Opinión, por Cayetano Frías Frías //

La reforma energética de 2013 consolidó su proceso de negociación en los sótanos del Congreso de la Unión, donde funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y líderes de legisladores intercambiaron votos por maletas y bolsas repletas de billetes, además de promesas de apoyo para fortalecer los cacicazgos regionales a través de los gobiernos estatales.

Como el prometer no empobrece, dijeron que con la reforma iban a crear 3.5 millones de nuevos empleos, uno entre 2013 y 2018, en tanto que de 2019 a 2025 se crearían 2.5 millones más. Las maravillas de la reforma alcanzarían para sumar un crecimiento porcentual en el Producto Interno Bruto del 1 por ciento al año de 2018, mientras que para 2025 ya se sumarían 2 puntos porcentuales más.

En materia petrolera, prometieron que se lograría elevar la producción hasta 3 millones de barriles diarios, gracias a que en conjunto con los proyectos privados en generación de electricidad, aseguraban que llegarían carretadas de billones de dólares en inversiones, además de reducir significativamente los precios de los combustibles para automotores e industrias, así como para el consumo doméstico de electricidad.

¿Y cuál ha sido el resultado?

Entre 2015 y 2016, en las sedes petroleras de Ciudad del Carmen se perdieron 22 mil empleos, en tanto que en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, fueron canceladas 3 mil 500 plazas, según reportes del IMSS.

Hay competencia en la distribución de combustibles, pero los precios se han elevado en lugar de reducirlos, lo cual desmonta la promesa de que bajarían los costos al usuario final. En cuanto a producción diaria de barriles de petróleo, a septiembre de 2021 Pemex reportó un promedio de 1 millón 666 mil barriles diarios, de los cuales solo el ridículo 1.8% fueron extraídos por los contratistas privados con 30 mil barriles diarios, a ocho años de aprobada la reforma. En cuanto al gas doméstico, el monopolio de unos cuantos a nivel nacional, triplicó el precio de un tanque de 30 kilos entre 2016 y 2020.

Aún así se quejan los empresarios de que están detenidos decenas de proyectos, cuando no han mostrado interés por invertir en otros tantos que tienen autorizados desde el gobierno de Peña Nieto.

Un análisis elaborado por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, concluye que “la reforma se orienta más bien hacia la extracción de hidrocarburos como estrategia para la obtención de divisas, de recursos fiscales y de beneficios que dañan las posibilidades reales de crecimiento en el largo plazo, en parte porque conduce a una excesiva dependencia de la demanda externa y a una alta vulnerabilidad ante los cambios en los precios de las materias primas”.

En el documento “Reforma Energética 2013/2014”, Francisco Martínez Hernández, Mónica Santillán Vera y Ángel de la Vega Navarro, cuestionan que “el planteamiento de contenido nacional de la reforma energética como garante de desarrollo industrial para el país, más allá de aprobable o reprobable, es anacrónico respecto a las formas actuales del comercio internacional e incluso de la legislación mexicana vigente”.

Apuntan, entre otros errores, que los tratados internacionales firmados por México, están por encima por ejemplo del 3 por ciento a que obligan a las trasnacionales, como cuota de contenido nacional en los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas.

Habrá que hacer notar que el desmantelamiento de Pemex fue más agresivo a partir del 16 de julio de 1992, al publicarse la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios, los cuales serían en adelante Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. A partir de entonces se abrieron las puertas a la iniciativa privada sin aval de una reforma constitucional, por orden de Carlos Salinas de Gortari. En 2018 ya sumaban más de 60 empresas creadas como apéndices de Pemex, todas dedicadas al saqueo del erario en mayor o menor medida.

En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, tema que ha provocado mayor escozor en el ala conservadora de los políticos y empresarios, la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para una nueva reforma en materia energética, en la cual entran además los hidrocarburos y el litio, se precisa que de seguir el mismo marco legal, la Comisión Federal de Electricidad va a desaparecer.

Pintan un panorama de caos, al señalar que tan solo en los rubros de la energía no despachada que equivale al 45 por ciento de la capacidad de generación de la CFE, la compra anual de energía a permisionarios privados y el pago de certificados de energías limpias, se registran pérdidas anuales por 444 mil 459 millones de pesos.

El 29 de marzo de 2016, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para fragmentar a la CFE en nueve empresas, las cuales operan con autonomía, pero en la Ley sigue apareciendo como responsable de ellas el director general, sin que pueda intervenir en la administración de éstas.

Actualmente la reforma peñista avala cuatro modalidades de operación a la inversión privada: Productores Independientes, Sociedades de Autoabastecimiento, Subastas de Largo Plazo y centrales construidas tras la reforma energética. Las dos primeras son ilegales, dado que fueron rescatadas de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual fue abrogada al entrar en vigor la reforma de 2013. Con base en ese esquema ilegal, se tolera que las empresas privadas se hayan apropiado del 43 por ciento de la generación de energía, cuando sus inversiones no van más allá de una capacidad del 19 por ciento y esto causa un quebranto económico que no es precisado en la iniciativa de reforma.

Otro daño a las finanzas de la CFE, lo cometen los permisionarios que no pagan la tarifa de porteo tipo estampilla postal, al no cubrir el costo real del transporte de la energía, alteran el orden del despacho de energía y le da ventaja a las ofertas de localidades más distantes las cuales saturan las redes eléctricas sin el correspondiente pago. Una consecuencia de lo anterior, es la simulación de los operadores privados, pues en 239 centrales eléctricas de autoabastecimiento tienen 77 mil 764 grandes consumidores “socios-clientes” con acciones de un dólar y que tienen acceso a los subsidios, además de que les facturan los servicios, incurriendo en fraude fiscal.

El servicio de energía tiene cuatro sistemas en el país: Sistema Eléctrico Nacional, Sistema Interconectado Nacional, Sistema Eléctrico Aislado de Baja California y Sistema Eléctrico Aislado de Baja California Sur, lo cual provoca las dificultades cuando un permisionario reclama a la CFE que envíe energía de un sistema a otro independiente.

Algo increíble, es que más de cien centrales de generación de energía han sido financiadas mayoritariamente con recursos públicos, tanto desde la Banca de Desarrollo e incluso para disponer del patrimonio que los trabajadores tienen en las Afores, pues ha apalancado 123 proyectos entre 2014 y 2020, con tasas preferenciales y aportando por arriba del 50% de los recursos invertidos.

Bancomext aportó el 64 por ciento en 69 proyectos, Nafin el 71 por ciento en 36 proyectos y Banobras el 66 por ciento en 18 proyectos. Aunque en la iniciativa no se precisan cantidades invertidas, el Consejo Coordinador Empresarial informó el jueves pasado que los empresarios mexicanos han canalizado 21 mil 500 millones de dólares en el desarrollo de parques fotovoltaicos y eólicos entre 2010 y marzo de 2021, por lo cual la aportación de la Banca de Desarrollo y de las Afores, debe ser muy superior a esa cantidad. Sumados todos los rubros en que se escamotean recursos a la CFE, sin exagerar hay pérdidas superiores al medio billón de pesos, gracias a la reforma energética peñanietista.

En esa crónica del caos, merece medalla especial la ausencia de planeación para responder a las necesidades reales de cada región y subsanar carencias en las zonas de mayor rezago. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía con Peña Nieto, otorgó permisos de generación sin el menor respaldo de un documento que visualizara la demanda en esa fecha y los requerimientos a futuro.

La demanda estimada a 2024 es de 52 mil 410 MW, pero ellos autorizaron permisos por 104 mil 372 MW, es decir, que los permisos duplican la demanda. A 2021, la CFE reporta que ya están instalados 86 mil 039 MW, cuando la demanda real máxima en 2020 fue de 46 mil 628 MW.

Eso sin contar que están pendientes de aprobación solicitudes de generación instalada para llegar a 134 mil 409 MW, que equivale al triple de la generación requerida, cuando la CFE considera que con una capacidad de reserva entre el 15 y 20 por ciento, es suficiente para operar el sistema eléctrico nacional en condiciones de seguridad. ¿Dónde irán a colocar casi 80 mil MW si se aprueban todas las solicitudes?

LA INICIATIVA DE AMLO

Como lo precisa en su presentación, es una “reforma en materia energética”, en la cual sobresalen las modificaciones a la Constitución, para que el Estado recupere la exclusividad en la explotación y administración de los recursos naturales -el petróleo, el litio, energía nuclear, el agua-, así como preservar a la Comisión Federal de Electricidad como institución dominante en el mercado y rector de la distribución de la energía eléctrica, que en adelante se tendría contemplado como asunto concerniente a la seguridad nacional y emblema de soberanía, no solo como empresa proveedora de servicios o supeditada a entes externos como los permisionarios privados, que es la situación actual.

Las empresas privadas abastecen el 62 por ciento de la demanda de energía eléctrica, privilegiadas por contratos ilegales y actos de simulación entre proveedores y clientes, en tanto que la CFE solo aporta el 38 por ciento, con el quebranto natural al desperdiciar el 19 por ciento de su capacidad de generación. En la iniciativa se plantea que la CFE genere por lo menos el 54 por ciento de la energía, en tanto que los privados podrán participar con un tope del 46 por ciento de la demanda.

Se propone desaparecer las nueve empresas autónomas que crearon durante el gobierno de Peña Nieto, además de integrar ya sin autonomía a la CENACE a la CFE, en tanto la CRE también deja de ser autónoma y se integra en la Secretaría de Energía.

“Tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”, puntualiza la iniciativa.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”, se precisa para rechazar las concesiones de los gobiernos neoliberales.