JALISCO
El expediente que ocultan de Eli Castro
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
Entre flores de cempasúchil, altares coloridos y el eco de la música, Zapopan se prepara para celebrar una de sus tradiciones más queridas, la velada Calaveritas Zapopan 2025, que este año llenará de vida el Parque de las Niñas y los Niños los días 31 de octubre y 1 de noviembre.
El encuentro no sólo es una fiesta visual, sino un homenaje a la memoria. Desde hace nueve años, este evento reúne a familias enteras, artistas y servidores públicos que, más que organizar, comparten un mismo propósito, que es mantener viva la raíz mexicana que celebra la vida en medio de la muerte.
Alejandro Vázquez Ortiz, coordinador general de Servicios Municipales, expresó que esta velada “busca preservar y fortalecer las tradiciones mexicanas mediante expresiones culturales, artísticas y comunitarias”. Y lo hace con un espíritu que trasciende los protocolos.
“Cada edición crece gracias al entusiasmo de las y los trabajadores del Ayuntamiento y, sobre todo, a la participación de la ciudadanía que se suma para mantener vivas nuestras costumbres”, señaló.
El parque se llenará de altares de muertos, elaborados tanto por dependencias municipales como por familias y colectivos ciudadanos. Todos serán evaluados por su creatividad, narrativa y apego a la tradición.
“Cada altar es una muestra del talento y del cariño con el que las y los zapopanos recuerdan a sus seres queridos. Nos llena de orgullo ver cómo año con año más personas se suman a esta iniciativa, haciendo suyo este espacio de expresión y memoria”, dijo Vázquez Ortiz.
La velada incluirá también un concurso de disfraces que promete ser una de las escenas más entrañables de la noche. Niñas y niños desfilarán con sus catrinas, calaveritas y personajes tradicionales, en una pasarela de alegría y color.
Este concurso se celebrará el 1 de noviembre, con el propósito de promover la participación familiar en un entorno seguro y festivo.
Como cada año, habrá un altar comunitario y el Muro de los Recuerdos, donde las familias podrán colocar fotografías y mensajes para sus seres queridos.
“Queremos que todas y todos se sientan parte de esta velada. El altar comunitario es un símbolo de unión y de identidad, una manera de compartir la memoria de nuestros seres queridos y de mantener vivas nuestras raíces”, subrayó el coordinador.
El programa artístico combinará tradición y modernidad, donde la Orquesta Sinfónica de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ofrecerá un concierto especial, acompañado de ballet folklórico, espectáculos de luz en la fuente danzarina, música Candlelight, pintacaritas y pan de muerto para compartir.
“Zapopan es un municipio que honra sus tradiciones, pero también promueve la convivencia y la cultura. Con eventos como este reafirmamos que nuestras tradiciones pueden convivir con la innovación y seguir reuniendo a las familias en torno a la memoria y la celebración de la vida”, concluyó Vázquez Ortiz.
– Por Francisco Junco
En una sesión cargada de contrastes, el Cabildo de Guadalajara aprobó una ampliación al Presupuesto de Egresos 2025 por 51.5 millones de pesos, provenientes de convenios con el Gobierno del Estado y de participaciones federales.
Aunque el dictamen fue aprobado por 14 regidores, 3 en contra y una abstención, el debate se extendió con fuertes acusaciones de desvíos, reclamos por prioridades de gasto y defensas encendidas sobre la gestión financiera del municipio.
El regidor de Morena, José María Martínez, fue uno de los más críticos al señalar que las reasignaciones del presupuesto municipal “parten, en principio, de una ilegalidad”.
Con voz firme, acusó a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, de “haber desviado más de 320 millones de pesos para comprarle carros a sus cuates de la burocracia dorada y naranja” y otros 318 millones “para los carísimos camiones de basura”.
Según dijo, “hoy vamos a comprar, por 22 millones de pesos, plantitas, para que el acento mundialista se vea bien bonito”, mientras que colonias como Lomas del Paraíso o San José “siguen olvidadas”.
Desde el PRI, el regidor Julio Covarrubias adoptó una postura más mesurada, pero también con reservas. Afirmó que votaría a favor del dictamen “con la condición clara de que el ayuntamiento debe ejercer estos recursos con absoluta responsabilidad, transparencia y eficiencia”.
Subrayó que su voto, a favor, no es un “cheque en blanco”, sino un compromiso vigilante. “No se trata sólo de cifras”, dijo, “sino de servicios, programas y obras que la ciudadanía está esperando”.
Por parte de Morena, Juan Alberto Salinas reforzó las críticas. Aseguró que el gobierno tapatío “le quita recursos a lo prioritario, como el mantenimiento de inmuebles, alimentos para policías y bomberos, e instrumental médico, mientras aumenta los gastos en vehículos, publicidad y congresos”.
Añadió que “a lo que le apuestan es a la frivolidad y a la imagen; lo que pierde es la sensibilidad y la empatía con esa Guadalajara que se encuentra profundamente olvidada”.
El oficialismo defendió con firmeza las modificaciones. Salvador Alcázar Mendívil, regidor de Movimiento Ciudadano, afirmó que la ampliación presupuestal “responde a necesidades operativas, laborales e infraestructurales” y que busca fortalecer políticas públicas de inclusión social, seguridad y servicios.
“Esta no es una simple modificación contable”, sostuvo, “es una decisión política que responde a las exigencias de las tapatías y los tapatíos” y detalló que los nuevos recursos permitirán adquirir chalecos balísticos, equipo médico, software, plantas para espacios verdes y avanzar en siete obras prioritarias, como la intervención del mercado San Juan de Dios y la rehabilitación del Paseo Fray Antonio Alcalde.
Desde la oposición, la regidora Teresa Naranjo, también de Morena, fue contundente al describir “una ciudad visiblemente fracturada por la falta de atención en los servicios públicos”. Criticó que se privilegie “el confort burocrático sobre la funcionalidad urbana” y cuestionó las compras de vehículos de lujo.
“El verdadero lujo de Guadalajara no debe ser la oficina del funcionario, sino una ciudad limpia, segura y funcional para sus habitantes”, afirmó.
A nombre del bloque oficialista, la regidora Ana Isabel Robles Jiménez defendió la legalidad de las reasignaciones y felicitó a la presidenta Delgadillo por su “visión de gobierno”.
Recordó que los cambios presupuestales están sustentados en los artículos que facultan a la Tesorería para realizar transferencias durante el ejercicio fiscal.
“Hoy nos encontramos ante la transparencia y la rendición de cuentas de todo lo que ha sucedido”, dijo, ”Celebro la compra de camiones de limpieza y la inversión en ambulancias y equipo médico para las Cruces Verdes”.
Entre aplausos y rostros tensos, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo García, cerró la discusión sometiendo a votación el dictamen que finalmente fue aprobado por mayoría.
La sesión concluyó con el eco de un debate que, más allá de los números, reflejó dos visiones de ciudad: una que defiende la inversión social y otra que denuncia opacidad y lujo innecesario en la administración tapatía.
– Por Mario Ávila
La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, advirtió que el Presupuesto 2026 y la miscelánea fiscal presentados por la fracción parlamentaria de Morena, representan un golpe directo a las familias mexicanas y un castigo para Jalisco, uno de los estados que más aporta al país.
Planteó que, disfrazados de temas de salud y desarrollo, «aumentan los impuestos cuando habían prometido no hacerlo. Morena miente porque ya no tiene dinero: la deuda pública se ha disparado y no se refleja en seguridad, infraestructura ni bienestar”.
Destacó que Jalisco aporta ocho de cada cien pesos a la economía nacional, pero recibe apenas una fracción. «No pedimos privilegios, exigimos equidad. Jalisco merece respeto y justicia presupuestal”, afirmó.
Por su parte, el presidente municipal de Autlán, Gustavo Martínez, respaldó la exigencia de la dirigencia estatal. “Somos el primer contacto con la ciudadanía y los recursos no llegan. Los municipios necesitan apoyo federal para atender las necesidades reales de la gente”.
En su oportunidad, la diputada Cuquis Camarena, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, denunció que la propuesta federal incluye 72 nuevos incrementos de impuestos, entre ellos aumentos al ISR, a las entradas de museos y al consumo de productos básicos. “Desde el PRI vigilaremos que en Jalisco no se repliquen esos abusos y que se proteja la economía familiar”.
Durante el encuentro estuvieron presentes las y los presidentes municipales del PRI en Jalisco, así como diputadas y diputados locales del grupo parlamentario priista, quienes respaldaron el llamado a un trato justo y equitativo para el estado.
Laura Haro concluyó diciendo que el PRI Jalisco seguirá defendiendo a las y los jaliscienses y exigiendo un trato justo. “Ya basta de gobiernos que castigan a quienes más aportan. Morena desprecia a Jalisco y nosotros no lo vamos a permitir”.
– Por Mario Ávila
El resultado de un año de trabajo en el Senado de la República representando a Jalisco, será dado a conocer el próximo sábado 25 de octubre en los salones de Expo Guadalajara, por parte del senador Carlos Lomelí Bolaños.
En un ejercicio de rendición de cuentas a los jaliscienses tendrá su Primer Informe Legislativo de “un año de trabajo firme, de territorio y de resultados que aportan al segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: más justicia, más bienestar y más esperanza para todas y todos”, según planteó el senador.
En los últimos días, la actividad en el Senado ha sido intensa y determinante, ya que le ha correspondido a la Cámara Alta, aprobar reformas importantes como la Ley de Amparo, “una medida que moderniza la justicia y la acerca al pueblo; con esta reforma fortalecemos los derechos humanos, reducimos la burocracia y promovemos procesos más ágiles y digitales”, afirmó Lomelí.
En días recientes también se votaron los nombramientos de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reafirmando el compromiso de Morena con instituciones más eficientes, paritarias y al servicio de la ciudadanía.
Además, desde el Senado de la República, se aprobó la nueva Ley Aduanera, impulsada desde la Presidencia, «para fortalecer la recaudación y garantizar un mejor control en las operaciones del comercio exterior. Con esta reforma, cuidamos que el dinero del pueblo se quede con el pueblo, combatiendo la corrupción y asegurando que cada recurso se use en beneficio de México», abundó el legislador.
Apenas hace menos de un mes al senador Lomelí Bolaños la tarea de presidir la Comisión de Marina, que durante más de medio año había estado inactiva bajo la presidencia del líder priísta Alejandro Moreno Cárdenas.
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