ENTREVISTAS
La desaparición de personas es el mayor dolor de Jalisco: Ombudsman Alfonso Hernández Barrón
Por Diego Morales //
La crisis de desaparición de personas es la mayor tragedia que vive el país y en Jalisco en particular pareciera que se corre en una banda sin fin, en donde por más esfuerzos que se hacen parece que es insuficiente, es la cruda visión que expuso entrevistado en “Los Sótanos del Poder”, Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.
En charla con Zul de la Cueva, el ombudsman de Jalisco afirmó que, a pesar de las lamentables cifras, en Jalisco se ha avanzado en temas de legislación y es punta de lanza a nivel nacional en el tema de desapariciones y que a la par tratan de atender todas las agendas que tengan que ver con la protección de derechos humanos de los ciudadanos.
“La desaparición de personas es la mayor tragedia en este momento en el país y particularmente en Jalisco, es el dolor más profundo. Lo que implica una desaparición de personas, que son varias violaciones a los derechos humanos afecta no solamente a la víctima directa, sino a sus familiares y seres queridos ante la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido. Además, tienen que soportar la indiferencia, la indolencia y los malos tratos de muchas autoridades responsables de las investigaciones, por eso es que justamente es la mayor tragedia que vivimos porque hay diferentes niveles de victimización, lo vemos todos los días”.
HAY UN SUBREGISTRO DE DESAPARECIDOS
¿Hay una crisis forense y en atención a las personas?
“Definitivamente, pero no solamente en esta agenda, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser claros, hace mucho tiempo que hay una debilidad institucional que ha sido incapaz de frenar este avasallamiento de los niveles de criminalidad que muestra uno de sus lados más dolorosos con la desaparición de personas”.
Hay denuncias sobre la operatividad de la fiscalía especializada, ¿qué hace falta para que rinda frutos?
“Hay un subregistro de este tipo de situaciones, las familias plantean que hasta cinco veces más que las cifras oficiales. A nivel nacional la cantidad anda en 90 mil personas desaparecidas, si atendemos esta lógica de las familias y colectivos son cinco veces más. Es un asunto que ha rebasado a todas las instituciones, sí se crean instituciones, hemos avanzado en Jalisco en mecanismos estructurales, en legislación, instalación de oficinas como la propia fiscalía especializada, pero todo eso no logra traducirse en indicadores de resultados, ahí está un terrible problema en ciencias forenses que está recurriendo a la identificación de personas con perfil de ADN que es lento, es costoso, tienen que generarse nuevos mecanismos para la identificación de personas”.
Hay cuerpos que están ahí por años y no los entregan…
“Así es, nosotros hemos documentado más de una ocasión que la persona fue a buscar a su ser querido, le dijeron no está aquí, va cada quince días, cada mes, a los dos años le dicen que sí estaba”.
Años de incertidumbre, ¿hay alguna recomendación o algo de parte de la CEDHJ?
“En la gestión que me toca encabezar hemos abordado esta agenda con toda la crudeza que implica, hemos emitido múltiples recomendaciones, hemos detectado afectaciones en al menos mil casos, incluida la crisis forense con el tráiler que tenía cuerpos no identificados, algo surrealista. Eso nos ayuda a identificar el problema como uno de los más graves, en Jalisco tenemos uno de los sistemas de ciencias forenses más avanzados del país”.
DOCUMENTAR LA TRAGEDIA
¿Cómo vamos con el acompañamiento de la Comisión a las víctimas para que las autoridades hagan su trabajo?
“Vamos a documentar la tragedia, que lo hacemos en informes, en recomendaciones, esto hay que señalarlo porque la recomendación más allá de lo que muchas personas suponen que no son vinculatorias, tienen un impacto, te sirven para activar otros mecanismos de exigibilidad, son la llave de entrada para acceder a una serie de apoyos que tiene que dar el estado, que no estamos avanzando como quisiéramos”.
¿Qué apoyos se tendrían que estar dando?
“Están establecidos en la ley general de víctimas. Nosotros tenemos un acompañamiento cotidiano con las familias, incidiendo en la agilización de trámites, en la investigación oportuna, que tengan certeza que le entregan el cuerpo de su ser querido. Incluso, en aquellas personas que nadie habla y que son más de mil, cuerpos que se han encontrado y no tienen nombre, ya hoy se llaman personas sin identificar, anteriormente se utilizaba esa nomenclatura, ahí están en las criptas que se adquirieron. Estamos en un acompañamiento cotidiano pasando de la documentación a la incidencia directa”.
¿La Comisión no tendría que tener un papel más visible de exigencia más público?
“Siempre se puede hacer más, sin duda, hemos avanzado para hacer una de las agendas principales en la Comisión, somos de las pocas que a nivel nacional tienen esta agenda como prioridad. Convivo con el resto de los titulares de derechos humanos en el país, ha sido una agenda que desde Jalisco hemos impulsando a nivel nacional, se está generando desde el INEGI una política pública para verificar la capacidad de servicios forenses en todo el país, creo que en ningún estado como el nuestro se ha vivido la situación tan trágica, como el caso de los estudiantes de cine, el caso del tráiler”.
LOS LEVANTAONES DE LA FISCALÍA
El caso de desaparición forzada de parte de la Fiscalía contra estudiantes en junio del año pasado, ¿dónde está la justicia?
“Los estándares de derechos humanos nos permiten calificar las violaciones con una nomenclatura específica, sí se presentó desaparición forzada de personas. Los atrajo la CNDH, los está documentando, sin embargo, no quisimos enviarlo sin hacer una investigación, para nosotros fue claro que hubo una ejecución extrajudicial, presenté un informe en el Congreso del Estado, falta que le pongan nombre y apellido, que se desahogue el debido proceso. Por otra parte, justo quienes protestaban por este horrible hecho fueron víctimas de violencia que vulneró sus derechos humanos, que evidenciaron una falta de protocolos para contener multitudes”.
Vimos policías vestidos de civil que querían suprimir manifestaciones con violencia…
“Sí, eso se vio, también policías que se les intentó prender fuego, fue una situación compleja. Invito a que se lean los informes en donde con toda precisión estamos identificando estas cuestiones de detenciones ilegales, malos tratos, tortura, desaparición y se presentó en diferentes momentos. La actuación pretendía inhibir la llegada de personas al punto donde iban a ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
En tu opinión, como defensor del pueblo, ¿el fiscal fue omiso y tiene responsabilidad? ¿Debe seguir en el cargo?
“Es una pregunta con tintes de política, pero contestaré con derechos humanos. Falta garantizar el acceso a la justicia, que implica el acceso a la verdad y la reparación integral del daño. Son cinco medidas, de restitución cuando es posible, cuando no vienen las medidas de compensación, medidas de rehabilitación, de satisfacción, incluso otro tipo de situaciones que visibilicen y reconozcan a las personas, finalmente las garantías de no repetición, en este último proceso, el gobierno de Jalisco presenta propuestas a partir de un ejercicio que realizaron con las personas que fueron víctimas en estos eventos. Sin duda este hecho dejó una huella para cientos de jóvenes que acudieron a ejercer sus derechos como ciudadano”.
El estado te puede desaparecer con un fiscal que ya tenía antecedentes semejantes de violaciones y la CEDHJ no se pronuncia…
“Nosotros sí nos hemos pronunciado, ahí está una recomendación general en materia de seguridad ciudadana. Una autocrítica, nos hace falta difundir y posicionar más el trabajo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos trabajando en ello, por la forma en que ahora se comunican los sucesos en nuestra comunidad. En este momento no tenemos ninguna agenda sin tratar, sin abordar, por más compleja que pueda ser, empezamos con personas desaparecidas, que es riesgosa, hemos documentado más de 20 casos de desaparición forzada”.
¿En qué momento del proceso entra la Comisión a apoyar a las víctimas y sus familiares?
“Ahora nosotros vamos en busca de ellos, porque difícilmente quien vive una tragedia tiene cabeza para pensar voy a tal o cual institución, por eso estamos yendo a Ciencias Forenses, estamos con las personas, recibiéndolas, llegan con el impacto, desesperación, tristeza, vamos con psicólogos, médicos. Pese a que tenemos una gran cantidad de cuerpos y segmentos acumulándose, la mayor parte de los cuerpos que se localizan en las fosas clandestinas están siendo identificados por sus familias”.
Las familias ocupan el vacío que deja la autoridad…
“Definitivamente, porque una madre nunca dejará de buscar a su hijo, son las madres quienes continúan esa búsqueda. En estos casos, siempre hay integrantes de las familias que tienen enfermedades graves, que tendrán un impacto en todos los sentidos, hasta en el económico. Hace falta más apoyo para las familias que han sufrido esta tragedia, en lo inmediato, el alimento de las personas que quedan en orfandad, los apoyos económicos que por ley se tienen que proporcionar y todo el acceso a la justicia”.
En un punto de equilibrio, ¿cómo hemos avanzado en el manejo de esta crisis?
“Pareciera que corremos en una banda sin fin, por más esfuerzos que se hacen uno voltea y ve el tamaño de la tragedia y parece que será insuficiente, esto es por la debilidad institucional que venimos arrastrando desde hace varias décadas, las instituciones del estado mexicano están rebasadas, en esta pandemia se desnudó totalmente el estado mexicano aunque el discurso de quienes toman decisiones debe ser políticamente correcto y no generar desesperanza, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Es mejor que se hable con la verdad, todo mundo lo vemos, pero la clase política se empeña en decirnos una utopía y son víctimas de ellos mismos con este tipo de declaraciones”, puntualizó.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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