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JALISCO

Jalisco es ineficiente en recaudación: De cada 10 pesos que gasta, 9 provienen de la federación

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Por Cayetano Frías //

La discusión sobre la necesidad de crear un marco jurídico que asegure la asignación de recursos federales a entidades y municipios, se encuentra contaminada por los discursos de un grupo de gobernadores, entre los que se encuentran varios que como legisladores, avalaron la Ley de Coordinación Fiscal de 2007, que fue impulsada por el entonces Presidente Felipe Calderón.

Independientemente de la estridencia en la esgrima verbal que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido con los gobernadores, agrupados en una mal llamada “Alianza Federalista”, la demanda por lograr un equilibrio en el reparto de los recursos que aportan las entidades y municipios a las arcas federales, es añeja y justa. La concentración por parte del Ejecutivo Federal en el ejercicio de los recursos, siempre ha sido cuestionada por gobernadores y presidentes municipales.

Lo deseable, y que no se ha observado en este conflicto, es que los políticos busquen privilegiar el diálogo y acuerden estrategias que permitan salir de la crisis económica resultante de la pandemia, tanto por factores internos como externos. Lo peor, es que desde el grupo de gobernadores, se ha utilizado el tema del COVID-19 como parte de esta controversia, en una manifestación mezquina de política.

Al margen de las descalificaciones, lo rescatable del comunicado firmado por los integrantes de la alianza, es que se le pide al gobierno federal que se convoque a una Convención Hacendaria, en la cual se discutan las modificaciones que deben hacerse a los esquemas de reparto de los recursos, lo cual como ya se dijo, es una demanda generalizada alentada por gobernadores y presidentes municipales desde el siglo pasado.

Hoy, con un gobierno electo con un bono democrático extraordinario, están dadas las condiciones para que el Presidente sea sensible a los requerimientos de los otros poderes y se aprueben modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, para tener certidumbre sobre un reparto más justo. En el mismo tenor, los gobernadores también deberán asumir la responsabilidad de ejercer los recursos con honestidad, eficiencia y eficacia, y a su vez, dar un trato más justo a los municipios, lo cual no hacen actualmente.

Uno de los principales argumentos que manejan los gobernadores inconformes, es que las entidades que encabezan, son las que generan el mayor porcentaje del Productos Interno Bruto (PIB) del país y que a cambio reciben una cantidad muy mínima en comparación con lo que aportan. En el caso de Jalisco, Enrique Alfaro quien se distingue como el más conflictivo en lo verbal, se expresa con medias verdades y mentiras completas para presionar al gobierno federal.

Asegura que Jalisco aporta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y solo es de 7.1% -y esas décimas equivalen a cientos de miles de millones-, por lo que le parece inconveniente que se le destine el 3% del presupuesto. Parece no entender que el PIB es un indicador de consumo, de lo que compran y venden los mexicanos en lo local y al exterior. No es dinero que ingresa al erario federal.

Si bien es cierto que el INEGI reporta en 2018 un PIB de Jalisco por 1 billón 575 mil 126 millones de pesos, esa cantidad no tiene relación con los impuestos que se cobran, pues por ejemplo Jalisco solo ingresó a su hacienda aproximadamente 9 mil 720 millones de pesos, que es el equivalente al 9% de su presupuesto, estimado para ese año en 108 mil millones de pesos.

En febrero de este año, el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), publicó un análisis en el cual detalla las debilidades de las administraciones en los gobiernos estatales: “El actual régimen de coordinación fiscal entre la federación y los gobiernos subnacionales genera un escenario complicado para las entidades federativas, ya que tienen poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación”.

El IMCO explica que las entidades desaprovechan sus facultades tributarias, pues de los 18 impuestos que pueden recaudar, en promedio solo recaudan seis, sobresaliendo Baja California que cobra nueve y Puebla con tres impuestos es la que menos cobra. Para 2020, se estima que se recaudarán más de 2 billones de pesos en ingresos totales para los estados, las entidades solo recaudarán el 4.7% de los ingresos y el gobierno federal el 93.6%

En el documento, el IMCO propone que el Congreso de la Unión, los Congresos estatales y las secretarías de finanzas, aprueben una reforma fiscal de fondo, la cual permita recaudar más del 20% del PIB de forma progresiva, les den mayores facultades a los gobiernos estatales y emitan criterios de competencia y reglas de operación que mejoren la gobernanza de los recursos públicos.

Otras medidas que sugiere IMCO, es fomentar los impuestos progresivos, “a mayores ingresos, mayor tasa”, además señala que reducir el impuesto de nómina aumentaría la formalidad y ampliaría la base gravable.

En un análisis el economista del ITAM y de la Universidad de Columbia, Mario Campa, concluye que abandonar el Convenio de Coordinación Fiscal no es viable para la mayoría de las entidades, pero en el caso de Jalisco saldría perdiendo, porque nueve de cada diez pesos que gasta vienen de la federación. El especialista considera que Jalisco tendría que idear un plan para resolver el problemón de endeudamiento y recortes de gasto derivados de menores ingresos públicos.

Aporta el 3.1% de los impuestos tributarios del país y recibe el 6.4% de participaciones y el 5% de aportaciones, así que ese vacío tendría que ser colmado de alguna forma”, precisa.

En una tabla elaborada por Campa, se refleja la ineficiencia recaudatoria de los gobiernos de esta alianza. Los más dependientes son Michoacán, que de cada 100 pesos que gasta, 94.50 los recibe del gobierno federal; le sigue Durango con 92.30 pesos de cada 100 y Jalisco con 91 pesos de cada 100. Los de mejor desempeño en recaudación son Aguascalientes que recibe de la federación 81.70 pesos de cada 100 que gasta; Guanajuato con 82 pesos de cada 100 y Chihuahua con 82.30 pesos de cada 100.

En otro documento, éste del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se describen las deficiencias de los municipios en el cobro del impuesto predial en México, que equivale al 0.309% del monto del PIB, ni siquiera llega al medio punto. La mayoría de los países de la OCDE, tienen su indicador por este rubro, entre el 2 y el 4.4% en relación con su PIB.

Y en los anteriores escenarios, no se incluye el endeudamiento de los gobiernos estatales, que son otro lastre porque para contratarlos, hipotecan sus participaciones con el aval del gobierno federal, lo cual oscurece aún más la intención de separarse del Convenio de Coordinación Fiscal.

Y por la vía legal, el camino de abandonar ese Convenio, se vislumbra tortuoso ya que los gobernadores cayeron en la provocación lanzada por el presidente López Obrador, quien los invitó primero a que consulten a sus ciudadanos. El problema es que la Ley Federal de Consulta Popular no admite ese mecanismo para temas hacendarios, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya desechó dos solicitudes.

Así, la mejor vía será la concertación y entendimiento entre poderes, pero aprovechando para que se sumen los municipios a este acuerdo para reorientar la política de distribución fiscal, porque actualmente la mayoría de los gobernadores no entregan a los alcaldes en su presupuesto más allá del obligatorio 20% de las participaciones.

LAS MENTIRAS DEL GOBERNADOR

El lunes 26 de octubre, los miembros de la Alianza Federalista, mezclaron el tema de la pandemia por COVID-19 entre sus motivaciones para denostar al gobierno federal. “Cabe señalar que han sido las administraciones locales las que han brindado la certidumbre existente en torno al tema de salud, pues la cobertura de gastos por la pandemia quedó relegada casi por entero a los gobiernos de los Estados”, cita el comunicado firmado por Martín Orozco, Javier Corral, Enrique Alfaro, Diego Sinhué, Jaime Rodríguez, José Rosas Aispuro, Francisco García, Miguel Riquelme, Silvano Aureoles e Ignacio Peralta.

En particular en Jalisco, la información de la Secretaría de Salud de Jalisco desmiente a su gobernador, porque en el IMSS y el que son dependencias federales, reportaron el 30 de octubre la atención a 419 pacientes, frente a los 124 que se atendieron en el sistema de salud estatal.

En el Hospital Civil de Guadalajara que es un organismo público descentralizado tutelado por la Universidad de Guadalajara, se atendió a 93 pacientes, en tanto que en hospitales privados reportaron atención a 101 personas.

El viernes pasado se reportó en total que fueron atendidos 727 pacientes, de los cuales solo 124 estuvieron en instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco. Por lo tanto, es una mentira que el Gobierno de Jalisco lleve la mayor parte de la carga en el combate a la pandemia, pues solo atiende al 17% de los pacientes; entre el IMSS y el ISSSTE atendieron al 57%; el sector privado atendió al 14% y el Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara al 12%. Cifras similares se observan en los reportes de los días anteriores.

ENTREVISTAS

Ricardo Villanueva, Rector de la UdeG: Al Gobierno de Jalisco le sobra dinero, “tenemos un gobernador que quiere someter a todos”

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Por Diego Morales //

No son los 140 millones de pesos reasignados, porque así fuera un solo peso darían la batalla para defender la autonomía de los entes autónomos del estado y no pararán hasta que esto sea un hecho, es el apunte que hace el Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, respecto al conflicto que vive la comunidad universitaria con el ejecutivo estatal.

Entrevistado en el programa “En Tela de Juicio”, Villanueva Lomelí aseveró que no entienden las razones por las cuales se dio el rompimiento con el gobierno encabezado por Enrique Alfaro, a pesar de que en la Universidad de Guadalajara han estado colaborando en temas trascendentes como el manejo de la pandemia, por lo cual espera que se entre en razón y se respeten los presupuestos asignados a los universitarios.

Seguimos en la misma, una propuesta fuera de lugar, innecesaria, sigo sin entender por qué esta cerrazón de quererle quitar 140 millones a la Universidad cuando es evidente que no necesitan quitarle nada. Si algo tiene ahorita el gobierno del estado es que le sobra dinero para no estar lastimando a la Universidad”.

EL ROMPIMIENTO DE LA RELACIÓN

¿En dónde se rompió la relación? Parecía que había buen entendimiento…

La verdad fue en el periodo vacacional después de la rueda de prensa que dimos anunciando el regreso a clases, le documenté al gobernador que no era conveniente que los jóvenes regresaran, era mejor desfasar los tiempos, ver el impacto de la pandemia, si no hay crecimiento, él no estaba tan convencido, salimos juntos y logramos anunciar un regreso escalonado juntos”.

Resulta complicado entender que se de el rompimiento por no regresar a clases y 140 millones de pesos, ¿no hay otro motivo de fondo?

En lo particular con la Universidad no, lo único que ha hecho es ayudarlo, cuando nos tocó defender el federalismo, en la pandemia, lo que sí veo es que ya no solo es con la Universidad, ya hay intervención en el CPS, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, auditorías que quieren que haga el auditor, creo que en Casa Jalisco decidieron que para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal, llevan un par de meses haciendo todo mal, cuando veo que ya no es solo con la Universidad, también con los municipios que han perdido independencia, algo anda mal en Jalisco. En el caso de la Universidad dilapidaron de un día a otro 140 millones, entonces yo no podría explicar las razones”.

¿Se podría tomar como una declaración de guerra de parte del ejecutivo a la Universidad de Guadalajara?

Sí, por lo menos es un atropello, sí se está violentando la autonomía de la Universidad, pero también se está violentando la autonomía del Poder Legislativo, que fue el que decidió asignar 140 millones. El gobernado propuso 120 millones para el museo, el congreso dijo no, que sean 140 millones, hoy el gobernador dice no se los voy a dar, no parece tener sentido común que el gobernador no haga lo que el congreso mandató, la única razón es que ese dinero no llegara a Jalisco, pero ya llegó, la Secretaría de Hacienda lo entregó puntualmente a Jalisco, ni siquiera nos ha avisado que ya llegó el dinero, desde enero llegó la doceava parte del dinero, la ley lo obliga a avisarnos que ya llegó el dinero. No sé por qué seguimos debatiendo esto, es ilegal, irracional, a quien desobedece es al congreso, mover, reprogramar un recurso que el congreso le dictó dar a la Universidad es desobedecer al legislativo, lo que se juega con los 140 millones es la división de poderes en Jalisco”.

QUE DIGA ALFARO CUÁL ES EL PROBLEMA

Da la impresión que hay algo más de fondo…

Que lo diga, yo he sido lo más claridoso, a veces políticamente incorrecto, que nos diga cuál es el problema”.

¿Platicó con el gobernador? Se sentó en una mesa con él…

Le presenté todo el marco legal, le llevé cómo hicimos todo el trámite y por qué es ilegal todo esto. El gobernador se remitió a decir, les daré una respuesta, déjenme analizar la información en unas horas, que se convirtieron en ocho días, fuimos pacientes, esperamos, para que nos conteste en 15 cuartillas, decía un amigo que cuando no sabes confunde, entonces como no sabían qué contestar, nos contestaron una serie de lineamientos y leyes secundarias. Me mandó un mensaje en mi cumpleaños que lo hizo público y no he vuelto a tener comunicación con él. La Universidad no ha dejado de trabajar, abrimos las pruebas PCR, abrimos el centro de aislamiento, seguimos vacunando en CUCEI, no entiendo el conflicto, vamos a pelear los 140 millones de pesos, cuando nos los den, se acabó el conflicto y seguiremos trabajando, a disposición para ayudar en todo lo que podamos”.

¿Qué es lo que sigue para la Universidad de Guadalajara? En la administración de Emilio González Márquez también se advirtieron auditorías especiales…

Ni en las peores épocas con Emilio González Márquez intentó quitarnos nada, intentó no darle a la Universidad, pero intentar quitarle de eso no hay antecedente. Hablar de subejercicio en pleno ejercicio fiscal, Jalisco tiene 55 mil millones de pesos comprometidos o disponibles, preguntaría si están subejercidos, podría llegar el presidente de la república a decirle a Jalisco oye no has gastado 55 mil millones y mandarlos a otro estado”.

LA CONFUSIÓN DEL GOBERNADOR

Cuando no gastas un dinero te lo quitan…

Sí, en enero, pero no se ha acabado el ejercicio, ahorita estamos en el ejercicio fiscal 2021, cómo hay subejercicio en el ejercicio. Puedes dejar comprometidos siete pasos contables, hasta el último día de diciembre lo que no tengas comprometido lo regresas, pero si está comprometido tienes hasta marzo. Ellos dicen que debemos tener licitadas las cosas, sí están, pero ni siquiera es eso, lo que no ha distinguido la Secretaría de Hacienda y por eso está confundido el gobernador es distinguir entre dependencia y entidad, las dependencias son las secretarías que dependen del ejecutivo, para ellos todas las facultades que creen que el gobernador tiene sí las tiene para dependencias, el gobernador cree que él puede reprogramar dinero del poder judicial, están confundidos por un principio muy básico que alguien le tiene que decir al gobernador que lo están engañando”.

QUIERE SOMETER A TODOS

¿Con 140 millones se termina el problema?

Respetando la autonomía, no son 140 millones, es el respeto a la autonomía, si fuera un peso, por un peso estaríamos dando la batalla, no es el peso, es el respeto a los entes autónomos, lo mismo pelearíamos por la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Judicial, que por Congreso de Jalisco, es tener un gobernador que cree que puede decidir y someter a todos, o que lo quiere intentar, pero gracias a la comunidad universitaria que no se ha dejado hemos crecido a pesar de los 18 años de gobiernos de derecha que no nos querían dar nada”.

Lanzaron un reto para defender los 140 millones de pesos…

Ya los emprendimos, ya mandé a la Contraloría deslindarme de responsabilidades, porque en la Ley de Presupuestos dice que si cualquier funcionario público se entera que el patrimonio de una entidad puede ser dañado debe informar a su superior jerárquico, se debe entender a Juan Partida que va a dañar el patrimonio de la Universidad de Guadalajara. Yo avisé al consejo universitario, a partir de ahí es decisión personal si alguien quiere vulnerar la autonomía del legislativo. Ojalá no se presten a los arrebatos del gobernador, porque van sobre el patrimonio personal de los funcionarios”.

¿No a la reasignación presupuestal hasta donde tope?

Por ningún motivo, lo que nos tardemos, el dinero va a llegar, es la autonomía, no son pesos, es la autonomía. Se puede hacer el hospital, se puede hacer el museo y se pueden hacer poquitas menos carreteras, o se puede dejar de comprar bolardos, es más importante un hospital y un museo”.

¿Tienen alguna preocupación por la auditoría especial a la Universidad de Guadalajara?

Mi preocupación es que gasten en eso, que se metan a la página web, que revisen todo y ya nos auditaron, o que revisen el dictamen que nos acaba de hacer la Auditoría Superior de la Federación de todo el museo y se los mando, ya está todo auditado, nos hicieron observaciones de los últimos 200 millones, duramos 8 meses entregando información, está solventado al cien por ciento. Si hay algo mal, que se sancione, no le tenemos miedo a las auditorías, lo que no nos gusta son las auditorías políticas, esas sí son para controlar e intervenir otros poderes”.

Como rector, afirmó que la presencia de Raúl Padilla López en la Universidad es un mito…

Lo que es un mito y una distorsión es el rol que juega el Licenciado Padilla, claro que juega un rol en la Universidad, pero lo quieren hacer sentir como un fantasma detrás de todo, está presente, es un ex rector que está activo, como el resto. Sigue presidiendo la FIL, le ha entregado proyectos a la Universidad y a la ciudad maravillosos, tiene un liderazgo que muchos universitarios reconocemos, el mito es su imagen, quiero naturalizar el rol del ex rector Raúl Padilla, es abierto, sigue activo, entregando proyectos, que siempre han sido criticados, pero le criticaron el Teatro Diana, el Auditorio Telmex, la Red Universitaria, todo critican los gobernadores, pero veo a todos los gobernadores en primera fila inaugurando los inmuebles”.

¿Es confiable el gobernador Enrique Alfaro?

Es inestable, de confiable no me atrevería a decirlo, me parece más un término subjetivo, lo que sí puedo decir es que hay mucha inestabilidad, cambios de opinión. Para cada Tweet como candidato, hay un Tweet que dice lo contrario como gobernador”, puntualizó.

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ENTREVISTAS

Cierre del tiradero en Los Laureles, la decisión en manos de Pablo Lemus: Basura de la metrópoli, cambios de fondo ahora o hasta 2039

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Por Mario Ávila //

La situación incierta que ha dejado el tema de la basura en Guadalajara, el cierre de Los Laureles, el fracaso de Tala, la ampliación o no por 15 años al contrato con Caabsa y la eventual determinación de que cada municipio se responsabilice de su basura, dejan un escenario sinigual para efectuar cambios de fondo en el manejo de la basura, ahora o hasta el 2036.

Ello en opinión de Alan Carmona Gutiérrez, integrante del colectivo Un Salto de Vida, quien analiza con pleno conocimiento de causa, los hechos más recientes que rodean el entorno que se ha dado respecto a la recolección y disposición y manejo final de los residuos sólidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con excepción de Zapopan.

Hoy en manos de Pablo Lemus, está la determinación de qué hacer con las 2 mil 700 toneladas diarias de residuos domésticos que se tiran en el relleno sanitario de Los Laureles, en Tonalá; así como seis años atrás, esta determinación estuvo en manos de Enrique Alfaro, quien determinó que todo seguiría igual que en los últimos 26 años, es decir, desde que en 1995 Guadalajara le cedió la concesión a la empresa Caabsa Eagle.

Hoy, está en veremos la ampliación por 15 años a esta concesión del manejo de la basura Caabsa, que recoge y tira la basura de Guadalajara en el relleno sanitario de Los Laureles, a donde llegan también los desechos que se generan en Tlajomulco, Tonalá y El Salto, además de empresas privadas. Por cierto, este tiradero que opera desde 1994 debería estar cerrado desde el año pasado debido a la grave contaminación que genera de arroyos que desembocan en el río Santiago, entre otras irregularidades ocasionadas por el mal manejo del basurero.

Cabe resaltar que esta crisis ambiental en la zona, ha generado a la par que las enfermedades y diversos males en la salud pública, pero también ha generado el surgimiento de grupos de ciudadanos conscientes como Un Salto de Vida, A.C., integrado por pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, que decidieron organizarse tratando de encontrar respuestas a la depredación ambiental impuesta que sufren por acción u omisión de las empresas y los gobiernos.

De acuerdo con el plan de cierre, al corte de este año el vertedero almacena más de 21 millones de toneladas de basura provenientes de las casas del Área Metropolitana de Guadalajara desde 1995, pero debido a su mal manejo, aunado a que la generación de desechos casi se ha triplicado en los últimos 25 años en la ciudad y se han generado serios problemas ambientales que afectan principalmente a los asentamientos humanos más cercanos.

Proliferación de fauna nociva, olores fétidos, contaminación de arroyos por lixiviados que escurren del vertedero, así como arrastre de basura por el viento debido a que no se cubre como marca la norma, o incendios de hasta una semana, son algunas de las afectaciones que viven habitantes de Tonalá y El Salto que tienen a Laureles como vecino.

FOTO: Alan Carmona Gutiérrez

LAS OPCIONES DE PABLO LEMUS

En opinión de Alan Carmona, el gran momento para cambiar drásticamente el concepto del manejo de los residuos sólidos es ahora, “porque si se aprueba el contrato de concesión a 15 años más para la empresa Caabsa, será hasta el 2039 cuando habrá de nuevo esa posibilidad de generar esa coyuntura que nos favorezca como pueblos”.

No niega que lo más probable es que el próximo alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que entra en funciones en un par de semanas, haya intervenido para frenar y dar marcha atrás en la ampliación por 15 años que el Cabildo de Guadalajara había aprobado para la empresa Caabsa, pero no en un sentido de responsabilidad.

Lemus lo que quiere es ser él el que negocie -dijo-, es lo más probable, eso no nos sorprendería porque la mentalidad de él, es empresario, el está administrando una empresa que se llama ayuntamiento de Zapopan, va pasar a administrar otra empresa que se llama ayuntamiento de Guadalajara y lo que quiere hacer es negociar. Aunque para ser objetivos, es incierto qué determinación tomará porque ya en otros momentos él se había opuesto en el 2019 y había mencionado sobre esa posibilidad del retiro de la concesión.

Y hoy -abundó-, tiene varias posibilidades: 1.- Que Lemus renegocie con Caabsa y se lleve la gran tajada como lo hizo Enrique Alfaro en el 2016 cuando llegó muy valiente diciendo que iba a meter en regla a Caabsa y presumiendo ese nuevo contrato que se realizó y finalmente llegaron a unos acuerdos, como el que le hayan financiado sus campañas políticas, cosa que son muy frecuente en las relaciones entre este tipo de empresa y con este tipo de gobiernos; 2.- Que Pablo Lemus ya tenga alguna empresa favorita que pertenezca a Coparmex para poder otorgarle los servicios de recolección y disposición final de la basura y 3.- No creo que sea la opción menos probable pero quizá viéndolo al mediano plazo en una eventual candidatura a la gubernatura, bien podría tomar la determinación de municipalizar el servicio, regresándolo a las facultades del municipio, lo que le atraería aplausos por parte de la sociedad.

Pero a la par, se deben de tomar determinaciones importantes una vez que ya no se podrá contar con el vertedero de Los Laureles y la opción de crear un tiradero en el municipio de Tala, ha fracasado, por ello el activista de Un Salto de Vida, A.C., aclaró las condicionantes que deben cumplir los terrenos que se propongan como opciones para albergar a un nuevo vertedero.

Deben estar a más de 13 kilómetros de cualquier aeródromo de servicio al público o aeropuerto y se encuentra fuera de áreas naturales protegidas o consideraciones compatibles en sus planes de manejo. También deben cumplir con la exigencia de estar a por lo menos 500 metros de cualquier localidad mayor a 2 mil 500 habitantes; fuera de zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, arqueológicas, ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.

El sitio también debe cumplir con estar fuera de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años; tener una distancia de por lo menos 500 metros a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas y distancia de por lo menos 500 metros a cualquier pozo de extracción de agua.

LA ENTREVISTA

NO A LOS VERTEDEROS METROPOLITANOS

P.- Hay unan gran incertidumbre sobre el futuro en el manejo de la basura, Los Laureles, Tala, 15 años más a Caabsa o no, ¿qué piensan ustedes?

R.- En efecto, la situación es una incertidumbre grande, porque el gobierno del Estado ha demostrado más allá de su discurso, que pareciera que tiene todo tiene planificado, todo bien armado, todo bien pensado y discutido, pero por otro lado está siendo y demostrando que tiene un total desorden en cuanto a planteamientos y acuerdos, tanto con la empresa concesionaria, no ha habido una discusión amplia con los afectados directos, especialistas, universidades o con organizaciones para tratar de construir algo. Los acuerdos con la empresa ha sido lo que más ha demorado para comenzar con las obras concretas, pero también todo esto nos da un margen de maniobra para que puedan cambiar las cosas de fondo, es decir el que se haya obstaculizado la ampliación de Los Laureles, con la lucha que hemos dado desde las comunidades afectadas y que luego las comunidades potencialmente afectadas con el vertedero de Tala, que decían que era un centro de economía circular, pero en realidad no había tal proyecto, era solo una aprobación al aire de la Secretaría del Medio Ambiente sin que hubiera una inversión concreta, aún apenas si revisamos el acuerdo que generó el cabildo recién les habían aprobado la adquisición de un crédito para arrancar con la construcción y haría falta inversiones a 2 o 3 años y así como son de incumplidos en esa empresa, no sabíamos hasta cuando en realidad estaría operando formalmente esta planta de separación de residuos.

P.- ¿La idea podría ser ampliar el periodo de vida de Los Laureles?

R.- Claro que esa posibilidad existe y es preocupante que sigan tirando basura en Los Laureles, no solamente ahora que en septiembre se cumple la autorización límite para seguir tirando residuos, sino porque la vida útil del vertedero se cumplió en septiembre, pero del año pasado, es decir ahora están rebasando en demasía la capacidad física, química y microbiológica del sitio en Los Laureles. Y claro, este es el principal interés de Caabsa, para ellos es en lo que más han insistido, pareciera que ahora ya no hay tantas posibilidades porque ya está el compromiso muy explícito, lo ha reiterado el gobernador, pero yo creo que Caabsa no ha dejado de contemplar esa posibilidad por varias razones, una porque fue insistente desde el 2015 en generar esta ampliación, pero en cambio ya tiene argumentos muy sólidos que generó el gobierno anterior para negar esta ampliación y esta administración estatal no les ha generado ni un solo documento oficial que le dé un respaldo a este proyecto, ni siquiera declaraciones públicas.

P.- ¿Pero les queda la vía jurídica para quedarse en Los Laureles?

R.- Lamentablemente sí pudieran obtenerlo mediante una judicialización como lo han hecho hasta la fecha, es decir Caabsa en reiteradas ocasiones ha obtenido permisos a través del Tribunal Administrativo del Estado, que se ha convertido en una mera ventanilla de trámites de las empresas para tener autorizaciones que les pidan los municipios y el gobierno del estado y no descartaríamos que eso pudiera pasar.

Pero creo que ahora lo que estaría negociando Caabsa con la ampliación del contrato de concesión con Guadalajara y con los demás municipios, es que el nuevo sitio de disposición final quede más cerca, porque para ellos resulta muy costoso el generar el traslado de tantos camiones, tantas toneladas, tantas góndolas hasta Tala y buscarían estar generando un sitio mucho más cercano, porque no hay ningún municipio que quisiera tener un vertedero metropolitano, porque se va a enfrentar con la ira de la población.

P.- ¿Cómo ve usted la posibilidad de que en la zona metropolitana cada municipio hacerse cargo de su basura?

R.- Eso es lo que nosotros creemos más viable, los vertederos metropolitanos no son funcionales, se ha demostrado con los mismos basureros de Zapopan como Picachos, que recibe solo la basura que se genera en este municipio y ya con eso se desborda su capacidad, pero yo creo que la mejor manera de gestionar, hablando únicamente de sitios de disposición final, tendría que ser a nivel municipal, no pensando incluso que toda la basura de un municipio vaya un mismo sitio, sino que dependiendo de la cantidad de basura que se genere en cada uno, puedan encontrar diversos sitios estratégicos de menor tamaño, mucho más manejables y que no se piense de nuevo, en sitios de rellenos sanitarios o vertederos.

P.- ¿Es momento de cambiar el modelo de tratar la basura?

R.- Hablando de modelo de gestión de residuos, eso tiene que cambiar drásticamente, es un problema de fondo, estamos inmersos en un sistema que te obliga a consumir, que desde los que generan la producción no está regulado y desde ahí habría que empezar, con modificaciones legislativas, normativas en cuanto a qué se permite producir; también como un segundo paso se debería de implementar un modelo de recolección diferenciada, venimos hablando de esto desde hace 20 o 30 años, de la separación de la basura.

P.- ¿Separar la basura ya es urgente?

R.- Y ahí está la clave, en los contratos de concesión el objetivo superior es generar basura, que no se separe, porque se les paga por tonelada al recibir, por lo que lo que importa es la tonelada recolectada y la tonelada depositada, entonces desde ahí debería haber cambios para que comience a cambiar esto.

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JALISCO

Prevén bloque Futuro, Hagamos, Morena y MC, para legalizar el aborto en Jalisco

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Por Mario Ávila //

Si bien en los 45 días que le quedan de vida a la presente legislatura, ya se advirtió que no se atenderá la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para adecuar las leyes estatales y despenalizar el aborto, la presidenta del partido político estatal, Futuro, Susana de la Rosa, prevé que en la LXIII Legislatura local que inicia el primero de noviembre, se podría confirmar un bloque entre Futuro, Morena y MC, y no solo para dejar de criminalizar a las mujeres por esa acción, sino para legalizar el aborto en Jalisco.

Después de escuchar la declaración del presidente en turno del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Sánchez Carrillo (PAN), que en la semana declaró que ellos no van a armonizar las leyes con la resolución que la tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no al menos mientras él sea el presidente, De la Rosa Hernández, dijo que era de esperarse.

La verdad de la legislatura actual -dijo-, no sorprende, porque no han querido avanzar en ninguna de las agendas relevantes para el Estado, lamentablemente; al contrario, han sacado sorpresas como esta última del Comité de Participación Social en la que les eliminan el ingreso dejando a la gente desprotegida, de hecho, fue una iniciativa inconstitucional y ahora la veta el gobernador. La verdad no sorprende lamentablemente el desempeño que ha habido en este Congreso actual.

Y sí -abundó-, esperemos que en la siguiente legislatura que arranca el 1 de noviembre salga adelante, especialmente por una mayoría notable de mujeres que ahí vamos a estar, aunque también hay hombres diputados que están a favor de esta agenda y que seguramente serán aliados para sacarla adelante.

Incluso desde ahorita ya estamos en conversaciones con diferentes colectivos, con expertos, con diputados y diputadas electas de las distintas fuerzas política, para ir viendo como en qué momento se habrá de presentar esta iniciativa, que tiene como objetivo principal promover una política pública integral, partiendo de un diagnóstico.

Habría que ver -expuso-, qué hacer para que realmente en Jalisco pueda ser una política pública de vanguardia y entregar una iniciativa completa, bien integrada y para ello estaré la siguiente semana en la Ciudad de México.

Anticipó que sí se podría convencer a algunos personajes del PRI “y entiendo que en el PAN hay principios y programas que desde ahí no están de acuerdo con esa postura, pero habrá que ver que opinan ya en el sentido desde un estado laico, democrático y plural”.

Y en el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, entre quienes se encuentran muchos con un origen panista, Susana de la Rosa se limitó a puntualizar: “Yo la verdad creo que debe haber una congruencia de lo que este partido dice a nivel nacional, ya que celebraron a nivel nacional lo que hizo la SCJN, entonces ojalá y esa congruencia se vea aquí, aunque sinceramente yo esperaría algunas diferencias, tal vez algunas personas de la fracción de MC no la apoyarían, pero yo creo que sí hay otras diputadas electas que sí. Ojalá y se permita esa diversidad que dice que hay al interior de ese partido para realmente poder estar a favor de esta agenda”.

Pero sobre quienes no dudó, en que apoyarán su propuesta, se expresó de la siguiente manera: “Hoy con su determinación, la SCJN ayuda a empujar todo, desde la modificación a la Constitución, la modificación a los Códigos Penales y eso viene muy bien y ojalá y Jalisco sea vanguardia en ese sentido, porque hay tres fuerzas políticas, tanto Hagamos, como Movimiento Ciudadano y Morena, en sus programas y en personajes que tienen a nivel nacional, están a favor de la garantía de los derechos de las personas y de ampliarlos. Entonces ojalá y haya esa congruencia para que en Jalisco también avancemos con esa agenda”.

VAN POR REFORMAS A DIVERSAS

Lo ambicioso de la propuesta de la futura diputada, Susana de la Rosa, presentada públicamente hace un par de semanas, se fortaleció con la participación histórica que tuvo en el tema la SCJN, por lo que la iniciativa en Jalisco, habla de la integralidad. “Estamos tomando en cuenta reformas a la Ley Estatal de Salud, en la Ley de Educación, en el Código Civil, en el Código Penal e incluso en la propia Constitución, esperando a ver qué otra cosa nos dicen los expertos y expertas, con los que vamos a estar platicando para ver qué más haría falta integrar a nuestra propuesta”.

Es decir, irían por una votación de mayoría calificada en la siguiente legislatura, lo que significa que contemplan la posibilidad de obtener al menos el voto a favor de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados.

Para fundamentar cada una de las propuestas, anticipó que ya envió oficios a diferentes secretarías del gobierno estatal, para tener la información suficiente y hacer este diagnóstico de las mujeres jaliscienses, esperado que haya colaboración en las secretarías de Salud, Igualdad Sustantiva, Planeación, entre otras.

Pretenden de una vez integrar despenalización, armonizando las leyes con la determinación de la SNJN, “pero esto no queda ahí, vamos también por la legalización del aborto, especialmente desde el enfoque de salud pública”.

Susana de la Rosa tiene dentro de su trayectoria, el ser psicóloga y pedagoga, con maestría en Ciencias Sociomédicas por la UdeG “y desde hace algunos 19 o 20 años cuando yo estaba en la universidad me tocó estar atendiendo casos que pasaban por estas dificultades, se les asesoraba, se les acompañaba para que tomaran una decisión, se les presentaban tres escenarios, su situación económica, su situación familiar y su red de apoyo y sobre ellos, ellas mismas decidían si podían continuar con el embarazo una vez que hablaban con su familia y encontraban apoyo para salir adelante; pero también había quienes tomaban la decisión de mejor sí intervenir el embarazo y a ellas se les daba el apoyo de ir hasta la Ciudad de México, porque lamentablemente en Jalisco no es legal la interrupción a partir de la toma de decisión.

Y aunque se ha avanzado en el caso del delito de violación, no se ha ejecutado como se debería desde la NOM 046, que se impulsó con nuestra fuerza política cuando Pedro Kumamoto estaba en la diputación, fue él junto con otro diputado, quienes propusieron que ya no fuera necesario que la infante o la adolescente tuviera que depender de una firma de su tutor para poderla intervenir a partir de este delito de violación”.

JALISCO, 4° ESTADO EN NÚMERO DE ABORTOS

Algunos de los datos en los que Susana de la Rosa ha basado su iniciativa, son los siguientes: “De acuerdo al INEGI, en 2019, Jalisco fue la cuarta entidad en abortos. En ese año hubo 509. Y ese dato desde información pública del sistema de salud del estado”.

El enorme problema es la cifra negra y la cantidad de mujeres que se ven solas y abandonadas por el Estado en esta situación. En una investigación de Frida Juárez en la revista Int Perspect Sex Reprod Health de 2019, se aplicó el método de estimación de aborto por complicaciones basado en el año 2009 y lo que se detectó y calculó es que en ese año hubo alrededor de 1 millón 25 mil abortos en todo el país, de los cuales alrededor de 70 mil sucedieron en Jalisco (de cada mil mujeres jaliscienses hubo 40 que abortaron) y de ese millón 25 mil abortos, solo fueron legales y bien atendidos 16 mil. Por eso es fundamental analizar este problema desde la perspectiva de la salud pública principalmente”, finalizó.

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