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ENTREVISTAS

La desaparición de personas es el mayor dolor de Jalisco: Ombudsman Alfonso Hernández Barrón

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Por Diego Morales //

La crisis de desaparición de personas es la mayor tragedia que vive el país y en Jalisco en particular pareciera que se corre en una banda sin fin, en donde por más esfuerzos que se hacen parece que es insuficiente, es la cruda visión que expuso entrevistado en “Los Sótanos del Poder”, Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.

En charla con Zul de la Cueva, el ombudsman de Jalisco afirmó que, a pesar de las lamentables cifras, en Jalisco se ha avanzado en temas de legislación y es punta de lanza a nivel nacional en el tema de desapariciones y que a la par tratan de atender todas las agendas que tengan que ver con la protección de derechos humanos de los ciudadanos.

La desaparición de personas es la mayor tragedia en este momento en el país y particularmente en Jalisco, es el dolor más profundo. Lo que implica una desaparición de personas, que son varias violaciones a los derechos humanos afecta no solamente a la víctima directa, sino a sus familiares y seres queridos ante la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido. Además, tienen que soportar la indiferencia, la indolencia y los malos tratos de muchas autoridades responsables de las investigaciones, por eso es que justamente es la mayor tragedia que vivimos porque hay diferentes niveles de victimización, lo vemos todos los días”.

HAY UN SUBREGISTRO DE DESAPARECIDOS

¿Hay una crisis forense y en atención a las personas?

Definitivamente, pero no solamente en esta agenda, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que ser claros, hace mucho tiempo que hay una debilidad institucional que ha sido incapaz de frenar este avasallamiento de los niveles de criminalidad que muestra uno de sus lados más dolorosos con la desaparición de personas”.

Hay denuncias sobre la operatividad de la fiscalía especializada, ¿qué hace falta para que rinda frutos?

Hay un subregistro de este tipo de situaciones, las familias plantean que hasta cinco veces más que las cifras oficiales. A nivel nacional la cantidad anda en 90 mil personas desaparecidas, si atendemos esta lógica de las familias y colectivos son cinco veces más. Es un asunto que ha rebasado a todas las instituciones, sí se crean instituciones, hemos avanzado en Jalisco en mecanismos estructurales, en legislación, instalación de oficinas como la propia fiscalía especializada, pero todo eso no logra traducirse en indicadores de resultados, ahí está un terrible problema en ciencias forenses que está recurriendo a la identificación de personas con perfil de ADN que es lento, es costoso, tienen que generarse nuevos mecanismos para la identificación de personas”.

Hay cuerpos que están ahí por años y no los entregan…

Así es, nosotros hemos documentado más de una ocasión que la persona fue a buscar a su ser querido, le dijeron no está aquí, va cada quince días, cada mes, a los dos años le dicen que sí estaba”.

Años de incertidumbre, ¿hay alguna recomendación o algo de parte de la CEDHJ?

En la gestión que me toca encabezar hemos abordado esta agenda con toda la crudeza que implica, hemos emitido múltiples recomendaciones, hemos detectado afectaciones en al menos mil casos, incluida la crisis forense con el tráiler que tenía cuerpos no identificados, algo surrealista. Eso nos ayuda a identificar el problema como uno de los más graves, en Jalisco tenemos uno de los sistemas de ciencias forenses más avanzados del país”.

DOCUMENTAR LA TRAGEDIA

¿Cómo vamos con el acompañamiento de la Comisión a las víctimas para que las autoridades hagan su trabajo?

Vamos a documentar la tragedia, que lo hacemos en informes, en recomendaciones, esto hay que señalarlo porque la recomendación más allá de lo que muchas personas suponen que no son vinculatorias, tienen un impacto, te sirven para activar otros mecanismos de exigibilidad, son la llave de entrada para acceder a una serie de apoyos que tiene que dar el estado, que no estamos avanzando como quisiéramos”.

¿Qué apoyos se tendrían que estar dando?

Están establecidos en la ley general de víctimas. Nosotros tenemos un acompañamiento cotidiano con las familias, incidiendo en la agilización de trámites, en la investigación oportuna, que tengan certeza que le entregan el cuerpo de su ser querido. Incluso, en aquellas personas que nadie habla y que son más de mil, cuerpos que se han encontrado y no tienen nombre, ya hoy se llaman personas sin identificar, anteriormente se utilizaba esa nomenclatura, ahí están en las criptas que se adquirieron. Estamos en un acompañamiento cotidiano pasando de la documentación a la incidencia directa”.

¿La Comisión no tendría que tener un papel más visible de exigencia más público?

Siempre se puede hacer más, sin duda, hemos avanzado para hacer una de las agendas principales en la Comisión, somos de las pocas que a nivel nacional tienen esta agenda como prioridad. Convivo con el resto de los titulares de derechos humanos en el país, ha sido una agenda que desde Jalisco hemos impulsando a nivel nacional, se está generando desde el INEGI una política pública para verificar la capacidad de servicios forenses en todo el país, creo que en ningún estado como el nuestro se ha vivido la situación tan trágica, como el caso de los estudiantes de cine, el caso del tráiler”.

LOS LEVANTAONES DE LA FISCALÍA

El caso de desaparición forzada de parte de la Fiscalía contra estudiantes en junio del año pasado, ¿dónde está la justicia?

Los estándares de derechos humanos nos permiten calificar las violaciones con una nomenclatura específica, sí se presentó desaparición forzada de personas. Los atrajo la CNDH, los está documentando, sin embargo, no quisimos enviarlo sin hacer una investigación, para nosotros fue claro que hubo una ejecución extrajudicial, presenté un informe en el Congreso del Estado, falta que le pongan nombre y apellido, que se desahogue el debido proceso. Por otra parte, justo quienes protestaban por este horrible hecho fueron víctimas de violencia que vulneró sus derechos humanos, que evidenciaron una falta de protocolos para contener multitudes”.

Vimos policías vestidos de civil que querían suprimir manifestaciones con violencia…

Sí, eso se vio, también policías que se les intentó prender fuego, fue una situación compleja. Invito a que se lean los informes en donde con toda precisión estamos identificando estas cuestiones de detenciones ilegales, malos tratos, tortura, desaparición y se presentó en diferentes momentos. La actuación pretendía inhibir la llegada de personas al punto donde iban a ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

En tu opinión, como defensor del pueblo, ¿el fiscal fue omiso y tiene responsabilidad? ¿Debe seguir en el cargo?

Es una pregunta con tintes de política, pero contestaré con derechos humanos. Falta garantizar el acceso a la justicia, que implica el acceso a la verdad y la reparación integral del daño. Son cinco medidas, de restitución cuando es posible, cuando no vienen las medidas de compensación, medidas de rehabilitación, de satisfacción, incluso otro tipo de situaciones que visibilicen y reconozcan a las personas, finalmente las garantías de no repetición, en este último proceso, el gobierno de Jalisco presenta propuestas a partir de un ejercicio que realizaron con las personas que fueron víctimas en estos eventos. Sin duda este hecho dejó una huella para cientos de jóvenes que acudieron a ejercer sus derechos como ciudadano”.

El estado te puede desaparecer con un fiscal que ya tenía antecedentes semejantes de violaciones y la CEDHJ no se pronuncia…

Nosotros sí nos hemos pronunciado, ahí está una recomendación general en materia de seguridad ciudadana. Una autocrítica, nos hace falta difundir y posicionar más el trabajo que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estamos trabajando en ello, por la forma en que ahora se comunican los sucesos en nuestra comunidad. En este momento no tenemos ninguna agenda sin tratar, sin abordar, por más compleja que pueda ser, empezamos con personas desaparecidas, que es riesgosa, hemos documentado más de 20 casos de desaparición forzada”.

¿En qué momento del proceso entra la Comisión a apoyar a las víctimas y sus familiares?

Ahora nosotros vamos en busca de ellos, porque difícilmente quien vive una tragedia tiene cabeza para pensar voy a tal o cual institución, por eso estamos yendo a Ciencias Forenses, estamos con las personas, recibiéndolas, llegan con el impacto, desesperación, tristeza, vamos con psicólogos, médicos. Pese a que tenemos una gran cantidad de cuerpos y segmentos acumulándose, la mayor parte de los cuerpos que se localizan en las fosas clandestinas están siendo identificados por sus familias”.

Las familias ocupan el vacío que deja la autoridad…

Definitivamente, porque una madre nunca dejará de buscar a su hijo, son las madres quienes continúan esa búsqueda. En estos casos, siempre hay integrantes de las familias que tienen enfermedades graves, que tendrán un impacto en todos los sentidos, hasta en el económico. Hace falta más apoyo para las familias que han sufrido esta tragedia, en lo inmediato, el alimento de las personas que quedan en orfandad, los apoyos económicos que por ley se tienen que proporcionar y todo el acceso a la justicia”.

En un punto de equilibrio, ¿cómo hemos avanzado en el manejo de esta crisis?

Pareciera que corremos en una banda sin fin, por más esfuerzos que se hacen uno voltea y ve el tamaño de la tragedia y parece que será insuficiente, esto es por la debilidad institucional que venimos arrastrando desde hace varias décadas, las instituciones del estado mexicano están rebasadas, en esta pandemia se desnudó totalmente el estado mexicano aunque el discurso de quienes toman decisiones debe ser políticamente correcto y no generar desesperanza, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Es mejor que se hable con la verdad, todo mundo lo vemos, pero la clase política se empeña en decirnos una utopía y son víctimas de ellos mismos con este tipo de declaraciones”, puntualizó.

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Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

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Por Gabriel Ibarra Bourjac //

La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.

Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.

La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.

Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.

La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.

La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.

La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.

El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores de El Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.

La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.

La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.

El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.

El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.

La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.

La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.

El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.

¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?

CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.

En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y sugirieron drenajes semi-profundos y profundos.

El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.

Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.

¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).

Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.

¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?

La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.

La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).

Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.

La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.

¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el Macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?

La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el Macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quitan votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.

Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.

El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.

¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?

El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.

El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.

¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.

El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.

PUNTOS FUNDAMENTALES:  SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO

  • Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
  • Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
  • Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
  • Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
  • Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
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ENTREVISTAS

Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

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Por Mario Ávila //

Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.

Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.

Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.

Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.

Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.

LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”

Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.

La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.

No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.

Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.

Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.

Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.

Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.

ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO

Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.

Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.

Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.

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ENTREVISTAS

Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

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Por Mario Ávila //

El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.

Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.

“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.

Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.

Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.

En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.

“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.

A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.

Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.

También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.

El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.

 

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