OPINIÓN
Mano negra
Entre Nos, por Alfrerdo Ponce //
El 1 de julio de 1928, el Presidente Elías Calles, emitió un decreto para la creación del primer escuadrón de Agentes Vigilantes de la Oficina de Tránsito, que estaba formado por 53 agentes, bajo el mando del general Alfredo Serratos Amador. Esta agrupación quedaría integrada a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas.
Después, fue policía de Caminos, Federal de Caminos, dependió de la Secretaría de la Defensa Nacional en su organización, posteriormente, Policía Federal Preventiva dependiente de Segob.
Se ha pretendido que este sea un cuerpo policiaco de élite, con estudios de alto nivel y con la mejor capacitación posible para resolver los asuntos de seguridad, de mas alta importancia en la sociedad mexicana.
Sin embargo, es de esas instituciones que se han modificado dependiendo de los caprichos de los gobernantes en turno. Sus actividades, siempre han estado un poco a merced de lo “que se vaya ofreciendo”. El país, sigue viviendo en un ambiente de tremenda inseguridad y todos sabemos de historias de corrupción en éste, como en otros cuerpos policiacos. Hoy es momento de acomodar la casa y este “cuerpo de élite” no quiere perder sus privilegios, se levantan en contra de las órdenes superiores y piden que los represente en sus negociaciones un ex presidente, que aunque públicamente se desliga de esta relación, pone en evidencia que hay una “mano que mece la cuna”, pero no solo en este asunto, sino en muchos mas.
PROBLEMAS GRANDES, SOLUCIONES RADICALES
Ninguna instancia policiaca ha podido enfrentar el problema de inseguridad y dar resultados. Los muertos, los desaparecidos, los feminicidios, los secuestrados son voces ahogadas de la sociedad que exigen que se haga algo. El plan está hecho y comandado por Alfonso Durazo, que tiene capacidad y honorabilidad para llevarlo a cabo. El ejército debe volver a sus cuarteles, pero cuando existan las condiciones para tener un cuerpo de seguridad pública, a nivel nacional, que sea confiable. Parece sensato el plan, pero “no hay varitas mágicas”, la Guardia Nacional, requiere primero de un marco legal, posteriormente de su integración, organización y adecuada operación. No se puede “sacar de la manga del mago”, 82 mil elementos para cubrir las 150 regiones en las que la estrategia de seguridad ha organizado la nación.
No podemos esperar a que esos elementos, se vayan formando en una nueva escuela de policía, se tiene que echar mano de lo que hay. Hasta aquí, todo es entendible.
POLICIAS FIFI
Cuando las responsabilidades, las obligaciones, los resultados no van de la mano de los derechos y las percepciones, las cosas no salen como deberían. La que se ha considerado la élite de las policías de la nación, no ha dado resultados, pero sí ha recibido los mejores tratos en todos los aspectos. Al grado que hay policías en municipios de México que ganan una cuarta parte de lo que ganan los federales y arriesgan su vida al mismo nivel y dan los mismos malos resultados los dos. A la hora de recibir la propuesta de integrarse a un nuevo sistema, en donde los elementos de la federal pasen a la guardia nacional, ya no les gusta ser servidores de la nación, porque evidentemente se acaban los uniformes bonitos, los zapatos caros, las patrullas nuevas, los horarios especiales y los “beneficios que les ha dado la revolución”. Lo dijo un servidor público y quizá no debía haberlo dicho, explotaron cuando en lugar de dormir en un hotel, se encontraron con una litera en un cuartel improvisado.
LOS ABUSOS DEL PODER
Don Raúl, ha sido hotelero toda la vida, pero desgraciadamente, por la inseguridad, un día el gobierno decidió enviar un destacamento de policías federales a la localidad donde tiene sus negocios. Al principio las cosas parecían interesantes, los policías federales se hospedarían en sus instalaciones y así aseguraba una ocupación completa por lo menos por seis meses. Todo parecía vida y dulzura, hasta que los pagos no llegaron nunca, su propiedad se convirtió en un cuartel en donde ni él podía entrar y el edificio fue poco a poco dañado, sin posibilidad de darle mantenimiento porque no llegaban los pagos de las oficinas centrales y “alégale al ampáyer”.
Así se han dado muchos abusos en el pasado por no hacer las cosas bien planeadas, por no tener cuarteles para los policías, pero también porque los policías primero exigían sus derechos a vivir confortablemente aunque no dieran resultados. Esto lo podemos ver en Guerrero, en Michoacán o en Tamaulipas y la inseguridad todos los días es peor y los señores uniformados, siguen viviendo como reyes, porque siempre están primero sus derechos que sus obligaciones con la sociedad.
O SE ACLIMATAN O NOS AFECTAN
Hoy, con más de 38 mil elementos organizados en divisiones que son, seguridad regional, fuerzas federales, investigación, inteligencia, antidrogas, científica, gendarmería, secretaria general y asuntos internos, pareciera que el monstruo ha crecido demasiado, aquellos 53 agentes de 1928, se han multiplicado pero no dan seguridad a la sociedad. Hoy no quieren integrarse a la guardia nacional, porque quieren conservar todos sus beneficios. ¿Y la sociedad? Que se siga aguantando, ellos quieren vivir bien.
Hasta la Próxima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
