NACIONALES
La ineludible reforma del Poder Judicial en México: El objetivo es justicia pronta, completa e imparcial

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Tema de actualidad nacional se ha vuelto la reforma del Poder Judicial Federal, modificación que significa una verdadera transformación y que tendrá que rebasar la órbita federal, por lo que debe incluir no solo a los órganos estatales de la clásica administración de justicia, sino a las instituciones de procuración e incluso los organismos conexos, mecanismos alternativos de solución de controversias y los que comprenden las defensorías de oficio, las modalidades peculiares de impartición de la ley, cual son las de índole laboral, administrativo o tribunales específicos, como el de los servidores públicos.
En general, todos los mexicanos estamos de acuerdo en que son demasiadas las fallas de nuestro sistema de justicia. La disposición constitucional -artículo 17- de que los tribunales deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y de manera gratuita, es una ficción. Por lo general los asuntos judiciales, son lentos, costosos, parciales y dificultosos, particularmente para las personas de escasos recursos económicos o las carentes de influencias.
Es por ello, que son trascendentes las iniciativas presentadas por el ejecutivo de la nación, el pasado 5 de febrero, que siendo veinte, dentro de ellas resaltan las de carácter constitucional, aunque todas son importantes. En el momento actual, la que llama poderosamente la atención, es la referente al Poder Judicial. Ya vendrá el día en que se trate las que anunció la presidenta virtual Claudia Sheinbaum (sobre apoyos a mujeres entre 60 y 64 años, becas para alumnos de educación básica, así como respaldos al magisterio) y todas las demás relativas al ámbito electoral, la salud, el medio ambiente, la austeridad, organismos autónomos, jubilaciones, salarios, etc.
Los grandes apartados que atañen exclusivamente a las variaciones del Poder Judicial Federal se pueden sintetizar en los siguientes: Elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito, jueces de distrito, así como a los miembros -con rango de magistrados- del propuesto Tribunal de Disciplina Judicial.
Sobre este tema, hemos de decir que ya en las anteriores constituciones de México, estuvo en práctica la elección de los integrantes de la Corte y los tribunales superiores en las Entidades federativas. Esta manera de componer tales organismos terminó con las revisiones a la ley Suprema de 1857, realizadas por el Constituyente de Querétaro 1916-1917; sin embargo, el mecanismo -muy federalista, por cierto- establecido en ese entonces, no se llegó a ejecutar, por los intereses de los caudillos que suplantaron a Venustiano Carranza en la década de 1920-1930.
Esos líderes nos legaron el sistema que rige en la actualidad, con algunas enmiendas. Ahora lo ciertamente innovador es también elegir popularmente a los magistrados y jueces, y para ello está libre el debate, el parlamento abierto y múltiples formas de opinión. Sobre ello, los justiciables aseguran que es mejor ser juzgados por quien ellos elijan, que por aquellos que arriban a esos puestos por las influencias o el nepotismo, tal como sucede hoy.
En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene antecedentes en el siglo XIX cuando existieron órganos que se encargaban de evaluar la actuación de la Corte suprema, es indispensable para corregir todo desvío de los integrantes del poder jurisdiccional, desde jueces y magistrados hasta ministros, ya que tal aspecto es defectuoso y de plano hablando de la Suprema Corte, inexistente, por lo que a veces se extralimitan. Entendamos que nadie es perfecto, y por lo tanto dichos personajes también deben ser vigilados y de proceder, sancionados por sus yerros.
El segundo apartado de la iniciativa que comentamos se refiere a la reducción del Pleno de la SCJN, de 11 a 9 ministros, y desaparición de las Salas, que al momento son dos, con cinco miembros cada una, y el onceavo ministro es quien funge como presidente de la Corte. La iniciativa precisa que en lo sucesivo el máximo tribunal se compondrá de solo nueve miembros, y actuarán exclusivamente en pleno, eliminando las salas.
Esto elimina la indebida manera de que a veces, se decidan cuestiones trascendentes con el voto de solo dos ministros, como sucedió recientemente al tratar una norma sobre electricidad, pues uno de los cinco, no estuvo en la sesión, y quien fungió como presidente ejerció su voto de calidad por el empate que se registró, y así, votando doble, decidió un asunto de suma repercusión nacional. Esto a todas luces, es inconveniente para nuestro estado de derecho.
El tercer capítulo, es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial con independencia de la SCJN. Estos consejos surgieron a fines del siglo pasado, buscando mejorar la administración de justicia, pero incurriendo en el error de que los presidiera quien encabezara al poder judicial respectivo, estatal o federal. El resultado ha sido negativo, y es urgente remediar esa anomalía, lo cual se hará con una institución que administre a los tribunales (la cual eliminará nepotismo, ineptitudes y corruptelas) y el antes mencionado Tribunal de Disciplina Judicial.
Recientemente -y este es otro renglón que debe elevarse al nivel constitucional- se reformó la ley de Amparo para prohibir el otorgamiento de suspensiones contra leyes con efectos generales. Esto es menester para no obstruir las obras gubernamentales, y dejar como debe ser, para la final resolución del expediente, su otorgamiento de protección o la negativa.
Una faceta siempre ignorada por los juzgadores en todos los niveles y fueros, son los plazos máximos para concluir los juicios. Este apartado previene que ningún proceso durará más de 6 meses, tratándose del ramo fiscal, y ajustándose a un año para materias penales. Constantemente nos enteramos (recuérdese por dar un ejemplo el caso Vallarta y el de la francesa Florence Cassez) de personas que injustamente están en prisión por años y años, sin que sus juicios se resuelvan. Lapsos similares suceden en el ramo civil o en distintos renglones sujetos a procedimientos judiciales que se vuelven interminables.
Finalmente, viene la sección concerniente a la renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces, que en números redondos son alrededor de mil ochocientos de orden federal. Ellos, si se aprueba la reforma constitucional de que sean electos popularmente, deberán resultar por medio de comicios extraordinarios, la primera vez, los cuales podrían celebrarse en el venidero año de 2025. Al respecto, se prevé no sean los partidos políticos los que intervengan, ni que se realicen campañas político-electoral como se hace para renovar los poderes legislativo y ejecutivo.
Se debe evitar se partidice este método: para elegir los ministros de la Corte (SCJN), se plantea sean propuestos diez abogados candidatos por cada uno de los tres poderes constitucionales -legislativo, ejecutivo y judicial- con rigurosos requisitos que garanticen su capacidad, imparcialidad y honradez, y de ese conjunto de 30 profesionistas idóneos, los ciudadanos elegirán nueve para ministros de la SCJN. Los debates en vigor enriquecerán la iniciativa correspondiente, a fin de plasmar los modos y tiempos para seleccionar a magistrados y jueces.
El objetivo de esta perentoria innovación judicial es que para el año que viene, la nación cuente con un Poder Judicial totalmente renovado, indiscutible aplicador de la justicia, pronta, completa, imparcial y que, siendo efectivamente gratuita, se ciña a los intereses de la república y se le considere cercana al pueblo.
ENTREVISTAS
Clemente Castañeda: Con la nueva Ley de Telecomunicaciones está intacta la libertad de expresión

Por Mario Ávila //
Para el senador jalisciense, Clemente Castañeda Hoeflitch, la nueva Ley de Telecomunicaciones tuvo cambios importantes con relación a la propuesta original; por ello, y porque no toca a la libertad de expresión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, votó a favor junto con Morena y sus aliados PVEM y PT.
Desde la tribuna en su momento, a través de sus redes sociales y en entrevista con diferentes medios de comunicación, el coordinador de MC en el Senado, se congratuló de que algunas de esas modificaciones que registró el proyecto de ley, se lograron gracias a la presión de la sociedad civil.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación, en su totalidad, del artículo 109 mediante el que el grupo parlamentario de Morena quería para bloquear plataformas digitales.
Castañeda Hoeflitich, también se refirió a la sustitución de la que pretendió ser una “súper Agencia de Transformación Digital que quería el oficialismo, por un órgano colegiado y con independencia de la Secretaría de Economía”.
Adicionalmente, el senador por Jalisco dio cuenta de que previo a la aprobación final de la nueva Ley de Telecomunicaciones, se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación, de aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Lamentó además que, con argumentos falsos y engañosos, actores políticos del PRI y del PAN, “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites y un marco para la localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados”.
LOS ABSURDOS DE LAS CAMPAÑAS “LEY CENSURA” Y “LEY ESPÍA”
Una de las férreas defensoras de la última de las leyes secundarias que se aprobaron en este período extraordinario de sesiones de la LXVI Legislatura federal, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la tribuna de la ya tradicional “Conferencia Matutina”, explicó los absurdos e las campañas lanzadas por la oposición acusando la aprobación de una “Ley Censura” y una “Ley Espía”.
La llaman ahora la ‘Ley Espía’ -dijo-, esa es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la ley, no se modificó nada, señala que es a solicitud de un juez como se puede tener información de un teléfono, que eso existe ahora y existía desde que se aprobó la ley en su momento en el año 2014.
No cambia nada de la ley anterior -abundó-, a esta, y le llaman que te estamos espiando, pues cómo vamos a espiar; primero, es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país y que en caso de temas de seguridad, pueda haber información de las empresas telefónicas igual que estaba antes, nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente se va a ir con la finta, pues no hay que informar, nada cambió en la ley de lo que ellos argumentan que ahora el gobierno va a espiar a las personas… no cambió absolutamente nada en esa ley que tuviera que ver con algún espionaje.
Y sobre la llamada “Ley Censura”, Sheinbaum Pardo explicó que ahora resulta que las audiencias tienen derechos, y detalló: “Quiénes son las audiencias, todos nosotros, los que escuchamos la radio y vemos la televisión y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira, o que no debería de haber salido al aire por agraviar a menores de edad, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora, a la estación de radio y ellos tienen obligación de aceptar ese reclamo”.
Eso dicen -explica-, no es censura, sino un derecho ciudadano a reclamar información falsa o inapropiada en medios, antes inexistente. La ciudadanía ahora puede exigir veracidad, amparada en el derecho constitucional a la información.
Incluso la presidenta de México planteó que la nueva ley debería llamarse “Ley de Seguridad y Apoyo a la Población”, porque en su opinión no tiene nada que ver con el espionaje, “es falso de toda falsedad que en esas leyes hay alguna capacidad que le den al Estado mexicano, fuera de la Constitución, capacidad para vigilar a las personas”.
Aseguró que se trata de una campaña estrictamente política, en la que se trata de criticar al gobierno, “sin importar que ley hubiéramos propuesto, no importa el contenido de la ley, hay algunos personajes que todo será en contra nuestra, pero el problema es que se lanzan contra nosotros diciendo mentiras”.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los periodistas tienen libertad para criticar al gobierno, pero se pide no mentir. Los ciudadanos ahora pueden exigir su derecho a la información mediante un ombudsman, sin coartar la libertad de expresión.
ÉNFASIS EN LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS: PEÑA MERINO
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y uno de los principales redactores de la nueva Ley de Telecomunicaciones, hizo saber que en el tema de la geolocalización, planteado en el artículo 183, sostiene lo mismo que sostenía la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el 2014 con la mayoría del PRI y del PAN.
Básicamente -dijo-, la redacción es la misma, con un cambio menor, en términos la ley anterior decía vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa; y la nueva ley habla de vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias.
Detalló que contrario a la censura, el espíritu de esta nueva ley, es dar a las audiencias mecanismos de expresión y queja, ante cualquier contenido en medios que violen los derechos de las propias audiencias, pero no se trata ni de censura ni de espionaje.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
JALISCO
Miguel Monraz acusa que gobierno tendrá herramientas para espiar con reformas a telecomunicaciones
FUEGO CRUZADO
“No son reformas: son herramientas para espiar, censurar y controlar al ciudadano (…) La reforma de inteligencia te rastrea, la de telecomunicaciones te calla. Y la de población te ficha. ¿Libertad?”
MIGUEL ÁNGEL MONRAZ IBARRA/ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TV DEL CONGRESO FEDERAL
“Ni censura ni espía. Ante la desinformación que hay alrededor de la #LeyTelecom (…) Actores del PRI y el PAN con argumentos falsos y engañosos “han querido etiquetar este esfuerzo parlamentario como ‘Ley Espía’ y ante ello habrá que aclarar: primero, la geolocalización ya existe desde hace 11 años y fue redactada por el PAN y el PRI y segundo, es una mentira que no existan controles, porque sí se contemplan límites”
CLEMENTE CASTAÑEDA / SENADOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO
CIERTO O FALSO
“Se duplica la desaparición de mujeres menores de 20 años en el me de junio en Jalisco (en comparación con cualquier mes previo de 2025), según cédulas publicadas por @BusquedaJal”
VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ROMERO / INVESTIGADOR DE LA UDEG
“Veamos el trabajo mucho más fino que el burdo mío. El doctor @VMGlezR desarrollo el valiosísimo portal Desaparecidos en Jalisco, donde recopila información. Se pueden checar datos por administración y con @PabloLemus son 596. ¿Por qué solo 122?
PEPE TORAL / PERIODISTA ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN
VOZ ALTA
Cirugía mayor a la metrópoli
¿Hasta cuándo los gobiernos de Jalisco enfrentarán con seriedad el colapso de la infraestructura hidráulica en la metrópoli? ¿Cuántos socavones más y cuántas vidas humanas deberán perderse para que actúen de manera decisiva? Es urgente implementar soluciones integrales, como el drenaje profundo, que resuelvan este problema de raíz. Cada vez son más los hundimientos que se registran en diversos puntos de la ciudad. Hace un año fue el socavón de López Mateos de 10 metros de largo y ahora el registrado en la colonia Bethel. ¿Cuántos más habrá que esperar?
PABLO LEMUS. Se requiere una decisión de estadista.
Golpe al género masculino
La decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) de obligar a los partidos políticos a postular únicamente mujeres candidatas a 10 municipios, donde se incluye Zapopan y Tonalá del área metropolitana, ha sido muy controvertida, de entrada restringe a la libertad de los partidos para elegir candidatos, mientras que otros la celebran como un gran paso para la igualdad política. El punto es si esta decisión garantiza mejores gobiernos o simplemente dará pie a candidatura simbólicas, sin un respaldo real de los partidos.
PAULA RAMÍREZ. La decisión del IEPC Jalisco divide opiniones.
Pleitos en Morena
En Morena Jalisco las cosas tienden a enredarse. Los conflictos entre pares son el pan de cada día, como se vive en el Congreso del Estado, con las acusaciones que ha lanzado la diputada Brenda Carrera contra la presidenta Marta Arizmendi y el senador Carlos Lomelí de violencia política a quien acusa estar detrás de su destitución como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y que según ella se violó la ley. La diputada Arizmendi lo niega y señala que la decisión fue de la asamblea y ella simplemente la acató.
BRENDA CARRERA. Va contra Marta Arizmendi y Carlos Lomelí.
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