Por Mario Ávila //

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, calificó la propuesta de ley de telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum como una “ley censura” plagada de anomalías que pone en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información.

“El gobierno busca cerrar espacios de expresión ciudadana”, denunció en entrevista con Conciencia Pública, criticando el artículo 109 como un “torito distractor” dentro de una reforma más amplia.

Control del gobierno sobre instituciones

Monraz, del PAN, acusó al gobierno de Morena de apoderarse de instituciones clave, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral, mientras intenta controlar el Poder Judicial y limita la Ley de Amparo. “Quieren regular lo que se dice en radio, televisión y medios públicos, coartando las libertades de los mexicanos”, afirmó, señalando que la reforma viola tratados internacionales como el T-MEC.

Llamado a la acción y conversatorios

El legislador urgió a Sheinbaum a retirar la iniciativa hasta lograr un consenso en el Congreso, aunque anticipó un periodo extraordinario en junio para su aprobación. “Convocamos a la sociedad a defender la libertad de expresión y los derechos humanos”, dijo, destacando que la Cámara de Diputados realizó 10 mesas temáticas con académicos, medios y sociedad civil, enviando sus conclusiones al Senado, donde los conversatorios fueron limitados. “En el Senado solo escucharon a quienes querían; nosotros daremos voz a todos”, prometió.

Para el legislador jalisciense el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue simplemente un “torito distractor”, denunció que la propuesta de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, está plagada de anomalías que hacen evidente el riesgo que corren las libertades de expresión y de acceso a la información en México.

El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN, calificó la iniciativa de telecomunicaciones del gobierno federal como “ley censura” en Conciencia Pública. Denunció que, más allá del artículo 109, busca limitar la libertad de expresión al controlar radio, televisión y medios públicos. Criticó la desaparición de siete organismos autónomos, la intervención en la CNDH, el INE y el Poder Judicial, y reformas a la Ley de Amparo que restringen la justicia ciudadana, coartando el acceso a la información y la libre expresión.

El diputado federal, Monraz Ibarra, expuso que lo mejor sería que la presidenta retirara su iniciativa hasta que no haya un consenso real y auténtico en las dos cámaras del Poder Legislativo, sin embargo, auguró que como lo han manifestado, se convocará a un periodo extraordinario de sesiones, en la primera quincena de junio, para aprobar esta y otras muchas leyes que tienen prisa por aprobar.

Ante la reforma de telecomunicaciones, Miguel Ángel Monraz Ibarra, diputado del PAN, convocó a la sociedad a defender la libertad de expresión, el derecho a la información y los derechos humanos. “En el Congreso, protegemos el acceso a contenidos y conectividad”, afirmó. Criticó el intento del Senado de aprobar rápidamente una iniciativa con 283 artículos que viola el T-MEC, exigiendo un debate amplio para evitar un “albazo” que afecte sectores clave de México.

Reaccionaron ante ello -abundó-, diversas organizaciones de la sociedad civil, de medios de comunicación y se empiezan a detectar algunos artículos como el famoso artículo 109 que buscaba regular las plataformas; entonces la sociedad civil alza la voz porque se buscaba controlar lo que se ve y lo que se escucha.

Expuso que esencialmente el PAN se empeñó en dar a conocer lo que llamaron “la ley censura” y ante ello, el Senado se ve obligado a convocar a unos conversatorios para escuchar a los expertos.

“Esta semana terminaron los conversatorios en el Senado de la República y lo ideal sería, por supuesto, escuchar y atender lo que se dice en esos conversatorios, pero habrá que ver si realmente se hacen reformas que permitan seguir defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la información, pero la pelota en este momento está en el Senado de la República y nosotros actuaremos en la Cámara de Diputados como Cámara revisora”, planteó.

Celebran en la Cámara de Diputados 10 mesas temáticas

El diputado Miguel Monraz resaltó que la Cámara de Diputados organizó 10 mesas temáticas para fortalecer medios en la era digital, promoviendo libertad de expresión, información y conectividad equitativa. “Hoy, todos acceden a información global desde su teléfono”, afirmó.

Y una vez presentada la iniciativa por parte del Gobierno Federal en la Comisión se convocó a la celebración de 10 mesas temáticas a las que asistieron académicos, universidades, medios públicos, independientes, especialistas, ex comisionados del IFT y diversas organizaciones de la sociedad civil, lo mismo que defensores de las audiencias.

Las conclusiones de las 10 mesas temáticas de la Cámara de Diputados se enviarán esta semana al Senado para enriquecer el dictamen de la iniciativa presidencial. Miguel Monraz destacó que, a diferencia de los conversatorios del Senado, limitados a 5 minutos por participante, las mesas ofrecieron 15-20 minutos para expresarse libremente. Criticó que Morena en el Senado ignoró voces diversas, mientras la Cámara dará espacio a más opiniones en un foro adicional el próximo miércoles.

En México, el espectro más caro del mundo

El diputado Miguel Monraz destacó en las mesas temáticas de la Cámara de Diputados que el espectro radioeléctrico en México es el más caro del mundo. “Radiodifusores pagan mucho más que en otros países”, afirmó. Ejemplificó que una estación en La Barca paga entre 2 y 4 millones de pesos, mientras en Los Ángeles solo se cubren 10 a 20 mil dólares anuales por licencias. Propuso que, para ser competitivos, los concesionarios paguen contraprestaciones de radio y televisión anualmente, no de golpe, como las licencias.

Abundan las estaciones “pirata”

En las mesas del Congreso, Miguel Monraz denunció la existencia de unas 800 estaciones de radio “piratas” en México, muchas controladas por la delincuencia organizada, especialmente en Chiapas y Oaxaca. Estas extorsionan negocios y alcaldes, afectando a radiodifusoras independientes. También criticó a los medios públicos por ideologizar en lugar de educar o informar, sirviendo al gobierno en turno. Propuso fortalecer su autonomía editorial para que informen con veracidad, promoviendo contenidos culturales y reflejando la realidad del país.

Las empresas del Estado y la libre competencia

El diputado Miguel Monraz criticó la propuesta de ley de telecomunicaciones por no generar certidumbre para inversionistas. “El Estado debe regular, no competir, asegurando accesibilidad donde el sector privado no llega”, afirmó. Propuso que las empresas estatales lleven internet, telefonía y televisión a zonas remotas con reglas claras, promoviendo competencia equitativa. “Queremos más acceso a medios y conectividad, pero con condiciones transparentes para el Estado y la iniciativa privada”, subrayó, destacando la necesidad de revisar el rol estatal.

Del IFT a la agencia y la violación al T-MEC

El entrevistado criticó la transferencia de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Agencia de Transformación Digital, dependiente del gobierno federal. “Pasamos de un organismo autónomo a una agencia controlada por una sola persona, bajo la presidenta”, señaló en Conciencia Pública. Advirtió que el artículo 65 permite a la Agencia modificar o rescatar frecuencias por “interés público”, amenazando la autonomía y las libertades. Monraz destacó que la reforma incumple el T-MEC y no garantiza independencia, poniendo en riesgo la regulación imparcial de telecomunicaciones.

LA POSTURA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

“Nosotros censura, nunca jamás, nosotros no creemos en eso, un artículo que tenía una orientación para coadyuvar con el SAT y otras instituciones frente a cosas que están en otras leyes, lo pusieron así los compañeros que redactaron la ley, pero para quitar cualquier cosa de censura desde el primer día dijimos que se elimine ese artículo, entonces ya dijimos cuál es el objetivo de esa ley, que pueda haber una empresa (CFE) que en igualdad de circunstancias públicas pueda proveer de internet, que haya derechos de las audiencias, que las radios comunitarias, particularmente indígenas, tengan todas las posibilidades para desarrollarse, en fin todo esto que planteamos sobre la ley. No he visto la redacción final porque la están elaborando en el Senado de la República y espero poder tenerla pronto.

“La facultad que se otorga concesionarios para que guarden datos hasta por dos años, tiene que ver con lo que viene también en la Ley de Seguridad, que todavía está en el Senado; hoy para comprar un chip uno no tiene que dar su nombre y la propuesta es que para comprar un chip, ahora te registres con tu nombre, dado que la delincuencia usa mucho distintos chips, que le va cambiando al teléfono, entonces lo que viene en esa ley también viene en la Ley de Seguridad, que se registre tu CURP con tu identificación”.

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Tras meses de polarización, el 1 de junio de 2025 México elegirá, por primera vez, 881 cargos judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, mediante seis boletas y sin campañas mediáticas intensas. La participación ciudadana, limitada por la complejidad del proceso y el desconocimiento general, difícilmente superará el 20 % del padrón electoral.

Morena domina el proceso, respaldando a candidatos afines, especialmente para ministros, así como para el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, jueces y magistrados buscan alianzas con sindicatos y organizaciones civiles, en un proceso que despierta dudas sobre su verdadera independencia.

La elección del 1 de junio promete democratizar el Poder Judicial, pero se tambalea en un laberinto de confusión. Elegir entre 2,682 y 881 cargos mediante seis boletas por votante es una hazaña titánica. Sin financiamiento público ni respaldo partidista, las campañas son prácticamente invisibles: los y las aspirantes son poco conocidos.

El desconocimiento del rol del Poder Judicial, sumado a una educación cívica prácticamente inexistente, augura apatía. ¿Democracia o fachada? Morena apuesta por controlar la justicia, mientras los ciudadanos, desorientados, podrían quedarse al margen.

La falta de financiamiento público para campañas y la prohibición de que los partidos promuevan candidatos limitan la difusión de plataformas, lo que podría generar aún más confusión o desinterés entre los votantes.

La legitimidad del nuevo Poder Judicial Federal dependerá de la participación ciudadana en la elección del 1 de junio de 2025.

Estimaciones generales de participación

A diferencia de elecciones previas, en esta ocasión no existen encuestas específicas de opinión pública que detallen con precisión el porcentaje de participación esperado. Sin embargo, diversas fuentes ofrecen estimaciones.

Se espera una participación de entre el 8 % y el 24 % del padrón electoral (95-98 millones de votantes), según proyecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de analistas independientes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estimó una participación de entre 8 % y 15 %, considerando la reducción en el número de casillas (85,000 frente a 170,000 en 2024) y la ausencia de conteo de votos en las mismas, lo que podría desincentivar a los votantes.

Pronósticos optimistas

Morena y sus aliados proyectan hasta 20 millones de votos, equivalente al 20-21 % del padrón. Operadores políticos del partido promueven en todo el país lo que han llamado una “elección ejemplar”, aprovechando su supermayoría en la Cámara de Diputados y la popularidad de Claudia Sheinbaum (80 % de aprobación, Pew Research, febrero-marzo de 2025).

La movilización de bases, sindicatos y organizaciones afines podría acercar la participación al 20-25 %, aunque sin alcanzar los niveles de la elección presidencial de 2024 (61.05 %, es decir, 60 millones de votantes).

La consultora Poder y Estrategia, citada en redes, estima una participación del 20 %, reflejo de un escenario en el que el entusiasmo por la “democratización” judicial y el respaldo a Morena impulsen a sus votantes leales, pese a la complejidad del proceso.

Pronósticos pesimistas

Analistas independientes sugieren que la participación podría caer al 10-15 % si únicamente votan los ciudadanos más informados o movilizados, dadas el desconocimiento sobre el Poder Judicial y la falta de campañas visibles.

Algunos escenarios extremos mencionan estimaciones aún más bajas por estado (Mass Behavior Research) o incluso un 9 %, si se cumple el pronóstico de abstención del 91 % elaborado por Appting Corp. Estos reflejan un escepticismo profundo, alimentado por la desconfianza en el voto tras eventos políticos recientes y la complejidad logística del proceso.

INE y WOLA: La estimación más baja del INE (8 %) coincide con las advertencias de la Washington Office on Latin America (WOLA), que alerta sobre la confusión entre funciones judiciales y persecutorias, lo cual refuerza un escenario pesimista donde la apatía y la falta de educación cívica podrían limitar la participación a un mínimo histórico.

Según WOLA, la participación en esta elección podría situarse entre el 8 % y el 15 %, de acuerdo con su análisis del 12 de mayo de 2025. La organización destaca la complejidad de las boletas, la falta de campañas financiadas, la exclusión de personas en prisión preventiva y la ausencia de conteo en casillas como factores clave que reducirán la afluencia.

Ambos pronósticos coinciden en señalar una participación limitada, influida por la falta de educación cívica, la logística reducida y la percepción de politización del proceso. No obstante, Morena espera alcanzar un 20-25 % con su estrategia de movilización.

Reflexión final

Este 1 de junio, México enfrenta un dilema: ¿puede una elección judicial, envuelta en confusión y dominada por Morena, ser el faro de la democracia que promete? Con proyecciones de apenas 8-24 % de participación, según el INE y WOLA, el riesgo es claro: un Poder Judicial legitimado por pocos podría convertirse en un apéndice del poder político. La apatía ciudadana, alimentada por boletas laberínticas y campañas invisibles, amenaza con ceder la justicia a los designios del partido en el poder.

La historia nos juzgará por lo que hagamos —o dejemos de hacer— este domingo. Si los ciudadanos, desorientados, optan por el silencio, Morena tendrá vía libre para moldear la Suprema Corte y los tribunales a su imagen. Pero si despertamos, si exigimos claridad y participación, aún podemos rescatar la independencia judicial. El voto, aunque titánico, es nuestra última trinchera.

¿Democratización o sumisión? La respuesta está en nuestras manos.

Por Francisco Junco //

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCLJ) enfrenta un momento definitorio en su joven historia, al acercarse el fin del ciclo de su primera generación de conciliadores, tras casi tres años de operación desde su creación en 2022 bajo la Reforma Laboral de 2019.

Con 52 conciliadores que han atendido miles de conflictos laborales, esta institución se diseñó para resolver disputas entre trabajadores y empleadores mediante diálogo y mediación, evitando largos procesos judiciales. Su objetivo es claro: ofrecer soluciones rápidas, justas y accesibles que fortalezcan las relaciones laborales en Jalisco.

Sin embargo, la decisión de renovar 22 plazas a través de una convocatoria pública, abierta desde abril y con cierre de recepción de documentos el 23 de mayo de 2025, ha generado tensiones entre los conciliadores actuales y la dirección, liderada por Elke Tepper García, en un proceso que pone a prueba el compromiso del CCLJ con la transparencia y la profesionalización.

En octubre de 2025, 22 conciliadores del CCLJ, con salarios superiores a 30 mil pesos, finalizarán su periodo. Deben elegir entre dejar el cargo o competir en la nueva convocatoria. La demanda de 650-800 personas diarias resalta la necesidad de continuidad.

Los conciliadores han manejado casos complejos, desde despidos injustificados hasta conflictos por prestaciones, acumulando experiencia práctica que los distingue. Sin embargo, la falta de un mecanismo de ratificación ha generado un debate sobre cómo valorar esta experiencia sin caer en prácticas discrecionales.

La directora general, Elke Tepper García, quien asumió el cargo en diciembre de 2024, en entrevista con Conciencia Pública defiende la convocatoria como un paso hacia la equidad y la meritocracia. “Todo el mundo puede entrar, sin excluir a nadie, ni siquiera a los conciliadores actuales,” afirma, destacando que el proceso está abierto a cualquier persona con preparación adecuada, no solo abogados, aunque el dominio de la Ley Federal del Trabajo es esencial.

La convocatoria busca integrar nuevos talentos mientras permite a los conciliadores actuales demostrar su idoneidad, fomentando una competencia basada en méritos. Este enfoque refleja el compromiso del CCLJ con erradicar las prácticas opacas asociadas al sindicalismo mexicano, como el favoritismo o el “dedazo”, que dañaron la credibilidad de las antiguas juntas de conciliación.

La decisión ha generado inconformidad entre los conciliadores actuales, quienes esperaban una ratificación automática tras tres años de trabajo. Según reportes de Conciencia Pública (edición 791), los trabajadores, cuyos contratos terminan en octubre, consideran que la convocatoria busca reemplazarlos sin valorar su capacitación y experiencia, vulnerando sus derechos laborales y contraviniendo la Ley de los Servidores Públicos.

Argumentan que su labor diaria, respaldada por cursos continuos y un proceso de selección previo, justifica su continuidad. Algunos aluden a una “promesa tácita” de permanencia, una expectativa que Tepper refuta con firmeza: “Una promesa debe ser clara; si la inferiste, es diferente.” La directora señala que cualquier ratificación sin evaluaciones sería arbitraria, un riesgo que la Junta de Gobierno, donde ella tiene voz pero no voto, decidió evitar al optar por un “piso parejo”.

La ausencia de un mecanismo de ratificación y de un sistema de evaluación permanente es el núcleo del conflicto. Tepper explica que, al asumir la dirección, preguntó por un proceso de ratificación y le confirmaron que “no hay absolutamente nada.” Ella propuso conservar buenos perfiles, pero la Junta de Gobierno, tras debatir el tema, concluyó que la falta de evaluaciones técnicas impedía justificar la continuidad.

“Mi conocimiento de los conciliadores es de cuatro meses; ¿con qué nos vamos a basar para ratificar?” le cuestionaron. Esta limitación llevó a la decisión de abrir una convocatoria pública, asegurando que el CCLJ no quede desprotegido cuando los nombramientos terminen. La alta demanda del Centro, que atiende conflictos laborales críticos para trabajadores y empresas, refuerza la necesidad de planificar con antelación para evitar interrupciones en el servicio.

Para garantizar la transparencia, el CCLJ delegó la gestión de la convocatoria al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), una institución reconocida por su prestigio. El ITESO diseñará exámenes y casos prácticos, utilizando herramientas como inteligencia artificial para generar evaluaciones únicas y evitar irregularidades, como el presunto intercambio de respuestas en convocatorias anteriores.

Elke Tepper García, directora del CCLJ, detalla que el ITESO diseñará exámenes únicos a partir de un banco de preguntas para garantizar imparcialidad en la selección de 22 conciliadores, sin intervención del Centro. El proceso incluye cuatro etapas: recepción de documentos (cerrada el 23 de mayo de 2025), evaluación escrita, casos prácticos y entrevistas. Con 117 aspirantes, la competencia es intensa, pero los conciliadores actuales tienen ventaja por su experiencia, capacitación y conocimiento de la Ley Federal del Trabajo.

La convocatoria marca un punto de inflexión para el CCLJ, una institución joven que aspira a consolidarse como referente en justicia laboral. La apuesta por la meritocracia busca fortalecer la profesionalización de los conciliadores, asegurando que sean capaces de manejar la complejidad de las relaciones laborales con responsabilidad.

Tepper enfatiza su compromiso personal: “Creo en esta institución; si la echamos a perder, repetiremos los errores de la Junta de Conciliación.” Sin embargo, el desafío es doble: integrar nuevos talentos sin desestimar la experiencia de los conciliadores actuales, cuya labor ha sido crucial para el éxito inicial del Centro. La inconformidad de los trabajadores refleja una tensión más amplia sobre cómo equilibrar renovación y reconocimiento en un sistema que busca modernizarse.

La Reforma Laboral de 2019 impulsa la conciliación previa a juicios. En Jalisco, con alta actividad económica y conflictos laborales, el CCLJ protege derechos de trabajadores y fortalece la confianza empresarial, consolidando su rol estratégico en la transformación del sistema laboral mexicano.

La renovación de los conciliadores debe garantizar que las disputas se resuelvan con equidad y prontitud, evitando que escalen a tribunales y generen costos económicos y sociales. La intervención del ITESO, como árbitro independiente, es un paso hacia la construcción de un sistema transparente, pero su éxito dependerá de la capacidad del CCLJ para comunicar los beneficios de este enfoque y mitigar las tensiones internas.