ENTREVISTAS
La desaparición de personas es el mayor dolor de Jalisco: Ombudsman Alfonso Hernández Barrón

Por Diego Morales //
La crisis de desaparición de personas es la mayor tragedia que vive el país y en Jalisco en particular pareciera que se corre en una banda sin fin, en donde por más esfuerzos que se hacen parece que es insuficiente, es la cruda visión que expuso entrevistado en “Los Sótanos del Poder”, Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
En charla con Zul de la Cueva, el ombudsman de Jalisco afirmó que, a pesar de las lamentables cifras, en Jalisco se ha avanzado en temas de legislación y es punta de lanza a nivel nacional en el tema de desapariciones y que a la par tratan de atender todas las agendas que tengan que ver con la protección de derechos humanos de los ciudadanos.
“La desaparición de personas es la mayor tragedia en este momento en el país y particularmente en Jalisco, es el dolor más profundo. Lo que implica una desaparición de personas, que son varias violaciones a los derechos humanos afecta no solamente a la víctima directa, sino a sus familiares y seres queridos ante la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido. Además, tienen que soportar la indiferencia, la indolencia y los malos tratos de muchas autoridades responsables de las investigaciones, por eso es que justamente es la mayor tragedia que vivimos porque hay diferentes niveles de victimización, lo vemos todos los días”.
HAY UN SUBREGISTRO DE DESAPARECIDOS
¿Hay una crisis forense y en atención a las personas?
“Definitivamente, pero no solamente en esta agenda, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser claros, hace mucho tiempo que hay una debilidad institucional que ha sido incapaz de frenar este avasallamiento de los niveles de criminalidad que muestra uno de sus lados más dolorosos con la desaparición de personas”.
Hay denuncias sobre la operatividad de la fiscalía especializada, ¿qué hace falta para que rinda frutos?
“Hay un subregistro de este tipo de situaciones, las familias plantean que hasta cinco veces más que las cifras oficiales. A nivel nacional la cantidad anda en 90 mil personas desaparecidas, si atendemos esta lógica de las familias y colectivos son cinco veces más. Es un asunto que ha rebasado a todas las instituciones, sí se crean instituciones, hemos avanzado en Jalisco en mecanismos estructurales, en legislación, instalación de oficinas como la propia fiscalía especializada, pero todo eso no logra traducirse en indicadores de resultados, ahí está un terrible problema en ciencias forenses que está recurriendo a la identificación de personas con perfil de ADN que es lento, es costoso, tienen que generarse nuevos mecanismos para la identificación de personas”.
Hay cuerpos que están ahí por años y no los entregan…
“Así es, nosotros hemos documentado más de una ocasión que la persona fue a buscar a su ser querido, le dijeron no está aquí, va cada quince días, cada mes, a los dos años le dicen que sí estaba”.
Años de incertidumbre, ¿hay alguna recomendación o algo de parte de la CEDHJ?
“En la gestión que me toca encabezar hemos abordado esta agenda con toda la crudeza que implica, hemos emitido múltiples recomendaciones, hemos detectado afectaciones en al menos mil casos, incluida la crisis forense con el tráiler que tenía cuerpos no identificados, algo surrealista. Eso nos ayuda a identificar el problema como uno de los más graves, en Jalisco tenemos uno de los sistemas de ciencias forenses más avanzados del país”.
DOCUMENTAR LA TRAGEDIA
¿Cómo vamos con el acompañamiento de la Comisión a las víctimas para que las autoridades hagan su trabajo?
“Vamos a documentar la tragedia, que lo hacemos en informes, en recomendaciones, esto hay que señalarlo porque la recomendación más allá de lo que muchas personas suponen que no son vinculatorias, tienen un impacto, te sirven para activar otros mecanismos de exigibilidad, son la llave de entrada para acceder a una serie de apoyos que tiene que dar el estado, que no estamos avanzando como quisiéramos”.
¿Qué apoyos se tendrían que estar dando?
“Están establecidos en la ley general de víctimas. Nosotros tenemos un acompañamiento cotidiano con las familias, incidiendo en la agilización de trámites, en la investigación oportuna, que tengan certeza que le entregan el cuerpo de su ser querido. Incluso, en aquellas personas que nadie habla y que son más de mil, cuerpos que se han encontrado y no tienen nombre, ya hoy se llaman personas sin identificar, anteriormente se utilizaba esa nomenclatura, ahí están en las criptas que se adquirieron. Estamos en un acompañamiento cotidiano pasando de la documentación a la incidencia directa”.
¿La Comisión no tendría que tener un papel más visible de exigencia más público?
“Siempre se puede hacer más, sin duda, hemos avanzado para hacer una de las agendas principales en la Comisión, somos de las pocas que a nivel nacional tienen esta agenda como prioridad. Convivo con el resto de los titulares de derechos humanos en el país, ha sido una agenda que desde Jalisco hemos impulsando a nivel nacional, se está generando desde el INEGI una política pública para verificar la capacidad de servicios forenses en todo el país, creo que en ningún estado como el nuestro se ha vivido la situación tan trágica, como el caso de los estudiantes de cine, el caso del tráiler”.
LOS LEVANTAONES DE LA FISCALÍA
El caso de desaparición forzada de parte de la Fiscalía contra estudiantes en junio del año pasado, ¿dónde está la justicia?
“Los estándares de derechos humanos nos permiten calificar las violaciones con una nomenclatura específica, sí se presentó desaparición forzada de personas. Los atrajo la CNDH, los está documentando, sin embargo, no quisimos enviarlo sin hacer una investigación, para nosotros fue claro que hubo una ejecución extrajudicial, presenté un informe en el Congreso del Estado, falta que le pongan nombre y apellido, que se desahogue el debido proceso. Por otra parte, justo quienes protestaban por este horrible hecho fueron víctimas de violencia que vulneró sus derechos humanos, que evidenciaron una falta de protocolos para contener multitudes”.
Vimos policías vestidos de civil que querían suprimir manifestaciones con violencia…
“Sí, eso se vio, también policías que se les intentó prender fuego, fue una situación compleja. Invito a que se lean los informes en donde con toda precisión estamos identificando estas cuestiones de detenciones ilegales, malos tratos, tortura, desaparición y se presentó en diferentes momentos. La actuación pretendía inhibir la llegada de personas al punto donde iban a ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
En tu opinión, como defensor del pueblo, ¿el fiscal fue omiso y tiene responsabilidad? ¿Debe seguir en el cargo?
“Es una pregunta con tintes de política, pero contestaré con derechos humanos. Falta garantizar el acceso a la justicia, que implica el acceso a la verdad y la reparación integral del daño. Son cinco medidas, de restitución cuando es posible, cuando no vienen las medidas de compensación, medidas de rehabilitación, de satisfacción, incluso otro tipo de situaciones que visibilicen y reconozcan a las personas, finalmente las garantías de no repetición, en este último proceso, el gobierno de Jalisco presenta propuestas a partir de un ejercicio que realizaron con las personas que fueron víctimas en estos eventos. Sin duda este hecho dejó una huella para cientos de jóvenes que acudieron a ejercer sus derechos como ciudadano”.
El estado te puede desaparecer con un fiscal que ya tenía antecedentes semejantes de violaciones y la CEDHJ no se pronuncia…
“Nosotros sí nos hemos pronunciado, ahí está una recomendación general en materia de seguridad ciudadana. Una autocrítica, nos hace falta difundir y posicionar más el trabajo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos trabajando en ello, por la forma en que ahora se comunican los sucesos en nuestra comunidad. En este momento no tenemos ninguna agenda sin tratar, sin abordar, por más compleja que pueda ser, empezamos con personas desaparecidas, que es riesgosa, hemos documentado más de 20 casos de desaparición forzada”.
¿En qué momento del proceso entra la Comisión a apoyar a las víctimas y sus familiares?
“Ahora nosotros vamos en busca de ellos, porque difícilmente quien vive una tragedia tiene cabeza para pensar voy a tal o cual institución, por eso estamos yendo a Ciencias Forenses, estamos con las personas, recibiéndolas, llegan con el impacto, desesperación, tristeza, vamos con psicólogos, médicos. Pese a que tenemos una gran cantidad de cuerpos y segmentos acumulándose, la mayor parte de los cuerpos que se localizan en las fosas clandestinas están siendo identificados por sus familias”.
Las familias ocupan el vacío que deja la autoridad…
“Definitivamente, porque una madre nunca dejará de buscar a su hijo, son las madres quienes continúan esa búsqueda. En estos casos, siempre hay integrantes de las familias que tienen enfermedades graves, que tendrán un impacto en todos los sentidos, hasta en el económico. Hace falta más apoyo para las familias que han sufrido esta tragedia, en lo inmediato, el alimento de las personas que quedan en orfandad, los apoyos económicos que por ley se tienen que proporcionar y todo el acceso a la justicia”.
En un punto de equilibrio, ¿cómo hemos avanzado en el manejo de esta crisis?
“Pareciera que corremos en una banda sin fin, por más esfuerzos que se hacen uno voltea y ve el tamaño de la tragedia y parece que será insuficiente, esto es por la debilidad institucional que venimos arrastrando desde hace varias décadas, las instituciones del estado mexicano están rebasadas, en esta pandemia se desnudó totalmente el estado mexicano aunque el discurso de quienes toman decisiones debe ser políticamente correcto y no generar desesperanza, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Es mejor que se hable con la verdad, todo mundo lo vemos, pero la clase política se empeña en decirnos una utopía y son víctimas de ellos mismos con este tipo de declaraciones”, puntualizó.
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ENTREVISTAS
Fabiola Moreno Pérez: Ofrece justicia penal con sensibilidad y experiencia

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
Con “24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones”, Fabiola Moreno Pérez es una figura destacada del Poder Judicial de la Federación. Desde su rol como magistrada en un Tribunal Colegiado Penal en Jalisco, donde ha servido durante cuatro años tras una década como juez de distrito, Moreno ha resuelto casos complejos como feminicidios y desaparición forzada, siempre con un enfoque humano.
“Contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas” es para la maestra Fabiola Moreno, uno de sus mayores legados, reflejando su compromiso con una justicia abierta y efectiva, quien aspira a ser electa magistrada en materia penal en las elecciones para la renovación del Poder Judicial Federal el próximo 1 de junio.
Moreno, inspirada desde niña por “las injusticias” que observó en su pueblo en Chihuahua, ve en este proceso una oportunidad para acercar el Poder Judicial a la gente. Sin embargo, advierte que “el mayor desafío es informar a la ciudadanía sobre su rol”, enfrentando el desconocimiento y críticas que “carecen de análisis profundo”.
Moreno aboga por una justicia que vaya más allá de la legalidad, “colocando a la persona en el centro”. Desde la protección de niñas vulnerables hasta la incorporación de la perspectiva de género, su labor demuestra que la equidad y la imparcialidad son pilares irrenunciables.
LAS INJUSTICIAS LA MOTIVARON A ESTUDIAR DERECHO
P: ¿Qué la motivó a dedicarse a la carrera judicial?
Crecí en un pueblo de Chihuahua, donde las injusticias me motivaron a estudiar derecho, inspirada por mi hermano, magistrado estatal. La materia de amparo, que protege derechos humanos, me apasionó, y un maestro con visión humana reforzó mi vocación de servir a la justicia.
P: ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un Tribunal Colegiado de Distrito y por qué es crucial su labor?
Los Tribunales Colegiados de Distrito revisan apelaciones y amparos como última instancia, resolviendo casos penales para determinar penas o revisar sentencias. Analizamos errores procesales, garantizando constitucionalidad y derechos humanos, actuando como contrapeso al poder público.
P: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el Poder Judicial en el contexto actual de reformas judiciales y presión social?
El mayor desafío del Poder Judicial es informar a la ciudadanía sobre su rol, especialmente con la reforma que introduce la elección de jueces. El desconocimiento, las restricciones de comunicación y las críticas poco fundamentadas complican la tarea. Urge garantizar votos informados por perfiles éticos.
P: ¿Comparte las críticas al Poder Judicial y qué tan necesaria considera esta reforma?
No comparto todas las críticas al Poder Judicial, ya que carecen de análisis profundo. La reforma actual es limitada, pues ignora problemas estructurales como las deficiencias en ministerios públicos, defensorías y comisiones de víctimas, esenciales para una justicia efectiva.
P: Cuando enfrenta casos con alta carga política o social, ¿qué principios guían sus decisiones para garantizar la imparcialidad?
La imparcialidad es el principio rector en todos los casos, independientemente de su magnitud. Los magistrados contamos con causas de impedimento que nos permiten excusarnos si percibimos que la presión social o cualquier factor podría comprometer nuestra neutralidad.
P: ¿Cómo incorpora la perspectiva de género en sus resoluciones y qué avances o retos observa en este enfoque?
La perspectiva de género es esencial en la justicia, aplicándose a víctimas, imputados y casos con desequilibrios de poder. Requiere pruebas de oficio, análisis sin prejuicios y lenguaje no estigmatizante. Pese a avances en capacitación, persisten resistencias culturales y falta de sensibilización.
P: ¿Qué medidas son esenciales para fortalecer la autonomía de los jueces y magistrados?
La autonomía judicial requiere selecciones transparentes y meritocráticas, sin influencias políticas. Pese al componente político de la elección popular, los candidatos deben ser éticos y experimentados para actuar independientemente, sin presiones, y mantener la confianza en el sistema.
P: ¿Cómo ha transformado la tecnología, como los juicios en línea o el expediente electrónico, el trabajo de los tribunales colegiados?
La digitalización, como el expediente electrónico, agiliza procesos judiciales, ahorra recursos y facilita la justicia con mayor acceso a internet. Aunque los servidores limitados son un riesgo, las oportunidades son mayores. La inteligencia artificial puede apoyar tareas administrativas, pero nunca reemplazar el análisis humano.
P: ¿Qué habilidades considera fundamentales para los magistrados en el siglo XXI y cómo se mantiene actualizada?
Los magistrados necesitan conocimientos jurídicos, sensibilidad humana y adaptabilidad. La capacitación continua es clave, con cursos del Poder Judicial, pero las altas cargas de trabajo limitan su uso. Me mantengo actualizada en avances legales y tecnológicos para enfrentar retos.
P: ¿Podría compartir una experiencia que haya marcado su carrera como magistrada?
Un caso impactante involucró a dos niñas sustraídas y violentadas por su abuela, quien las privaba de educación por motivos económicos. Mediante un amparo, ordenamos su protección inmediata, reafirmando la necesidad de actuar rápido y con sensibilidad por los vulnerables.
P: ¿Cuál es la diferencia entre justicia y legalidad?
La legalidad implica aplicar la ley y la jurisprudencia, mientras que la justicia va más allá, colocando a la persona en el centro. Justicia significa considerar el contexto, las particularidades de cada caso y las condiciones de vida que llevaron a una persona a determinada situación. La ley no puede prever todos los escenarios, por lo que un magistrado debe resolver con equidad, buscando lo más justo para cada individuo en su realidad específica.
P: ¿Por qué deberían los ciudadanos votar por usted en la elección del 1 de junio?
Mi trayectoria de 24 años en el Poder Judicial, mi experiencia resolviendo casos complejos y mi compromiso con una justicia humana y accesible me respaldan. Tengo la sensibilidad y la vocación para impartir justicia con puertas abiertas, priorizando a las víctimas y colocando a las personas en el centro del sistema. Mi objetivo es garantizar resoluciones éticas y equitativas que fortalezcan la confianza en el Poder Judicial.
¿QUIÉN ES FABIOLA MORENO?
“Llevo 24 años en la carrera judicial, habiendo transitado por todos los escalafones, desde secretaria de estudio y cuenta hasta magistrada. Durante 12 años he sido juzgadora en Jalisco, primero como juez de distrito en materias penal, civil, administrativa y laboral, y desde hace cuatro años como magistrada en un tribunal colegiado penal.
He resuelto casos de gran relevancia, como delitos de delincuencia organizada, feminicidios, desaparición forzada, abuso infantil y violencia familiar, que son asuntos complejos y emocionalmente demandantes. Sin embargo, uno de los aportes más significativos ha sido contribuir a la creación de criterios y tesis jurisprudenciales que amplían el acceso a la justicia para las víctimas, promoviendo mayor apertura y asesoría jurídica efectiva.
ENTREVISTAS
Dulce Arias Garay: Candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Laboral

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
En el corazón de la justicia laboral en Jalisco, Dulce Concepción Arias Garay, juez y candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Laboral, representa una combinación de vocación, disciplina y empatía.
Con una trayectoria de más de dos décadas, esta madre de dos hijas, esposa y apasionada del ejercicio, se levanta cada día a las 5:40 de la mañana para servir a la ciudadanía. En entrevista con Conciencia Pública, Dulce Arias comparte su camino, su filosofía judicial y su compromiso con una justicia pronta, transparente y cercana, invitando a los jaliscienses a votar por ella el 1 de junio de 2025.
Dulce Arias expresa que busca transformar el Poder Judicial Federal desde la cercanía y la honestidad. “Mi compromiso con la honestidad y la cercanía. En mi juzgado, escucho a los usuarios, porque un conflicto laboral no es solo dinero: es el sustento y la dignidad de una familia. Quiero llevar esa convicción al nivel de magistrada, resolviendo casos con transparencia y diálogo para fortalecer la justicia federal”.
Se le pregunta sobre los desafíos que enfrenta la justicia laboral en Jalisco y acepta que existe la percepción de que los jueces son distantes y que representa un gran obstáculo. “Estamos para servir, no para intimidar. Mi propuesta es garantizar una justicia pronta, porque el retraso es una forma de injusticia con disciplina y empatía, buscaré resoluciones rápidas que beneficien a trabajadores y empleadores”.
En seguida añade: “La reforma de 2019 nos exige adaptarnos a las necesidades de la gente. La elección por voto popular, como la del 1 de junio, acerca a los jueces a la ciudadanía. Mi filosofía combina accesibilidad, conciliación y rigor legal, asegurando sentencias claras que cualquier persona entienda”.
LA CONCILIACIÓN, SU PREMISA
P: ¿Qué experiencia tienes en conflictos laborales?
Soy una convencida de la conciliación. “Hablando se entiende la gente”, digo siempre. En mi juzgado, el 70% de los casos se resuelve por acuerdos, evitando el desgaste de un juicio. Cuando no hay arreglo, aplico la ley con imparcialidad, basándome en pruebas sólidas para emitir fallos justos.
P: ¿Cómo evalúas el Centro de Conciliación Laboral de Jalisco?
El Centro, creado en 2022, ha sido clave, con conciliadores bien capacitados y una comunicación fluida con los juzgados. Pese a debates sobre su renovación, valoro su capital humano. La conciliación prejudicial es esencial, y seguiré fortaleciendo esta relación para resolver conflictos, incluso los más complejos.
P: ¿Cómo aplicas la Ley Federal del Trabajo tras la reforma?
Priorizo la conciliación, un derecho constitucional. Si no se logra en el Centro, dialogo directamente con las partes en audiencias, buscando acuerdos amigables. En juicios, sigo el procedimiento con equidad, resolviendo conflictos que a menudo surgen por malentendidos, siempre con la ley como guía.
P: ¿Qué porcentaje de casos resuelves por conciliación?
Cerca del 70%. Los casos restantes llegan a juicio, a veces por abogados que prefieren litigar. Trabajo para cambiar esa mentalidad, mostrando que un acuerdo beneficia más que un fallo donde alguien pierde.
P: ¿Qué principios éticos guías tu trabajo?
La verdad es mi fundamento: “La verdad es simple y sin artificios”. Actúo con honestidad, disciplina y transparencia. Como magistrada, mantendré un tribunal libre de presiones, como he hecho siempre, sin ceder ante influencias ni amenazas.
P: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de justicia laboral en Jalisco?
El Poder Judicial ha implementado la reforma de 2019 con éxito, con 24 jueces en la primera región y salas orales bien equipadas. Los procesos, que antes tomaban años, ahora se resuelven en seis meses. Mi juzgado no tiene rezago, salvo demoras por exhortos interestatales, un área a mejorar.
P: ¿Cuántos casos manejas anualmente?
Más de mil, con picos tras vacaciones. Actualmente, manejo cinco o seis audiencias diarias, frente a las 12 iniciales, lo que me permite ser puntual en acuerdos y sentencias, por compromiso personal.
P: ¿Cómo ejecutas un convenio incumplido del Centro de Conciliación?
La parte afectada solicita la ejecución en el juzgado. Emitimos un requerimiento de pago o embargo, usando nuestras facultades para asegurar el cumplimiento del convenio o sentencia.
P: ¿Qué áreas de la reforma necesitan fortalecerse?
La comunicación entre tribunales de distintos estados. Los exhortos retrasan procesos. Propongo un sistema digital para conectar directamente con tribunales de otras ciudades, agilizando la justicia.
P: ¿Cómo fomentarás la colaboración en el tribunal?
Promoveré la paridad de género y respeto, trabajando con hombres y mujeres por igual. El diálogo será clave para analizar casos y buscar soluciones que prioricen a los justiciables, manteniendo comunicación abierta con las partes.
P: ¿Cómo comunicas resoluciones a no expertos?
Mis sentencias usan un lenguaje cotidiano, sin tecnicismos ni latinismos, para que trabajadores y empleadores entiendan el porqué de cada fallo. La justicia debe ser clara y accesible para todos.
P: ¿Cómo resuelves desacuerdos con colegas?
Con diálogo. Tuve diferencias con un colega, pero analizando leyes y tratados, llegamos a acuerdos que benefician al trabajador. Ese respeto nos hizo amigos, mostrando que el diálogo construye.
P: ¿Qué problemáticas laborales priorizarás en Jalisco?
La perspectiva de género es vital para combatir la discriminación contra mujeres y minorías, que enfrentan barreras para acceder a la justicia. Usaré tratados internacionales para proteger a grupos vulnerables.
P: ¿Cómo garantizas acceso a trabajadores sin representación?
Si veo una defensa débil, asigno a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para representarlos, asegurando que los más vulnerables tengan una defensa justa.
P: ¿Cómo analizas un despido injustificado bajo el artículo 47?
Verifico si el empleador entregó el aviso de rescisión y acreditó la causa. Si falta alguno, el despido es injustificado. Mi fallo se basa en pruebas y la Ley Federal del Trabajo.
P: ¿Cómo balanceas transparencia y privacidad?
Protegemos datos personales, publicando sentencias sin identificar a las partes. Solo los autorizados acceden al expediente, garantizando confidencialidad y transparencia.
P: ¿Qué legado esperas dejar?
Quiero mostrar que la justicia puede ser honesta, cercana y eficiente. Que los magistrados sean vistos como personas accesibles, con puertas abiertas, trabajando con convicción para resolver conflictos.
P: ¿Por qué votar por ti?
Ofrezco honestidad, disciplina y un compromiso real. La justicia laboral requiere estudio y corazón. Quiero que los jaliscienses se sientan escuchados. Los invito a votar el 1 de junio, Distrito 1, boleta rosa, número 03, por una justicia transparente.
¿QUIÉN ES DULCE CONCEPCIÓN ARIAS GARAY?
“Soy una persona de familia, trabajadora y comprometida con servir. Como juez, disfruto resolver conflictos laborales con justicia y humanidad”.
“Comencé como meritoria en un despacho laboral, aprendiendo desde cero. Luego, en la Secretaría del Trabajo, fui proyectista, presidente auxiliar, secretario de junta, coordinadora y presidente especial. La reforma laboral de 2019 me abrió las puertas del Poder Judicial Federal como juez. Ha sido un camino de esfuerzo, con dos maestrías, un doctorado en curso y una pasión por estudiar que me mantiene actualizada.
ENTREVISTAS
Nadia Licón, candidata a magistrada en materia administrativa: «Todos podemos transformar la justicia con nuestro voto»

Por Francisco Junco //
El 1 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la justicia mexicana. Por primera vez, los ciudadanos decidirán quiénes impartirán justicia en los tribunales federales, un hito que Nadia Licón, candidata a magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Jalisco, ve como una oportunidad histórica.
“Todos podemos contribuir a la transformación del Poder Judicial con nuestro voto”, afirmó a Conciencia Pública con una mezcla de convicción y calidez. Con 27 años de servicio en el Poder Judicial Federal, Licón no solo busca un cargo, sino acercar la justicia a la gente, haciéndola transparente, ética y humana.
UNA VIDA DEDICADA A LA JUSTICIA
Nadia Cecilia Lupita Licón González, conocida como Nadia Licón, comenzó su carrera judicial a los 19 años como meritoria en el Tercer Tribunal Unitario. “Sin salario, solo con la sed de aprender, me enamoré de la función jurisdiccional”, recuerda.
Nacida el 12 de julio, Día Nacional del Abogado, bromea: “Soy abogada de nacimiento, pero lo elegí por vocación”. Criada en una familia de maestros, su hogar estaba lleno de libros jurídicos que encendieron su pasión por la justicia. Tras un breve paso por el litigio durante la universidad, ingresó al Poder Judicial Federal en 1997 y nunca se fue.
Hoy, como secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, aspira a ser magistrada en el mismo órgano. “Los magistrados revisamos sentencias de jueces de distrito en juicios de amparo, en áreas como salud, educación o medio ambiente”, explica.
La materia administrativa, señala, exige aprendizaje constante por su impacto directo en la vida cotidiana. “Las leyes cambian de un día a otro. Debemos estar preparados para que la justicia realmente sirva a las personas”.
UNA ELECCIÓN HISTÓRICA Y DESAFIANTE
La elección de jueces por voto popular, establecida por la reforma constitucional de 2024, ha generado controversia. Licón reconoce su politización: “Pasar de concursos internos a voto público lo cambia todo, pero me ha abierto puertas”. Como servidora pública, enfrenta restricciones: no puede hacer campaña de 9 a 15 horas, no recibe fondos públicos ni privados, y depende de recursos propios y redes sociales. “En Facebook e Instagram comparto mis recorridos calle por calle. La gente me sigue, comparte mis historias, y eso me emociona”, dice.
La campaña no ha sido sencilla. “Al principio, no sabía cómo presentarme. Muchos desconocían que habría una elección judicial”, admite. Sin embargo, tras semanas de esfuerzo, nota un cambio: “Ahora la gente sabe, incluso me dice por quién votará”.
Las limitaciones de tiempo y presupuesto no la detienen; al contrario, la han acercado a la ciudadanía, revelándole cuánto desconocen sobre el Poder Judicial. “Estar detrás de un escritorio nos ha aislado. Esta campaña me abrió los ojos: la justicia debe ser accesible”, reflexiona.
UNA JUSTICIA CERCANA Y TRANSPARENTE
Licón propone usar las redes sociales para difundir resoluciones en lenguaje claro, sin tecnicismos. “Que la gente entienda cómo resolvemos, que el Poder Judicial no sea algo lejano”, insiste.
Su compromiso es claro: independencia, ética y cero tolerancia a la corrupción y el nepotismo. “Actuaré con la transparencia y autonomía que he practicado en 27 años. Aunque soy secretaria, no estoy exenta de presiones, pero mi brújula es la Constitución y los derechos humanos”, asegura.
Cita la reforma constitucional de 2011, que prioriza el mayor beneficio para las personas, especialmente grupos vulnerables. “Si un tratado internacional protege más que la Constitución, lo aplicamos. Los derechos humanos son la guía”, explica. Su visión se basa en criterios de la Suprema Corte que exigen sensibilidad y perspectiva de género en las sentencias.
UN CASO QUE MARCÓ SU CARRERA
Uno de los momentos definitorios de su trayectoria ocurrió en un tribunal colegiado auxiliar, donde analizó un amparo penal. Un hombre, condenado por abuso deshonesto contra su hijastra de cinco años, buscaba reducir su pena. El caso era desgarrador: la niña, ignorada por su madre y las autoridades, seguía viviendo con el agresor durante el proceso. “Nadie la escuchó. Su dolor era invisible”, recuerda Licón.
Como secretaria proyectista, Licón propuso priorizar el interés superior de la menor. El tribunal negó el amparo y ordenó una reparación integral: atención psicológica, medidas de protección y seguimiento institucional.
La sentencia, emitida en 2013, incorporó tratados internacionales y perspectiva de género, ganando un premio nacional de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. “Era crucial que esa niña sintiera que el Estado la protegía. Eso es justicia”, afirma Licón. Este caso refleja su enfoque: mirar más allá del expediente, reparar el daño y dar voz a los vulnerables.
UN VOTO POR LA TRANSFORMACIÓN
El 1 de junio, los ciudadanos recibirán seis boletas electorales, una por cada cargo judicial en disputa. La boleta rosa, para tribunales colegiados en materia administrativa, incluirá 28 candidatos, con Licón entre las mujeres aspirantes. “El votante puede escribir mi número, subrayar mi nombre o escribirlo completo. Lo importante es la intención”, explica, destacando la flexibilidad del proceso para facilitar la participación.
Licón insiste en no desanimarse por la complejidad. “Hay tutoriales y simuladores. Lo esencial es votar. No dejen pasar esta oportunidad histórica”, urge. Su campaña, financiada con recursos propios, ha sido una lección de cercanía. “Me ha mostrado lo que la gente quiere: un Poder Judicial transparente, eficiente y humano”, dice.
Apartidista, su compromiso es con la ciudadanía, no con partidos. “Mi lealtad es con quienes me han abierto sus puertas y votarán”, asegura.
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