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OPINIÓN

El doble discurso de México: La empatía migrante

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Por Isabel Venegas //

Ya no son tiempos de seguir buscando soluciones reduccionistas y simples, sabemos que la necesidad de mirar al mundo con otros ojos es obligado porque ese mundo ya no es el que conocimos hasta hace poco.

Los recursos que generan los migrantes mexicanos en EEUU ayudan a nuestra economía enormemente: para el 2020 se espera batir todos los récords con la suma de unos 37,200 mdd. Comunidades enteras dependen de estos ingresos, la economía del país se ve fuertemente beneficiada de una generación de recursos que viaja principalmente por transferencias bancarias.

La criminalidad que va de la mano con la impunidad y la corrupción, nos obliga a abordar el tema de la inseguridad en casi en todos los espacios, a todas horas y desde perspectivas muy diversas. Hay para quienes la estrategia debe mejorarse urgentemente, y debe cambiarse porque no está funcionando, las implicaciones son de un tamaño descomunal aunque finalmente sigamos sin saber mucho de cómo o hacia donde se debe reencaminar.

Modificar las leyes, proponer más cárcel para los delincuentes y con ello requerir de más jueces, fiscales, peritos, jueces de los jueces, etc., da miedo pensar en lo que ese aparato consume en recursos y lo que se tendría que incrementar; claro está que hay prioridades y si debemos gastar más en seguridad ni modo, habrá que hacerlo. Visto en lo micro se parece a lo que sucede en nuestras casas, probablemente quisieras gastar en un viaje, en renovar el modelo del auto, en algún mueble nuevo, pero si sabes que el cancel de la entrada es endeble tal vez decidas “invertir” en reforzarlo o en contratar un sistema de vigilancia, pero ¿es eso suficiente? o ¿cuánto y hasta dónde es eficiente?

Si pudiéramos tener la certeza de que las casas que tienen cancel, alarma y doble chapa de seguridad no van a ser asaltadas, que los automóviles que tienen llave inteligente no pudieran ser robados, diríamos que valió la pena, aunque debemos aceptar un punto: ciertamente para los ladrones suele significar un factor que signifique poner esa propiedad en segundo lugar de la lista para robar, sin embargo, sigue estando en la lista… o tal vez, todo sea una cuestión al azar, quizá sea más bien el hecho de la cerrazón que producen las drogas y/o la desesperación al que ciertos grupos de la sociedad están llegando. Entender el mundo complejo al que nos enfrentamos implica dos cosas: asumir la realidad desde una perspectiva global y proponer soluciones mucho más innovadoras y creativas.

El crimen organizado que abarca desde el huachicol hasta el secuestro, la extorsión, y la droga, implica de la misma forma todos los ámbitos de gobierno, la vida cotidiana, el sector empresarial, etc. es un tumor que compromete a los órganos vitales de nuestro sistema social, replegando a la sociedad a un encarcelamiento general. Hoy vivir libre es un acto de rebeldía, es un hecho de valentía que desafía a la calle, y cuando se cansa de retar termina por hacer una cárcel para cada quien.

Canadá es el ejemplo de una posición diametralmente opuesta, un país en el que el consumo de la marihuana es legal y las tiendas que tienen licencia para distribuir productos a base de cannabis están situadas en la partes centrales de las grandes ciudades, al mismo tiempo que los niveles de delincuencia son casi nulos. Es un paraíso que atrae a muchos turistas, quienes en un gran porcentaje van apostando por asentarse y de a poco van transformando el entorno.

Grandes comunidades de extranjeros, mayoritariamente latinos y asiáticos comienzan a apoderarse del paisaje y con ello desencajan las dinámicas que para los residentes comienzan a generar interrogantes de cómo reaccionar, sin embargo las estadísticas siguen mostrando una alta aprobación del pueblo canadiense ante las propuestas del gobierno que planea recibir, según lo pronunciado por su ministro de inmigración Ahmed Hussen, a más de un millón de migrantes entre el 2019 y el 2021 con la intención de impulsar la economía.

«Gracias en gran parte a los recién llegados que hemos acogido a lo largo de nuestra historia, Canadá se ha convertido en el país fuerte y vibrante que todos disfrutamos», dijo Ahmed Hussen.

En México el fenómeno migratorio tenía un posicionamiento claramente mayoritario: la sociedad reclamaba un trato digno para los ciudadanos que salían de nuestro país en busca de mejores oportunidades; tan solo en los primeros tres meses del 2019 las remesas que se reportaron sumaban 7,699 millones de dólares, cifra que representaba un incremento del 7.1% a los 7,187 millones de dólares que se sumaron en el mismo periodo del año anterior y para el 2020 se espera batir todos los récords con la suma de unos 37,200 mdd. Comunidades enteras dependen de estos ingresos, la economía del país se ve fuertemente beneficiada de una generación de recursos que viaja principalmente por transferencias bancarias.

El impacto del ingreso que significan esas partidas obliga a pensar en el fenómeno que viven los compatriotas de los cuales aproximadamente el 48% son indocumentados, pero el 52% restante no deja de ser un argumento que fácilmente utiliza el Presidente Trump para generar niveles de popularidad que ya casi le aseguran la reelección con promesas de seguir obligando a México a controlar el flujo migratorio, a incrementar las deportaciones y a permitir políticas de control mucho más crueles e incluso, inhumanas. Mientras tanto en nuestra nación el conflicto de las caravanas migratorias tocó sus puntos más álgidos en ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez; de a poco va convirtiendo a comunidades que eran solidarias y fraternas con los que sabían en situación vulnerable, en grupos que ya no comparten la necesidad de tránsito, y van tomando forma de grupos hostiles y renuentes a apoyar. Hoy por hoy el debate en nuestro país raya en la intolerancia, en la falta de misericordia y va de los discursos que consideran a los migrantes como aquellos –que vienen huyendo de países con mayor crisis- a los que piensan –que son parte de maniqueos políticos, patrocinados para dañar o potenciar las campañas políticas de alguien, alguien que quiere manipular la agenda y capitalizar la tragedia-.

La guardia nacional ahora se ha apostado en la frontera sur justificando su operación (muchas veces demasiado cruel) por el gobierno federal desde la lógica: vale más que gastemos nuestros recursos en cuidar la entrada, haciendo más el juego a los compromisos adquiridos con el gobierno de EEUU que proponiendo estrategias que atiendan tanto a la población local como a la que solicita ayuda. Tal vez en un futuro no muy lejano estemos hablando de poner un “cancel” en esa parte del país: otro muro. Con sorpresa vemos cómo países enteros que ya habían probado las mieles de la globalización, de la pérdida de fronteras y de la unidad, terminaron por salirse de esos acuerdos y volvieron al punto de la trinchera de cada espacio, preservando sus ideologías, defendiendo sus banderas y en algunos casos incluso han vuelto a prohibir que se hable otro idioma que no sea el propio de la localidad.

Si vemos un patrón repetirse a lo largo y ancho del mundo, que también tiene proyecciones en el tiempo para atrás y hacia adelante, podemos hacer una predicción más-menos catastrófica para nuestro país por dos escenarios: abrir nuestras puertas al mundo nos rebasa y nos asusta, pero quedarnos encerrados con nuestro estado actual, parece todavía peor porque no solo son relaciones comerciales, sino vinculaciones académicas, familiares, artísticas e incluso gastronómicas; es el compendio de culturas que se encuentran en el nuevo mundo de la globalización – nacionalista, un mundo que mira hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, mientras debe estar inventando herramientas para ver al otro como hermano y no como rival.

Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar

E-mail: isa venegas@hotmail.com

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos

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JALISCO

La transparencia del fiscalizador

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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac

En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.

Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.

Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.

Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.

El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.

Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.

La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.

Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.

Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.

La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.

Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.

Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.

La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.

La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.

¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.

“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.

La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.

 

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JALISCO

MC: espejismos de unidad y fractura a la vista

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– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.

Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.

Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.

Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.

Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.

Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.

Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.

Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.

El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.

Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.

En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.

La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.

La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.

La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.

Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.

Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.

En X: @DEPACHECOS

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