NACIONALES
Gobernar sin ciencia
Opinión, por Iván Arrazola //
Durante una de sus conferencias mañaneras, el expresidente López Obrador expresó que gobernar “no tiene mucha ciencia”. Tal afirmación, aparentemente inofensiva, cobra nuevas dimensiones cuando se observa cómo algunos funcionarios han intentado llevar esa lógica a la práctica.
Un ejemplo reciente fue el del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien —también en una conferencia mañanera— presentó una propuesta para regularizar viviendas abandonadas que se encuentran bajo control del Instituto.
El planteamiento es sencillo en apariencia, pero de gran complejidad en sus implicaciones: aquellas personas que actualmente habitan viviendas desocupadas y no tienen vínculo legal con el instituto podrían regularizar su situación mediante el pago de una renta o la adquisición de la propiedad. Es decir, quienes hayan ocupado una vivienda del Infonavit sin tener derechos sobre ella podrían, eventualmente, convertirse en propietarios si se someten a un esquema de regularización.
Esta propuesta, expuesta sin mayor detalle técnico ni jurídico, provocó una inmediata ola de reacciones. Aunque la secretaria de Gobernación y la presidenta Claudia Sheinbaum intentaron contener las críticas y asegurar que la propiedad privada está protegida en México, se ha generado un amplio debate. Organizaciones empresariales y representantes del sector inmobiliario reaccionaron con firmeza. En comunicados públicos, señalaron:
Diversas organizaciones empresariales manifestaron su firme rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, que plantea la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ofrecidos además a precios subsidiados.
Consideran que este tipo de iniciativas representan un incentivo a la ocupación ilegal de inmuebles y, por tanto, rechazaron categóricamente cualquier intento por premiar estas prácticas. Asimismo, exigieron a las autoridades competentes —y en particular a la Asamblea del Infonavit— que frenen cualquier esfuerzo orientado a legalizar la tenencia irregular de viviendas.
Las organizaciones también señalaron que el Instituto no cuenta con facultades legales para otorgar créditos, contratos de arrendamiento ni escrituras a personas que no sean derechohabientes, y recordaron que la atención a la población no afiliada corresponde a otras instancias del Estado, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Los datos del propio gobierno muestran la magnitud del problema: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, en un universo estimado de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 % están ocupadas por personas sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios originales.
Es cierto que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y que se trata de una problemática social urgente. El gobierno de Sheinbaum ha anunciado su apuesta por la construcción de un millón de viviendas como parte de su estrategia para garantizar el derecho a una vivienda digna, un objetivo prioritario para millones de personas.
Sin embargo, la gran interrogante no radica solo en si existen los recursos económicos suficientes, sino en si el Estado cuenta con la capacidad institucional y operativa para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Esta duda se acentúa considerando los antecedentes de gestión del actual director del Infonavit, Octavio Romero, cuya administración en Pemex fue ampliamente cuestionada por su falta de resultados, así como el historial de un gobierno poco habituado a rendir cuentas de manera transparente y eficaz.
Gobernar —aunque lo niegue López Obrador— sí tiene ciencia. Requiere planeación, conocimiento, responsabilidad institucional y, sobre todo, respeto al estado de derecho. Presentar una idea de regularización sin una estructura normativa sólida ni una estrategia clara para evitar incentivos perversos —como la ocupación ilegal de viviendas— es irresponsable.
Con esta propuesta, el gobierno parece haber creado un nuevo paradigma: el del populismo inmobiliario, una fórmula que privilegia las decisiones de alto impacto mediático sin sustento técnico, legal o presupuestal.
Además, la medida ignora causas estructurales de fondo: muchas de estas viviendas fueron abandonadas por carecer de servicios básicos, por ubicarse en zonas con altos índices de inseguridad, o porque sus propietarios originales no pudieron continuar pagando ante condiciones laborales precarias. El problema, por tanto, no es solamente de propiedad, sino de habitabilidad y de política pública de desarrollo urbano.
La verdadera discusión debería centrarse en cómo rehabilitar esas viviendas, cómo hacerlas atractivas para nuevos compradores, y a quién deben dirigirse: personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, madres jefas de familia o personas con discapacidad. Eso implica diseñar políticas públicas serias, bien focalizadas y evaluables, no generar expectativas basadas en promesas vagas o mal diseñadas.
La idea de que “gobernar no tiene ciencia” es peligrosa. Revela una visión simplista de la administración pública que puede conducir a decisiones con efectos negativos duraderos. Lo que se presentó, más que una propuesta articulada y reflexionada, parece una ocurrencia que busca aplausos fáciles y simpatías electorales. Tal vez, y lamentablemente, eso es lo que algunos entienden por gobernar sin ciencia.
NACIONALES
ONU concluye fase de recopilación de información para recomendación sobre desapariciones en México
– Por Redacción Conciencia Pública
El Comité contra la Desaparición Forzada cierra la etapa de recopilación y analiza elevar el caso a la Asamblea General
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), anunció la conclusión de la fase de recopilación de información sobre la crisis de desapariciones en México, que la llevará a crear una recomendación al gobierno sobre las acciones a tomar en este delicado tema.
Tras varios meses de entrevistas, sesiones públicas y recepción de testimonios, el organismo internacional informó que entra ahora en un “periodo de reflexión” para determinar los pasos siguientes, los cuales se darán a conocer en un documento en los próximos meses.
El procedimiento se lleva a cabo bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al comité a actuar cuando existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones son generalizadas o sistemáticas en un país.
En caso de confirmarse, el organismo internacional podría elevar el caso con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU, convirtiéndose en un hecho de gran trascendencia para la comunidad internacional.
| Las cifras que han sido presentadas ilustran la magnitud de la tragedia: más de 133 mil personas desaparecidas desde 2006 hasta septiembre de 2025, más de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes y un promedio alarmante de 26 desapariciones diarias en 2024, cifra que se disparó a más de 45 por día en el primer semestre de 2025. Además, se destacó que en México se han dictado 773 acciones urgentes de la ONU bajo el artículo 30, el número más alto para cualquier país firmante de la Convención. |
El Comité también recibió información sobre los niveles de impunidad que rodean al fenómeno. Entre 2017 y enero de 2025, los tribunales mexicanos solo emitieron 373 condenas por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, un número que contrasta con la magnitud del problema y que refleja la debilidad institucional para enfrentar a los responsables. Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la respuesta estatal ha sido insuficiente y en ocasiones marcada por la negación.
El cierre de esta etapa ocurre en un momento de tensión entre el gobierno mexicano y los organismos internacionales. Mientras colectivos de familiares exigen que el caso sea elevado a la Asamblea General de la ONU, el Ejecutivo federal ha cuestionado la narrativa que vincula al Estado con prácticas de desaparición forzada.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido en la urgencia de fortalecer las instituciones de búsqueda y de garantizar la participación de las familias en las políticas públicas.
El CED destacó que su decisión final buscará incidir en medidas concretas: dotar de mayores recursos a las comisiones de búsqueda, fortalecer la identificación forense, garantizar la autonomía de las fiscalías y establecer mecanismos de seguimiento verificables. De ser llevado a la Asamblea General, México enfrentaría una presión diplomática sin precedentes en torno a su política de derechos humanos y seguridad.
Concluida la fase de información, ahora el foco está en lo que resuelva el Comité. La sociedad civil y las familias de las víctimas esperan que las conclusiones de Naciones Unidas marquen un antes y un después en la forma en que México atiende esta crisis humanitaria. En juego no solo está la rendición de cuentas del Estado, sino la esperanza de miles de familias que buscan verdad y justicia.
NACIONALES
Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo
– Por Francisco Junco
Sobre los cambios a la Ley de Amparo, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que Morena y sus aliados han impulsado una reforma que vulnera los derechos de las personas y atenta contra principios básicos de la Constitución.
“Ayer la bancada naranja lo denunció y hoy la presidenta nos da la razón. En la discusión sobre la ‘Ley del Desamparo’, Morena y sus aliados no se conformaron con aprobar una legislación regresiva que vulnera derechos de las personas, sino que además plantean que sea retroactiva”, manifestó el senador a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.
Y es que el senador hizo referencia a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando en la mañanera le preguntaron sobre la inconstitucionalidad de hacer retroactivos las reformas a la Ley de Amparo, como lo plantean los senadores de Morena.
Castañeda criticó con dureza que las modificaciones a la Ley de Amparo, respaldadas por Morena, PT y PVEM, representen un retroceso en materia de derechos fundamentales, al señalar que incluso se pretende que tengan efectos retroactivos, lo que contraviene la Constitución y principios elementales del derecho.
El legislador sostuvo que la postura de la presidenta confirma las advertencias hechas por la bancada del partido naranja durante la discusión legislativa, y acusó a la mayoría oficialista de actuar “sin rumbo” en materia de justicia y de debilitar los contrapesos democráticos.
“¿En qué anda la mayoría de Morena, PT y PVEM? ¡En el extravío total! ¡Sin rumbo! ¡Qué vergüenza!”, concluyó el senador jalisciense, al insistir en que el país necesita leyes que fortalezcan las instituciones y garanticen la protección de los derechos ciudadanos.
La presidenta de México afirmó que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo no debe ser retroactiva, pues eso resultaría inconstitucional y vulneraría los derechos adquiridos. En ese sentido, Sheinbaum reconoció que no podría aplicarse hacia atrás, lo cual da sustento a las críticas de la oposición y respalda la postura de partidos como Movimiento Ciudadano. «Primero hay que respetar la Constitución, que establece que no debe haber retroactividad en las leyes», dijo la mandataria en la mañanera.
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Alerta MC sobre el debilitamiento de la democracia en comparecencia de Rosa Icela Rodríguez
– Por Francisco Junco
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el Senado de la República, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) advirtió que las iniciativas presidenciales en materia de amparo y reforma electoral, representan un serio retroceso en los derechos ciudadanos, los contrapesos institucionales y la vida democrática del país.
El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que la propuesta para reformar la Ley de Amparo “limitaría el único mecanismo por excelencia para garantizar y proteger los derechos de las personas, de las comunidades y de los colectivos”.
Agregó que esta iniciativa se suma a otras reformas “igualmente dañinas” que han debilitado al Poder Judicial y restringido la capacidad de jueces y tribunales para frenar abusos de autoridad.
Castañeda también cuestionó la reforma electoral impulsada desde el Poder Ejecutivo, a la que calificó como “una reforma desde el poder para conservar el poder”, al advertir que atenta contra el pluralismo, la representación de partidos y la autonomía del árbitro electoral.
En este contexto, denunció el fraude registrado en Poza Rica y Papantla, Veracruz, donde acusó la intromisión de la gobernadora Rocío Nahle en perjuicio de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, la vicecoordinadora Alejandra Barrales evidenció la omisión de la titular de la Secretaría de Gobernación en la operación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual no ha sesionado en siete años pese a la creciente crisis de violencia contra la infancia.
Recordó que seis de cada diez menores viven en pobreza, mientras que México ocupa el primer lugar de la OCDE en abuso sexual infantil, con más de 4.5 millones de víctimas cada año.
Barrales subrayó que “México es un país inapropiado para la infancia” y exigió a la secretaria Rodríguez explicar las razones de la inactividad del SIPINNA.
Además, pidió a la funcionaria pronunciarse sobre los hechos ocurridos en Veracruz y detallar las acciones coordinadas con la UNAM ante los recientes casos de violencia en la institución.
– Por Francisco Junco
Guadalajara fue sede de una de las conmemoraciones más emblemáticas del país, la escenificación Siete Siglos de Legado de Grandeza México-Tenochtitlán 1325-2025, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante miles de asistentes al Estadio Panamericano (casa del equipo de beisbol Charros), está mañana se recordó la fundación de la capital de los mexicas con una representación histórica de gran formato.
La puesta en escena, en la que participaron más de 800 personas entre actores, bailarines y personal técnico, se sustentó en una investigación avalada por cuatro reconocidos historiadores.
El público pudo revivir el momento en que, de acuerdo con la tradición, los aztecas o mexicas encontraron el águila posada sobre el nopal devorando una serpiente, signo que marcó el nacimiento de la ciudad de Tenochtitlán en el Lago de Texcoco.
Entre bailes, vestuarios tradicionales y recreaciones de las principales etnias del país, el espectáculo se convirtió en una clase viva de historia y cultura.
El montaje no solo rindió homenaje a los orígenes de una de las principales culturas mesoamericanas, sino que también buscó fortalecer el sentido de identidad nacional a través del arte y la memoria.
La presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, estuvo en este evento junto al gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro; el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Marta Estela Arizmendi Fombona, en un acto que unió a autoridades, académicos y ciudadanía.
Especialmente significativo fue que los principales invitados fueran niños y adolescentes de escuelas de educación básica de Jalisco, quienes llenaron el estadio y vivieron de cerca una representación diseñada para sembrar orgullo y conciencia histórica en las nuevas generaciones.
ONU concluye fase de recopilación de información para recomendación sobre desapariciones en México
Gobierno de Jalisco y la plataforma Platzi lanzan el programa “Inglés al 100” para impulsar el futuro digital y bilingüe
Clemente Castañeda acusa a Morena de legislar en el “extravío total”, por los cambios a la Ley de Amparo
Presentan libro sobre Juan Nentwig, el jesuita que forjó la sierra de Sonora
