JALISCO
Jalisco, líder en desapariciones durante el sexenio: La autocrítica estuvo ausente en informe

Por Daniel Emilio Pacheco //
El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el martes 27 de octubre el segundo informe de su administración en materia de personas desaparecidas en Jalisco, denominado “Estamos buscando”, donde se hizo saber que:
-En Jalisco hay un total de 9 mil 731 personas desaparecidas desde el año de 1965 hasta el 30 de septiembre del 2020. De octubre del 2019, fecha del primer informe en materia de personas desaparecidas a septiembre del 2020, han sido localizadas 3 mil 635 personas por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
-A través del Protocolo Alba se localizaron a 957 niñas, adolescentes y mujeres de un total de 1,097 que fueron denunciadas en el periodo octubre 2019 a septiembre 2020; es decir el 87%.
-Se destacó que Alerta Amber Jalisco localizó con vida a 264 niñas, niños y adolescentes, que contaban con reporte de desaparición; sin iniciar denuncia, en las primeras 24 horas de su ausencia en la gran mayoría de los casos.
-Blanca Trujillo Cuevas, Fiscal Especial de Personas Desaparecidas, indicó que se han localizado 2,679 personas que contaban con denuncia o carpeta de investigación y con el fin de mejorar los resultados se creó la agencia especializada en investigación de desaparición forzada, además de una segunda agencia especializada en este delito en El Salto y Chapala.
-Con el objetivo de fortalecer los esquemas de búsqueda, se ha impulsado a las Instituciones de Seguridad Pública Municipales a crear y conformar sus Grupos de Búsqueda, hasta ahora son un total de 51 municipios que cuentan con ellos.
-Desde el inicio de esta administración, un total de 320 personas han sido judicializadas, lo que representa un 500 por ciento más personas respecto al 2018, cabe resaltar que 91 personas eran elementos de alguna corporación policial, 2 jueces municipales y 3 civiles de 11 municipios del Estado. Mientras que 11 policías más están a la espera del desahogo de su audiencia.
-El trabajo realizado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha llevado a la identificación de 791 personas de las que, al momento de su muerte, no se conocía su identidad, a través de las confrontas realizadas se ha logrado vincular a 399 personas fallecidas sin identificar con algún familiar.
-28 personas más han sido identificadas gracias al Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar; 140 personas fallecidas en el 2019 y 2020 a través de colaboraciones con el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 224 personas fallecidas entre el 2018 y 2020, por medio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral.
-De las 55 fosas localizadas durante esta administración se han exhumado los restos de 638 personas, de las cuales 343 han sido identificadas y entregadas a sus familiares.
LOS CUESTIONAMIENTOS AL INFORME
Sin embargo, el informe de Enrique Alfaro fue cuestionado por varios colectivos y organizaciones de la sociedad civil en el documento: LAS FAMILIAS HABLAN, INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN JALISCO, de donde se destaca que:
-La reclasificación del número de personas desaparecidas y no localizadas en el SISOVID, realizado en mayo de 2019, donde la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas señaló que la mayoría de los casos son considerados como personas “No localizadas” porque los Ministerios Públicos determinaron que no existía la comisión de un delito.
La reclasificación realizada por la Fiscalía es violatoria a lo establecido en la Ley General de Desaparición, pues después de 72 horas de presentada la denuncia por desaparición, los casos deben ser considerados como “persona desaparecida” y se debe investigar bajo la presunción del delito.
-En Jalisco fuimos testigos en tiempo real de cómo la institución encargada de procurar justicia, empleó sus recursos para desaparecer forzadamente a más de 80 personas los días 4, 5, y 6 de junio de este año. Así, pudimos ver que, la Fiscalía del Estado desaparece personas con total impunidad.
-Existe una diferencia considerable entre el SISOVID que muestra un total de personas desaparecidas, al 30 de septiembre de 2020, de 9,731 personas desaparecidas. Pero, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, al 27 de octubre de 2020, en Jalisco arroja la cifra de 11,219 personas desaparecidas.
Esto más que un dato estadístico, es hablar de un sub registro de personas que no aparecen y no se sabe si las autoridades de Jalisco les busca.
-Jalisco ha sido el estado número uno en desapariciones durante el sexenio, ocupa el segundo lugar histórico por la alta incidencia de casos vigentes a nivel nacional.
-De enero a septiembre de 2020 se localizaron 2,852 personas, mientras que, en 2019 de enero a septiembre se localizaron 3,313 personas. Es decir, casi un 14 por ciento menos.
-En el registro de Persona Fallecidas Sin Identificar existen 1,918 personas en espera de ser identificadas.
-El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene sumando todas sus delegaciones la capacidad de resguardar 749 cuerpos, según el Informe Sobre la Situación de las Personas Desaparecidas en Jalisco, existen 1,409 personas en resguardo y que no han sido identificadas o reclamadas.
-La cantidad de cuerpos en resguardo del IJCF muestran que, el Estado no ha dotado de personal y los recursos necesarios para realizar las pruebas de identificación necesarios para resolver la crisis en los SEMEFOS.
-En Jalisco hasta la fecha, solo se han logrado 4 sentencias condenatorias por el delito de desaparición, 2 por desaparición forzada y 2 por desaparición cometida por particulares; en un estado que tiene más de 10 mil desaparecidos.
-El 7 de octubre de 2019, el gobernador se comprometió a destinar un presupuesto total de 453 millones de pesos para fortalecer a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pero, el presupuesto publicado el 30 de diciembre solo otorga 417 millones a estas dependencias.
En su evento, Enrique Alfaro mencionó que se han dedicado 445 millones de pesos como presupuesto para 2020. No es posible conocer de dónde sale esa cantidad que menciona el gobernador.
Cabe destacar que, Enrique Alfaro tiene asignado como presupuesto, 168 millones para la coordinación de la agenda y promoción de sus actividades en 2020.
Ante el informe del Gobernador de Jalisco es bueno recordar la recomendación 35/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, pues de ahí se puede saber:
-La CEDHJ evidenció que, derivado de la desaparición de las personas, las autoridades municipales y estatales, que de manera concurrente tienen el deber de garantizar la seguridad ciudadana en el estado y sus municipios, no implementaron las acciones razonables y suficientes para evitar la desaparición de las personas, incumpliendo con la obligación de garantía y protección del derecho de todas las personas contra la desaparición forzada y la cometida por particulares”.
– “Al analizar los datos que reporta el Sisovid, en los últimos 15 meses, es decir, del 31 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2020, 2 079 personas se suman al universo de las no localizadas o desaparecidas. Esta defensoría ve con profunda preocupación la situación de la desaparición de personas en el estado, pues con estos datos se puede concluir que, en promedio, 5 personas son reportadas diariamente como no localizadas o desaparecidas”, recomendación 35/2020 de la CEDHJ
– “De la información proporcionada por la FEPD, se advierte que de agosto de 2019 a la fecha en que se emite esta Recomendación, se crearon cuatro nuevas agencias del Ministerio Público para conocer de asuntos de personas desaparecidas; sin embargo, los esfuerzos realizados no han sido suficientes para atender el incremento de las cifras de desapariciones, pues en 2019 cada una de las 22 agencias integraba en promedio 326 casos. Para este 2020, cada una de las 26 agencias atiende en promedio 368 asuntos de personas desaparecidas, por lo que la carga laboral continúa siendo excesiva e impide que el personal ministerial pueda desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, exhaustividad, debida diligencia y respeto a los derechos humanos”, recomendación 35/2020 de la CEDHJ.
Los números y los datos aportados por el Gobernador del Estado, las organizaciones y colectivos, además de la CEDHJ muestran el gran problema social que vive Jalisco ante la desaparición de personas; la poca capacidad para resolver la identificación de cuerpos en resguardo en el SEMEFO; la deficiente capacitación del personal para aplicar los protocolos básicos de búsqueda; el bajo presupuesto asignado a la búsqueda de personas; el distante interés de servidores públicos en todos los niveles ante la desaparición de personas; pero sobre todo, muestra otra vez la falta de autocrítica que caracteriza la administración de Enrique Alfaro.
ASEGURA ALFARO HAY DISMINUCIÓN DE CIFRA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
El informe del Gobierno del Estado, según la autoridad, arroja números que dan muestra de que se está atendiendo esta agenda prioritaria tanto en personas encontradas, identificadas y detenidos por desaparición forzada.
“Desde el inicio de la administración hice el compromiso de que no iba a permitir que este tema se desvaneciera, se ha destinado más del doble del presupuesto a esta agenda prioritaria. Abrimos el proceso de rendición de cuentas de este año en Jalisco, reafirmando el compromiso de que no vamos a parar en el estado hasta encontrar a los que nos faltan”, indicó el mandatario.
El Gobernado destacó el trabajo coordinado que se ha realizado entre la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Agencia para Atención de Víctimas, para lograr la localización e identificación de las personas reportadas como desaparecidas.
Desde la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas en junio del 2018, se han recibido reportes de 8 mil 228 personas desaparecidas, sin embargo gracias a la implementación de mecanismos ágiles en los procesos de búsqueda se ha incrementado la capacidad de respuesta y de resultados obtenidos, señaló Francelia Hernández Cuevas, Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco. Asimismo, informó que el compromiso no solamente es con la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, sino con la impartición de justicia y castigo por este delito.
CARTÓN POLÍTICO
¿Por qué ignoró el campo de exterminio?
ENTREVISTAS
Diputada Valeria Ávila: Propone una fiscalía especializada en violencia de género

Por Francisco Junco //
La impunidad en los delitos de violencia de género en Jalisco ha alcanzado cifras alarmantes. De acuerdo con México Evalúa, el estado registra un 100 por ciento de impunidad en feminicidios y violaciones, así como un 99.89 por ciento en otros tipos de violencia contra mujeres y un 99.52 por ciento en abuso sexual. Ante este panorama, la diputada Valeria Ávila Gutiérrez, de Hagamos, impulsa la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres en Razón de Género.
En entrevista con Conciencia Pública, la legisladora subrayó que «desgraciadamente estas cifras, nos revelan que no han sido suficientes las estrategias, que se han implementado en Jalisco, ni las alertas de género, ni la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ni la Vicefiscalía para atender la violencia contra las mujeres».
La propuesta, explicó Ávila Gutiérrez, se está construyendo con la participación de académicas, especialistas en el tema, instituciones educativas y organismos públicos, con el fin de garantizar un diseño adecuado.
«Lo más relevante, es que quien va a ser la titular de esta fiscalía tendría que ser una mujer con experiencia, una mujer que se sometiera a una convocatoria pública y que obviamente cumpliera con los requerimientos, puestos por las universidades públicas, por organismos internacionales, que nos ayudarán a tener al mejor perfil y que no sometan a las mujeres a la revictimización”.
La Legisladora recordó el caso de Luz Raquel, víctima de feminicidio en Zapopan, y criticó el manejo del caso por parte de la Fiscalía del Estado y aseveró que ésta “ni siquiera consultó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para ver si se estaba abordando el caso con perspectiva de género y lo único que hizo fue crear una tendencia y una narrativa en donde ella se había suicidado, quemándose a sí misma”.
Casos recientes como el de Astrid, agregó, refuerzan la necesidad de una fiscalía con autonomía, ya que en este caso “El presunto feminicida, quien ya tenía un delito anterior, ni siquiera esta pena logró que él dejará de cometer este delito».
Y es que, actualmente, Jalisco cuenta con una Vicefiscalía que atiende estos delitos, sin embargo, según Ávila Gutiérrez, “tiene siete unidades y de estas, sólo dos son para el tema de género. El presupuesto se divide entre todas las unidades y no se somete a ninguna convocatoria pública para elegir a su titular”, en cambio, la propuesta que está planteando, es una nueva fiscalía que tendría autonomía, presupuesto propio y un perfil idóneo para atender los casos con perspectiva de género.
Además, se busca que la fiscalía contemple unidades especializadas en transfeminicidios y otros delitos contra la comunidad diversa, y “estamos construyendo estas rutas con especialistas, colectivas y organizaciones civiles para que la fiscalía especializada abrace todas las necesidades de la comunidad y no solamente sea una propuesta salida desde las diputaciones”.
La iniciativa se está trabajando con académicas de la Universidad Panamericana, ITESO y la Universidad de Guadalajara, así como con colectivas como Juntas Hagamos, Colectivo Diverso UDG y Leonas con Raíces. También han participado exdiputadas como Mara Robles y Susana Muñiz Moreno, además de la Federación Estudiantil Universitaria.
A nivel legislativo, la propuesta cuenta con el respaldo de diputadas como Tonantzin Cárdenas de Futuro, Itzul Barrera de Morena y Candelaria Ochoa, ambas de Morena, así como de los diputados Leonardo Almaguer del PT, Tonatiuh Bravo Padilla de y Enrique Velázquez de Hagamos.
«Sé que podemos encontrar muchos puntos de coincidencia con compañeras de lucha, de otros partidos, como Cuquis Camarena del PRI, Claudia Murguía del PAN y Montse Cisneros de Movimiento Ciudadano, que sé que estarían dispuestas a discutirlo. En este momento no puedo hablar por ellas, porque tampoco las hemos buscado, pero estoy segura de que estarían dispuestas a discutirlo”.
La iniciativa será presentada el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tras varias mesas de trabajo y discusión del tema, la legisladora aclaró que “no nos estamos peleando con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ni con la red de centros de justicia, al contrario. Las necesitamos para que la iniciativa sea integral, pero sobre todo para que esta iniciativa pase y tenga presupuesto público para el 2026”.
Además, la diputada recordó que la ahora ex titular de la SISEMH (Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres), Paola Lazo Corvera, expresó la necesidad urgente de establecer una fiscalía especializada en delitos contra mujeres debido a la persistente impunidad en casos de feminicidio y abuso sexual en la entidad.
En una rueda de prensa titulada «Vivir Seguras», la diputada Valeria Ávila presentó junto a académicas, representantes de colectivos e instituciones, la iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada, donde enfatizó la urgencia de discutir y construir esta iniciativa, pero con la participación de especialistas, colectivas feministas y la Red de Justicia para las Mujeres.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran la elección de la titular a través de un proceso público y transparente con participación de mujeres, la conformación de un equipo especializado con enfoque de género, y la realización de un Parlamento abierto para fortalecer la iniciativa con la ciudadanía.
En esa rueda de prensa, la diputada Candelaria Ochoa de Morena, informó sobre un paquete de reformas para garantizar la paridad en cargos públicos, reducir la brecha salarial de género y mejorar la investigación de delitos contra las mujeres. Tonantzin Cárdenas reiteró su compromiso de trabajar con colectivas para combatir la violencia vicaria, mientras que Tonatiuh Bravo aseguró que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) hará de esta agenda una causa prioritaria.
Para la diputada Valeria Ávila, la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género se convierte en una necesidad inaplazable, ya que, en Jalisco, donde la violencia contra las mujeres se vive todos los días, se necesita garantizar que los centros de justicia cumplan con su propósito.
“Ojalá estemos a la altura, en los tres niveles de gobierno, para colaborar con la creación de la misma, no solamente porque la federación nos lo está pidiendo, sino porque la violencia en contra de nosotras es algo que se vive todos los días y tenemos que ayudar a que los centros de justicia para las mujeres cumplan con la creación de su espíritu, que es el acceso a la justicia para las mujeres”, puntualizó.
JALISCO
Consejo de Colegios de Abogados: Proponen mecanismos para elegir jueces y magistrados sin favoritismos

Por Francisco Junco //
“No queremos que sea por tómbola, queremos que haya un examen de oposición, réplica y contrarréplica, donde se evalúe la capacidad de los candidatos”, así lo expresó José Luis Tello Ramírez, presidente del Consejo de Colegios de la Abogacía en el Estado de Jalisco, quienes proponen este mecanismo especial en la reforma judicial en la entidad para evaluar a los candidatos a jueces y magistrados.
Explicó que ese examen sería aplicado por, lo que él llamó, la creación de un Consejo de Evaluación, donde estarán los peritos especialistas en la materia, incluyendo al Colegio de la Abogacía en Jalisco, quienes realizarían el cuestionario o preguntas adecuadas.
“Veremos el perfil. Y veremos los conocimientos vastos que tiene esa persona que pretende ser, juez, magistrado, para saber si son gentes calificadas, porque lo que buscamos es que sea público y notorio, que esa persona como se va a transparentar su capacidad y experiencia. Es un examen de evaluación teórico práctico para que sepamos que efectivamente es una persona que merece todo el respeto para poder llegar a un cargo tan importante”.
En las instalaciones del Congreso del Estado de Jalisco, Tello Ramírez, presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial, la cual fue entregada a la Oficialía de Partes, con el objetivo de que inicie su procedimiento y presentación ante la Cámara de Diputados.
“Lo que pretendemos es que no haya antecedentes penales y, sobre todo, que se erradique, no estén señalados por la violencia familiar”, señaló Tello Ramírez y aseguró que la propuesta que presentaron busca eliminar prácticas corruptas dentro de los tribunales, así como el nepotismo y el tráfico de influencias, fortaleciendo así el Estado de derecho.
Y es que el Consejo de Colegios de la Abogacía en Jalisco busca no sólo impulsar esta propuesta de reforma al Poder Judicial, sino también formar parte activa en la selección de los futuros jueces y magistrados, ya que consideran que su experiencia y representación dentro del gremio jurídico los convierte en un actor clave para garantizar un proceso de evaluación transparente y basado en méritos.
“Queremos ser parte del Consejo de Selección y del Centro de Evaluación, porque conocemos el derecho, conocemos a nuestros colegas y sabemos lo que la sociedad necesita de sus jueces. No podemos permitir que las designaciones sigan siendo opacas o sujetas a influencias ajenas a la justicia”, señaló Tello Ramírez.
En la entrevista con Conciencia Pública, antes de entregar el documento, el litigante explicó que uno de los puntos más importantes de la reforma es la erradicación del reparto de cuotas y cuates dentro de los tribunales de justicia.
“Es lamentable que hoy por hoy muchos tribunales están contaminados con lo que es el reparto de cuotas y cuates, en donde está la pariente o la gente que están dentro de los tribunales como jueces, secretarios”.
José Luis Tello Ramírez, resaltó que la aspiración de la propuesta que presentaron en el Congreso busca que los funcionarios judiciales sean elegidos por su vocación a la justicia y no por relaciones familiares o de poder.
Sobre los requisitos para ocupar cargos judiciales, el presidente de este Colegio indicó que su propuesta establece que los aspirantes sean licenciados en derecho, con una trayectoria probada, honestos y comprometidos con el ejercicio profesional.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma que está proponiendo es la eliminación del Consejo de la Judicatura, ya que lo que se busca es que “ese dinero que esta malamente empleado”, sirva para crear más juzgados, y argumentó que dicho Consejo ha sido un obstáculo para el buen funcionamiento del sistema judicial.
En cuanto a la posibilidad de realizar elecciones judiciales este año, Tello Ramírez aseguró que lo que más le conviene al estado es llevar el proceso electoral de jueces y magistrados hasta 2027.
“Lo que pasa es que la incertidumbre nos ha llevado a otro camino, se necesita un presupuesto, una metodología y sobre todo una capacitación. No podemos tomar como, si fuera una olla de vapor, que sería hacer una elección con prontitud. Pienso que lo más correcto sería hasta el 2027, que es cuando se tendría que llevar a cabo los cambios al 100% tanto de jueces, magistrados, porque esto nos da una certeza jurídica”, expuso.
La propuesta cuenta con el respaldo de 36 agrupaciones profesionales que representan a más de 17 mil 600 abogados en el estado. “Queremos un gobierno abierto, queremos unas políticas públicas que refuercen el ejercicio profesional de la abogacía”.
Reiteró que la propuesta busca eliminar la corrupción, erradicar el tráfico de influencias y garantizar que los jueces y magistrados sean personas competentes y con verdadero compromiso con la justicia. “No queremos que sea por tómbola, queremos que haya un examen de oposición, réplica y contrarréplica, donde se evalúe la capacidad de los candidatos”.
Esta propuesta fue puesta a disposición formalmente ante el Congreso del Estado de Jalisco para su análisis y discusión, la cual, a decir del presidente de Colegio de la Abogacía, pretende ser una solución a los problemas actuales del sistema judicial, promoviendo una justicia más transparente y eficiente para todos los ciudadanos.
La presentación, dijo el presidente del Colegio, se debió a que en la propuesta reciente que presentó el Gobierno del Estado no los tomó en cuenta. “Estamos en el Congreso para cumplir con lo que realizamos para presentar esta propuesta y seamos tomados en cuenta en la transparencia y sobre todo para erradicar la corrupción en el tráfico de influencias”.
Al ser cuestionado sobre sí aspiraba a algún cargo de los que se van a elegir en las próximas elecciones del Poder Judicial en la entidad, el abogado subrayó que lo que se pretende es que los tiempos se den solos.
“Todos tenemos interés en impartir justicia. Nunca se va por el sueldo, se va por la dignificación del Poder Judicial. Todos y cada uno de los personajes que pretendamos llevar a cabo entrar a ese proceso, tenemos que entender que la justicia no tiene precio, no se vende, no está comprometida y fuera los grupos fácticos, fuera los partidos políticos y que sean personas que no tienen más compromiso más que servir a la sociedad”, puntualizó.
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