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NACIONALES

Deuda pública y crisis institucional frenan desarrollo de México

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Análisis, por Víctor Hugo Celaya //

(Primera de dos partes) Históricamente, México ha mirado hacia el exterior para obtener los recursos financieros que no siempre hemos podido generar internamente en la magnitud necesaria para impulsar nuestro desarrollo, en especial para financiar el gasto público. Si bien esta práctica no es nueva, en los últimos años se ha intensificado de manera preocupante.

La deuda pública ha escalado a niveles que superan con creces lo observado en décadas pasadas, mientras, paradójicamente, hemos visto una reducción considerable en la inversión destinada a sectores que son verdaderamente estratégicos para el crecimiento económico, como la infraestructura básica y los servicios públicos esenciales.

Al primer trimestre de 2025, la deuda pública de México se situó en un 49.2% del Producto Interno Bruto (PIB), con el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) alcanzando los 17.66 billones de pesos. Este nivel representa un incremento notable si lo comparamos con cifras de inicios de siglo, cuando rondaba el 19% del PIB.

Aunque la administración actual proyecta un aumento en la relación deuda/PIB menor que la de algunos sexenios anteriores (un 6.6% adicional comparado con el 8% del periodo 2012-2018), el costo financiero de esta deuda se ha vuelto una carga cada vez más pesada. Entre enero-julio de 2019 y 2024, el servicio de la deuda promedió el 12% del gasto neto del sector público, una cifra superior a la de administraciones previas.

De hecho, a finales de 2023, el costo del servicio de la deuda superó el billón de pesos, alcanzando 1.045 billones, una cifra que no veíamos desde la década de 1990, tras la crisis de la deuda. Este creciente costo tiene consecuencias directas: en 2024, por ejemplo, se destinó el 3.4% del PIB al pago de intereses, mientras que solo el 2.7% se invirtió en salud.

La inversión física, clave para el futuro, incluso registró una disminución anual real del 12.3% en el primer trimestre de 2025, en parte debido a una alta base de comparación por proyectos concluidos en 2024. Este panorama configura un ciclo adverso donde el endeudamiento creciente limita la capacidad de invertir en el futuro, lo que a su vez puede frenar el crecimiento y generar nuevas necesidades de financiamiento.

Una porción significativa de este endeudamiento proviene de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Sus préstamos, si bien pueden ofrecer un respiro, usualmente vienen acompañados de condiciones que exigen la aplicación de políticas macroeconómicas restrictivas: control férreo de la inflación, contención del gasto corriente y una disciplina fiscal rigurosa. Estas medidas, aunque buscan generar estabilidad, no siempre atacan la raíz de la fragilidad estructural del país. Una estabilidad basada únicamente en estas restricciones, sin un crecimiento robusto y una inversión productiva, puede ser precaria.

El problema se agrava cuando el gasto público se utiliza de manera ineficiente, destinándose a obras de baja rentabilidad o a programas asistenciales que, aunque a veces necesarios, carecen de una planeación adecuada y de mecanismos que aseguren su impacto a largo plazo. La situación actual, con niveles de deuda que recuerdan a periodos de crisis pasadas , subraya la urgencia de abordar estos desafíos estructurales para evitar un estrangulamiento financiero mayor.

Más Allá de las Cifras Macro: La Urgencia de Revitalizar la Economía Real

Una política macroeconómica sólida es, sin duda, un pilar fundamental. Sin embargo, su solidez se vuelve insuficiente si no se traduce en bienestar tangible para la población y en un dinamismo palpable en la economía productiva. Como bien señalaba Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, “la esencia de la teoría económica es reconocer la escasez y organizar la sociedad para utilizar los recursos eficientemente”. Esta máxima nos recuerda que el verdadero éxito económico se mide en la capacidad de generar oportunidades y prosperidad compartida, integrando coherentemente la macroeconomía con la microeconomía.

Hoy, el sobreendeudamiento público no solo pone un freno al crecimiento económico potencial, sino que amenaza con deteriorar aún más la economía real, aquella que viven día a día las familias, las empresas que generan empleo y los trabajadores que luchan por salir adelante. Aunque a menudo se nos dice que la macroeconomía mexicana está «controlada» y es cierto que se han mantenido ciertos equilibrios, como una deuda pública que, aunque alta, se considera «sostenible» por las autoridades, la realidad en la calle es otra.

La microeconomía, el motor que impulsa la creación de empleo, el consumo y la inversión productiva, se encuentra en una situación crítica. Factores internos como un bajo nivel de inversión persistente, la alta informalidad laboral que deja a millones sin protección social ni certidumbre, y una productividad estancada, han debilitado profundamente su capacidad de recuperación y crecimiento.

El panorama para mayo de 2025 sigue siendo adverso. Nos enfrentamos a un crecimiento económico anémico, presiones externas constantes, reformas estructurales que siguen pendientes y expectativas que distan mucho de ser alentadoras. Los organismos internacionales, como el FMI, pronostican una contracción económica del -0.3% para este año, mientras que el Banco Mundial prevé un crecimiento nulo (0%).

Por su parte, el gobierno federal, en una proyección más optimista, estima un crecimiento máximo del 0.7% (aunque la propia SHCP ha ajustado a la baja sus previsiones para 2025, desde un rango de 1.5-2.0% a este 0.7%, debido a la desaceleración sectorial y la incertidumbre comercial con EE.UU. ).

El Banco de México también ha recortado su pronóstico de crecimiento del PIB para 2025 de 1.2% a 0.6%. La banca privada, por su lado, apenas vislumbra un avance del 0.2%. Estas proyecciones, consistentemente bajas y revisadas a la baja, generan un círculo vicioso: la incertidumbre frena la inversión y el consumo, lo que a su vez deprime la actividad económica. La economía mexicana, aunque mostró un ligero crecimiento trimestral del 0.2% y anual del 0.8% en el primer trimestre de 2025 , necesita un impulso mucho mayor para superar estos desafíos. La vulnerabilidad externa, exacerbada por medidas proteccionistas de nuestro principal socio comercial, solo se magnifica por nuestras debilidades internas.

Pilares Agrietados: La Crisis de las Instituciones Públicas y su Impacto Fiscal

Una parte fundamental de la compleja problemática económica de México radica en la crisis financiera que atraviesan instituciones públicas clave, verdaderos pilares del Estado mexicano. Entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) operan hoy con serias deficiencias financieras, estructurales y operativas, lo que impone una pesada carga sobre las finanzas públicas.

A. Pemex: El Gigante Petrolero en Apuros

Pemex enfrenta una situación crítica, siendo la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda total superaba los 100 mil millones de dólares en pasivos , y para el primer trimestre de 2025 alcanzó los 2.05 billones de pesos, un aumento del 3.8% respecto al cierre de 2024, con un alarmante incremento del 32.1% en su deuda de corto plazo. Adicionalmente, a finales de 2024, su deuda con proveedores ascendía a 506.15 mil millones de pesos.

La producción de crudo ha ido en declive; Hacienda prevé una caída del 5.1% en las exportaciones de crudo para 2025, con una producción casi estancada en 1.76 millones de barriles diarios. En el primer trimestre de 2025, Pemex reportó una caída interanual del 11% en su producción petrolera. A esto se suman los altos costos de extracción, una elevada carga fiscal y proyectos emblemáticos como la refinería de Dos Bocas, cuyo costo se ha disparado de 8 mil millones a casi 21 mil millones de dólares. Esta refinería sigue en fase de pruebas, ha enfrentado paros técnicos y podría requerir aún más fondos, con expertos dudando que alcance una operación del 90% antes del tercer trimestre de 2027. Como resultado, Pemex registró pérdidas por 43.3 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025. La gestión deficiente y los problemas de corrupción acumulados a lo largo de los años agravan este panorama.

B. IMSS: Presiones Crecientes sobre el Sistema de Salud y Pensiones

El IMSS, fundamental para la seguridad social de millones de mexicanos, opera bajo un modelo de financiamiento basado en cuotas obrero-patronales que se muestra cada vez más insostenible. El envejecimiento de la población y una persistente informalidad laboral que limita la base de contribuyentes ejercen una presión enorme. El Informe Financiero del IMSS 2023-2024, aunque proyecta suficiencia financiera hasta 2037, advierte sobre las presiones a largo plazo derivadas de enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional, con un balance actuarial deficitario para el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM).

El gasto en pensiones es creciente, y las obligaciones laborales por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) se estiman en 2.3 billones de pesos. La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca complementar las pensiones hasta un mínimo de 17,364 pesos mensuales con diversas fuentes públicas , podría añadir presión fiscal si su fondeo no es robusto y sostenible. Aunque el IMSS alcanzó un récord de 22.4 millones de trabajadores registrados , el desafío demográfico persiste. En cuanto a infraestructura, si bien el presupuesto para 2025 contempla un aumento real del 4.7% para el IMSS, con 26.6 mil millones de pesos destinados a inversión (un alza real del 16.2%) para nuevos hospitales y equipamiento , el informe 2023-2024 subraya la necesidad de un fortalecimiento continuo para cubrir la demanda. La infraestructura médica sigue siendo, en muchos casos, insuficiente y los servicios se ven saturados.

C. ISSSTE: Un Panorama Similar de Retos Financieros y Operativos

El ISSSTE enfrenta un desbalance entre el número de trabajadores activos y jubilados (aproximadamente 2.45 activos por cada jubilado en 2021 ). Sus instalaciones médicas a menudo se encuentran deterioradas –la edad promedio de las unidades de primer nivel era de 30.9 años en 2021, y algunos hospitales superan los 55 años, con un 8.4% del equipo médico especializado fuera de servicio –. Los altos costos operativos y una administración que históricamente ha sido señalada por problemas de corrupción y burocracia excesiva complican su viabilidad.

El déficit proyectado para el seguro de salud del ISSSTE en 2025 es de 13,743 millones de pesos, cifra que se espera aumente anualmente, con el riesgo de agotar las reservas de este seguro para 2030. Además, a septiembre de 2024, 25 entidades federativas adeudaban al ISSSTE 88.49 mil millones de pesos.

(Continuará segunda y última parte, próxima edición)

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ENTREVISTAS

«Erradicaré la corrupción para transformar el Poder Judicial»: César Mario Gutiérrez

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Por Diego Morales Heredia //

Motivado por experiencias personales de corrupción en el Poder Judicial, César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propone erradicar este problema mediante tecnología y menos burocracia.

Así lo expresó en el panel “Retos y desafíos de los juzgadores ante la reforma judicial”, realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.

La corrupción que sufrí me impulsa a transformar el Poder Judicial”, afirmó Gutiérrez Priego ante estudiantes del CUCSH Belenes. “Propongo una Corte de puertas abiertas, con asesorías en todo el país, que simplifique procesos saturados por formalismos. El sistema adversarial perdió su esencia al ignorar el jurado y volverse excesivamente legalista. Con denuncias ciudadanas y tecnología, acabaremos con la impunidad.”

Su campaña se centra en principios claros: eliminar formalismos, reducir burocracia y usar herramientas tecnológicas para agilizar procesos y dar voz a los ciudadanos que buscan justicia. “El Poder Judicial fomenta procesos largos que alimentan la corrupción”, señaló. “Si gano, regresaré a las comunidades que visité para escuchar sus propuestas, incluso si no son competencia de un ministro, y me comprometo a representar a quienes enfrentan injusticias.”

Nuestro personaje de hoy propone combatir la corrupción con tecnología, juzgados especializados en temas militares e indígenas, y mayor involucramiento de la SCJN en denuncias de derechos humanos, visitando comunidades afectadas.

TERMINAR CON EL SISTEMA DE CASTAS

Para el candidato a ministro de la Corte la reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1994 marcó el inicio de un sistema de castas en el Poder Judicial, donde la corrupción se normalizó, alejando la justicia de los ciudadanos.

El Poder Judicial era el menos democrático de los poderes, un ‘patito feo’ que Zedillo transformó al cambiar sus reglas y nombrar nuevos jueces, magistrados y ministros”, afirmó. “Desde entonces, la corrupción institucional se arraigó, volviéndose tan común que la justificamos. He sido testigo de estas injusticias, y mi compromiso es revertir este sistema elitista que traiciona a la ciudadanía.”

La corrupción creó un sistema de castas en el Poder Judicial, donde los ministros eran designados por acuerdos políticos, no por méritos”, afirmó Gutiérrez Priego. “Los ciudadanos enfrentamos malos tratos, corrupción y resoluciones tardías, lejos de la justicia gratuita y expedita prometida. Por eso, la reforma y el Plan C buscan desmantelar este sistema elitista que traiciona incluso a jueces y magistrados.”

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL NUEVO MODELO

Al ser cuestionado sobre cómo garantizar la independencia judicial en el nuevo modelo del Poder Judicial, César Mario Gutiérrez Priego afirmó que su autonomía deriva de no tener padrinos políticos ni deudas con nadie, respondiendo únicamente al pueblo de México.

Como ministro, mi lealtad será con los ciudadanos, no con presidentes ni políticos que busquen favores”, aseguró. “Eso legitima el cargo por doce años. Debemos ser cercanos, con políticas abiertas, y priorizar el fondo sobre formalismos. Los ministros actuales, timoratos y politizados, evaden compromisos. Cuando el pueblo nos necesita, tenemos que responder con resoluciones valientes.”

El aspirante a ministro de la Corte, destacó que la reforma judicial fortalecerá la carrera judicial, permitiendo a los jóvenes acceder a cargos en el Poder Judicial por mérito, no por conexiones. “El nuevo sistema elimina padrinazgos”, afirmó. “Con convocatorias abiertas, exámenes transparentes y la tómbola, cualquier meritorio puede aspirar a un puesto, una oportunidad antes negada pese a aprobar oposiciones.”

Sobre la relación con la ciudadanía, señaló: “El Poder Judicial ha sido lejano, temiendo que el contacto con la sociedad genere conflictos. Yo propongo cercanía: escuchar a las personas, aplicar la ley con empatía y resolver casos mediante mediación, haciendo la justicia más humana y accesible.”

César Mario Gutiérrez Priego explicó cómo garantizaría la imparcialidad como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si es electo el 1 de junio.

La reforma transforma el Poder Judicial: la SCJN sigue siendo el máximo tribunal, pero el Tribunal de Disciplina Judicial permitirá sancionar resoluciones injustas de inmediato”, afirmó. “También se castigarán quejas infundadas, y un código de ética obligatorio para abogados evitará artimañas que prolongan procesos, asegurando una justicia imparcial y eficiente.”

YA NO LE VEN LA CARA A LA GENTE”

El expositor abordó ante los estudiantes del CUCSH Belenes el riesgo de politización del Poder Judicial, afirmando que su actual influencia política requiere una reestructuración profunda para garantizar la imparcialidad de los juzgadores.

El Poder Judicial está politizado”, denunció. “No es normal que la presidenta de la SCJN se reúna en secreto con líderes de oposición para tratar asuntos ocultos; eso es un acto político. Los jueces no debemos ser políticos. Soy de izquierda, pero mi deber es aplicar la Constitución, no emitir opiniones personales. Si alguien debe pagar, pagará; si no, lo diré públicamente. La ley debe prevalecer sobre ideologías.”

Ser ministro exige valentía, claridad, conocimientos jurídicos y moralidad”, afirmó César Mario Gutiérrez Priego. “Priorizar formalismos sobre el fondo perpetúa las resoluciones injustas. Algunos defienden a figuras como Norma Piña para mantener el statu quo y sus privilegios, pero yo no temo desafiarlo.”

De la misma forma subrayó que los ciudadanos, frustrados por la corrupción y la ineficiencia del Poder Judicial, pueden transformar el sistema mediante la elección directa de ministros el 1 de junio, votando por quienes representen una justicia verdadera.

La reforma judicial abrirá el camino para que los jóvenes se conviertan en jueces, magistrados y ministros, forjando un Poder Judicial renovado”, expuso el conferencista. “A quienes critican mi falta de experiencia como juzgador, les digo: mejor así, pues estamos reemplazando a quienes fallan. Los ciudadanos, hartos de corrupción y lejanía en los juzgados, ya no creen en un sistema que se dice impoluto. Esta reforma responde a su exigencia de justicia verdadera.”

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ENTREVISTAS

Alma Nohemí Osorio: Candidata a magistrada federal en materia civil

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Por Francisco Junco //

“Garantizar que cada persona reciba lo que le corresponde, con un profundo respeto a los derechos humanos, sin distinción de género”, afirmó Alma Nohemí Osorio Rojas, candidata a magistrada federal en materia civil del Tercer Circuito en Jalisco.

Esta es la esencia de su visión sobre la justicia en México. Con la elección nacional de jueces y magistrados por voto popular programada para el 1 de junio, Osorio compartió en una entrevista con Conciencia Pública su perspectiva sobre impartir justicia con practicidad, humanidad y rigor técnico.

Actualmente, como secretaria en funciones de magistrada en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, Osorio reflexionó sobre sus 33 años de carrera judicial. “Para mí, la justicia es asignar a cada persona lo que le pertenece, considerando sus circunstancias particulares y priorizando los derechos humanos. Esa es la lección de décadas de experiencia”, aseguró. Su candidatura busca fortalecer un Poder Judicial que no solo aplique la ley, sino que responda a las necesidades sociales con sensibilidad y equidad.

UN PODER JUDICIAL CERCANO A LA CIUDADANÍA

Con la reforma judicial que permite la elección de jueces por voto popular, Osorio se propone desmitificar el rol de los magistrados civiles. “En materia civil, no resolvemos disputas entre particulares, sino que revisamos si una autoridad actuó arbitrariamente contra un ciudadano”, explicó. Su trabajo abarca conflictos cotidianos como herencias, contratos, propiedad, familia y responsabilidad civil. Comunicándose con claridad, busca hacer la justicia comprensible y accesible, conectando al Poder Judicial con la sociedad.

Osorio utiliza redes sociales, especialmente su página de Facebook (@AlmaOsorioCandidata), para explicar conceptos de derecho civil en términos sencillos. “Nuestro trabajo aborda conflictos que transforman vidas, desde disputas familiares por herencias hasta reparaciones por daños. Garantizamos que se respeten los derechos y se cumpla la ley con justicia y equidad”, afirmó. Su misión es tender puentes entre el Poder Judicial y los ciudadanos, aclarando qué hace una magistrada, cómo se resuelven los casos y su impacto en la vida diaria.

UNA SÓLIDA TRAYECTORIA JUDICIAL

Los 33 años de servicio público de Osorio comenzaron como agente del Ministerio Público en Mazatlán, Sinaloa, durante una década. Desde 2003, forma parte del Poder Judicial de la Federación, con 22 años como secretaria proyectista, elaborando proyectos de sentencia para magistrados. Su carrera abarca diversos roles, incluyendo tres años en un juzgado mixto en Acapulco, Guerrero, manejando procesos penales federales, y desde 2006 en Guadalajara, iniciando en un juzgado de distrito en materia administrativa.

En Jalisco, Osorio ha forjado una destacada trayectoria, colaborando con distintos titulares en un juzgado de distrito en materia civil y en un tribunal colegiado auxiliar de competencia mixta, resolviendo recursos de amparo en penal, administrativo, civil y laboral. Su versatilidad la llevó a integrarse a un tribunal colegiado en materia administrativa y, durante los últimos 13 años, al tribunal colegiado en materia civil, donde ha consolidado su experiencia. “He participado en la resolución de miles de casos, siempre guiada por los principios de acceso a la justicia, legalidad, debido proceso, imparcialidad y equidad”, aseguró.

Su formación académica refuerza su experiencia práctica. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con maestrías en Derecho Civil y Juicio de Amparo, y cursos en derechos humanos, argumentación jurídica y protección de la infancia. Subraya la evolución constante del derecho, abogando por una capacitación continua para que los jueces emitan sentencias profesionales y efectivas.

UN CASO EMBLEMÁTICO: JUSTICIA CON HUMANIDAD

Un caso marcó la carrera de Osorio, ilustrando la complejidad y responsabilidad de su labor. Un grupo de colonos, liderado por el presidente de su condominio, demandó a vecinos por construir una rampa en una vivienda, alegando que violaba áreas comunes y reglas del condominio. “La rampa facilitaba el acceso de una persona en silla de ruedas”, explicó Osorio. Aunque la demanda fue desechada inicialmente, los demandantes interpusieron un amparo directo, lo que llevó a una revisión.

El tribunal de Osorio se enfocó en determinar si las autoridades actuaron arbitrariamente, no en resolver el conflicto privado. Sin embargo, el caso tomó un giro cuando una menor con discapacidad, afectada por la posible remoción de la rampa, presentó un amparo indirecto, argumentando que no fue escuchada.

Osorio investigó y descubrió que la rampa era esencial para emergencias médicas debido a los ataques epilépticos de la niña. Priorizando los derechos de la menor sobre intereses patrimoniales, el tribunal reorientó el caso, basándose en convenciones de derechos humanos y discapacidad. La sentencia estableció un precedente, garantizando accesibilidad y reflejando el compromiso de Osorio con una justicia humana.

“Este caso fue transformador”, recordó Osorio. “Mostró cómo las decisiones judiciales pueden defender la dignidad y romper barreras, especialmente para personas vulnerables”. La experiencia reforzó su creencia en un Poder Judicial que equilibra precisión técnica con responsabilidad ética.

APOYANDO LA ELECCIÓN POPULAR

Osorio ve la elección popular de jueces como una oportunidad para transparentar el Poder Judicial, manteniendo su independencia y rendición de cuentas. Aboga por sentencias claras y comprensibles, capacitación constante y un sistema que evolucione sin perder sus principios. “El Poder Judicial debe servir a la gente, no estar aislado”, afirmó. Su campaña enfatiza involucrar a la ciudadanía en este proceso histórico, promoviendo una participación informada.

A través de redes sociales y acercamiento público, Osorio explica el rol del Poder Judicial en la vida cotidiana. “El trabajo de una magistrada no es abstracto: afecta familias, hogares y medios de vida”, señaló. Al desglosar el lenguaje jurídico, busca empoderar a los ciudadanos para que comprendan y confíen en el sistema.

UNA VISIÓN PARA EL FUTURO

La candidatura de Osorio combina experiencia, accesibilidad y una perspectiva progresista. Sus 33 años de carrera —desde Ministerio Público hasta secretaria judicial— le han dado un entendimiento integral del sistema judicial. Ha navegado sus complejidades, desde la redacción de sentencias hasta la resolución de casos de alto impacto, siempre guiada por la equidad y los derechos humanos.

Su compromiso va más allá del tribunal. Osorio ve al Poder Judicial como un pilar de la democracia que debe evolucionar con la sociedad. “Los jueces deben ser técnicamente competentes, pero también empáticos, entendiendo el impacto humano de sus decisiones”, afirmó. El caso de la rampa ejemplifica esto, mostrando cómo los fallos legales pueden transformar vidas cuando se basan en compasión y principios.

Mientras Jalisco y México se preparan para las elecciones del 1 de junio, Osorio invita a la ciudadanía a participar. “Un público informado fortalece al Poder Judicial”, dijo. Su campaña no solo busca ganar una magistratura, sino construir un sistema de justicia transparente, equitativo y conectado con las personas a las que sirve.

Con una carrera arraigada en el servicio y una visión centrada en la dignidad, Alma Nohemí Osorio Rojas se presenta como una candidata que encarna el equilibrio entre experiencia técnica y sensibilidad humana. Su historia es de dedicación a un Poder Judicial que defiende la ley mientras eleva las vidas que toca.

 

 

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ENTREVISTAS

Isaías Becerra Leyva, candidato a juez laboral federal: Por una justicia laboral cercana y sin corrupción

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

Isaías Becerra Leyva, candidato a juez laboral federal, busca transformar la justicia laboral con un enfoque humano y transparente. Con experiencia en el sector privado, público y la academia, su compromiso es acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, como comparte en esta entrevista con Conciencia Pública.

UN CAMINO DE EXPERIENCIA Y COMPROMISO

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB): Háblame de lo más notable de tu trayectoria como abogado.

Isaías Becerra Leyva (IBL):

Estudié Derecho en la Universidad de Guadalajara y trabajé en una farmacéutica organizando archivos jurídicos, luego en un despacho laboral durante cuatro años. La pandemia me llevó a cursar una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo. Desde 2022, integro la primera generación del Centro de Conciliación Laboral y soy docente en la misma universidad, impartiendo Derecho Laboral, Derechos Humanos y Juicio de Amparo, combinando experiencia en iniciativa privada, servicio público y academia.

MOTIVACIÓN PARA SER JUEZ FEDERAL

GIB: ¿Qué te motivó a buscar este cargo de ser juez laboral federal?

IBL: Mi principal motivación es retribuir a la sociedad lo que la Universidad de Guadalajara me ha dado en formación personal, profesional y académica. He sido testigo de injusticias y errores judiciales, lo que me llevó a centrar mi tesis de maestría en la percepción de confianza hacia los jueces, especialmente entre mujeres. Los resultados fueron reveladores: menos del 10% de las personas saben qué hace un juez, y quienes los conocen suelen percibirlos como corruptos o lentos, según encuestas del INEGI. Quiero cambiar esa percepción y garantizar una justicia laboral efectiva.

GIB: ¿Cuál es tu percepción de los jueces?

IBL: He observado inconsistencias entre lo que sucede en un juicio y cómo se resuelve, lo que genera dudas sobre la integridad de algunos jueces. No estoy satisfecho con el sistema actual. Un problema grave es la justicia tardía: en materia laboral, hay casos de 20 o 30 años sin resolver, donde las partes ya fallecieron o las empresas desaparecieron. Esto no es justicia real. El tiempo es clave para que las resoluciones sean efectivas.

PROPUESTAS PARA UNA JUSTICIA LABORAL MÁS EFICIENTE

GIB: ¿Qué propones para mejorar esto?

IBL: Propongo perfeccionar el sistema, optimizando los procesos y asegurando que las resoluciones sean rápidas y exigibles. Todo es perfectible.

GIB: Este proceso de renovación del poder judicial federal ha sido cuestionado. ¿Cuál es tu postura?

IBL: Todo proceso tiene áreas de mejora, y este no es la excepción. Es un momento histórico, ya que es la primera vez que se eligen jueces por voto ciudadano. Aunque perfectible, esta transformación era necesaria. Acercar a los jueces a la ciudadanía, permitir que se conozcan sus perfiles y propuestas, es un paso positivo. Un juez debe ver cada caso como personas, no como números, y sus decisiones impactan vidas, familias y empresas. Mi compromiso es hacer una justicia cercana y transparente.

JUSTICIA VS. LEGALIDAD

GIB: ¿Qué diferencia ves entre justicia y legalidad?

IBL: En el derecho laboral, el principio de realidad permite a los jueces indagar más allá de las pruebas presentadas para conocer la verdad de los hechos. La reforma de derechos humanos de 2011 amplía esta facultad, permitiendo a los jueces interpretar normas en favor de los derechos humanos y, en algunos casos, no aplicar leyes que consideren injustas. La legalidad es el marco normativo, pero la justicia busca soluciones humanas y equitativas, alineadas con la realidad de las personas.

CLAVES PARA UN PODER JUDICIAL COMPETITIVO

GIB: ¿Qué acciones propones para un Poder Judicial competitivo y con buena imagen?

IBL: La cercanía con la ciudadanía es fundamental. Muchas personas desconocen qué hace un juez o cómo puede ayudarles, lo que genera desconfianza. Propongo campañas de información para que la gente entienda el rol de los jueces y confíe en ellos. Además, es crucial la capacitación constante en derechos humanos, procedimientos y justicia social para todos los operadores jurídicos, desde jueces hasta secretarios. Un Poder Judicial moderno debe estar en constante aprendizaje y priorizar el servicio público.

UN JUEZ DE PUERTAS ABIERTAS

GIB: ¿Serías un juez accesible?

IBL: Absolutamente. Mi propuesta es estar cerca de las personas, orientarlas incluso si su problema no es de mi competencia. Quiero que sepan a qué autoridad acudir y cómo resolver sus conflictos. Un juez debe ser un aliado de los justiciables. Seré un juez de puertas abiertas.

GIB: ¿Es adecuado el sueldo de los jueces laborales?

IBL: El tema de los sueldos ha sido controvertido, especialmente por la norma constitucional que prohíbe que un servidor público gane más que el presidente. Creo que deben hacerse ajustes para cumplir con esta disposición, pero siempre garantizando que los jueces tengan las condiciones necesarias para desempeñar su labor.

GIB: ¿Cómo afecta la insuficiencia de recursos a la justicia?

IBL: Con políticas de austeridad bien diseñadas y una optimización de recursos humanos, tecnológicos y materiales, se puede mitigar esta insuficiencia. Hay que priorizar el gasto en herramientas esenciales para los operadores jurídicos, evitando frivolidades, para garantizar una justicia eficiente.

GIB: ¿Cómo ha sido tu campaña?

IBL: Ha sido un desafío por el tiempo corto y los recursos limitados. Me he dedicado a visitar casa por casa en municipios como El Salto, Acatic, Ayotlán, Tepatitlán y Zapotlanejo, explicando el proceso electoral, mi trayectoria y propuestas. La gente suele desconocer esta elección, pero cuando les explico, se interesan y me reciben bien. Las redes sociales han sido clave, pero el contacto directo es lo que más conecta.

GIB: ¿Cómo te han tratado los medios?

IBL: Es complicado, ya que no podemos pautar publicidad. Espacios como este son valiosos para darnos a conocer. Agradezco esta oportunidad, pues permite a la sociedad conocer a los candidatos y tomar decisiones informadas.

EXPECTATIVAS PARA LA ELECCIÓN

GIB: ¿Qué esperas de la participación ciudadana el 1 de junio?

IBL: He oído que se espera un 10% de participación, pero espero que sea mucho mayor. Una alta participación fortalecerá este ejercicio democrático y consolidará la confianza en las instituciones. Invito a la gente a informarse, buscar su casilla en las herramientas del INE, practicar con las boletas y votar con paciencia, aunque el proceso pueda ser más largo por la reducción de casillas.

GIB: ¿Qué mensaje le envías a la ciudadanía?

IBL: Salgan a votar. Este proceso es histórico y una oportunidad para construir un Poder Judicial más justo y cercano. Infórmense sobre los candidatos, practiquen con las boletas y participen. Su voto puede cambiar la justicia en México.

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