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OPINIÓN

Cobijo y caída: Sinaloa, la república de los compadres

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Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Llegó por fin la hora del desencuentro. Llegó, como casi siempre llegan estas cosas en México, no por la mano firme de la justicia mexicana —esa, hace años se nos hizo agua entre los dedos—, sino por el dedo extranjero que señala desde una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York.

Allí, en las mismas tribunas donde se escenificó la condena de Genaro García Luna, el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó la semana pasada un encausamiento contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; contra el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; contra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y contra siete personajes más, entre policías, exfuncionarios y operadores con apodos sacados del santoral del hampa: “Cholo”, “Tornado”, “Juanito”.

La acusación es de las que dejan astillas: conspiración para traficar narcóticos hacia Estados Unidos, posesión de armas automáticas y de dispositivos destructivos, conspiración para poseerlos. Cadena perpetua como castigo máximo. Cuarenta años, como mínimo. Y en el lenguaje seco de los fiscales norteamericanos, una afirmación que en este país no nos sorprende, precisamente porque hace tiempo dejó de ser noticia: que el Cártel de Sinaloa “no podría operar con efectividad y éxito sin la corrupción de políticos y agentes de la aplicación de la ley que se encuentran en su nómina de pagos”.

Pero antes de hablar del expediente, conviene hablar del cobijo. Porque para entender cómo se llegó hasta aquí hay que recordar el largo camino de las absoluciones anticipadas, de los espaldarazos de Estado, de los desplegados firmados en cadena por los gobernadores morenistas.

Hay que recordar, también, aquel agosto de 2024 —apenas a dos meses de que Andrés Manuel López Obrador entregara la banda— cuando, recién capturado “El Mayo” Zambada en una emboscada orquestada por los hijos de “El Chapo”, el tabasqueño y la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, viajaron a Sinaloa no a investigar, sino a abrazar. “Más claro, ni el agua —sentenció el tabasqueño con esa seguridad olímpica que le caracterizaba—, nunca fuiste convocado a ningún evento.” Y citó, con elocuencia de cronista de barrio, a Chico Ché: “No parará, compadre, no parará”.

No paró. La protección continuó.

Hagamos el inventario, porque a veces la memoria mexicana es tan flaca que necesita lista. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, prometió desde Sinaloa “tres años más” de colaboración con Rocha. La entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, viajó al estado para certificar, urbi et orbi, que el gobernador no estaba solo, que la Federación lo respaldaba. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y secretario de Organización del partido, acudió en pleno hervor de violencia a entregarle —mano a mano, en gesto que mereciera otra crónica aparte— su tarjeta de afiliación a Morena, ese sacramento laico de los nuevos tiempos.

La cúpula entera de los gobernadores oficialistas firmó un desplegado donde “rechazaba tajantemente los falsos señalamientos” del señor Zambada y ratificaba su confianza en un mandatario “caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la ley”. Y la presidenta, ya en Palacio Nacional, repetía la fórmula del catecismo: “Si hay pruebas, que se presenten”. Las pruebas llegaron. Llegaron del otro lado del Río Bravo.

Mientras tanto, en los pasillos del propio gobierno federal circulaban —según reveló en octubre la revista Proceso— documentos atribuidos al Centro Nacional de Inteligencia y a servicios de vigilancia militar mexicanos: una investigación puntual sobre Rocha Moya, sobre su hijo José y sobre el titular del SAT estatal, José Cárdenas. La inteligencia mexicana sabía. La presidenta sabía. El expresidente sabía. Y aun así todos eligieron la liturgia del “no hay que especular”.

Hay un momento en esta crónica del cobijo que merece leerse en voz alta, despacio, masticándolo. Lo registró el periodista Salvador García Soto. Le preguntó al gobernador cómo se gobernaba un estado con un cártel tan poderoso. La respuesta fue la siguiente: “Pues, mira, Salvador, no nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos; los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente”.

Léase de nuevo. Es el gobernador de un estado mexicano confesando, sin rubor, que pidió permiso al narco para serlo. Y nadie en el oficialismo cayó del caballo. Nadie. La frase quedó suspendida en el aire, sin consecuencias, mientras los desplegados de respaldo se multiplicaban como hongos después de la lluvia.

Hay otra revelación que el propio Rocha entregó —graciosamente y delante de testigos— en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025: que él no era el candidato de Morena en 2021, que el ungido había sido Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, pero que el dedo del entonces presidente López Obrador rompió la encuesta interna para imponer al maestro de Badiraguato. La política mexicana, ya se sabe, opera con encuestas para los inocentes y con dedazos para los iniciados.

Y entonces, jueves último, el gobernador anunció con voz solemne que él no pediría licencia. “Yo voy a seguir el proceso, todo el proceso, todo lo que me corresponde. El que nada teme, dijo, nada tiene que pagar. Le duraron las matemáticas, la honra y el desafío exactamente veinticuatro horas. La noche del viernes 1 de mayo —Día del Trabajo, simbolismo no menor— el gobernador de Sinaloa solicitó licencia temporal al Congreso del Estado, alegando que se separaba del cargo para “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”. Detrás de él, en cascada, el alcalde de Culiacán hizo lo propio en sesión extraordinaria de Cabildo. El senador Inzunza, hasta el cierre de estas líneas, guarda silencio.

En el caso de Sinaloa hay, además, sombras que no se han despejado. La sombra de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa, asesinado el mismo día de la captura del “Mayo” Zambada y cuyo caso quedó archivado en los cajones de la FGR. La sombra del avión “clonado” del que habló el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero —hoy embajador en Reino Unido, premio o exilio dorado, según se mire—. La sombra de una FGR que jamás llamó a declarar al gobernador. La sombra de un Estado mexicano que prefirió creer en la inocencia decretada desde la mañanera antes que en sus propios servicios de inteligencia.

Todo esto es, hoy por hoy, el primer gran desencuentro entre la administración de Claudia Sheinbaum y la de Donald Trump. Pero es, sobre todo, otra cosa: la radiografía de un sistema político donde el cobijo a los compañeros de movimiento se elevó a doctrina de Estado, donde el narco dejó de ser un fantasma para volverse compadre, y donde la impunidad —esa anciana señora de la república— sigue gozando, contra todo pronóstico, de salud envidiable.

El “no estás solo” se cumplió. Hasta hoy. Veremos, en los días que vienen, si Rocha Moya sigue acompañado por la presidenta, por el partido, por los gobernadores, por la militancia. O si, llegado el momento de la extradición —porque de extradición habrá que hablar—, le toca, como a tantos otros antes que él, descubrir la soledad de los que dejaron de ser útiles.

En X @DEPACHECOS


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