El precio del orden

Opinión, por Miguel Anaya:

El 17 de octubre, Francia vivió una de sus jornadas de protesta más violentas en décadas. Cientos de miles de personas salieron a las calles en medio del malestar por el costo de la vida, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Hubo manifestaciones pacíficas, pero también saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. El gobierno prometió castigos; los ciudadanos, mientras tanto, seguían enfrentados a los problemas que los habían llevado a protestar.

A miles de kilómetros, Estados Unidos discute sobre migración, derechos civiles y los límites del poder presidencial. En Sudamérica, la inseguridad, la polarización y la desconfianza en las instituciones alimentan una disputa permanente sobre quién debe gobernar y hasta dónde puede llegar para imponer sus decisiones. No son conflictos idénticos ni responden a una sola causa, pero comparten una pregunta que también deberíamos hacernos en México: ¿qué ocurre cuando una sociedad empieza a considerar más peligrosa la protesta que las injusticias que la provocan?

Protestar incomoda. Interrumpe la circulación, altera la rutina y obliga a mirar aquello que preferiríamos mantener a distancia. Pero no todas las molestias son iguales. Un embotellamiento termina cuando se despeja la calle; una familia que busca a un desaparecido puede pasar años sin respuestas. Una manifestación puede durar unas horas; la precariedad de no poder pagar la renta o comprar medicamentos puede afectar a miles de personas durante toda la vida.

Por eso resulta tan sencillo perder de vista lo esencial. Discutimos el bloqueo, el ruido, el comercio afectado y la circulación interrumpida, mientras la causa de la protesta queda relegada a un segundo plano. La calle se convierte en noticia; la injusticia que la ocupó, en una nota al pie.

Esto no significa justificar cualquier acto cometido durante una movilización. Agredir a una persona, incendiar un negocio o destruir bienes públicos exige consecuencias. Quien sufre esas agresiones también tiene derechos. Pero una cosa es perseguir delitos y otra utilizar los excesos de algunos para desacreditar las demandas de todos. Si la violencia de unos cuantos basta para invalidar una protesta entera, el gobernante en turno obtiene una ventaja extraordinaria: ya no necesita responder a las preguntas; le basta con señalar el desorden.

En América Latina, donde la inseguridad y la desconfianza institucional conviven con profundas desigualdades, la promesa de mano dura encuentra terreno fértil. Cuando la gente está cansada de la delincuencia, de los abusos y de gobiernos que no cumplen, es comprensible que, con la idea de obtener resultados visibles, acepte costos que en condiciones normales serían impensables.

En México conocemos esa contradicción. Y en Guadalajara adquirió una dimensión particularmente dolorosa. El 11 de octubre, ciudadanos salieron a protestar por la mala calidad del agua que llega a sus hogares. La respuesta policial incluyó un uso excesivo de la fuerza y detenciones que el propio gobernador Pablo Lemus reconoció después como injustas.

Pero hay una pregunta que no debería perderse entre disculpas, declaraciones y controversias: ¿por qué una persona tiene que salir a la calle para exigir algo tan elemental como agua limpia? Para una familia, el problema no es la imagen del gobierno ni el costo político de una protesta. Es la salud de sus hijos, el dinero que debe gastar para conseguir agua segura y la incertidumbre de no saber si puede confiar en lo que sale de la llave.

Quizá ahí se encuentre una de las contradicciones más preocupantes de nuestro tiempo: defendemos la libertad mientras no altere nuestra comodidad; exigimos justicia mientras no cuestione nuestras simpatías políticas; reclamamos gobiernos eficaces, pero a veces celebramos que eviten rendir cuentas con tal de que impongan silencio a quienes no piensan como nosotros.

Una democracia no consiste en permitir que todo el mundo haga lo que quiera. Consiste en establecer límites razonables para todos, empezando por quienes tienen el poder de imponerlos. La protesta puede equivocarse; la autoridad también. La diferencia es que el Estado dispone de instituciones y fuerza pública, y por eso tiene una responsabilidad mayor.

No deberíamos medir la salud de una sociedad por la ausencia de manifestaciones, sino por las razones que hacen necesarias esas manifestaciones. Una calle despejada puede ofrecer una imagen de tranquilidad; no demuestra que haya agua limpia, medicamentos disponibles, seguridad o justicia.

El orden es necesario. Lo que no podemos permitir es que se convierta en la excusa para tolerar aquello contra lo que la gente protesta.