Soberanía y realismo

Opinión, por Miguel Anaya

La soberanía nacional suele invocarse en México con solemnidad: se levanta, se besa y se presume, aunque por dentro ya esté rota.

Ahora el llamado a la soberanía ocurre dentro del marco de las acusaciones ventiladas en la Corte de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y otros personajes de ese ecosistema donde la política y el narcotráfico no parecen enemigos, sino compañeros de generación.

La reacción inmediata no fue exigir claridad, ni pedir investigaciones serias, ni preguntarse por qué un tribunal extranjero tiene más interés en nuestros funcionarios que nuestras propias fiscalías. No. La reacción fue la vieja cantaleta: “Están violando nuestra soberanía”.

Conviene entonces hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que México ejerció plenamente esa soberanía que hoy dice defender?

Porque ese concepto, desde las visiones de Jean Bodin hasta Thomas Hobbes, no es solo una consigna ni una frase útil para discursos patrióticos. Es la capacidad real del Estado para gobernar su territorio, imponer la ley y garantizar que dentro de sus fronteras nadie mande más que él.

Y ahí empieza la tragedia.

En amplias regiones del país no manda el Estado. Lo sabe el comerciante que paga piso, lo sabe el agricultor que siembra bajo amenaza, lo sabe el alcalde que pide permiso para gobernar. Lo sabe también el ciudadano común, que aprendió hace años que la ley no siempre viene con uniforme, y que a veces el verdadero gobierno llega en una camioneta sin placas.

Defender la soberanía en ese contexto tiene algo de teatro absurdo. Es como discutir la propiedad de la casa mientras el incendio ya alcanzó la cocina.

La realidad es que la soberanía mexicana no comenzó a vulnerarse cuando una corte de Nueva York mencionó nombres incómodos. Se vulneró mucho antes, cuando el crimen organizado dejó de ser un fenómeno clandestino para convertirse en una estructura paralela de poder; cuando los gobiernos, de todos los colores, confundieron gobernabilidad con negociación; cuando el Estado renunció silenciosamente a su monopolio legítimo de la fuerza y permitió que otros administraran territorios, economías y vidas.

Ser mexicano no debería consistir en defender automáticamente al gobierno. Debería consistir en defender a los mexicanos. Y si la principal amenaza para ellos no está en la Casa Blanca sino en los pactos locales entre poder político y crimen organizado, entonces la obligación moral cambia.

No se traiciona a la patria señalando al narcoestado. Se traiciona protegiéndolo.

Por supuesto, tampoco hay que romantizar al vecino del norte. Washington no actúa por filantropía ni por amor a la justicia universal. Actúa por interés, como lo han hecho siempre los imperios. Le preocupan sus fronteras, sus consumidores, su seguridad y sus elecciones. Nuestros muertos suelen ser una nota al pie de sus prioridades estratégicas.

Pero que sus motivos sean utilitarios no vuelve falsas nuestras miserias.

A veces el argumento soberanista se usa no para defender a México, sino para blindar a quienes lo han lastimado, y allí aparece el verdadero dilema para Claudia Sheinbaum: proteger al régimen bajo el disfraz del nacionalismo o asumir el costo político de enfrentar una estructura que lleva décadas mezclando poder institucional y poder criminal.

No hay salida elegante. Defender automáticamente a los propios parecerá complicidad. Entregarlos por presión externa parecerá subordinación. Pero gobernar no consiste en elegir entre opciones fáciles, sino en asumir costos incómodos. Y quizá el acto más revolucionario en México sea uno ridículamente simple: investigar de verdad y actuar en consecuencia.

Porque la pregunta de fondo no es si Estados Unidos tiene derecho a señalar. La pregunta es por qué México dejó de tener voluntad para hacerlo.

Ahí es donde se rompe el pacto social.

Lo demás —los discursos, las banderas, los escándalos diplomáticos y las indignaciones televisadas— son apenas el decorado de una obra que llevamos demasiado tiempo fingiendo no conocer.