Crisis hídrica y desgaste político: Jalisco, con el agua al cuello y la soga cerca

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos:

El refrán “estar con el agua al cuello” es una frase muy utilizada por el pueblo para expresar una situación de apremiante dificultad, a tal grado que, si no se resuelve positivamente, puede llevar a que quien la padezca termine enseguida “con la soga al cuello”, es decir, a punto de ser abatido. Tal parece que, por los sucesos ocurridos en Guadalajara durante octubre, culminación de incurias acumuladas durante varios sexenios en relación con el agua para consumo humano, distintas autoridades se han visto con el agua al cuello y la soga cerquita del pescuezo.

El problema del agua potable en la Perla Tapatía y su área conurbada se ha vuelto un peliagudo rompecabezas, primero, porque irresponsablemente no se utiliza el complejo de la presa El Zapotillo para saciar la sed de los tapatíos, obra con la que pomposamente el exgobernador Enrique Alfaro presumió que se había dado solución a la necesidad prioritaria de proporcionar el líquido vital a los habitantes de la “ciudad de las rosas” y sus anexos.

El sistema de acueductos entre las presas El Zapotillo, El Salto, La Red y Calderón fue presumido por Alfaro en 2024 como la garantía de agua por cinco décadas para la zona metropolitana de la Sultana del Occidente, la hermosa capital de Jalisco. En su postrer informe de gobierno lo ratificó y a los cuatro vientos sostenía que “así se ve y se siente el deber cumplido”.

Pero he aquí la cruda realidad: en tanto que el obeso exejecutivo estatal se divierte a lo grande como oscuro subalterno de futbol en España, sus paisanos guadalajarenses padecen una seria penuria de agua, no solo por su escasez, sino porque además es inmunda, hedionda —puerca, aseguran los derechohabientes— y, por tanto, inutilizable.

Ante tan lamentable panorama, el sucesor emecista del alfarismo —Pablo Lemus— sostiene que el pronto remedio es construir una especie de túnel del mar chapálico a la urbe conurbada, obra sobre la que la presidenta Sheinbaum declaró el 8 de octubre, en su mañanera, que ese canal “es un acueducto que en su momento el gobernador Alfaro iba a hacer y al final no hizo”.

Los jaliscienses, a causa del pésimo líquido que consumían desde tiempo atrás, empezaron a sufrir quebrantos de salud. Padecían confiados en que pronto habría un arreglo, pero la cruda realidad los hizo desesperar, pues, por lo malsano del líquido, ya no fueron suficientes las medicinas para remediar los males que genera, sino que se llegó al extremo de comprar garrafones de agua potable hasta para asearse.

En tan duras condiciones, decidieron legítimamente protestar y entonces organizaron una marcha pacífica para el domingo 11 de octubre.

Los resultados fueron desastrosos porque el gobierno emecista actuó despóticamente, con golpes y detenciones abusivas de jóvenes marchistas, provocando que el problema del agua de Guadalajara se volviese tema nacional y aun más allá. Así narró ese acontecimiento el diario ibérico El País: “El pasado 11 de octubre, una marcha multitudinaria (de la glorieta Minerva a Casa Jalisco) con familias con niños, adultos mayores y jóvenes tomó las calles de Guadalajara. El hartazgo y la desesperación de meses de denuncias sin respuestas colmaron el ambiente, que poco a poco se transformó en un escenario violento en el que fueron detenidos en condiciones arbitrarias estudiantes universitarios, académicos, padres de familia o activistas”.

Luego del desatino dominguero en que incurrieron los jenízaros gubernamentales —tan sórdido como que inmiscuyeron al noble cuerpo de bomberos—, el mandatario estatal atinó a declarar: “ayer fue un día difícil para Jalisco; el contingente de la marcha ciudadana ejerció su derecho a manifestarse pacíficamente… hasta que llegó un grupo de choque”. Pero, según periodistas y marchistas, esos agresores encapuchados provenían de la residencia del gobernador, con la patente misión de deslegitimar la marcha. Los detenidos expresaron que esos sujetos los capturaron y metieron a dicha Casa Jalisco, donde los torturaron.

El reconocimiento de tan reprobables hechos obliga —especialmente al gobernante— a esclarecer quién tomó las decisiones, sancionar los abusos y reparar los daños y perjuicios infligidos a las víctimas. Por lo pronto, no solo los jerarcas locales del partido naranja han perdido la confianza ciudadana, sino que su instituto partidista está en un brete: lo que pregonaba sobre su proyecto nacional y su cobijo a la juventud, por lo registrado en Guadalajara, se fue a los suelos.

En relación con esos tristes sucesos, la mandataria federal expresó su desacuerdo con el uso de la represión para coartar derechos ciudadanos y exigió, en cambio, que se informara con claridad lo sucedido y se buscara una rápida solución al problema del agua.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) no estuvo a la altura de sus objetivos y hubo de venir la de índole nacional para indagar los atropellos infligidos al pueblo inerme que solo marchaba para exigir solución al desabasto del imprescindible fluido.

Impelido por las circunstancias, el Ejecutivo planteó construir el segundo acueducto —de Chapala a la gran urbe— para atenuar la insuficiencia de líquido en la zona metropolitana. El inconveniente de este proyecto es que tiene un elevado costo —entre 11,500 y 12,000 millones de pesos, según algunas estimaciones—, con un esquema financiero multianual que implica la participación del sector privado y contempla un terrorífico monto de pagos que rozan los 48,296 millones de pesos en un plazo de 25 años.

Todo el mundo, en general, criticó ese planteamiento que, quiérase o no, implica privatización, aunque fuera de tipo temporal, además de un jugoso negocio para sus partícipes, ignorando si, como se estila en los gobiernos, hay “mochadas” de por medio.

El domingo 18 se verificó la segunda marcha ciudadana. Los manifestantes tomaron precauciones y, aun cuando los “halcones encapuchados” volvieron a la refriega, se les señaló y excluyó de la protesta. Descubiertos los esquiroles, perversamente provocaron desenfrenos de roturas, daños y fuegos, pero los marchistas salieron avante. El problema se tornó más álgido y las soluciones, demasiado apremiantes, dando la impresión de que las manos locales estaban con el agua al cuello.

En esas radicales condiciones, el 21 de octubre, la primera mandataria federal decidió tomar el toro por los cuernos y anunció algo que por doquiera se aplaudió y que el tradicional diario jalisciense El Informador encabezó en su primera plana así: “Claudia financiará segundo acueducto”. En efecto, durante la mañanera de ese día, declaró la presidenta: “una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara… El Gobierno Federal va a aportar los recursos (entre 12 o 13 mil millones de pesos, que también incluyen acciones para aprovechar El Zapotillo)… Todo”.

Desde luego que, por un lado, los jaliscienses celebraron esa singular decisión, pero, por otra parte, el partido guinda estatal aprovechó la ocasión y publicó: “La Presidenta Claudia Sheinbaum demuestra con esta acción contundente su profundo amor por Jalisco y su preocupación legítima por lo que vive nuestro pueblo”. En su momento, Pablo Lemus agradeció la medida e informó que su administración aplicará la suma de siete mil quinientos millones de pesos para que funcione cabalmente la planta potabilizadora número uno de Miravalle; hará un “bypass” en La Calera para conducir agua a la planta y se fabricarán colectores para impedir que lleguen aguas sucias al canal y a la presa de Las Pintas, hoy por hoy hecha un fangal.

Sobre lo anterior, el rotativo Público explica que el financiamiento al Estado es para “evitar la privatización o endeudamiento”. Esa idea la afirma el periodista Julio Hernández Astillero, quien señala: “el ingreso presupuestal a escena de la presidenta Sheinbaum desmorona las intenciones privatizadoras y de virtual endeudamiento a muy largo plazo que Lemus estableció en un proyecto de decreto que ni siquiera pudo entregar formalmente al Congreso de Jalisco, porque la presidencia de la República frenó todo hasta realizar una revisión a fondo de la propuesta del empresario Lemus”.

“El cuantioso negocio que significaría para algunas firmas privadas el esquema propuesto… parece haberse caído…”, y, por tanto, afloraron lágrimas en los ojos de convenencieros cambistas que ya se frotaban las manos por el negociazo que habían elaborado, con la evidente aquiescencia del mandamás local.

No podemos pasar por alto esta intervención presidencial en beneficio de Jalisco, que es la segunda con resultados trascendentes en materia hídrica: la inicial fue cuando el expresidente López Obrador resolvió que el agua de la presa El Zapotillo no iría a León, sino a la metrópoli jalisciense, lo que además permitió salvar a los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, amenazados con desaparecer si el líquido se iba a la ciudad lechuguera, como Vicente Fox había instrumentado con la complicidad de los gobernantes prianistas de Jalisco —desde Alberto Cárdenas hasta Aristóteles Sandoval, sumando al saltimbanqui Enrique Alfaro—.

Ahora Claudia Sheinbaum, sucesora del tabasqueño, nos dio la gratificante noticia de asumir la construcción del multicitado acueducto subalterno, junto con las obras faltantes —que el emigrado Alfaro no hizo— para aprovechar el agua de El Zapotillo. Esta salvadora disposición, además, conlleva no encadenar al pueblo jalisciense a una pesadísima deuda —alrededor de 48 mil millones de pesos por un cuarto de siglo— y, como cereza del pastel, evitar de plano que se privatice el agua que consumimos los habitantes de la populosa zona conurbada de Guadalajara.