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NACIONALES

AMLO no hará lo que hizo Zedillo: La corte y la austeridad republicana

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Durante toda su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido, salvo singulares excepciones, muy dúctil con el poder ejecutivo, y casi desdeñada por el poder legislativo. Solo en los tiempos actuales, cuando llegó al gobierno federal un partido de izquierda, ha adoptado una actitud que los ministros integrantes de la SCJN (así como los miembros de la oposición) aseguran, se debe a que ahora si son independientes totalmente, en relación a los otros dos poderes constitucionales.

En el primer tramo del sexenio presente, entre el entonces presidente de la SCJN y el primer mandatario nacional, había cierta corriente de afinidad, y no pasó a mayores la antedicha separación de poderes. Pero tras la elección de la abogada Norma Leticia Piña Hernández, para presidir el alto tribunal a que nos referimos, la relación del poder judicial encarnado por la SCJN, y los poderes legislativo y ejecutivo, se han agriado. Y de tal situación, se han valido los impugnadores de la Cuarta Transformación (4T), para generar loas al Poder Judicial federal (PJF) y llevar agua a su molino, aduciendo que cada paso que da la corte, es para salvaguardar el equilibrio de poderes.

Los jaloneos con diputados y senadores de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, que es gobernante, también son frecuentes. A tal grado que como afirma la periodista Carmen Morán Breña, “La disputa de leyes y decretos en el terreno judicial se ha disparado durante el sexenio provocando una judicialización extrema de la vida parlamentaria que tensa el equilibrio institucional”.

Por lo que ve al primer magistrado, Andrés Manuel López Obrador, a cada acción de la Corte, como cuando ésta echó para atrás la primera parte del llamado Plan B, y luego cuando más recientemente, la SCJN reprobó la segunda parte de ese paquete de leyes con matiz electoral, afirmó que tal Tribunal estaba al servicio de los conservadores, de los antiguos detentadores del poder: “El Poder Judicial está podrido”, se publicó el 8 de mayo pasado. Y el inmediato 29, tras la marcha del “INE no se toca” difundió Forbes: “Ya marchamos por el voto; por el INE, pero la que está defendiendo el voto y al INE es Norma Piña y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por eso estamos aquí reunidos” (José Ángel Gurría).

Lo anterior no es raro, porque poco tiempo antes, había reprochado a la SCJN por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con tal motivo, precisó que ocho ministros actuaban con el estilo del ex presidente Felipe Calderón, -autoexiliado en España- apoyando con ello un modelo de seguridad estilo del exfuncionario narco calderonista, ya condenado por ello en Estados Unidos, Genaro García Luna.

La excesiva judicialización registrada en este sexenio, alcanza la friolera de 809 controversias constitucionales debatidas (casi el doble de las que hubo en el período de Vicente Fox, cuando fueron 414) y además, 572 acciones de inconstitucionalidad. La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Laura Valencia, explica que ello se debe a “Los muchos decretos mediante los que se gobierna…, y también las iniciativas de ley han pasado por la Suprema Corte”.

Ante tal situación, el mandatario y los suyos, se han fijado en los elevados salarios de los ministros de la SCJN, que como lo demuestran estudios comparados de Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo: el ingreso de los jueces superiores mexicanos, son mayores que el de otros países. El profesor de Derecho Julio Ríos (del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM) reconoce que tales ingresos, rebasan al promedio de ministros de muchas naciones, y concluye: “No es que eso esté mal, pero sí es un poco alto”. Esa opinión es al revisar que los ministros cobran más que el presidente, lo que es algo inconstitucional: 137.000 pesos de AMLO, frente a 284.500 pesos de cada miembro de la SCJN, a excepción de su presidenta que gana mucho más, según los datos oficiales publicados.

Por lo anterior, el tabasqueño anunció en una mañanera que pediría información a la SCJN del porqué, si tanto afirman salvaguardar la Constitución, no se ceñían a lo que ordena la Ley Suprema con motivo de los sueldos en la administración pública federal, en la cual el artículo 127 constitucional, señala que nadie debe percibir más alta paga que el presidente de la república.

Debido a esto, la Secretaría de Gobernación informó que su titular (Luisa María Alcalde Luján) solicitó, en base a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Suprema Corte un “informe” sobre las acciones que ha realizado el Poder Judicial Federal para “cumplir con el mandato del artículo 127 de nuestra Constitución Federal”, en el cual, claramente se establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”. (Twitter, 27 junio 2023).

El pleno de la Corte, acordó que se contestara al requerimiento anterior por medio del secretario de acuerdos del organismo, ya que la titular de Gobernación no tiene ni facultades ni el nivel para solicitar tal información a la presidenta de la SCJN, amén de que la Ley que alude la funcionaria no es aplicable. Pero como un esfuerzo para fortalecer el diálogo entre Poderes, y en aras de rendir cuentas a la sociedad, le enviaron el oficio respuesta con fecha 3 de julio. En dicho escrito, invocando a la misma Carta Magna, se dice que los ingresos de los altos servidores del Poder Judicial Federal, no pueden ser disminuidos (art. 94) y que de acuerdo al dispositivo 123, a cada trabajo corresponde salario igual.

En esa respuesta podemos encontrar varios tópicos para tener en cuenta. Lo primero es el clasismo, que implica calidades o categorías, al valorar a la secretaria de Gobernación como inferior al rango de los ministros de la Corte, lo cual conforme a la democracia y la igualdad republicana que deben imperar, ya no son o al menos, no deberían ser vigentes. Lo segundo, es de que, si bien no deben rebajarse las percepciones a los ministros durante su ejercicio, hay que tener en cuenta que, por ética y conciencia social, deberían ajustarse al principio constitucional de no ganar más que el presidente de la república.

Y finalmente, al mencionar a su favor el artículo 123 que estipula, que a igual trabajo igual ingreso, esa disposición es para los asalariados, y en ella no entran altos empleados de confianza ni servidores públicos de elevado rango, por lo que al recibir su nombramiento los ministros, deben sujetarse al articulo 127 vigente, y no irse al de igualdad de trabajo que es para el apartado A del artículo 123, y en todo caso, jamás para funcionarios de la magnitud de los ministros de la SCJN. A este paso, jamás se podrá poner en vigencia el artículo 127, pues cuando no es uno son varios los que perciben el viejo y desmesurado sueldo.

Por lo anterior es que muchos ciudadanos exigen que se actúe como Zedillo en 1994: se quite de un plumazo a todos los ministros y se reinicie nueva etapa de la SCJN. Se recordará que Ernesto Zedillo, de 26 ministros, dejó a la Corte con solo once. El presidente AMLO ya se pronunció al respecto, sosteniendo que no es igual a sus antecesores neoliberales, por lo que mejor exhorta a los ciudadanos para que en 2024, voten masivamente y le den a la alianza “Juntos Hacemos Historia” de MORENA y aliados, una victoria suficiente para lograr (es el plan C) las tres cuartas partes del Congreso de la Unión, y así poder modificar de fondo al Poder Judicial federal.

Concluyendo: la ciudadanía tendrá la palabra en junio de 2024, para si considera, se hagan reformas profundas al poder judicial, para que este se adscriba a la austeridad republicana y los principios democráticos, o en su caso, si no lo evalúa de esa manera, se permitirá que las cosas sigan como están, con una Corte elitista, ajena al pueblo, muy dada a la flema y habituada a la seductora buena vida.

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ENTREVISTAS

Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

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Por Francisco Junco //

“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.

Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.

Un camino desde abajo

Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.

“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.

Retos de una elección sin precedentes

En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.

Dilemas judiciales

Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.

“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.

Una justicia humana y equitativa

Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.

Propuestas claras

¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:

“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.

Deuda histórica con las víctimas

Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.

El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.

En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.

En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.

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CARTÓN POLÍTICO

Herida abierta

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NACIONALES

Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

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Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //

Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.

Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.

Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.

Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.

Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.

La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.

El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.

Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.

Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.

Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.

Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.

Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.

Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.

Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.

A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.

 

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