NACIONALES
La Constitución inconstitucional
Opinión, por Salvador Romero Espinosa //
En estricto sentido, todas las normas constitucionales deberían de tener la misma valía, pues dentro de la Constitución no existe un valor asignado a cada norma o artículo, ni tampoco un parámetro pre-establecido que sirva para determinar cuál norma constitucional es más importante y cuál menos importante.
Lo anterior es así porque -teóricamente- a una Constitución únicamente se deben incorporar las normas que se consideran indispensables para blindar el pacto social que un pueblo decide fijarse a sí mismo y que, por regla general, son normas que se consideran inmutables, al menos en cuanto a su fondo.
Sin embargo, si llegare a existir un conflicto entre normas constitucionales, debe de ser el Poder Judicial de la Federación, a través de ejercicios de ponderación e interpretación jurídica (muy complejos de realizar, por cierto) quien determine cuál norma constitucional tiene mayor peso o preponderancia en cada caso concreto, tomando como parámetro los derechos humanos, los tratados internacionales y la congruencia e importancia de la norma que debe de prevalecer.
En ese contexto, cabe señalar que existen constituciones como la de los Estados Unidos de Norteamérica que, en sus casi 240 años de existencia, apenas ha tenido 27 enmiendas o reformas (en promedio una reforma casi cada 9 años) y, en otro extremo, existen constituciones como la mexicana, que ha sufrido alrededor de 600 reformas en poco más de 100 años (en promedio casi 6 reformas por año).
Así las cosas, es evidente que nuestra Carta Magna ha sido profundamente «manoseada» cada sexenio y cada vez es más difícil identificar cuáles de sus normas son realmente necesarias e inmutables, y cuáles obedecen a caprichos del momento o a cuestiones adjetivas cuya modificación o derogación sería irrelevante para nuestro pacto social.
En consecuencia, al menos en teoría, no nos debería de espantar tanto que se pretenda reformar nuevamente la Constitución por una coalición de partidos que parece haber logrado una artificial e ilegítima (pero «constitucional») mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Sin embargo, lo preocupante de estas reformas que se pretenden aprobar por la nueva Legislatura -todavía dentro del sexenio del presidente López Obrador-, es que están tocando fibras muy sensibles de nuestra Constitución que podrían modificar sustancialmente el principio de división de poderes, de contrapesos institucionales y de tutela de derechos fundamentales, que constituyen premisas vitales para que nuestra democracia pueda seguir siendo considerada como tal, de acuerdo a los parámetros internacionales a los cuales nos encontramos comprometidos como Nación, concretamente por los artículos 8 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Para entender mejor la gravedad de estas reformas propuestas vale la pena señalar que en la doctrina jurídica y constitucionalista existe la teoría de las «cláusulas pétreas», que han sido definidas como las normas constitucionales que no deberían ser modificadas tan fácilmente como otras, pues se consideran las piedras angulares de una Nación, fundamentales y difíciles de mover.
Así las cosas, el objetivo de dichas «cláusulas pétreas» es proteger los derechos fundamentales, la forma de gobierno y otros principios básicos de un país, sin embargo, dado que dichas cláusulas no se encuentran identificadas expresamente o con claridad dentro de nuestra Constitución, actualmente es igual de «fácil» borrar una coma que desaparecer por completo al Poder Judicial, que es más o menos el riesgo que estamos enfrentando actualmente.
En otras palabras, de acuerdo a nuestra Constitución, las mayorías calificadas del Congreso pueden, si así lo desean, establecer que la persona que ocupe la presidencia de la República pueda reelegirse todas las veces que pueda; que el mandato presidencial pasara de durar 6 años a 50 años; que desapareciera la Federación y convertir las 32 entidades federativas en simples cantones; o, incluso, reestablecer la pena de muerte a todas las personas que critiquen al gobierno en turno, por poner algunos ejemplos.
Esa es la gravedad de la situación actual, donde al parecer la coalición que tiene las mayorías calificadas no pretende reconocer cláusulas pétreas dentro de nuestra Constitución y pretende, tan solo en su primer mes, acabar con el Poder Judicial independiente y destruir a los organismos constitucionales autónomos -como los institutos de transparencia-, a pesar de lo grave que ello sería para nuestro Estado de Derecho, nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades individuales y nuestra democracia, lo cual, por supuesto, iría en contra de los tratados internacionales y de la esencia misma de la propia Constitución.
– Por Redacción Conciencia Pública
Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de Organización de Morena, desmintió categóricamente haber solicitado un amparo ante la justicia federal para frenar una presunta orden de aprehensión en su contra, según un comunicado emitido este miércoles.
La controversia surge tras reportes de que un juzgado federal en Zacatecas otorgó una suspensión provisional a López Beltrán, su hermano Gonzalo «Bobby» López Beltrán y otras 14 personas, en el expediente 2098/2025, presentado electrónicamente el pasado 16 de septiembre.
El amparo, que protege contra posibles órdenes de detención, incomunicación o desaparición forzada, habría sido tramitado por un supuesto abogado, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien también denunció una usurpación de identidad, asegurando que no firmó el documento ni conoce a los beneficiarios.
“Fui usado como conejillo de indias”, afirmó Rodríguez, quien planea presentar una denuncia para esclarecer el caso.
En su comunicado, López Beltrán calificó el episodio como una “operación malintencionada” orquestada por adversarios políticos para vincularlo con actividades ilícitas, como el presunto «huachicol fiscal» señalado en recientes investigaciones sobre redes de evasión fiscal y control de aduanas.
“Ni mi hermano Gonzalo ni yo tramitamos ninguna demanda de amparo”, enfatizó, exigiendo al Poder Judicial Federal una investigación sobre el origen del trámite, que también involucra a un juzgado en la Ciudad de México.
El caso, que ha generado revuelo en redes sociales, divide opiniones: mientras simpatizantes de la 4T lo consideran un ataque político, críticos cuestionan la transparencia de la familia López Obrador.
El senador Adán Augusto López expresó dudas sobre la autenticidad del trámite, comparándolo con casos previos de abuso de esta figura legal.El amparo requiere ratificación en un plazo de tres días hábiles para mantener su vigencia, aunque el comunicado de López Beltrán sugiere que no lo hará.
La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de órdenes de aprehensión activas contra los hermanos López Beltrán, ni avances públicos de la Fiscalía General de la República en las investigaciones relacionadas.
El caso continúa en desarrollo, en medio de un contexto político polarizado y señalamientos que podrían escalar conforme se acerquen nuevas diligencias judiciales.
– Por Francisco Junco
El PRI exigió que el “Cártel de los Soles” y otros grupos criminales que operan en México sean declarados como organizaciones terroristas, al advertir que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
La propuesta fue presentada en un punto de acuerdo de urgente resolución en el Senado de la República, impulsado por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro «Alito» Moreno.
Durante conferencia de prensa, acompañado por Carolina Viggiano, secretaria general del partido, y los coordinadores parlamentarios Rubén Moreira y Manuel Añorve, Moreno señaló que las organizaciones criminales “utilizan la violencia de forma sistemática, poniendo en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía nacional”.
El legislador afirmó que se trata de un fenómeno que trasciende la corrupción de funcionarios y constituye un “robo sistemático orquestado desde la Presidencia de la República desde 2018”.
El dirigente del PRI denunció que el llamado huachicol fiscal ha provocado un daño al erario público superior a 550 mil millones de pesos, con pérdidas estimadas en 18 mil millones de litros de combustible y la extorsión a más de 6 mil estaciones de servicio.
Señaló que estos recursos ilícitos han servido para financiar campañas políticas, extorsionar empresas y consolidar pactos con el crimen organizado.
Moreno recordó que estas prácticas han tenido consecuencias fatales, incluida la muerte de servidores públicos y marinos, además de riesgos para la Armada de México y otras instituciones de seguridad.
Acusó directamente a funcionarios de Morena de mantener vínculos con el crimen organizado, lo que —dijo— representa una amenaza a la democracia y a la independencia de las instituciones del país.
Finalmente, el presidente nacional del PRI advirtió que los pactos entre el poder político y la delincuencia organizada atentan contra las libertades de los mexicanos y contra el sistema judicial.
“No permitiremos la instauración de un modelo venezolano en México”, subrayó, al tiempo que reiteró que su partido priorizará la defensa de la Constitución, la rendición de cuentas y la seguridad de los ciudadanos.
– Por Francisco Junco
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró formalmente concluida la primera elección de personas juzgadoras, correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, tras recibir una serie de informes finales sobre la organización y desarrollo del proceso, con ello, se da por cerrada todas y cada una de las etapas del ejercicio electoral.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó que esta elección representa no sólo el cierre de un proceso extraordinario, sino la reafirmación de la democracia en México.
“Hoy le decimos al mundo que aquí en México, el voto sigue siendo la voz más poderosa de todas”, afirmó, resaltando el esfuerzo conjunto de funcionarios, observadores y la ciudadanía para garantizar la integridad del proceso.
Durante la sesión extraordinaria, el INE recibió 11 informes finales, entre los que se incluyen la implementación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral, la integración y capacitación de las mesas directivas de casillas y seccionales, la promoción de la participación ciudadana y la administración de tiempos del Estado en radio y televisión.
Los documentos reflejan la participación de 775 mil 403 funcionarias y funcionarios de casilla, así como la acreditación de 375 visitantes extranjeras de 40 países, asegurando la transparencia en todas las etapas.
Taddei Zavala subrayó que el INE cumplió con el mandato constitucional encomendado y destacó la importancia de la institucionalidad y la fortaleza del organismo para enfrentar nuevos retos democráticos.
“El INE no sólo está a la altura de los nuevos retos democráticos, sino que trasciende gracias a su capacidad de comprender y aceptar los cambios sociales y culturales”, agregó la presidenta.
Finalmente, el Consejo General aprobó modificaciones a la Convocatoria para la selección y designación del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, en cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y confirmó que la etapa de entrevistas para la presidencia y tres consejerías electorales dará inicio el próximo 22 de septiembre, asegurando la continuidad de los procesos electorales locales.
– Por Francisco Junco
Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel “Andy”, actual secretario de Organización Nacional de Morena, y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, promovieron un amparo en Zacatecas que busca evitar una eventual detención, en el contexto de las investigaciones por la red de huachicol fiscal encabezada por marinos e indagada por la Fiscalía General de la República (FGR).
El recurso fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, donde una jueza federal concedió una suspensión de plano a favor de los hermanos López Beltrán.
El amparo incluye medidas para evitar su captura sin orden judicial, incomunicación, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad o una ejecución extrajudicial.
La suspensión fue otorgada el 16 de septiembre de 2025 y permanecerá vigente hasta que se resuelvan las audiencias programadas: la incidental el 24 de septiembre y la constitucional el 28 de octubre.
El expediente, registrado con el número 2098/2025-IV, fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, personaje que también ha aparecido en recursos judiciales vinculados al narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Sin embargo, la demanda carece de firma autógrafa o electrónica, un hecho inusual que no impidió que el juzgado la admitiera debido a la naturaleza de los actos reclamados.
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la lista de quejosos aparecen nombres de funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a la red de huachicol fiscal en aduanas.
Entre ellos, el contraalmirante Fernando Farías Laguna; Roberto Blanco Cantú, alias “El señor de los buques” y vinculado con la empresa Mefra Fletes; Carlos Estudillo Villalobos; Sergio Varela; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; y Diana Heleyn Foullon Gómez, conocida como “Lady D”.
También se mencionan a César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios y Miguel Ángel Solano, apodado “Capitán Sol”, entre otros.
El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió el documento en redes sociales, donde aseguró que fuentes judiciales le confirmaron la suspensión a favor de los hijos de López Obrador.
Ochoa detalló que el domicilio señalado para notificaciones corresponde al Hotel Círculo Mexicano, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, negocio de la familia López Beltrán.
Morena, sin embargo, negó que el actual secretario de Organización Nacional del partido, Andrés Manuel López Beltrán, haya solicitado el amparo.
Camila Martínez, secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, aclaró que el recurso fue promovido por un tercero, lo cual es legal según la Ley de Amparo, aunque los beneficiarios tendrán tres días hábiles para decidir si ratifican o no la demanda.
En el mismo contexto, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del exmandatario, también aparece en acuerdos del Poder Judicial en Tabasco, su estado natal.
De esta forma, los tres hijos del expresidente López Obrador figuran en distintas instancias judiciales ligadas a una misma trama de amparos que, aunque no implican órdenes de captura vigentes en su contra, los vinculan de manera directa en expedientes relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal en aduanas.
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
INE dio por concluida la primera elección del Poder Judicial
Hijos de AMLO se amparan para no ser detenidos en relación al huachicol fiscal
JOSE LUIS MAGDALENO
8 de septiembre de 2024 at 20:49
CARAY, NO COMPRENDO QUE ES LO QUE ESTE PONENTE ENIENDE POR DEMOCRACIA, EL PUEBLO VOTO Y YA.