OPINIÓN
Las alianzas que funcionan
Educación, por Isabel Venegas //
La semana pasada proponía abordar el análisis de nuestra propia concepción como seres humanos, revisar desde dónde nos concebimos a nosotros mismos para que a partir de ahí podamos actuar en consecuencia de una madurez que asume los costos de cada toma de decisión u omisión. La incongruencia o ambivalencia de cada postura implica que las políticas que le exigimos a la autoridad sean a veces, del mismo nivel de absurdo.
En el terreno individual, cuando una persona se asume como un ser puro, de luz, inmaculado, cuya interacción con los demás o con el entorno es la que lo corrompe, necesita atender a esos factores externos para preservar la bondad. En ese sentido puede ser el pecado de los ancestros, la corrupción de los contemporáneos o las implicaciones de fenómenos que no está en sus manos controlar pero le afectan, le duelen y le transforman.
Por otro lado, concebir al ser humano con una tendencia negativa, significa asumirle como un ser al que hay qué “educar” para que “reflexione” y entienda lo que implica vivir en comunidad, lo que sus acciones (con inclinaciones de carne) le pueden representar a los demás y las consecuencias en un grupo social que convive por la necesidad de ayudarse, soportando del otro cada uno de los fallos que puede entender desde su lugar en ese espacio.
Claro está que en el terreno social la cosa no es determinante, ni absoluta. No somos enteramente blancos o negros, buenos o malos, y solemos viajar entre una postura y otra, cambiando a voluntad dependiendo de lo que se quiere justificar. Si alguien no puede dejar de tomar alcohol, suele pensar que es porque un trauma del pasado lo marcó y por el hecho ajeno a él, se ve imposibilitado para poner un alto a algo de lo que es plenamente consciente y que observa cuánto daño le provoca; si esa misma persona asiste a una terapia de hipnosis en la que “le curan” esa falla en su sistema de toma de decisiones, estará confirmando que a través de entes ajenos es que puede salir adelante. Seguramente una mañana querrá decir: ¡Qué libre soy para hacer con mi vida lo que quiero! ¡Porque soy absoluto dueño de mis acciones y decisiones! El empoderamiento de sí mismo que no termina por definir. Así viajamos en el juicio y la disculpa a nosotros mismos.
La pregunta entonces ya no en lo macro, ni en lo micro, sino en lo meso, en el nivel intermedio que se sitúa a nuestro lado, en la medianía de la cotidianidad ¿Cómo atendemos a los que están en circunstancias adversas? Por ejemplo, una situación que se ha visto agravada en los últimos años es el incremento en el consumo de drogas por las mujeres en situación de crisis, y se complica porque de ella se desprenden otros factores igualmente delicados, como la cantidad de embarazos adolescentes cuyos bebés son niños que nacerán con el consumo prematuro de las drogas, causando el síndrome de abstinencia desde sus primeros días de vida.
Creo que es una de las injusticias más grandes que puede haber dentro de una cadena a la que tal vez no podríamos encontrar la punta: ¿fue una adolescente que vivió dentro de un ambiente de violencia? ¿Su embarazo fue producto de una violación? ¿Simplemente quiso probar y de pronto se encontró ante la adicción? Y es que es muy fácil juzgar pensando en que pudiera resultar fácil para ella tomar la decisión y el control de su vida teniendo el mínimo deseo de estar bien con sus hijos, su entorno y consigo mismas.
El pasado jueves asistí como parte del Colectivo 50 + 1, a la firma de la alianza entre Gobierno y sociedad civil, para luchar en contra de la violencia y las adicciones, considerando un apoyo particular a la mujer, cuya desprotección la pone en un piso desigual provocando una vulneración a su persona con un riesgo particular a su capacidad de estabilidad cuando una circunstancia especial la hace quedar más frágil ante la propensión al uso de las drogas.
Según las cifras registradas por los propios centros de rehabilitación en Jalisco, el consumo de la marihuana ha tenido un incremento por encima de los 12 puntos porcentuales, registrados entre el 2004 a la fecha, con lo cual, se acerca a los niveles que maneja el alcohol y el tabaco, mientras que drogas como el crack y la cocaína registraron una baja durante el mismo periodo, sin embargo, esas cifras habrá que colocarlas en contraste con el resto del país, situándonos muy por encima del resto de los estados en cuanto a metanfetaminas se refiere, y poniendo esas cifras en perspectiva de género, es el 6.4% el aumento de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat).
Hace muchos años, las investigaciones apuntaban a que la adicción era preponderantemente fisiológica. Que si tú probabas la droga probablemente quedaras anclada a ella más allá de quererlo o no, era tu cuerpo el que generaba una reacción química que era casi imposible de poder controlar; sin embargo había un cabo suelto ¿Cómo es que había quiénes probaban la cocaína, por ejemplo, y lograban no engancharse a ella? ¿Eran personas cuya constitución biológica resultaba diferente? No, no era razón suficiente a pesar de las individualidades.
Los recientes trabajos encontraron un fallo en los planteamientos. En las primeras investigaciones basaban los experimentos en pruebas que mantenían a una rata a la que sometían a la posibilidad de elegir entre un bebedero con agua natural y otro con droga. En las primeras pruebas las ratas descubrían un sabor diferente al del estupefaciente y quedaban ahí, día tras día, dejaban de comer y tarde o temprano, terminaban por morir. Era contundente y aterrador, no había otra salida; pero olvidaban un factor: la variable de elección, así que los investigadores colocaron un centro de diversiones y diseñaron un ambiente “familiar” en el que la convivencia era armónica. Al instalar los dos bebederos con droga, las ratas del condominio de la felicidad, igual probaron de las posibilidades pero ninguna se enganchó. Era la tristeza, el abandono o la soledad la que apunta a que la adicción se vuelva casi obligada, sin la capacidad de evaluar la posibilidad de salir adelante ante circunstancias propias de la vida, cuando asumimos que la tristeza, el abandono, el dolor y la soledad, son parte de la propia alegría de vivir.
Es por eso por lo que me fascina la ciencia en todas sus ramas, no deja de tener sorpresas, no terminamos por encontrar apuntes, orientaciones, en la medida en la que se hacen preguntas siguen apareciendo más respuestas, pero también me encanta la solidaridad, la acción de mujeres en favor de otras que por su condición, por su historia y por sus recursos no han tenido un momento para reflexionar sobre otras formas de vida, otros enfoques y la conciencia de sí mismas.
Las políticas de gobierno funcionan, en la medida en la que la sociedad fortalece sus diálogos, reflexiona sus alcances y posibilidades, pero además asume sus propios retos, dentro de un proceso de empoderamiento real, es decir, asumir cada quien el control de sí mismo, buscando cada día ser mejor y más feliz, al tiempo en que entrelaza ayudas, alianzas, se abraza, se fortalece y multiplica su fuerza. Vamos por una semana en la que cada acción nos acerque a apropiarnos verdaderamente de lo que somos y lo que hacemos, por nosotros y los que nos rodean.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
NACIONALES
La presidenta Sheinbaum: ¿Acatará tratados internacionales?
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín //
EL CLAROSCURO de la reforma judicial. Por un lado, los opositores a esta reforma promovida por López Obrador y consumada por Claudia Sheinbaum, tienen en el Artículo Primero de la Constitución y en la actuación de los organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos para la defensa de los derechos humanos, un argumento más de lucha.
Por el lado oficial, dueña de los tres poderes del Estado Mexicano y seguidora de la “cuarta transformación” -que ha hecho a un lado los criterios de organizaciones internacionales que exponen sus opiniones con respecto al gobierno de México-, la presidenta Sheinbaum podría promover de una vez por todas las reformas constitucionales que harían a un lado el actual ordenamiento contemplado en la Carta Magna para dejar de considerar todo tratado internacional como Ley Suprema.
No podemos olvidar que en el paquete de reformas constitucionales para establecer la “Ley Suprema” del Congreso de la Unión por encima del Poder Judicial Federal, se contemplaba una reforma para hacer a un lado del texto lo relativo a los “tratados internacionales”, pero al final del día no se contempló.
Hasta ahora, el Artículo 1 de la Constitución se contempla así:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
Por parte de los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, hay un tema neurálgico en relación a México, luego de la reforma judicial y la expectativa de una posible violación a los derechos humanos ante la selección de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal a través del voto popular, porque los nuevos juzgadores podrían sujetarse a las consignas políticas y no a la Ley.
Una abogada experta en el sistema interamericano de derechos humanos –Tamara Taraciuk-, dijo a “Proceso” lo siguiente:
“Si el Estado Mexicano ignora las eventuales recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo se transforma en una suerte de Fiscalía y lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica y este tribunal inicia un proceso que podría culminar en una sentencia condenatoria vinculante que el Estado Mexicano tendría la obligación de cumplir como firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”
Aparte, de forma paralela, en la Organización de las Naciones Unidas se desarrolla un proceso en el que el Estado mexicano tiene que responder. La reforma también está en la mira de la relatora especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados y de la Comisión de Venecia, un organismo de la Unión Europea que vela por el constitucionalismo y el Estado de derecho y del cual México forma parte. De parte de estas organizaciones no hay sentencias vinculantes pero sí pronunciamientos políticos.
Aparte, el artículo 133 de la Constitución establece que los tratados internacionales son parte de la Ley Suprema de la Unión, junto con la Constitución y las leyes del Congreso.
Palabras más, palabras menos, ante el inminente riesgo de violaciones a los derechos humanos por la puesta en práctica de una reforma judicial cuyos jueces electos por el voto popular atenderían las recomendaciones de quienes los colocaron para “administrar la justicia” y no a la interpretación de la Constitución en sus primeros 29 artículos relativos a las garantías individuales o derechos del hombre y la mujer, el gobierno de México podría recibir una condena internacional y verse obligado a modificar parte de su reforma al Poder Judicial de la Federación.
Eso por un lado, pero por otro, podría ser una oportunidad para que el régimen impuesto por López Obrador y perfeccionado por Claudia Sheinbaum, quite los candados constitucionales que le oprimen aún, el propósito de establecer de una vez por todas un régimen en manos de una sola persona, es decir, una autocracia en la que las libertades y derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos se sujetarían a la voluntad del Estado, el mismo que sería capaz de declarar de utilidad pública, toda propiedad privada.
NO HABRÁ DIÁLOGO CON LA OPOSICIÓN
SI LA presidenta Sheinbaum hizo de manera personal una crítica pública al nuevo dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, es porque está enviando un mensaje de que no habrá diálogo alguno con la oposición… Decir que Romero es “el jefe del cartel inmobiliario” en la ciudad de México, podría haber corrido a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez o de la presidenta de MORENA, Luisa María Alcalde, pero no fue así… Un asunto de bajo perfil fue tomado como un pretexto para decir a todos los mexicanos que esta “construcción del segundo piso de la cuarta transformación”, solo gobernará para los simpatizantes, haciendo a un lado a todo aquel o aquella que piense diferente… Adiós entonces a la aspiración de un llamado desde palacio nacional a la unidad de las y los mexicanos…
JALISCO
Madruguete legislativo: El pacto silencioso que define la política jalisciense
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El reloj marcaba las 2:33 de la madrugada cuando la 64 Legislatura del Congreso de Jalisco, bajo el tenue resplandor de la noche, decidió consumar lo que muchos en el recinto describieron como un “madruguete”. En una sesión cargada de tensión, se aprobó la integración de las 20 comisiones legislativas, un acto que, más que ser un simple trámite administrativo, reveló la maquinaria oculta que mueve los hilos del poder en el estado.
Mientras la mayoría de los legisladores dieron su voto favorable, los cinco integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) se opusieron con firmeza. Claudia Murguía Torres, coordinadora de la bancada panista, alzó la voz contra lo que calificó como un “acuerdo vergonzoso” entre Movimiento Ciudadano (MC) y Morena. Con un tono severo, señaló la falta de transparencia y la premura innecesaria de una sesión que, según ella, podría haberse realizado con luz de día y mayor deliberación.
La crítica de Murguía resonaba más allá del recinto: “No hay urgente necesidad”, afirmó, cuestionando la prisa por votar cuando aún quedaban días para cumplir el plazo legal. Y, sin embargo, su voz parecía ahogarse en un entorno donde las alianzas veladas y los intereses partidistas ya habían definido el resultado.
El coordinador de MC, José Luis Tostado, respondió con la habilidad retórica que caracteriza a los políticos experimentados. Negó cualquier pacto exclusivo con Morena y afirmó que los acuerdos fueron alcanzados con siete de los ocho grupos parlamentarios. Pero los hechos hablan más alto que las palabras, y el reparto de las presidencias de las comisiones legislativas parece contar una historia distinta.
EL REPARTO DEL PODER
Movimiento Ciudadano, como era de esperarse, se quedó con las comisiones clave: Hacienda y Presupuestos, Seguridad y Justicia, Movilidad y Transporte, entre otras. Con estas posiciones, MC asegura su dominio sobre los recursos financieros, la agenda de seguridad y los proyectos de movilidad, consolidando así su narrativa de partido hegemónico en Jalisco.
Morena, por su parte, tomó el control de comisiones que, aunque importantes, carecen del impacto presupuestal que caracteriza a las de MC. Igualdad Sustantiva y de Género, Vigilancia y Sistema Anticorrupción, y Participación Ciudadana son comisiones que encajan con la retórica progresista del partido, pero cuyo alcance real en términos de poder legislativo es limitado.
El PAN, relegado a un papel testimonial, mantuvo las comisiones de Asistencia Social, Familia y Niñez, así como Gobernación. Estas presidencias son más un consuelo simbólico que una herramienta de influencia real. Mientras tanto, el PRI y los partidos minoritarios —Hagamos, PVEM, PT y Futuro— obtuvieron presidencias que parecen más un intento de mantenerlos en la mesa de negociación que una concesión de poder auténtico.
LA SOMBRA DE UN PACTO NO TAN SILENCIOSO
El PAN, con razón o sin ella, parece haber sido el único partido dispuesto a denunciar públicamente lo que otros solo murmuran en los pasillos: la existencia de un acuerdo entre MC y Morena. Aunque ambos partidos lo niegan, su coordinación para sacar adelante esta votación en una sesión de madrugada sugiere que hay más en juego que el cumplimiento de un plazo legal.
En este contexto, la declaración de Julio Hurtado, diputado panista, resulta especialmente elocuente: “El que hoy estemos debatiendo este tema a las 2 de la mañana habla por supuesto de lo vergonzante que es para Movimiento Ciudadano arrancar esta Legislatura entregándole el control de lo que hoy es la gran coyuntura nacional”.
EL PESO DE LOS NOMBRAMIENTOS
La sesión no solo fue polémica por la distribución de las comisiones. También se tomó protesta a Eduardo Fabián Martínez Lomelí como secretario general del Poder Legislativo. Martínez Lomelí, cercano al gobernador Enrique Alfaro, es una figura clave en la operación legislativa y su continuidad refuerza la influencia de MC dentro del Congreso.
Su permanencia no es un detalle menor; representa el control administrativo y técnico del Legislativo, un poder que muchas veces opera lejos de los reflectores, pero que es crucial para la agenda de cualquier partido en el gobierno.
LA GLOSA 2024: OBRA DE TEATRO EN PUERTA
Otro de los puntos aprobados fue la realización de la Glosa 2024 los días 20, 21 y 22 de noviembre. Este ejercicio de rendición de cuentas, en teoría, debería ser una oportunidad para que los legisladores cuestionen a los titulares de las dependencias gubernamentales sobre su gestión. Sin embargo, los antecedentes nos enseñan que estas sesiones suelen ser más un espectáculo político que un verdadero ejercicio de fiscalización.
LA COREOGRAFÍA DEL PODER
Lo ocurrido en esta primera sesión de madrugada de la 64 Legislatura no es un hecho aislado; es una muestra del entramado político que define a Jalisco. Movimiento Ciudadano, Morena y los demás partidos están inmersos en un juego donde la prioridad no es el bien común, sino la consolidación de poder. Las críticas del PAN, aunque legítimas, también deben ser vistas con escepticismo; ningún partido está libre de pecados en esta danza de intereses y no podemos olvidar que, la legislatura pasada el PAN tenía en Claudia Murguía a la diputada más naranja de los azules.
Si algo dejó claro esta sesión inaugural, es que el Congreso de Jalisco no será el espacio para el debate plural. Los acuerdos entre MC y Morena marcarán la pauta, mientras el resto de las fuerzas políticas se adaptan o perecen. En la penumbra de la madrugada, las decisiones se tomaron con una urgencia cuestionable y una opacidad indignante. Para los ciudadanos, queda la amarga certeza de que, en este juego de poder, su voz sigue siendo un eco perdido en el vacío legislativo.
En X @DEPACHECOS
NACIONALES
El costo de la transparencia
Opinión, por Salvador Romero Espinoza //
La propuesta de reforma al artículo 116 de la Constitución para desaparecer a los 32 institutos de transparencia locales del país, nos costará casi 20 veces más de lo que actualmente nos cuestan dichos institutos, de acuerdo a la distribución de funciones y obligaciones que establece para las contralorías de cada una de las casi 7,000 autoridades estatales y municipales del país.
En primer lugar, hay que señalar que el presupuesto aproximado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es de 1,000 millones de pesos anuales, mientras que el presupuesto aproximado de los 32 institutos de transparencia locales del país, ronda los 1,300 millones de pesos al año; el Instituto de Transparencia Jalisciense (ITEI), por ejemplo, tiene un presupuesto aproximado de 60 millones de pesos anuales, básicamente el mismo desde hace 12 años; es decir, la totalidad de los 33 institutos de transparencia cuestan a cada mexicana y mexicano alrededor de $17 pesos al año, menos de lo que cuesta un refresco.
De esos presupuestos, alrededor del 70% de los recursos se destina a lo que se conoce como “Capítulo 1000”, es decir, al pago de sueldos, salarios, prestaciones y honorarios de las personas que apoyan a dichos institutos de transparencia a cumplir con sus funciones, que en el INAI son alrededor de 800 personas y en el resto de los institutos de transparencia del país alrededor de 1,200 personas; el ITEI, por ejemplo, tiene una plantilla de personal de 94 personas.
Por su parte, la propuesta de reforma constitucional, denominada de “simplificación administrativa”, cuya finalidad es la destrucción de 39 organismos constitucionales autónomos (creados como contrapesos al poder público), establece también una propuesta de modificación al artículo 116 (relativo a las atribuciones de las entidades federativas), que violenta completamente el esquema federalista mexicano y el principio de soberanía de los estados que forman nuestra República, pues prohíbe a las entidades el que puedan preservar a sus institutos de transparencia, a pesar que dicho artículo fue concebido para reconocerles atribuciones a las entidades federativas, no para imponerles prohibiciones.
En dicha propuesta de reforma se establece la desaparición obligatoria de los 32 institutos de transparencia del país para que cada contraloría o equivalente de cada autoridad, realice las atribuciones que actualmente realizan dichos institutos, entre otras, conocer de las quejas, impugnaciones, recursos e inconformidades que presente la sociedad en contra de la opacidad de las instituciones públicas, así como las verificaciones a sus portales de transparencia y la capacitación a su personal y a la sociedad civil.
Este esquema conllevaría un enorme gasto presupuestal, dado que -haciendo a un lado a la Federación- actualmente existen casi 7,000 sujetos obligados (o autoridades) estatales y municipales (en Jalisco rondan los 600), por lo que una debida tutela de los derechos fundamentales a la información y a la protección de datos personales, que actualmente está encomendada a los institutos de transparencia, implicaría que en cada contraloría de cada autoridad se contrataran, al menos, 3 tres nuevas personas: una responsable de la resolución de recursos en materia de acceso a la información y de las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia; otra responsable de las verificaciones a los portales de transparencia y de la capacitación; y otra especializada en resolver controversias relacionadas con la protección de datos personales.
En otras palabras, en el discurso oficial para justificar la destrucción de los institutos de transparencia, se ha señalado que son costosos para el presupuesto y que su desaparición implicaría un ahorro para el erario público, sin embargo, con el esquema propuesto, si en verdad se quieren proteger adecuadamente estos derechos humanos, se tendrían que contratar a alrededor de 21,000 personas nuevas para tutelarlos de manera eficiente por los sujetos obligados estatales y municipales (en contraste con las alrededor de 1,200 personas que actualmente laboran en los 32 institutos locales), por lo que, en realidad, este esquema propuesto, además de todas las implicaciones negativas que tiene, también nos costaría a las y a los mexicanos, cuando menos 17 veces más de lo que actualmente nos cuestan los institutos de transparencia locales del país.
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