Estados Unidos estaría ampliando investigaciones, ahora sobre otros dos gobernadores de Morena

Por Redacción Conciencia Pública, con información de Los Angeles Times y Puente News Collaborative

Transcripción de texto a voz 

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La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Mientras ambos países se preparan para revisar el T-MEC y enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad, nuevas investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra gobernadores mexicanos han abierto un nuevo frente de confrontación diplomática.

De acuerdo con información difundida por diversas fuentes cercanas a los expedientes, las autoridades de Estados Unidos mantienen investigaciones contra dos mandatarios estatales en funciones: Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Ambos forman parte de Morena y son considerados aliados políticos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Las pesquisas forman parte de una nueva estrategia de Washington que ha comenzado a enfocar sus esfuerzos no solo en líderes de organizaciones criminales, sino también en funcionarios públicos y actores políticos presuntamente relacionados con estructuras del narcotráfico. La decisión representa un cambio importante respecto a administraciones anteriores, que tradicionalmente evitaban actuar contra gobernantes en funciones.

Según los reportes, tanto Durazo como Villarreal habrían sido objeto de medidas administrativas relacionadas con sus visas estadounidenses mientras avanzan investigaciones de carácter penal. Ninguna autoridad norteamericana ha hecho públicos los detalles de los expedientes, pero el tema ha generado un fuerte impacto político en ambos lados de la frontera.

El caso de Alfonso Durazo resulta especialmente relevante por su trayectoria nacional. Antes de gobernar Sonora ocupó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde donde impulsó la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”. Sonora, además, es considerado uno de los corredores estratégicos para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Las versiones difundidas señalan que Durazo habría perdido su visa desde el año pasado y que actualmente es objeto de una investigación por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Algunas fuentes aseguran incluso que el mandatario sonorense ha ingresado a Estados Unidos bajo mecanismos especiales relacionados con cooperación judicial, aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esa información.

Por su parte, las indagatorias contra Américo Villarreal estarían relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, actividad conocida popularmente como “huachicol”. Tamaulipas, por su ubicación estratégica en la frontera con Texas, ha sido durante años una de las principales rutas de contrabando de hidrocarburos y mercancías entre ambos países.

El gobernador tamaulipeco rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de pruebas. En un posicionamiento público sostuvo que siempre ha actuado con transparencia, responsabilidad y apego a la ley, por lo que calificó las versiones en su contra como falsas y tendenciosas.

Estas investigaciones se suman al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado anteriormente por autoridades estadounidenses dentro de una amplia acusación contra funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa. Dicho expediente elevó la tensión entre ambos gobiernos y abrió un debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado abiertamente estas acciones, argumentando que podrían representar intentos de injerencia en la vida política mexicana. La mandataria ha insistido en que cualquier investigación o proceso contra funcionarios nacionales debe desarrollarse dentro de las instituciones mexicanas y conforme al marco legal del país.

Las diferencias también han quedado reflejadas en el intercambio de declaraciones entre funcionarios de ambos gobiernos. Mientras representantes estadounidenses sostienen que el combate al crimen organizado exige actuar contra cualquier figura que facilite las operaciones de los cárteles, el gobierno mexicano ha defendido el principio de soberanía nacional y el respeto a sus procesos internos.

El endurecimiento de la postura de Washington ocurre en el contexto de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha colocado la lucha contra los cárteles latinoamericanos entre las prioridades de su política exterior. Su administración ha promovido medidas más agresivas, incluyendo la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas y una mayor presión sobre autoridades extranjeras presuntamente vinculadas con dichas estructuras.

Paralelamente, reportes periodísticos han señalado que durante los últimos meses decenas de políticos y funcionarios mexicanos habrían sufrido la revocación de sus visas estadounidenses. Aunque pocos han reconocido públicamente la medida, el fenómeno refleja una estrategia cada vez más amplia de presión política y judicial por parte de Washington.

El escenario adquiere una dimensión aún mayor debido a la proximidad de las elecciones intermedias de 2027 en México. Con la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en juego, las investigaciones contra figuras relevantes de Morena podrían tener consecuencias políticas significativas. Más allá de la veracidad o no de las acusaciones, el tema ya se ha convertido en un nuevo punto de fricción en una relación bilateral marcada por la seguridad, la migración, el comercio y la disputa permanente sobre los alcances de la soberanía nacional.