OPINIÓN
Alfaro y el Presidente: Tregua o viraje
Opinión, por Pedro Vargas //
Desde hace meses un grupo de gobernadores se han dedicado a criticar la política seguida por la 4T. De los más destacados en tal aspecto han sido los ejecutivos de Jalisco, Colima y Guanajuato. Inclusive, cierta porción de políticos, comentaristas y empresarios, han especulado que el Ing. Enrique Alfaro se desempeña como una especie de líder anti López Obrador, aunque no ha aceptado expresamente tal postura, si bien a veces da señales como que no le desagrada.
Con motivo del caso del albañil Giovanni López ocurrido el 4 de mayo y cuya indagatoria afloró hasta un mes después debido a manifestaciones populares que exigían justicia, y que generaron detenciones irregulares por parte de policías estatales, al parecer de la Fiscalía General de Jalisco, el ejecutivo local emitió declaraciones candentes. Según afirmó el jueves 4 de junio, las personas que protestaron pidiendo justicia, ni siquiera son de Jalisco, y precisó: “Le pido al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que le diga a su gente y a su partido (Morena) que ojalá estén midiendo lo que hacen, el daño que generan al país con este ambiente de confrontación”. Es entonces que pronunció su ya célebre frase de que «desde los sótanos del poder en la Ciudad de México» se orquestó la protesta por la muerte” de Giovanni.
Muchos otros aspectos han tocado los gobernadores que impugnan acciones u omisiones del Presidente, destacando entre tales temas la estrategia relativa a la lucha contra el Corona Virus y, de manera muy especial, lo referente a las participaciones o recursos que la Federación entrega conforme la Ley de Coordinación Fiscal a los Estados.
Para nadie es oculto que la delincuencia que conlleva inseguridad, es un gravísimo problema nacional y que algunos lugares llegan a niveles de crisis. Tal es el caso de Guanajuato, Colima y Jalisco. Por ello llamó la atención que el primer mandatario decidiera realizar una gira por esos tres Estados, la cual se desarrolló del 15 al 17 de julio.
La primera escala en esa que se veía como complicada salida presidencial, fue en la empanizada Guanajuato. Allí el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, panista de perfiles al estilo foxista, había declarado en diciembre pasado, sobre una alusión del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien expuso que el gobernador no había asistido a más de tres reuniones sobre seguridad, que eso era mentira: “Yo digo que es falsa esa información, porque aparece que tres veces he ido y yo no he ido a ni una, entonces son falsos los datos. No he estado ni iré a esas reuniones,… ya lo había dicho públicamente y lo vuelvo a repetir”.
De entonces a la fecha, la situación de esta entidad se empeoró, alcanzando un ambiente pésimo en inseguridad, convirtiéndose en líder de homicidios nacionalmente, sufriendo las tropelías del Cartel Santa Rosa y mostrando alarmante descomposición política, conforme análisis del periodista guanajuatense Arnoldo Cuéllar.
Pero se llegó el día del encuentro con AMLO y el discurso de ese miércoles 15 ante el Presidente fue todo lo contrario a lo esperado: El gobernador se comprometió a asistir a las reuniones sobre seguridad, incluso el fin de semana.
Hoy vimos -dice el periodista antes señalado- a un gobernador Diego Sinhue muy borrado y doblando las manos. Y hasta se arrepintió, pues confesó: “Es muy importante destacar este acto de rectificación, nosotros no podemos ser autocomplacientes, regodearnos en nuestras posturas cuando no son las mejores en beneficio de la colectividad, el hecho de rectificar y decir ‘no era lo más adecuado y ahora vamos todos juntos’ es muestra de mucha responsabilidad de parte del gobernador. Esto es lo que estamos ahora inaugurando una nueva etapa en esta relación”. Y el Presidente simplemente concluyó: “Se inicia una nueva época de coordinación para lograr salir avante en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad”.
El jueves 16 de julio arribó AMLO, en medio de la lluvia, al mero Jalisco, donde inauguraría un edificio de la Guardia Nacional en Zapopan y como siempre, daría su conferencia mañanera. En ésta, Enrique Alfaro, al abrir la sesión, dijo que valora la visita del Presidente en tiempos complicados, añadiendo: “Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien de México”.
El mandamás jalisciense agregó que hará todo lo posible para alcanzar ese propósito, y remachó al afirmar que: “Asumo con entereza y humildad, la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal, usted tiene mi respeto y mi aprecio. Sé que Jalisco cuenta con su presidente”.
Desde hacía varias semanas, Enrique Alfaro había buscado una entrevista con López Obrador, por lo que ahora que lo tuvo enfrente, le aseguró que busca reconstruir la relación entre ambos gobiernos y le propuso “corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación” con base en el respeto, asegurando que “sólo pedimos ser escuchados, que los asuntos de interés nacional, en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación sean puestos sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida”.
Los más delicados temas en que Alfaro centra sus diferencias con la Federación, podemos decir que son: el de energías limpias, donde se tuvo que acudir a una controversia constitucional; la inseguridad, renglón en el cual insiste que ya se logró reducir la incidencia delictiva y la cuestión fiscal, pues considera que se deben otorgar mayores recursos a la entidad. Esto sin olvidar diferendos como es el caso de la última confrontación pública que tuvieron ambos gobernantes, cuando Enrique Alfaro acusó al gobierno federal de estar detrás de la manifestación violenta que se registró el 4 de junio en el centro de Guadalajara con motivo del caso Giovanni López.
Por cierto, que cuestionado al respecto en la conferencia mañanera del jueves, Alfaro mencionó que entregaría las pruebas al Presidente -a quien calificó de “hombre de bien, que no haría algo para lastimar a Jalisco- para que sea él y nadie más quien valore lo sucedido, pues no pretende seguir el camino de la confrontación con el mandatario nacional”.
Sobre el Pacto Fiscal o sea la Ley de Coordinación, no deja de tener justificación el ejecutivo jalisciense, materia en la cual el Primer Magistrado Federal ha concedido cierta razón a los gobernadores, pero como lo dice, en su momento y de acuerdo al interés de la República, ya que los recursos generales deben distribuirse racionalmente para que el país camine armónicamente. El gobernador insistió en que sin la ayuda de la federación los estados no podrán hacer frente a la dificultad económica que provoca la pandemia, “crisis de proporciones nunca antes vista”.
Da la impresión de que a partir de ahora, sobreviene no un viraje del Ejecutivo jalisciense, sino una tregua entre él y AMLO.
Finalmente el Presidente visitó Colima, donde el priista José Ignacio Peralta Sánchez, regentea la administración estatal y en no pocas ocasiones ha mostrado cierta hostilidad a la 4T. Frente al jefe del Gobierno Federal le manifestó algo que casi lo copió a Enrique Alfaro: “Encontrará en mi a un interlocutor respetuoso, pero también defenderé mi punto de vista, que las coincidencias no impliquen sometimiento y las diferencias no impliquen confrontamiento”.
En conferencia de prensa reveló: “El decir estar conmigo o en mi contra atenta contra el Federalismo, disentir no debe nunca más confrontar”. Y como ocurrió en Jalisco, el mandatario estatal solicitó una revisión al pacto fiscal para tener más recursos, concluyendo: “necesitamos de su apoyo, señor Presidente, y doy el primer paso para sumarme a los esfuerzos que coordine usted desde el gobierno federal para enfrentar estas problemáticas”.
Por lo sucedido en esta gira de tanta expectativa, los gobernadores tal parece que han dado una especie de viraje; sin embargo más vale no creer a pie juntillas sus declaraciones, y considerar que su actitud más bien es una tregua, porque ya veremos que más pronto que tarde, volverán a la carga y multiplicarán sus desencuentros con la 4T.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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