La labor del embajador

Opinión, por Gerardo Rico

En los últimos días del recién concluido mes de abril, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, enfrentó una severa crisis política y acusaciones por parte de legisladores de Morena y autoridades federales, por la presunta operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en operativos de seguridad en ese estado.

Dos agentes de la CIA, junto con dos funcionarios mexicanos, murieron el 19 de abril cuando su vehículo se precipitó en una remota carretera de montaña en Chihuahua, al regresar de un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetamina. Las autoridades estatales señalaron que solo dos extranjeros participaron en la operación.

El episodio desencadenó un tenso enfrentamiento entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno del estado de Chihuahua. La mandataria afirmó en repetidas ocasiones que su gabinete de seguridad no tenía conocimiento de las actividades de la CIA en la entidad y advirtió que estas podrían haber sido ilegales, por lo que se inició una investigación federal sobre el caso.

Sheinbaum también exigió información a Estados Unidos para esclarecer el papel de los agentes de la CIA en el operativo y determinar si ello infringía las leyes de seguridad de México, que prohíben la actuación de agentes extranjeros en el país sin autorización federal previa.

El 29 de abril, el escenario dio un giro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a diez funcionarios de esa entidad por tres delitos: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos.

El caso fue presentado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y asignado a una jueza federal; por cierto, el mismo distrito donde se han llevado procesos contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. Rocha Moya y los otros acusados son vinculados a “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A año y medio de haber asumido la Presidencia de la República, la mandataria mexicana enfrenta una encrucijada que puede definir el futuro inmediato de la relación México–Estados Unidos. La presión sobre el gobierno mexicano es inminente: la entrega o no de Rocha Moya se ha convertido en una decisión de alto impacto, mientras que la posibilidad de operaciones unilaterales de la Unión Americana en territorio nacional aparece como un riesgo cada vez más latente.

Este riesgo no se limita al ámbito de la seguridad. La relación bilateral en su conjunto atraviesa un momento de tensión. Basta recordar la coordinación inédita entre agencias estadounidenses y dependencias mexicanas desde el inicio de la actual administración. También está en juego la revisión del T-MEC, próxima a iniciar, en un contexto marcado por la percepción de debilidad institucional.

Por lo pronto, la Presidenta solicitó pruebas irrefutables a las autoridades estadounidenses, en apego a las leyes mexicanas, y subrayó que la Fiscalía General de la República será la única instancia que determinará si procede una acción penal contra los acusados. Afirmó que no se encubrirá a nadie, pero advirtió que, sin evidencias sólidas, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.

Aunque pocos lo defenderían, el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, es un personaje polémico. Fue mencionado en la carta de Ismael “Mayo” Zambada tras su detención en Texas, en julio de 2024. Zambada afirmó que tenía programada una reunión con él y con Héctor Melesio Cuén —asesinado ese mismo día—, lo que generó una fuerte controversia política.

Seis días antes de las acusaciones contra Rocha Moya, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson —exmilitar y exagente de la CIA—, advirtió en Sinaloa que la corrupción y la extorsión son obstáculos directos para la inversión y el desarrollo de proyectos estratégicos en América del Norte.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum no se hizo esperar: “Un embajador no puede tener actitudes injerencistas. Es muy importante el respeto mutuo; nosotros hemos sido muy respetuosos. Nuestro interés es mantener una relación de respeto, de colaboración y de entendimiento, pero debe quedar muy claro: México debe ser respetado por todas las naciones del mundo”.

Los desencuentros entre los gobiernos de México y Estados Unidos se han multiplicado en las últimas semanas. La relación bilateral se vuelve cada vez más compleja ante las acusaciones directas de vínculos con el narcotráfico hacia políticos de alto nivel de la llamada Cuarta Transformación. A ello se suman filtraciones a medios de comunicación que alimentan versiones sobre una eventual intervención armada en territorio nacional.

Tremendo reto tiene por resolver la presidenta Claudia Sheinbaum en el ámbito externo y, aún más, en el interno, frente a las distintas corrientes de Morena: mientras unos impulsan la colaboración directa con el gobierno estadounidense, otros exigen la defensa irrestricta de la soberanía nacional.