ENTREVISTAS
Pedirán al Sistema Estatal Anticorrupción se active: «Tenemos una policía vial ineficiente, incapaz y corrupta», Hugo Contreras
Por Diego Morales Heredia //
¿Quién no tiene un familiar o una gente cercana que no haya vivido esta ruta de movilidad, derivado de la deficiencia y corrupción de los elementos de vialidad?”, -pregunta el diputado priista Hugo Contreras Zependa-.
“Tenemos una policía vial ineficiente, incapaz y corrupta, dependiendo de una Secretaría (Seguridad) que no es la responsable de buscar las soluciones en la movilidad”.
“El marco jurídico está rebasado, es caduco, no responde a la realidad, es necesario que el Congreso del Estado haga su tarea y a través de foros y parlamento abierto se escuche la voz de la ciudadanía, que podamos encontrar con el Ejecutivo, los gobiernos municipales, una nueva Ley de Movilidad, llevando a la Policía Vial en la dependencia que le corresponde para solucionar parte de las demandas ciudadanas”, plantea el coordinador de la fracción legislativa del PRI.
Dijo que en el caso de corrupción que se ha denunciado, vamos a pedirle al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción revisen esta problemática, toda vez que las denuncias de las personas que se han visto afectadas y que han tenido el valor de acudir a las instancias para señalar ser víctimas de la extorsión, casi la totalidad no prosperan.
El diputado Contreras Zepeda hace referencia a una información de la Fiscalía Estatal Anticorrupción obtenida por transparencia y publicada por el Diario El Informador que revela que entre los años 2018 y 2022 inició 109 investigaciones que involucran a 120 agentes de la Policía Vial del Estado, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, acusados por presuntos abusos de autoridad y cohecho.
De todos estos casos denunciados, únicamente hay cinco casos por presuntos robos cometidos por los agentes, entre los ilícitos denunciados por los ciudadanos, no obstante, únicamente hay dos vinculaciones a proceso penal, sin que se hayan dictado sentencias condenatorias o absolutorias en los juzgados contra estos servidores públicos.
“La situación se ha vuelto intolerable, hay un hartazgo ciudadano contra la corrupción de los agentes de la Policía Vial, que no se ven para resolver problemas como un choque o un accidente, que lejos de acudir, los hemos visto evadir para no estar presentes ni atender su responsabilidad y que viene a complicar la movilidad de los conductores”.
El coordinador de la fracción legislativa del PRI en el Congreso del Estado anuncia que solicitarán al Sistema Estatal Anticorrupción intervenga en esta problemática,
“Los ciudadanos deben presentar la denuncia de las extorsiones que son objeto de parte de los agentes viales, que hoy se advierte que ya no son de 200, 300 o 500 pesos lo que piden, llegan a los 5 mil o más, como lo han denunciado los automovilistas, aunado a la complicidad que tienen con ciertas empresas de grúas que forman parte del jugoso negocio para esquilmar al automovilista”, añade.
“Aunado a ello, tenemos la inutilidad de la Policía Vial, como lo han denunciado, las propias autoridades municipales ante el caos de vialidad que se vive en la zona metropolitana, sin que se vea una estrategia para hacer frente a esta problemática que asfixia la movilidad”.
LA ENTREVISTA
Mientras tanto, ¿qué hacer con la Policía Vial?
“Vamos a alzar la voz, que es nuestra obligación, en la más alta tribuna, para decirle a los titulares de las dependencias que tienen a su cargo el cuerpo de elementos de Policía Vial, que estén al pendiente, se están cometiendo corruptelas, nosotros vamos a alzar la voz para decirle al Sistema Estatal Anticorrupción, que se active”.
En los próximos días, tendremos una importante comparecencia porque es su obligación, del informe del auditor, en esa actividad ojalá y nos acompañen, porque los vamos a invitar a los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción para que sean testigos de lo que está sucediendo, será un espacio idóneo para señalar lo que está sucediendo en la corporación de la Policía Vial, que hay actos de corrupción y que debemos estar atentos para denunciarlos, hacer responsable a los titulares de que esto no suceda. Exhortar al gobierno del estado y al titular de esta dependencia, a que se tomen cartas en el asunto y desde el Congreso lo vamos a estar denunciando, es lo que los ciudadanos nos piden, es lo que les duele y reclaman, por eso debemos hacer nuestro trabajo y no permitir estos actos de corrupción en esa corporación como en otras más”.
¿Qué les dices a los ciudadanos víctimas de los “mordelones”?
“Que denuncien ante las autoridades, ante la Fiscalía, ante el Sistema, la propia Contraloría, de lo que está sucediendo. Desde el Congreso, la fracción del PRI estará alzando la voz y respaldando estos lamentables hechos que son en perjuicio del bolsillo de los ciudadanos”.
Por un lado está el marco jurídico, que queda rebasado ante la problemática. Se ha señalado que la Policía Vial debería estar en la Secretaría del Transporte, ¿cómo ves este problema de diseño?
“Es notorio que el marco jurídico actual no responde a la realidad de lo que viven los ciudadanos, la policía ineficiente, incapaz y corrupta, dependiente de una Secretaría que no es la responsable de buscar las soluciones en la movilidad, es necesario que desde el Congreso, a través de foros o parlamento abierto, podamos encontrar entre el Gobierno del Estado, los municipales y las partes una nueva Ley de Movilidad poniendo a la Policía Vial en la dependencia que le debe corresponder para solucionar parte de las demandas de los ciudadanos”.
¿Cómo visualizas que el Congreso del Estado en su conjunto asuma su responsabilidad y tarea buscando estar del lado de los ciudadanos?
“Espero que los coordinadores de las fracciones de los distintos partidos, como los propios diputados, asuman su responsabilidad de representar decorosa y dignamente a los ciudadanos y estén, como lo hace el PRI, de lado de las causas de la gente o de las demandas sociales. Sí veo en la diputada que preside la Comisión de Movilidad, disposición para atender un nuevo marco jurídico para que se adecúe de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, porque nos obliga con la nueva Ley de Movilidad Federal a que Jalisco se actualice y el Congreso tiene esa doble responsabilidad, primero de estar al lado de los ciudadanos, ojalá así lo hagan todos los grupos parlamentarios».
«La segunda es la obligación de actualizar el marco jurídico, tratar de que se pueda cuidar y resolver todas estas deficiencias que estamos hablando, del transporte público, de la ineficacia de los elementos de vialidad y combatir la corrupción, es la oportunidad que el Congreso vuelva a tomar su autonomía, su competencia de un poder autónomo y que no esté solamente atendiendo las recomendaciones de otro poder, sino que se asuma como un poder autónomo y que constitucionalmente trabaje para beneficio de los jaliscienses”.
¿Los foros serán para que hablen los ciudadanos?
“Definitivamente, el espíritu de un parlamento abierto es para escuchar los problemas, las posibles alternativas que se pueden otorgar y los diputados debemos tener la sensibilidad y disposición de que lo que venga de la sociedad y lo podamos traducir en leyes que beneficien a la sociedad, toda la disposición y ánimo de hacerlo, lo que se trata es cómo entre todos solucionamos los problemas que vivimos día a día”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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