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MUNDO

La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

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Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua «gestionada de forma segura».

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como HondurasArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que «más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas».

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago  extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua «se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país» por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además «por medio de un cartel». Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes. 

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua«.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que «el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado».

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado» implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina «demanda inelástica«, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación,  a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

 

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MUNDO

El nacionalismo de Donald Trump: ¿Una solución o un riesgo?

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Opinión, por Samantha Contreras Guerrero //

La victoria de Donald Trump, basada en un mensaje de fuerte nacionalismo, marca un cambio que impactará tanto a Estados Unidos como al resto del mundo. Sus promesas de traer empleos de vuelta y proteger la economía estadounidense responden al descontento de muchos de sus votantes.

Su idea de “América Primero” busca hacer que Estados Unidos sea más independiente y fuerte, pero en un mundo tan conectado, esta visión enfrenta muchos retos y posibles problemas.

Para los estadounidenses, en un mercado donde casi todo se produce a través de cadenas internacionales, enfocarse en lo nacional podría hacer que los precios aumenten y haya menos opciones para los consumidores. Este tipo de enfoque proteccionista no solo implica costos altos para las empresas, sino que podría dar una falsa idea de seguridad económica, ya que el crecimiento estaría limitado solo al mercado interno, dejando de lado oportunidades con otros países.

En el ámbito internacional, el enfoque nacionalista de Estados Unidos genera preocupación entre sus aliados. Países como México, que dependen en gran medida del comercio y la inversión estadounidense, ven en riesgo la posibilidad de mantener relaciones estables e igualitarias.

El decremento en sectores como el nearshoring —donde América Latina ha visto una oportunidad de crecimiento— podrían ser afectados con este tipo de políticas. Además, al alejarse de acuerdos internacionales, Estados Unidos podría debilitar el sistema de cooperación global, necesario para enfrentar problemas complejos como el conflicto en Oriente Medio o la crisis climática.

La gran pregunta es si este regreso al proteccionismo es una solución real a los problemas económicos actuales. La inflación y la desigualdad están en aumento en todo el mundo, y Estados Unidos no es la excepción. En lugar de cerrarse, podría beneficiarse de una política que tome en cuenta las necesidades de todos sus sectores, buscando reducir las diferencias internas como la acumulación de riquezas, sin renunciar a los beneficios del comercio global.

El nacionalismo de Trump es una reacción a los problemas de un sistema económico que ha dejado atrás a muchas personas en Estados Unidos. Sin embargo, en un mundo hiperconectado, el aislamiento no puede evitar generar preocupación. Aunque la intención de proteger a los ciudadanos es válida, esta ideología corre el riesgo de afectar a largo plazo a aquellos mismos sectores que busca ayudar, reduciendo la capacidad de Estados Unidos para influir y crecer en la economía global.

E-mail: samcg2002@gmail.com

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MUNDO

Querámoslo o no, Donald Trump ha vuelto

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Desde los campos del poder, por Benjamín Mora Gómez //

Lo recuerdo, era mi cumpleaños 20 y también domingo, y corría el año de 1973, y mi padre me regalaba “El Gran Gatsby”, la muy apasionante novela de F. Scott Fitzgerald, dos de sus ejes contenidos me cautivaron: La alienación y el impulso de Jay Gatsby por sentirse aceptado por una alta sociedad segregante, aun y a pesar de ser inmensamente rico, realidad que quizá se expresa más claramente en una frase de la obra: “La vida es una lucha de apariencias, una lucha de lograr y de tener más de lo que uno merece”.

Donald Trump es un claro ejemplo, muy actual y presente en el mundo, de la fuerza del impulso de tenerlo todo: Poder económico y poder político. Donal Trump está entre los hombres más ricos de Estados Unidos, y fue el 45º y será el 47º presidente de aquella nación.

Donald, quien perdió en 2020 ante Joe Biden al buscar reelegirse como presidente de Estados Unidos, cuatro años después descarriló a Biden en su también anhelada reelección, obligándolo a abandonar la carrera presidencial, y derrotó ampliamente a Kamala Harris, la relevo en el Partido Demócrata.

Donald Trump ha vuelto al poder más fuerte de lo jamás imaginado para cumplir con sus planes de preeminencia y grandeza norteamericana e imponer su visión conservadora de Estados Unidos ante sí mismo y ante el mundo. Trump es un hombre transparente; jamás deja nada a la imaginación y dudas de sus seguidores y detractores. Así, por ejemplo, para él, la Teoría de Género tiene los días contados en EEUU y sus promotores sabrán que tienen ante sí a su peor pesadilla.

El presidente Donald Trump, a partir del 20 de enero próximo, actuará con todo el poder para poner orden en su frontera con México en dos temas fundamentales, las acciones de los cárteles de la droga, declarándolos terroristas, y el tráfico humano, ambos vistos como gravísimas omisiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Marco Rubio, próximo secretario de Estado norteamericano, lo ha acusado públicamente, y nos lo recordará todos los días. Rubio es de palabra dura y mano aún más dura. Para Trump y Rubio los narcotraficantes son terroristas y los perseguirá con toda la fuerza del Estado norteamericano.

La esperanza nunca debería sustentarse en la venganza. No entiendo a quiénes cifran la satisfacción de su venganza hacia López Obrador en Marco Rubio. Sea cual fuere el resultado de la dureza del nuevo secretario de Estado norteamericano, es mi deseo que México vuelva, de mutuo propio, al orden y la paz, y que el gobierno y el congreso mexicanos no nos convoquen a rasgarnos las vestiduras ante las exigencias norteamericanas. Son justas.

En México, muchos de quienes estaban a favor de Kamala Harris, hoy se muestran muy a favor de Donald Trump. Su nacionalismo se mantiene muy firme; sin embargo, aceptan que ya es tiempo de poner en orden las cosas en México pues el estado mexicano, sin duda, está doblegado y resquebrajado ante los cárteles de la droga. Claudia Sheinbaum no ha demostrado estar dispuesta a cumplir a cabalidad con su mandato presidencial en materia de seguridad a pesar de los buenos oficios de Omar García Harfuch pues, peor, no desea tomar el mando que aun detenta López Obrador.

Sheinbaum deberá entender que solo tiene de dos sopas, o se arma de valor ante los cárteles y los traficantes de gente y los combate con toda la fuerza del Estado mexicano, o los gringos cumplirán con esa su obligación constitucional, interviniendo aun en nuestro territorio. Que de nada le valdrán las bravatas de Marcelo Ebrard en materia económica ante los gobiernos norteamericano y canadiense.

Que esto nos es pleito entre escolapios en donde uno echará al otro a su padre que es bombero y lo mojará con su manguera, y el otro a su padre que es policía y lo llevará a la cárcel. Que en cosas de gobierno se actúa conforme a la ley y se cumple con los tratados internacionales. Que Naciones Unidas tiene un centro en contra del terrorismo que a México obliga.

Un adelanto de la presión internacional que el gobierno de México enfrentará en los años próximos ya lo recibimos en esta semana. La calificadora Moody’s cambió de estable a negativa la perspectiva económica de México por el debilitamiento de nuestro Estado de derecho por la reforma judicial y el deteriorado entorno institucional gubernamental, el esperado aumento en el costo de la deuda internacional de México y la mayor rigidez del gasto público, que podrían socavar nuestros resultados fiscales y económicos.

Tanto Moody’s, como los principales analistas de los futuros económicos en el mundo, coinciden en calificar como de muy alto riesgo la reciente reforma aprobada por Morena, PT y Verde al Poder Judicial. Sheinbaum, obedeciendo a López Obrador, ha decidido alterar los controles y equilibrios del poder político y económico en México, y eso se le, se nos, cobrará muy caro.

Quiero invitarte a pensar en que Trump no está para salvarnos, ni Rubio para vengarnos. Ellos tienen sus tareas más allá del Rio Bravo. De este lado, todo depende de nosotros. Vamos, ni Sheinbaum hará nada para salvarnos; a ella solo le interesa obedecer a López.

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MUNDO

En riesgo la hegemonía estadounidense: El retorno de Donald Trump; retos económicos y sociales

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Actualidad, por Alberto Gómez R. //

En los últimos cuatro años, la economía y la cohesión social de Estados Unidos han enfrentado un deterioro significativo, marcando uno de los periodos más complicados en su historia reciente.

La administración de Joe Biden, aunque intentó implementar políticas para estimular la recuperación tras la pandemia de COVID-19, dejó profundas brechas económicas y sociales que ahora desafían al presidente electo Donald Trump. Con un escenario global en transformación y un entorno interno polarizado, Estados Unidos se encuentra en un momento crítico de redefinición de su papel como potencia mundial.

LA ECONOMÍA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE BIDEN

La inflación se convirtió en uno de los mayores retos durante la administración Biden. La epidemia de Covid-19 dejó tras de sí trastornos económicos; en junio de 2022, la inflación alcanzó un pico histórico del 9.1%, las tasas más altas que los estadounidenses han experimentado en 40 años, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) lo que, por supuesto, en la práctica suponía un recorte salarial. La explosión del gasto militar para apoyar las guerras en Ucrania y Gaza también ha alimentado la inflación.

Como resultado, el nivel de vida de las y los trabajadores estadounidenses ha disminuido bajo la administración Biden, mientras que el auge del mercado de valores ha ayudado a las y los estadounidenses más ricos a hacerlo bastante bien. Este fenómeno, impulsado por interrupciones en las cadenas de suministro globales, estímulos fiscales masivos y el aumento de los precios de la energía, erosionó el poder adquisitivo de las familias estadounidenses. Aunque las medidas de la Reserva Federal lograron reducir la inflación a un 3.7% al cierre de 2024, esta cifra seguía por encima del objetivo del 2%, lo que refleja un entorno económico aún frágil.

El aumento del costo de vida se manifestó en productos esenciales. Según la Administración de Información Energética (EIA), el precio promedio de la gasolina aumentó un 40% entre 2020 y 2024. Asimismo, los alimentos básicos experimentaron un incremento promedio del 25%, afectando especialmente a las familias de ingresos medios y bajos. Esta situación exacerbó la desigualdad, ya que los salarios reales apenas crecieron un 3% durante el mismo periodo, según el Economic Policy Institute.

DÉFICIT FISCAL Y DEUDA PÚBLICA

El déficit fiscal alcanzó los $1.7 billones en 2024, mientras que la deuda pública superó los $36 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un incremento alarmante respecto a los $27 billones reportados al inicio de la administración Biden. Este nivel de endeudamiento, alimentado por programas de estímulo económico y políticas de infraestructura, limita la capacidad del gobierno para responder a futuras crisis económicas. Además, el creciente costo del servicio de la deuda, derivado del aumento de las tasas de interés, se ha convertido en una carga significativa para el presupuesto federal.

La brecha económica continuó ampliándose durante la administración Biden. El 1% más rico de la población concentró el 38% de la riqueza total en 2023, mientras que los sectores más vulnerables enfrentaron mayores dificultades para acceder a empleos estables, y apenas aumentaron un 4% en términos reales, según un informe de la Oficina del Censo. Según el Departamento de Trabajo, el empleo precario representó el 30% de los nuevos puestos creados entre 2020 y 2024, con un aumento notable en los contratos temporales y trabajos a tiempo parcial. Esto ha exacerbado la pobreza en comunidades vulnerables, con un índice de pobreza que aumentó del 11.4% en 2020 al 14.7% en 2024.

En 2016, Hillary Clinton demostró su desprecio por los partidarios de Trump, entonces abrumadoramente blancos, etiquetándolos como “los deplorables”, en lugar de tratar de reconocer la fuente de su ira: la gran desigualdad en el statu quo económico. Ocho años después, con un apoyo a Trump mayor en prácticamente todos los grupos demográficos, es imposible ignorar la desesperación económica que alejó del Partido Demócrata a las y los electores, cuando Biden seguía presumiendo de que la economía estadounidense durante su mandato es “la más fuerte del mundo”.

FACTORES SOCIALES: POLARIZACIÓN Y RADICALIZACIÓN

La polarización política se ha intensificado, dando lugar a movimientos separatistas que, aunque minoritarios, representan una amenaza para la unidad del país. Uno de los fenómenos más alarmantes es el resurgimiento de movimientos secesionistas en estados como Texas y California.

Líderes locales y organizaciones políticas han planteado referendos para separarse de la unión federal, alegando incompatibilidades políticas y económicas. Aunque estos movimientos no tienen un apoyo mayoritario, su existencia refleja una fragmentación preocupante en la unidad nacional. Grupos como «Texit», que abogan por la independencia de Texas, han ganado tracción en sectores conservadores descontentos con las políticas federales. Estas iniciativas reflejan el creciente desencanto con el sistema político.

La radicalización ideológica también se ha intensificado. Los crímenes de odio aumentaron un 18% entre 2020 y 2024, según el FBI, afectando principalmente a comunidades afroamericanas, asiáticas, judías y musulmanas. Este aumento está vinculado al resurgimiento de grupos extremistas y al uso de las redes sociales como plataformas para propagar discursos de odio.

RETOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Con la reelección de Donald Trump, Estados Unidos se adentra en un periodo de grandes desafíos. Su promesa de «recuperar la grandeza estadounidense» enfrenta múltiples obstáculos, tanto internos como externos.

Trump ha anunciado un ambicioso plan para reindustrializar Estados Unidos y reducir la dependencia de las cadenas de suministro globales. Sin embargo, implementar esta estrategia requerirá superar barreras como la resistencia de aliados comerciales y la necesidad de inversiones masivas en infraestructura. También deberá manejar las tensiones con China, el principal socio comercial de Estados Unidos, en un momento en que las relaciones bilaterales están en su punto más bajo en décadas.

El presidente electo ha prometido recortes de impuestos para estimular el crecimiento económico, pero esta medida podría agravar el déficit fiscal si no se acompaña de reducciones en el gasto público. Además, la capacidad de implementar estas políticas dependerá de su habilidad para negociar con un Congreso dividido, donde los demócratas probablemente resistirán cualquier iniciativa que reduzca programas sociales.

El enfoque de Trump en políticas ultraderechistas, incluida la restricción de la inmigración y la eliminación de regulaciones ambientales, podría generar más divisiones. Aunque estas medidas cuentan con el apoyo de su base electoral, enfrentan la oposición de sectores progresistas y moderados, lo que podría derivar en mayores tensiones sociales.

EL FIN DE LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE

El bloque BRICS+ ha emergido como un desafío significativo para la hegemonía estadounidense. Con la inclusión de nuevos miembros como Arabia Saudita, este grupo busca crear un sistema financiero alternativo que reduzca la dependencia del dólar. Según el Banco Mundial, el comercio intrabloque creció un 15% anual durante los últimos cuatro años, fortaleciendo su influencia económica y política.

El dólar, pilar del sistema financiero internacional, está perdiendo su posición dominante. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la proporción de reservas globales en dólares cayó del 61% en 2020 al 55% en 2024. Este descenso refleja una creciente diversificación hacia monedas como el yuan chino y el euro, impulsada por iniciativas del BRICS+ y otros bloques emergentes.

En el ámbito militar y geopolítico, Estados Unidos enfrenta el ascenso de China como potencia dominante en el Pacífico y la reactivación de Rusia en Europa del Este. Además, la influencia de potencias regionales como Irán y Arabia Saudita en el Medio Oriente limita la capacidad de Estados Unidos para mantener su dominio en esta región estratégica.

El futuro socioeconómico de Estados Unidos dependerá en gran medida de la capacidad de la administración Trump para manejar una economía debilitada, una deuda insostenible y una sociedad fracturada. La reconciliación política y la creación de un camino inclusivo para el desarrollo serán cruciales para evitar una crisis prolongada.

Aunque Trump tiene un historial de promover el crecimiento económico, los riesgos asociados con su estilo confrontacional y sus políticas divisivas no pueden ser ignorados. El equilibrio entre reformar el status quo y evitar una mayor radicalización será la prueba definitiva para su liderazgo.

Estados Unidos enfrenta uno de los periodos más complejos de su historia contemporánea. La administración Biden dejó un legado de desafíos económicos y sociales que el presidente electo Donald Trump deberá abordar en un contexto de polarización interna y competencia internacional.

El éxito o fracaso de las políticas de Trump determinará no solo el rumbo de Estados Unidos, sino también el equilibrio de poder en el mundo. Sin embargo, para superar estos retos, será necesario un liderazgo que trascienda la retórica divisiva y busque soluciones inclusivas y sostenibles. En un mundo cada vez más multipolar, el destino de Estados Unidos dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades globales sin perder de vista los principios democráticos y la cohesión interna que alguna vez lo definieron como nación.

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