Abogado Cuauhtémoc Peña: Colapsada la justicia agraria por corrupción en los tribunales

Por Mario Ávila

Dos graves problemas impiden que en Jalisco exista una verdadera justicia agraria: la excesiva duración de los procedimientos legales y la corrupción que, asegura, mantiene colapsado al sistema de tribunales agrarios.

Así lo afirmó el abogado y dirigente sindical Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), quien considera que el cierre del Tribunal Agrario número 16 tendrá un grave impacto en la impartición de justicia, principalmente por el rezago de expedientes que ahora deberán ser absorbidos por otros órganos jurisdiccionales.

Reconoció que algunos abogados agraristas le han confirmado que se ha enviado personal adicional a los tribunales 13 y 15 para intentar mitigar la crisis que podría generarse por la redistribución de asuntos.

Sin embargo, señaló que diversos liderazgos sociales han comenzado a respaldar esta causa junto con organizaciones civiles y grupos de abogados. “Es importante la participación de los abogados agraristas, pero esta lucha debe darse acompañados de las organizaciones campesinas, que son las principales afectadas por la mala impartición de justicia agraria”, expresó.

“Estamos viendo si en unos 15 días podemos convocar a la constitución de un Frente por la Justicia Agraria, para exigir que en el presupuesto federal se destinen los recursos necesarios para que los tribunales dejen de trabajar en condiciones tan precarias”, adelantó.

El frente que buscan conformar pretende establecer comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Antes de ello, explicó, elaborarán un documento con análisis y casos documentados que evidencien cómo se ha deteriorado la impartición de justicia agraria en el país.

“Tenemos que documentar casos concretos sobre cómo se ha retrasado la impartición de justicia agraria y también debemos cabildear con diputados y senadores de Jalisco. Aunque la crisis existe en todo el país, la realidad es que los tribunales no cuentan ni con lo mínimo para trabajar; faltan hojas, grapas y materiales básicos”, planteó.

Los casos de corrupción que ha padecido de primera mano

Entre los casos que, según dijo, ha conocido y enfrentado directamente relacionados con presuntos actos de corrupción dentro de la justicia agraria, Cuauhtémoc Peña Cortés mencionó dos expedientes que se tramitaban en el recientemente desaparecido Tribunal Agrario 16.

“Temas como Chalacatepec y Santa Cruz de la Soledad, que estaban siendo atendidos precisamente por este tribunal, van a sufrir nuevos retrasos. Son asuntos especialmente importantes para nosotros”, señaló.

Recordó que en el caso de Santa Cruz de la Soledad, en el municipio de Chapala, están involucrados alrededor de 360 millones de pesos provenientes del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), recursos que, aseguró, terminaron beneficiando a particulares que despojaron a los ejidatarios de terrenos ubicados en cerros con una privilegiada vista al lago de Chapala.

“Los grandes ganadores suelen ser los desarrolladores inmobiliarios o los acaparadores de tierras, porque mantienen la posesión y continúan avanzando en sus proyectos, mientras quienes se defienden de un despojo enfrentan obstáculos para acreditar sus derechos”, sostuvo.

Explicó que el conflicto se originó durante la administración estatal de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cuando, según denunció, algunos ejidatarios fueron engañados para firmar documentos en blanco, lo que posteriormente derivó en la transferencia gratuita de aproximadamente 153 hectáreas ubicadas en dos de los cerros con mayor valor paisajístico de la zona.

Aseguró que el comisariado ejidal de aquella época actuó en complicidad con desarrolladores inmobiliarios y con el propio IPEJAL. En contraste, afirmó que las autoridades ejidales actuales han emprendido acciones legales para defender los intereses de la comunidad, aunque el proceso permanece estancado.

Más de tres lustros luchando por las tierras ejidales de Chalacatepec

Otro de los casos que, a juicio de Peña Cortés, refleja la lentitud de la justicia agraria y los niveles de corrupción existentes es el de Chalacatepec, donde identifica dos grandes fraudes que habrían afectado el patrimonio pensionario de los trabajadores al servicio del Estado.

“Chalacatepec lleva más de 15 años de conflicto. Hay dos grandes vertientes. La primera surge en 2009, cuando durante el gobierno de Emilio González Márquez se aceptó como pequeñas propiedades una serie de terrenos ejidales que nunca salieron formalmente del régimen agrario y que estaban respaldados por escrituras apócrifas. Con esa base se utilizaron alrededor de mil 200 millones de pesos del IPEJAL para un desarrollo turístico”, explicó.

Detalló que cuando los ejidatarios impugnaron la operación, se acreditó que el plano original nunca había sido modificado y que las supuestas pequeñas propiedades no existían dentro de la delimitación oficial.

A su juicio, la permanencia de una dirigencia ejidal cuestionada permitió que se consumaran diversos actos de despojo. “En muchos casos los desarrolladores impulsan comisariados ejidales a modo; los tribunales los sostienen y el despojo termina consolidándose”, denunció.

Peña Cortés sostuvo que los mil 200 millones de pesos provenientes del fondo pensionario fueron utilizados para adquirir la posesión de tierras bajo el argumento de que se trataba de pequeñas propiedades privadas.

Añadió que un segundo episodio ocurrió durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, cuando se vendió una parte importante del fideicomiso relacionado con Chalacatepec. Según explicó, los trabajadores de IPEJAL poseían el 48 por ciento del fideicomiso, pero tras la operación la participación quedó reducida al 24 por ciento.

“Se dijo que la venta fue por 100 millones de dólares, pero esos recursos nunca ingresaron a las arcas de IPEJAL. Al menos, no existe evidencia de ello”, afirmó.

Consideró que esos recursos habrían terminado beneficiando a la empresa Rasaland, que posteriormente entregó a cambio una inversión en Nayarit conocida como “Las Mandarinas”, proyecto que, según dijo, presenta características similares a las observadas en Chalacatepec.

Por estos hechos, Peña Cortés informó que ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y adelantó que prepara nuevas acciones legales con información adicional.

Finalmente, además de exigir que se revierta el cierre del Tribunal Agrario número 16, planteó la necesidad de que el Gobierno Federal realice auditorías profundas en todos los tribunales agrarios del país.

“No es posible que, ante señalamientos de corrupción contra determinados funcionarios, la solución haya sido cerrar un tribunal completo. Son situaciones extrañas que deben investigarse. Por eso considero urgente que desde la Presidencia de la República se envíe personal especializado para auditar el funcionamiento de los tribunales agrarios”, concluyó.