Jalisco avanza en el nuevo sistema de transparencia que sustituirá al ITEI

Por Francisco Junco

El Congreso de Jalisco aprobó el pasado 4 de junio una nueva reforma constitucional en materia de transparencia, una pieza legislativa que, más allá de modificar algunos artículos de la Constitución estatal, busca corregir observaciones formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y destrabar la construcción del modelo que sustituirá al desaparecido Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).

Para el coordinador de la bancada de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, la aprobación de la reforma constitucional representa apenas la primera etapa de un proceso legislativo más amplio. El legislador ha sostenido que, una vez avalado el dictamen por el Congreso, la minuta deberá ser enviada a los 125 ayuntamientos de Jalisco, donde requerirá el respaldo de la mayoría de los cabildos para adquirir validez constitucional. Solo después de su promulgación y publicación oficial podrá iniciarse la discusión y aprobación de las leyes secundarias que definirán la integración, facultades y funcionamiento del nuevo sistema estatal de transparencia que sustituirá al extinto ITEI.

“Hoy se está aprobando una corrección en la reforma constitucional local que habíamos votado hace unos meses”, explicó el coordinador parlamentario de Morena, Miguel de la Rosa, al referirse a los ajustes derivados de los criterios establecidos por la Suprema Corte.

La historia de esta reforma comenzó semanas atrás, cuando las leyes secundarias que se esperaba llegaran al Pleno fueron retiradas de la agenda legislativa. Lo que inicialmente parecía un desacuerdo político terminó revelando un problema de carácter constitucional que obligó al Congreso a regresar varios pasos en el procedimiento legislativo.

La resolución de la Corte invalidó algunas disposiciones aprobadas previamente por el Legislativo jalisciense, particularmente aquellas relacionadas con las autoridades responsables de garantizar el acceso a la información pública en el caso de partidos políticos y sindicatos.

“Será el INE el órgano garante del acceso a la información tratándose de partidos políticos y, en el caso de sindicatos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, precisó De la Rosa al explicar el alcance de las modificaciones aprobadas.

La reforma busca armonizar la Constitución de Jalisco con el modelo federal derivado de los cambios constitucionales impulsados a finales de 2024, mediante los cuales desaparecieron el INAI y los organismos garantes estatales de transparencia para dar paso a un nuevo esquema bajo la responsabilidad de los sujetos obligados y sus órganos de control.

Uno de los errores detectados en la reforma anterior consistió en atribuir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco funciones de autoridad garante respecto de los partidos políticos locales, así como asignar competencias similares al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en materia sindical.

“Cuando se hizo la reforma federal se anunció que los partidos políticos, como sujetos obligados, tendrían como órgano garante al INE”, explicó el legislador morenista.

La interpretación local intentó distinguir entre partidos nacionales y partidos estatales. Sin embargo, la Suprema Corte concluyó que la Constitución federal no hace esa diferenciación y que, por tanto, la competencia corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral.

La corrección constitucional permitió, además, avanzar en otro de los temas que durante meses generó tensiones entre las diferentes bancadas: cómo se integraría el futuro órgano que atenderá los asuntos de transparencia y protección de datos personales.

“El procedimiento implicará la recepción de una propuesta enviada por el Ejecutivo y la ratificación por el Congreso, cuando menos, con la votación a favor de las dos terceras partes de sus integrantes”, detalló Miguel de la Rosa.

La definición del mecanismo de nombramiento era considerada por diversos grupos parlamentarios como uno de los principales obstáculos para alcanzar acuerdos. Mientras algunas propuestas apostaban por una sola persona al frente del organismo, otras defendían la necesidad de construir un modelo colegiado.

El consenso político terminó inclinándose por una estructura integrada por tres personas, bajo el argumento de que las decisiones relacionadas con transparencia requieren deliberación, contrapesos y legitimidad institucional.

“Uno de los temas fundamentales que estaba trabando avanzar en esta reforma era el interés del Legislativo de participar en el proceso de designación de los titulares de la agencia de transparencia”, reconoció el coordinador de Morena.

La reforma también incorporó un punto que había generado debate entre distintas fuerzas políticas: el reconocimiento de la autonomía universitaria en materia de transparencia y protección de datos personales.

De acuerdo con lo aprobado, la Universidad de Guadalajara conservará la facultad de establecer sus propios mecanismos internos para garantizar esos derechos, en concordancia con la autonomía que le reconoce el artículo tercero de la Constitución federal.

“Hoy hemos votado que sí se le reconoce a la Universidad de Guadalajara esta autonomía para que tenga su propio ente garante y que el acceso a la información y la protección de datos sea conforme a su normativa interna”, sostuvo De la Rosa.

Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, el coordinador parlamentario José Luis Tostado consideró que la aprobación de esta reforma constitucional constituye el segundo gran ajuste que realiza el Congreso jalisciense como consecuencia de los cambios federales en materia de transparencia.

El legislador emecista explicó que la modificación constitucional deja establecida la ruta para la designación de los tres integrantes que conformarán el órgano desconcentrado encargado de atender los temas de transparencia y protección de datos personales dentro de la estructura gubernamental.

“Lo que acordamos hoy es establecer el mecanismo mediante el cual la designación de los tres miembros que integrarán el órgano desconcentrado de la Contraloría sea ratificada por el Congreso a partir de la propuesta que emita el gobernador del estado”, explicó.

José Luis Tostado subrayó que el trabajo legislativo aún está lejos de concluir. Una vez que la reforma sea avalada por los municipios y entre formalmente en vigor, corresponderá al Congreso aprobar el paquete de leyes secundarias que regulará el funcionamiento cotidiano del nuevo sistema.

“Tenemos prácticamente definidas las leyes secundarias, pero por razones de técnica constitucional primero teníamos que lograr la adecuación que se hizo el día de hoy y, una vez que esté firme esta reforma, emitir el marco secundario correspondiente”, afirmó.

Por ahora, la reforma avanzó un peldaño más en una ruta que ha combinado controversias constitucionales, negociaciones políticas y ajustes legislativos. El nuevo modelo de transparencia en Jalisco comienza a tomar forma, pero su construcción definitiva dependerá todavía del aval de los ayuntamientos y de una segunda batalla legislativa: la aprobación de las leyes secundarias que establecerán las reglas con las que operará el sistema que sustituirá al ITEI.