Por Luis Enrique Villanueva Gómez //

Nuestro país ha tenido una historia y evolución acompañada siempre de altibajos y profundas crisis económicas.

Prácticamente no hay mexicano adulto que no haya sufrido uno de los eventos económicos más desastrosos que se ubican entre los años 1976, 1982 y 1995, cuando por diversos factores debimos padecer sus graves efectos; sin embargo, esa recurrencia ha dejado al menos una base de instrumentos para enfrentarlas que no ha terminado de consolidarse en la cultura nacional.

En efecto, una crisis prolongada perfiló a Miguel de la Madrid Hurtado como Presidente al considerarse como el personaje ideal para enfrentarla, dada su formación profesional y vocación por la disciplina administrativa que le atribuían.

Haciendo válidos los augurios, fue De la Madrid quien emitió el primer Plan Nacional de Desarrollo en México, aunque su origen lo debía a las diferentes peticiones y ofrecimientos de obras y proyectos recabados en su campaña previa a la presidencia, lo destacable es que con ese documento dio inicio a la cultura de la planeación institucional en el país.

Al paso del tiempo se continuó en los siguientes sexenios con la presentación de los respectivos planes de desarrollo hasta la fecha, pasando primero por ser un catálogo de promesas de campaña a un ordenamiento sistemático de la distribución prioritaria de proyectos con modelos de evaluación de su cumplimiento y su correspondiente fondeo.

La obligación de las instituciones para elaborar su respectivo plan de desarrollo alcanzó nivel constitucional y el marco normativo amplió dicha responsabilidad hasta los poderes de las entidades federativas y los municipios, hoy en día todas las instituciones públicas tienen la obligación de publicar la planeación de sus actividades.

LA PLANEACIÓN, ASIGNATURA PENDIENTE

Así, el Poder Judicial de Jalisco debe elaborar anualmente la planeación de sus objetivos, estrategias, proyectos, metas e indicadores que invariablemente estarán vinculados con el plan de desarrollo del Gobierno del Estado y éste a su vez con el Federal.

Sin embargo, a juzgar por las inadecuadas condiciones físicas, de calidad, de eficiencia y de imagen en que se encuentra la justicia en Jalisco, es evidente que la planeación es una asignatura no cumplida a pesar de su destacada importancia en el crecimiento y desarrollo institucional.

En efecto, los escasos recursos económicos, el incompleto marco normativo y los intrincados procedimientos que distinguen al Poder Judicial de Jalisco, son consecuencia de la falta de planeación y condicionantes, además, de su inoperancia en términos de expedites, integralidad y prontitud.

LIBRE PLANEACIÓN DEL CRECIMIENTO

Ciertamente, mucha gente se pregunta las razones de la demora para resolver un juicio de cualquier materia en nuestra entidad, igualmente muchos suponen que es una cuestión de voluntad de los funcionarios judiciales, otros piensan en la amplitud de vericuetos de las leyes y unos más consideran que se debe a la falta de capacidad de los juzgadores para organizar a su personal.

En la realidad, resulta difícil identificar todas las causas como también lo es atribuirle a una sola de ellas la responsabilidad en la percepción de tardanza que la ciudadanía tiene de la justicia.

Lo que sí es palpabable es el cúmulo de trabajo que deben atender los tribunales, que supera, y con mucho, las recomendaciones internacionales; es decir, los organismos revisores de la competitividad, calidad de vida e inversión productiva en el mundo, sugieren un número estandarizado de expedientes para cada tribunal. En Jalisco se supera en cuatro y hasta cinco tantos dependiendo de la materia.

Además, en toda su historia, la administración de justicia, no ha tenido un crecimiento acorde al incremento poblacional, es de todos sabido que al aumentar el número de habitantes crece naturalmente la demanda de justicia y que éste criterio de homologación y ajuste nunca ha sido considerado para la asignación del presupuesto del Poder Judicial, razón por la cual no se alcanza aún a satisfacer las necesidades actuales de la población con la prontitud que establece la norma fundamental.

Es también conocido que la dinámica y los fenómenos sociales modifican el rumbo de la apertura y consolidación de tribunales según la materia que resulte más requerida, siendo el más reciente ejemplo, la asignación para conocer de la materia laboral que representa una carga adicional de trabajo que hasta la fecha no se refleja en un presupuesto mayor para dar inicio a la capacitación y especialización de los correspondientes juzgadores.

El incremento sostenido de las demandas de justicia registrado en los últimos años que supera extraordinariamente el porcentaje de actualización presupuestal asignado, evidencia contundentemente la urgente necesidad que tiene la impartición de justicia de modernizarse y fortalecerse para asegurar la atención a todos y cada uno de los conflictos jurídicos que le son planteados.

La resolución oportuna, pronta y expedita de todas las controversias que a diario se generan, derivadas de las relaciones entre las personas tanto físicas como jurídicas, contribuye enormemente a propiciar la paz social y una armoniosa mecánica productiva y económica que Jalisco requiere para mantener e incrementar sus niveles de eficiencia y competitividad, por tanto, tener la posibilidad de planear la apertura, modificación, traslado y creación de nuevos tribunales con las afectaciones presupuestales que esto significa, es un imperativo del Poder Judicial para consolidar los principios de la justicia previstos por nuestra carta magna. En pocas palabras, hay un fuerte exceso de juicios que supera la capacidad instalada, problema.

Más allá de ello, se puede percibir como origen del problema la falta de planeación del Poder Judicial, al no crear oportunamente los juzgados y salas que hacen falta para atender la necesidad de justicia en determinadas materias o en regiones que vienen creciendo sin detenimiento y no lo hace porque no son atendidos los proyectos que acorde a la Constitución deben incorporarse al proyecto de presupuesto que se presenta a la consideración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, quienes han destinado al Poder Judicial en los últimos años un presupuesto igual apenas actualizado con el índice inflacionario publicado anualmente por el Banco de México.

Como sucede en la gran mayoría de las entidades federativas, la falta de recursos para la planeación del desarrollo de la administración de justicia y la dependencia absoluta del subsidio oficial vía presupuesto, representa tácitamente una violación al principio constitucional de la división de poderes previsto constitucionalmente.

La falta de planeación está vinculada además con la ausencia de interés y desde luego de participación de la sociedad en las labores y desempeño de los órganos impartidores de justicia, en el poco interés de los integrantes de sus órganos de gobierno en contar con un sistema al efecto que enliste y organice sus proyectos prioritarios, que incorpore indicadores de desempeño y los mecanismos de evaluación de su cumplimiento, esto es, no hay voluntad por contar con un crecimiento institucional ordenado, coherente, transparente y pertinente a pesar de la evolución normativa en materia de planeación.

En el año 2007 fue modificada la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco para reformar el artículo 16 e incorporar las obligaciones de coordinación institucional y planeación del desarrollo que debían cumplir los órganos locales de impartición de justicia. Sin embargo, no hubo el más mínimo avance y atención a esas previsiones normativas sino hasta el año 2014 en el que se constituyó el Comité de Planeación del Poder Judicial, figura que es el eje sobre el que descasa, según la ley, el sistema de planeación judicial.

De la citada reunión existe un acta relacionada de la que se desprende como único punto de acuerdo la conformación a su vez de un comité técnico integrado por los secretarios generales de cada uno de los órganos del poder judicial, luego de lo cual no existe constancia de actuación alguna ni de ese comité técnico ni del propio Comité.

Con el cambio de gobierno, el 20 de diciembre de 2018 el Congreso del Estado emitió el decreto 27217/LXII/18 que incorpora al marco legislativo estatal la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que tiene como propósito fundamental regular el Sistema de Planeación Participativa y el diseño de un Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza en coordinación con la Federación y los poderes públicos locales.

A partir de la publicación de la mencionada Ley es que el Poder Judicial se suma a los trabajos de la Secretaría Especializada del Poder Ejecutivo recabando información entre los meses de marzo a mayo de 2019 para la creación del Plan General del Poder Judicial que fuera aprobado por los plenos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia en agosto y septiembre de 2019 respectivamente.

Siendo evidente que la generación del documento obedece más a la coordinación y acercamiento con un nuevo gobierno que a una preocupación auténtica por dotar al Poder Judicial de un instrumento oficial, idóneo y eficaz para la planeación de su crecimiento y desarrollo. Se afirma lo anterior porque el Plan publicado se limita a enumerar lineamientos básicos, sin fijar objetivos y resultados claros y contundentes que atiendan las debilidades de la institución, incluso acusa clara deficiencia en el diseño de programas de desarrollo, lo que en todo caso favorece la desconfianza de la sociedad hacia el Poder Judicial.

Cabe mencionar que la elaboración, debidamente fundamentada, y la publicación de un Plan Institucional propicia un ambiente de transparencia y apertura en los procesos de impartición de justicia y administración, así como en la rendición de cuentas y actualización del personal del Poder Judicial, lo que contribuye a mejorar la opinión pública de la justicia en el Estado.

UN AUTÉNTICO PLAN DE DESARROLLO Y GOBERNANZA

En ese sentido, es prioritario conjuntar esfuerzos para dotar al Poder Judicial de un autentico Plan Estratégico de Desarrollo y Gobernanza a través de un verdadero proceso de planeación participativa, que comprenda las siguientes fases:

Primero, la elaboración de un amplio y crudo diagnóstico, que consiste en el conocimiento y análisis del desarrollo de la realidad que enfrenta el Poder Judicial del Estado de Jalisco, con el propósito de identificar las causas y efectos de los principales problemas para el desarrollo institucional. Que permita responder a las siguientes preguntas: ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a evaluar?

Luego, determinar los medios y fines de los objetivos a corto, mediano y largo plazos, diseñados a partir del diagnostico y orientados a combatir los problemas que actualmente enfrenta el Poder Judicial.

Enseguida diseñar estrategias, programas y proyectos que permitan plantear los cursos de acción factibles y necesarios para el logro de los objetivos y metas.

A continuación detallar los medios necesarios, que consiste en la definición de proyectos y acciones específicas destinadas al cumplimiento de los objetivos y en la identificación de los actores, mecanismos y recursos legales, administrativos, materiales y financieros requeridos para tal fin.

A partir de lo anterior, definir las metas e indicadores, que implica la estimación cuantitativa de los objetivos trazados, sus variables sustantivas y su dimensión temporal.

El seguimiento como fase de la planeación consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones previstas y, en su caso, en la posibilidad de valorar e introducir los ajustes que se consideren necesarios para garantizar el cumplimiento del plan.

Y por último la evaluación que consiste en el análisis interno y externo, de los resultados, impactos y trascendencia del plan con una visión de mediano plazo, a fin de conocer si el plan, los objetivos y los resultados se corresponden con las necesidades que las funciones sustantivas que la institución debe atender.

Recapitulando, es urgente que el Poder Judicial cumpla con las exigencias normativas en materia de planeación, rescatando el sentido de su origen, esto es, debe contar con un plan producto de la participación democrática, que contenga los programas y proyectos necesarios para superar sus rezagos, para equipar y acondicionar sus instalaciones, pero especialmente que cuente con modelos de ordenamiento de sus procesos jurisdiccionales con eficiencia e innovación, que cuente con objetivos y metas claras y realizables así como con indicadores que permitan su control y seguimiento, pero además que sea público, actualizado y transparente, para que la participación ciudadana no quede solo en aportaciones de mejora para su conformación sino en el acompañamiento de su implementación, seguimiento, control, evaluación y sanción.

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