Retroceso en la impartición de justicia con el cierre del Tribunal 16 y oficinas del Registro Agrario

Por Mario Ávila

“A los ejidos, a las comunidades indígenas y a todos los sujetos agrarios de Jalisco les afecta gravemente el cierre del Tribunal Agrario número 16”, advirtió el abogado Francisco Cervantes Ruiz, quien agregó que a esta situación se suma el cierre, desde hace tres meses, de las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en Jalisco.

El abogado corporativo, consultor y asesor de los ejidatarios del área natural protegida del Bosque de La Primavera lamentó que, con estas medidas, a Jalisco se le esté dando un trato similar al de Nayarit, cuando las diferencias entre ambos estados son abismales.

Explicó que Jalisco y Nayarit cuentan actualmente con dos Tribunales Agrarios cada uno, pese a que Jalisco tiene una población de 8 millones 348 mil 151 habitantes, lo que lo convierte en el tercer estado más poblado del país. En contraste, Nayarit cuenta con apenas 1 millón 181 mil 050 habitantes, ubicándose entre las entidades menos pobladas de México. Además, Jalisco posee una extensión territorial de 78 mil 588 kilómetros cuadrados, mientras que Nayarit dispone de 27 mil 815 kilómetros cuadrados.

De ahí que, aseguró, estas decisiones afectan directamente a los habitantes de 3.5 millones de hectáreas del territorio jalisciense bajo régimen ejidal o comunal; a los integrantes de los mil 407 ejidos legalmente constituidos en la entidad; a las 58 comunidades indígenas reconocidas oficialmente y a aproximadamente 330 mil sujetos agrarios con derechos vigentes.

Tras exponer esta numeralia, Francisco Cervantes Ruiz señaló que el problema no se limita a los núcleos agrarios que llevaban sus asuntos en el Tribunal 16. Explicó que las afectaciones comienzan desde el momento en que las personas deben trasladarse a Guadalajara para atender sus procedimientos, en un contexto donde la justicia debería ser pronta y expedita, pero que hoy se encuentra seriamente obstaculizada.

Calificó además como absurda la reducción de personal en los tribunales 13 y 15, particularmente en el área de notificadores. “Sin ellos no hay manera de dar seguimiento adecuado a los casos. La justicia ya era lenta y una justicia tardía deja de ser justicia”, planteó.

“Lamentamos profundamente esta decisión tomada por el Tribunal Superior Agrario. Hemos sostenido reuniones con abogados litigantes y organizaciones agrarias. En mi caso, represento legalmente a varios ejidos ubicados en el Bosque de La Primavera y todos los asuntos de la zona metropolitana de Guadalajara correspondían al Distrito 16. Los efectos serán inmediatos y los otros dos tribunales enfrentarán una carga de trabajo mucho mayor, lo que retrasará todavía más la impartición de justicia”, explicó.

A su juicio, y al de las organizaciones que representa, se trata de una decisión sumamente desafortunada. Incluso, dijo, ya se ha dialogado con algunos legisladores para analizar la posibilidad de revertir esta medida.

Insistió en la gravedad de la desaparición del Tribunal 16 y señaló que Jalisco queda únicamente con los tribunales 13 y 15 en operación. “Para dimensionar el daño, basta decir que hoy tenemos la misma infraestructura de justicia agraria que Nayarit. No existe comparación entre ambos estados en términos de población y territorio. Allá operan los tribunales 19 y 56 para atender a toda su población. A ese tamaño nos están reduciendo”, sentenció.

Añadió que, lejos de eliminar tribunales, se requería abrir nuevas sedes regionales, particularmente en Lagos de Moreno o Ciudad Guzmán, para acercar la justicia a los habitantes de esas regiones. “Esta decisión afecta gravemente la impartición de justicia agraria en Jalisco por el enorme rezago y la lentitud con que ya se atienden los asuntos”, sostuvo.

Agrava la situación la suspensión de actividades en el RAN

A esta problemática se suma el cierre de las oficinas del Registro Agrario Nacional en Guadalajara. Francisco Cervantes Ruiz explicó que la dependencia se encuentra en proceso de reubicación y que existen comunicados oficiales donde se informa la suspensión de diversos trámites y procedimientos.

Detalló que las actividades del RAN se encuentran paralizadas a nivel nacional, afectando incluso juicios federales, amparos y procedimientos ante tribunales administrativos y colegiados. “No solamente enfrentamos la desaparición del Distrito 16; también tenemos suspendidas las actividades del Registro Agrario Nacional. Esto nos lleva a una sola conclusión: no hay impartición de justicia agraria ni certeza jurídica en Jalisco”, afirmó.

Consideró indispensable que esta situación cambie y que las autoridades federales fortalezcan las instituciones agrarias. “La presidenta de la República debe buscar mecanismos para fortalecer los tribunales agrarios y garantizar una verdadera impartición de justicia”, señaló.

Explicó que ha dialogado con Maribel Méndez de Lara y Alberto Pérez, magistrados del Tribunal Superior Agrario, quienes atribuyen la situación a restricciones presupuestales. Por ello, adelantó que solicitarán el respaldo de legisladores federales de todas las fuerzas políticas para gestionar mayores recursos para el Registro Agrario Nacional y los tribunales agrarios.

“Es inconcebible que, bajo un discurso de transformación en favor de quienes menos tienen, se debiliten instituciones fundamentales para el campo mexicano. La transformación debe ser para mejorar, no para retroceder”, planteó.

Asimismo, detalló que el Registro Agrario Nacional lleva varios meses paralizado y que existe una circular mediante la cual se informa que no habrá respuesta a diversos requerimientos jurisdiccionales debido a la sustitución de equipos de cómputo y otras herramientas administrativas. “Ya tenemos casi tres meses en esta situación y no existe una fecha clara para la reanudación de actividades. Lo único que hay es incertidumbre”, lamentó.

La lentitud en la impartición de la justicia agraria

La justicia agraria en Jalisco enfrenta desde hace años graves problemas de dilación. Un ejemplo es el conflicto del ejido Boca de Tomatlán, que acumula más de una década sin resolución definitiva en los tribunales.

De igual manera, los amparos promovidos por los ejidos Huaxtla, Lázaro Cárdenas y Bosque de La Primavera tardaron alrededor de diez años en obtener sentencia y actualmente se encuentran en etapa de ejecución.

El cierre del Tribunal Unitario Agrario 16, ordenado mediante el Acuerdo General 11/2026 del 12 de mayo, agrava aún más este escenario. Los 29 municipios que integraban ese distrito fueron redistribuidos entre los tribunales 13 y 15, incrementando significativamente la carga de trabajo de ambas instancias.

Francisco Cervantes Ruiz advirtió que esta medida podría prolongar todavía más los tiempos de resolución y ejecución de sentencias. Por ello, reiteró que la solución no es cerrar tribunales, sino fortalecerlos con más personal, infraestructura tecnológica, audiencias itinerantes, intérpretes de lengua wixárika y capacitación con perspectiva intercultural.

Finalmente, hizo un llamado a campesinos, ejidatarios y organizaciones agrarias para exigir, por las vías institucionales, mayores recursos presupuestales y una justicia pronta y expedita. También cuestionó que la decisión se haya tomado sin estudios de impacto, sin análisis geográficos y sin consulta previa a las comunidades indígenas, lo que, advirtió, podría contravenir disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).