Sin ITEI, la transparencia en Jalisco entra en fase delicada: Nuevo modelo arranca con dudas y rezagos

Por Francisco Junco

La discusión pública sobre el futuro de la transparencia en Jalisco se encendió desde noviembre de 2025, cuando el andamiaje institucional que durante años operó como garante del acceso a la información entró en fase de desmantelamiento.

El punto de quiebre fue la extinción del ITEI, una decisión legislativa que obligó al Estado a rediseñar todo su sistema de rendición de cuentas, trasladando funciones a dependencias internas y abriendo un debate que combinó argumentos técnicos, disputas políticas y alertas de la sociedad civil.

El cierre operativo del instituto se concretó el 28 de noviembre de 2025. Autoridades estatales sostuvieron entonces que el derecho ciudadano a solicitar información pública no quedaría suspendido, pues los mecanismos administrativos habituales seguirían funcionando mientras se definía la nueva arquitectura legal.

Desde el discurso oficial se insistió en que no se trataba de una eliminación del derecho, sino de una reconfiguración institucional que, según esa narrativa, permitiría mayor eficiencia y armonización con reformas federales.

Sin embargo, desde el inicio surgieron cuestionamientos. Militantes juveniles del PAN, y otros grupos civiles denunciaron públicamente que la desaparición del órgano autónomo significaba el debilitamiento de los contrapesos y advertían un riesgo estructural: que la transparencia dejara de ser vigilada por un ente independiente y pasara a depender de las mismas autoridades obligadas a rendir cuentas. Para estos actores, el cambio no era administrativo, sino político.

En paralelo, el Congreso estatal quedó bajo presión para emitir legislación secundaria que sustituyera el marco jurídico anterior. El plazo legal para aprobarla vencía el 15 de enero de 2026. Dentro del Poder Legislativo, el protagonismo recayó en el diputado Alejandro Barragán, integrante de Morena y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética. Desde su posición anunció que preparaban una propuesta integral que permitiría mantener intacto el derecho de acceso a la información durante la transición.

Barragán sostuvo en ese momento que el proyecto legislativo ya estaba avanzado y que el objetivo central consistía en asegurar continuidad operativa. Según explicó, la reforma buscaba crear un sistema que distribuyera responsabilidades entre contralorías, poderes públicos y municipios, con mecanismos de supervisión que sustituyeran al modelo anterior. Su planteamiento fue presentado como una solución técnica para evitar vacíos normativos.

Pero el calendario legislativo comenzó a tensionarse. Conforme se acercaba la fecha límite, el dictamen no había sido discutido en comisión. El propio legislador reconoció públicamente que aún existían ajustes pendientes y que el Congreso no alcanzaría a votar el paquete en el tiempo previsto, lo que encendió alertas sobre un periodo transitorio sin reglas claras.

“Se están generando… condiciones que lamentablemente pudieran promover eso”.

La declaración, referida a posibles escenarios de opacidad, marcó un punto de inflexión discursivo, porque provenía del mismo actor encargado de conducir la reforma. La frase fue interpretada en círculos políticos como reconocimiento de que el proceso legislativo avanzaba más lento de lo planeado y que la transición institucional no estaba completamente blindada.

Mientras tanto, organizaciones civiles comenzaron a intervenir en la discusión. El colectivo Compromiso Jalisco exhortó a autoridades estatales y municipales a garantizar plenamente el derecho a la información durante el cambio de modelo. Su postura no fue de rechazo frontal a la reforma, pero sí de advertencia, que sin lineamientos claros y sin un órgano autónomo, el riesgo no era hipotético sino operativo.

El debate se amplió cuando investigaciones periodísticas exhibieron casos de presunta opacidad en administraciones municipales, incluyendo portales oficiales sin contratos publicados ni tabuladores salariales. Estos hallazgos alimentaron la narrativa crítica y reforzaron la percepción de que el rediseño institucional coincidía con fallas prácticas de transparencia en distintos niveles de gobierno.

En diciembre de 2025, el Congreso de Jalisco informó que las reformas secundarias estaban listas para votarse, lo que generó expectativas de cierre legislativo.

Legisladores insistieron en que el nuevo sistema fortalecería la vigilancia interna y modernizaría el acceso ciudadano a datos públicos. La argumentación oficial planteó que el rediseño no debilitaba la transparencia, sino que la hacía más eficiente y menos burocrática.

No obstante, el vencimiento del plazo legal en enero sin aprobación definitiva reforzó las críticas. Analistas señalaron que el problema no era solo el contenido de la reforma, sino el lapso intermedio en que el Estado operaba sin un marco plenamente definido. Ese intervalo fue descrito como zona gris normativa, donde coexistían obligaciones legales previas con estructuras institucionales ya inexistentes.

En febrero de 2026 se informó que el Congreso aprobó leyes destinadas a sustituir el esquema anterior y establecer el nuevo sistema estatal de transparencia. La decisión legislativa cerró formalmente la fase de transición normativa, aunque especialistas subrayaron que la evaluación real dependerá de la implementación y de la capacidad de las nuevas instancias para resolver recursos de revisión, garantizar publicidad proactiva y evitar discrecionalidad.

El balance del periodo revela un proceso complejo, donde el gobierno estatal defendió la reforma como modernización administrativa; actores opositores la interpretaron como debilitamiento institucional; y organizaciones civiles optaron por una postura vigilante, centrada en exigir garantías operativas.

En ese tablero, el diputado Alejandro Barragán surge como el promotor del rediseño, articulador legislativo y, al mismo tiempo, voz que admitió riesgos durante la transición.

La discusión sobre transparencia en Jalisco, lejos de cerrarse con la aprobación legal, entra ahora, en su fase más delicada. La prueba práctica. En materia de acceso a la información, el verdadero examen no ocurre en el discurso parlamentario, sino en la capacidad cotidiana del Estado para responder preguntas incómodas.