay decisiones urgentes:

Rescatar la educación técnica: Que las universidades tecnológicas sean dirigidas por pedagogos, no por operadores políticos

Financiamiento inteligente: Premiar a empresas que inviertan en innovación real con beneficios fiscales sustanciales

Estabilidad jurídica: Garantizar reglas claras más allá de los ciclos electorales

LA SEMILLA YA ESTÁ PLANTADA

En un laboratorio de la UNAM, un equipo multidisciplinario desarrolla nano robots que administran medicamentos en células cancerígenas. En un garaje de Tijuana, tres amigos construyen vehículos eléctricos para transporte urbano. En un ejido de Michoacán, jóvenes agro tecnólogos crean biofertilizantes que regeneran suelos.

Estas semillas de futuro ya germinan en suelo mexicano. Regarlas exige romper inercias: dejar de ver la educación como botín político, la innovación como gasto suntuario, el conocimiento como mercancía exportable.

El 2025 puede ser el parteaguas. El año en que México decidió dejar de mirarse en el espejo de sus limitaciones para proyectarse en el lienzo de sus potencialidades. Como escribió Octavio Paz: «La crítica de la pirámide no derriba la pirámide; pero puede impedir que sigamos siendo sus prisioneros». La pirámide del subdesarrollo se desmorona con libros, microchips y sobre todo, con la audacia de reinventarse.

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Aprueba el Senado de México la CURP con datos biométricos: ¿Cómo funcionará?

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Por Redacción Conciencia Pública //

El Senado de México aprobó la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como parte de una ley para eliminar trámites burocráticos y modernizar los servicios públicos.

Esta nueva versión incluirá datos biométricos como huellas digitales, escaneo de iris, firma y fotografía, y se utilizará para facilitar gestiones digitales a través de la plataforma de trámites “Llave MX”.

Con esta reforma, todos los trámites ante autoridades federales, estatales, municipales y organismos autónomos deberán realizarse mediante la plataforma digital usando la CURP biométrica.

El gobierno asegura que esto reducirá la corrupción y agilizará los procesos, aunque los partidos de oposición cuestionan la viabilidad técnica del proyecto ideado por la autoirdad federal, emanada de Morena y la 4T.

La CURP biométrica también se empleará para integrar a los ciudadanos al Sistema Nacional de Salud y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sería la encargada de operar esta identificación digital, mientras que el Registro Nacional de Población (RENAPO) quedará alojado en una plataforma única de identidad.

¿Qué es Llave Mx?

La idea de una identidad digital puede sonar compleja, pero en esencia Llave MX funcionará como un perfil digital único para realizar trámites ante el gobierno sin tener que acudir presencialmente. Algo así como un expediente virtual con tu CURP, datos personales y accesos a servicios en línea.

Con esta llave se podrá, por ejemplo, solicitar una beca, corregir un acta de nacimiento o incluso registrarse para ciertos procesos legales. La meta: eliminar papeleo innecesario, filas eternas y múltiples cuentas para diferentes dependencias.

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Alfonso Romo y las acusaciones del Departamento del Tesoro

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

En medio de la polarización política que atraviesa México y la creciente tensión en las relaciones con Estados Unidos, las acusaciones del Departamento del Tesoro de ese país contra tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam— por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles del narcotráfico deben tomarse con cautela.

Estas acusaciones, que han generado un fuerte impacto en la opinión pública, señalan particularmente a Vector Casa de Bolsa, asociada al empresario regiomontano Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante la primera mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Las acusaciones y su trasfondo político

El Departamento del Tesoro, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN), acusa a Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo entre 2013 y 2021. Según las autoridades estadounidenses, una «mula financiera» habría lavado 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, y se habrían realizado pagos por más de 1 millón de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo entre 2018 y 2023.

Por su parte, CIBanco e Intercam son señalados por supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo reuniones entre ejecutivos de Intercam y presuntos miembros de esta organización criminal.

Sin embargo, las acusaciones carecen de claridad y evidencia pública contundente, lo que sugiere un trasfondo político. Alfonso Romo, quien fungió como enlace entre el gobierno de AMLO y el sector empresarial, abandonó la administración en 2020 debido a diferencias ideológicas.

Este contexto alimenta la percepción de que las acusaciones podrían estar motivadas por intereses políticos, especialmente en el marco de la política antidrogas de la administración de Donald Trump, que ha clasificado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

La respuesta del gobierno mexicano

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reaccionó con prontitud, exigiendo al Departamento del Tesoro pruebas concretas de las acusaciones. Hasta el momento de redacción de este artículo, no se ha hecho pública ninguna evidencia sólida.

La SHCP argumenta que las transacciones señaladas forman parte del comercio bilateral con China, que asciende a 139 mil millones de dólares anuales, y que las irregularidades detectadas son de carácter administrativo, no delictivo.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa ha negado categóricamente las acusaciones, destacando sus 50 años de trayectoria y su cumplimiento con los estándares normativos. La institución asegura que las operaciones cuestionadas son legítimas y están respaldadas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). Cabe destacar que Alfonso Romo no ha sido imputado directamente, pero su cercanía con AMLO amplifica el impacto político de estas acusaciones.

Politización y presión internacional

No es la primera vez que el gobierno mexicano enfrenta señalamientos de este tipo. En el pasado, la DEA ha insinuado vínculos entre narcotraficantes y la campaña presidencial de AMLO en 2006, acusaciones que nunca prosperaron por falta de pruebas. En el contexto actual, la narrativa de la administración Trump parece buscar presionar al sistema financiero mexicano para que asuma mayores responsabilidades en la lucha contra el lavado de dinero.

Esta estrategia se ve reforzada por la percepción en algunos sectores de México de que Trump representa una alternativa frente a la hegemonía de Morena, en un escenario donde la oposición carece de peso político significativo.

Implicaciones y desafíos

El caso pone de manifiesto los desafíos del sistema financiero mexicano para blindarse contra el lavado de dinero. La sociedad civil demanda mayor transparencia y colaboración internacional para investigar posibles nexos entre políticos, empresarios y el crimen organizado, siguiendo la pista del dinero.

Sin embargo, para desentrañar esta compleja red, es indispensable que tanto el gobierno estadounidense como el mexicano actúen con claridad. La FinCEN debe presentar pruebas sólidas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deben realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los señalamientos.

Conclusión

Las acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam, y la mención de Alfonso Romo, han avivado el debate público en un entorno de polarización y tensiones diplomáticas. Sin pruebas concretas, estas acusaciones corren el riesgo de percibirse como un instrumento político más que como un esfuerzo genuino por combatir el crimen organizado.

México y Estados Unidos enfrentan el reto conjunto de fortalecer la cooperación en materia de inteligencia financiera, pero esta debe basarse en hechos verificables y no en especulaciones que alimenten la desconfianza. Mientras no se presenten pruebas contundentes, el caso seguirá siendo un capítulo más en los complejos juegos del poder.

 

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