NACIONALES
Gobernar sin ciencia
Opinión, por Iván Arrazola //
Durante una de sus conferencias mañaneras, el expresidente López Obrador expresó que gobernar “no tiene mucha ciencia”. Tal afirmación, aparentemente inofensiva, cobra nuevas dimensiones cuando se observa cómo algunos funcionarios han intentado llevar esa lógica a la práctica.
Un ejemplo reciente fue el del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien —también en una conferencia mañanera— presentó una propuesta para regularizar viviendas abandonadas que se encuentran bajo control del Instituto.
El planteamiento es sencillo en apariencia, pero de gran complejidad en sus implicaciones: aquellas personas que actualmente habitan viviendas desocupadas y no tienen vínculo legal con el instituto podrían regularizar su situación mediante el pago de una renta o la adquisición de la propiedad. Es decir, quienes hayan ocupado una vivienda del Infonavit sin tener derechos sobre ella podrían, eventualmente, convertirse en propietarios si se someten a un esquema de regularización.
Esta propuesta, expuesta sin mayor detalle técnico ni jurídico, provocó una inmediata ola de reacciones. Aunque la secretaria de Gobernación y la presidenta Claudia Sheinbaum intentaron contener las críticas y asegurar que la propiedad privada está protegida en México, se ha generado un amplio debate. Organizaciones empresariales y representantes del sector inmobiliario reaccionaron con firmeza. En comunicados públicos, señalaron:
Diversas organizaciones empresariales manifestaron su firme rechazo a la propuesta anunciada por el director del Infonavit, que plantea la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, ofrecidos además a precios subsidiados.
Consideran que este tipo de iniciativas representan un incentivo a la ocupación ilegal de inmuebles y, por tanto, rechazaron categóricamente cualquier intento por premiar estas prácticas. Asimismo, exigieron a las autoridades competentes —y en particular a la Asamblea del Infonavit— que frenen cualquier esfuerzo orientado a legalizar la tenencia irregular de viviendas.
Las organizaciones también señalaron que el Instituto no cuenta con facultades legales para otorgar créditos, contratos de arrendamiento ni escrituras a personas que no sean derechohabientes, y recordaron que la atención a la población no afiliada corresponde a otras instancias del Estado, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Los datos del propio gobierno muestran la magnitud del problema: de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar, en un universo estimado de 843 mil —con una inversión de 700 millones de pesos—, el 86 % están ocupadas por personas sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios originales.
Es cierto que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y que se trata de una problemática social urgente. El gobierno de Sheinbaum ha anunciado su apuesta por la construcción de un millón de viviendas como parte de su estrategia para garantizar el derecho a una vivienda digna, un objetivo prioritario para millones de personas.
Sin embargo, la gran interrogante no radica solo en si existen los recursos económicos suficientes, sino en si el Estado cuenta con la capacidad institucional y operativa para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Esta duda se acentúa considerando los antecedentes de gestión del actual director del Infonavit, Octavio Romero, cuya administración en Pemex fue ampliamente cuestionada por su falta de resultados, así como el historial de un gobierno poco habituado a rendir cuentas de manera transparente y eficaz.
Gobernar —aunque lo niegue López Obrador— sí tiene ciencia. Requiere planeación, conocimiento, responsabilidad institucional y, sobre todo, respeto al estado de derecho. Presentar una idea de regularización sin una estructura normativa sólida ni una estrategia clara para evitar incentivos perversos —como la ocupación ilegal de viviendas— es irresponsable.
Con esta propuesta, el gobierno parece haber creado un nuevo paradigma: el del populismo inmobiliario, una fórmula que privilegia las decisiones de alto impacto mediático sin sustento técnico, legal o presupuestal.
Además, la medida ignora causas estructurales de fondo: muchas de estas viviendas fueron abandonadas por carecer de servicios básicos, por ubicarse en zonas con altos índices de inseguridad, o porque sus propietarios originales no pudieron continuar pagando ante condiciones laborales precarias. El problema, por tanto, no es solamente de propiedad, sino de habitabilidad y de política pública de desarrollo urbano.
La verdadera discusión debería centrarse en cómo rehabilitar esas viviendas, cómo hacerlas atractivas para nuevos compradores, y a quién deben dirigirse: personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, madres jefas de familia o personas con discapacidad. Eso implica diseñar políticas públicas serias, bien focalizadas y evaluables, no generar expectativas basadas en promesas vagas o mal diseñadas.
La idea de que “gobernar no tiene ciencia” es peligrosa. Revela una visión simplista de la administración pública que puede conducir a decisiones con efectos negativos duraderos. Lo que se presentó, más que una propuesta articulada y reflexionada, parece una ocurrencia que busca aplausos fáciles y simpatías electorales. Tal vez, y lamentablemente, eso es lo que algunos entienden por gobernar sin ciencia.
CDMX y Edomex
Industria del calzado mexicano celebra arancel a importaciones chinas como un respiro para miles de familias
– Por Francisco Junco
El anuncio de un arancel del 25% a las importaciones de calzado procedente de China, realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encendió la esperanza entre productores y comerciantes del sector en México.
La medida, aplaudida por organizaciones empresariales y locatarios del emblemático Mercado de Calzado “La Central” en la Ciudad de México, busca nivelar la competencia y dar al calzado nacional precios más competitivos frente a la invasión de productos asiáticos.
Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, señaló que este paso puede marcar “un nuevo ciclo para el reposicionamiento de la industria y comercialización del calzado mexicano” que por décadas ha padecido la competencia desleal.
El anuncio coincidió con la preparación del 50 aniversario de La Central, un mercado que ha sido símbolo de esfuerzo y unión de cientos de artesanos zapateros desde 1975.
Más allá de la política comercial, la noticia tiene un rostro humano, ya que las familias que dependen de este oficio artesanal para su sustento.
“La Central es mucho más que un mercado, es una familia, un corazón que late con pasión y esperanza”, afirmó Marcelo Eduardo Jair Muñoz Castillo en nombre de los locatarios, recordando a don Luis Sotomayor Bárcenas, fundador del mercado, como un líder que soñó con un espacio digno para los zapateros.
El reto que enfrenta el sector no es menor. De acuerdo con el INEGI, más de 65 mil establecimientos generan 267 mil empleos directos, pero la entrada anual de más de 60 millones de pares de calzado chino, muchos subvaluados, ha provocado el cierre de empresas, pérdida de empleos y una caída del 18.5% en el PIB del sector.
“Esto no es libre comercio, ha sido competencia desleal que pone en jaque la supervivencia de familias mexicanas”, advirtió Julio Munive Lagunas, vocero de los locatarios.
Por eso, los productores exigen no sólo aranceles, sino vigilancia aduanera, acceso a créditos y una campaña nacional para promover el consumo de calzado mexicano.
“Cada par que compran hecho aquí es un voto por la calidad, por el trabajo bien hecho y por el futuro de nuestra economía”, subrayó Munive Lagunas y es que en su visión, consumir calzado nacional no es sólo patriotismo económico, sino una inversión inteligente y un acto de defensa del empleo y la tradición artesanal.
Gerardo López insistió en que el decreto presidencial debe aplicarse cuanto antes, para que los beneficios se reflejen en las ventas de fin de año.
Con ello, los productores confían en reconquistar parte del consumo perdido y dar un paso firme hacia la recuperación de una industria que, además de fabricar zapatos, camina todos los días sobre el esfuerzo, la identidad y el orgullo de México.
– Por Mario Ávila
En la víspera de la visita a Jalisco, de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, un grupo de militantes y simpatizantes del partido guinda, exigieron dejar de simular la democracia y renovar primero las dirigencias de los comités estatales y municipales, antes de directivas de seccionales.
Un grupo de inconformes, encabezados por el abogado Jaime Hernández Ortiz, estima que a la militancia «se le da gato por liebre y se le engaña con espejitos, porque primero deben elegirse los comités municipales y ellos deben confirmar luego, los seccionales».
También exigen cambios en el Instituto Nacional de Formación Política, en donde los estatutos marcan un nombramiento por 3 años con opción a ratificación, mientras que el titular, Rafael Baraja Durán «El Fisgón» lleva al frente de este instituto casi 7 años en el cargo.
Destaca además la exigencia de un verdadero Código de Ética partidista tras los recientes escándalos por la ostentación de los viajes de lujo al extranjero y gastos, así como la exhibición de riqueza de diversos funcionarios dirigentes y militantes, que solo demuestran que la Comisión Nacional de Honestidad es un florero, pues se le ordenó vigilar el cumplimiento de estos lineamientos y abrir expedientes de oficio, pero no ha hecho absolutamente nada.
Sobre la propuesta de la conformación de la Comisión para la Reforma Electoral, los convocantes ven con agrado la iniciativa, pero advierten que es necesario aprobar que la no reelección aplique desde el año 2027 y no hasta el 2030; además de que se determine la prohibición del nepotismo en una triple dimensión, vertical, horizontal y transversal, incluyendo a familias políticas y que se incorpore la obligación de presentar una declaración pública patrimonial.
Plantean además la necesidad de que se incluyan expertos en derecho electoral y ciencia política, así como representantes de partidos con trayectoria distinguida y honesta, ex funcionarios del INE, representantes de la sociedad civil y empresariales de cada estado del país, para evitar una visión centralista y que se promueva una Reforma Electoral con perspectiva federalista y republicana.
Finalmente piden también que se eliminen las encuestas, como método de selección de las candidaturas. Para hacer ver la seriedad de sus planteamientos, los denunciantes expusieron que para cada una de sus exigencias han presentado ya recursos jurídicos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Presentaron los planteamientos: Jaime Hernández Ortiz, Roberto Guijarro Romero, Lorena Iveth Martínez, Javier Orozco Alvarado, Francisco Javier Aréchiga Flores, Luis Carlos Zaracho Alatorre, Jorge Ismael Barrios Zamora, Miguel Ángel Uceaga y Marco Vinicio.
– Por Redacción Conciencia Pública
En su último informe de gobierno, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pobreza en México ha disminuido de manera histórica. De acuerdo con sus cifras, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, reduciendo la proporción de la población afectada de 41.9 % a 29.6 %.
Para AMLO y en general la 4T este avance era una muestra de que sus políticas sociales han dado resultados y han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos. Sin embargo, los datos presentados este mes de agosto de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ahora en el periodo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum (del mismo partido), muestran un panorama más complejo.
La pobreza se ha definido, tradicionalmente, como la falta de dinero. Sin embargo, la experiencia de las propias personas que viven en situación de pobreza va mucho más allá de la carencia de ingresos. Una persona que es pobre puede sufrir otras desventajas, de forma aislada o varias al mismo tiempo, como una mala salud o carencia de acceso a servicios médicos, desnutrición, falta de acceso a agua limpia, electricidad, trabajos precarios o incluso desempleo.
Aunque se confirma que en los últimos años México sí ha tenido una reducción en la pobreza multidimensional de entre 8 y 13 millones de personas, el INEGI advierte con su análisis que persisten problemas estructurales severos, el mayor de ellos: 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud, el doble que en 2018, cuando eran 20.1 millones. Esta carencia se ha convertido en una de las principales vulnerabilidades para la población.
El reporte del INEGI también revela que más de 80 millones de mexicanos presentan al menos una carencia social, ya sea en salud, educación, vivienda, alimentación o seguridad social. Esto significa que, aunque la pobreza medida de forma multidimensional haya disminuido, la mayoría de la población aún enfrenta al menos uno o varios tipos de rezagos básicos que impactan directamente en su calidad de vida.
Las desigualdades regionales continúan marcando el mapa de la pobreza en el país. Chiapas encabeza la lista con un 66 por ciento de su población en situación de pobreza multidimensional, seguido por Guerrero con 58.1 por ciento y Oaxaca con 51.6 por ciento. Estas cifras muestran que el desarrollo sigue siendo profundamente desigual y que el sur y sureste concentran la mayor parte de las carencias, mientras el centro y el norte presentan otro panorama.
En el caso de Jalisco, el 18.6% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo que equivale a 1.62 millones de personas. La pobreza extrema en el estado es del 1.3%, con 114 mil personas afectadas. En comparación con el promedio nacional, Jalisco presenta un porcentaje de pobreza multidimensional por debajo del promedio
Especialistas señalan que la reducción en la pobreza multidimensional podría estar asociada a programas de transferencias directas como la Pensión para Adultos Mayores o las Becas Benito Juárez, que elevan temporalmente el ingreso, pero que no resuelven problemas de acceso a servicios básicos ni garantizan una mejora estructural a largo plazo. La pérdida de cobertura en salud, advierten, es un retroceso grave que podría impactar negativamente en los próximos años.
En resumen, aunque el sexenio anterior y este, que son parte del proyecto transexenal de la Cuarta Transformación, dejan cifras positivas en la reducción de la pobreza medida bajo ciertos indicadores, el informe del INEGI expone que la mayoría de los mexicanos aún vive con al menos una necesidad básica insatisfecha y que la cobertura de salud se ha deteriorado de forma alarmante.
El reto no solo será mantener los avances, sino revertir los retrocesos en áreas clave para el bienestar social.
| Las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza multidimensional se ubican en el sur y sureste de México:
Chiapas: 66.0% de su población. En contraste, los cinco estados con los porcentajes más bajos de pobreza se encuentran en el norte: Baja California: 9.9% de su población. |
| 📉 El mayor retroceso: 44.5 millones de mexicanos sin acceso a salud (el doble que en 2018).
📉 Más de 80 millones con al menos una carencia social. |
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