NACIONALES
La madre de todas las reformas: Las promesas incumplidas de la fallida reforma energética de EPN

Opinión, por Cayetano Frías Frías //
La reforma energética de 2013 consolidó su proceso de negociación en los sótanos del Congreso de la Unión, donde funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y líderes de legisladores intercambiaron votos por maletas y bolsas repletas de billetes, además de promesas de apoyo para fortalecer los cacicazgos regionales a través de los gobiernos estatales.
Como el prometer no empobrece, dijeron que con la reforma iban a crear 3.5 millones de nuevos empleos, uno entre 2013 y 2018, en tanto que de 2019 a 2025 se crearían 2.5 millones más. Las maravillas de la reforma alcanzarían para sumar un crecimiento porcentual en el Producto Interno Bruto del 1 por ciento al año de 2018, mientras que para 2025 ya se sumarían 2 puntos porcentuales más.
En materia petrolera, prometieron que se lograría elevar la producción hasta 3 millones de barriles diarios, gracias a que en conjunto con los proyectos privados en generación de electricidad, aseguraban que llegarían carretadas de billones de dólares en inversiones, además de reducir significativamente los precios de los combustibles para automotores e industrias, así como para el consumo doméstico de electricidad.
¿Y cuál ha sido el resultado?
Entre 2015 y 2016, en las sedes petroleras de Ciudad del Carmen se perdieron 22 mil empleos, en tanto que en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, fueron canceladas 3 mil 500 plazas, según reportes del IMSS.
Hay competencia en la distribución de combustibles, pero los precios se han elevado en lugar de reducirlos, lo cual desmonta la promesa de que bajarían los costos al usuario final. En cuanto a producción diaria de barriles de petróleo, a septiembre de 2021 Pemex reportó un promedio de 1 millón 666 mil barriles diarios, de los cuales solo el ridículo 1.8% fueron extraídos por los contratistas privados con 30 mil barriles diarios, a ocho años de aprobada la reforma. En cuanto al gas doméstico, el monopolio de unos cuantos a nivel nacional, triplicó el precio de un tanque de 30 kilos entre 2016 y 2020.
Aún así se quejan los empresarios de que están detenidos decenas de proyectos, cuando no han mostrado interés por invertir en otros tantos que tienen autorizados desde el gobierno de Peña Nieto.
Un análisis elaborado por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, concluye que “la reforma se orienta más bien hacia la extracción de hidrocarburos como estrategia para la obtención de divisas, de recursos fiscales y de beneficios que dañan las posibilidades reales de crecimiento en el largo plazo, en parte porque conduce a una excesiva dependencia de la demanda externa y a una alta vulnerabilidad ante los cambios en los precios de las materias primas”.
En el documento “Reforma Energética 2013/2014”, Francisco Martínez Hernández, Mónica Santillán Vera y Ángel de la Vega Navarro, cuestionan que “el planteamiento de contenido nacional de la reforma energética como garante de desarrollo industrial para el país, más allá de aprobable o reprobable, es anacrónico respecto a las formas actuales del comercio internacional e incluso de la legislación mexicana vigente”.
Apuntan, entre otros errores, que los tratados internacionales firmados por México, están por encima por ejemplo del 3 por ciento a que obligan a las trasnacionales, como cuota de contenido nacional en los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas.
Habrá que hacer notar que el desmantelamiento de Pemex fue más agresivo a partir del 16 de julio de 1992, al publicarse la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios, los cuales serían en adelante Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. A partir de entonces se abrieron las puertas a la iniciativa privada sin aval de una reforma constitucional, por orden de Carlos Salinas de Gortari. En 2018 ya sumaban más de 60 empresas creadas como apéndices de Pemex, todas dedicadas al saqueo del erario en mayor o menor medida.
En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, tema que ha provocado mayor escozor en el ala conservadora de los políticos y empresarios, la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso para una nueva reforma en materia energética, en la cual entran además los hidrocarburos y el litio, se precisa que de seguir el mismo marco legal, la Comisión Federal de Electricidad va a desaparecer.
Pintan un panorama de caos, al señalar que tan solo en los rubros de la energía no despachada que equivale al 45 por ciento de la capacidad de generación de la CFE, la compra anual de energía a permisionarios privados y el pago de certificados de energías limpias, se registran pérdidas anuales por 444 mil 459 millones de pesos.
El 29 de marzo de 2016, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para fragmentar a la CFE en nueve empresas, las cuales operan con autonomía, pero en la Ley sigue apareciendo como responsable de ellas el director general, sin que pueda intervenir en la administración de éstas.
Actualmente la reforma peñista avala cuatro modalidades de operación a la inversión privada: Productores Independientes, Sociedades de Autoabastecimiento, Subastas de Largo Plazo y centrales construidas tras la reforma energética. Las dos primeras son ilegales, dado que fueron rescatadas de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la cual fue abrogada al entrar en vigor la reforma de 2013. Con base en ese esquema ilegal, se tolera que las empresas privadas se hayan apropiado del 43 por ciento de la generación de energía, cuando sus inversiones no van más allá de una capacidad del 19 por ciento y esto causa un quebranto económico que no es precisado en la iniciativa de reforma.
Otro daño a las finanzas de la CFE, lo cometen los permisionarios que no pagan la tarifa de porteo tipo estampilla postal, al no cubrir el costo real del transporte de la energía, alteran el orden del despacho de energía y le da ventaja a las ofertas de localidades más distantes las cuales saturan las redes eléctricas sin el correspondiente pago. Una consecuencia de lo anterior, es la simulación de los operadores privados, pues en 239 centrales eléctricas de autoabastecimiento tienen 77 mil 764 grandes consumidores “socios-clientes” con acciones de un dólar y que tienen acceso a los subsidios, además de que les facturan los servicios, incurriendo en fraude fiscal.
El servicio de energía tiene cuatro sistemas en el país: Sistema Eléctrico Nacional, Sistema Interconectado Nacional, Sistema Eléctrico Aislado de Baja California y Sistema Eléctrico Aislado de Baja California Sur, lo cual provoca las dificultades cuando un permisionario reclama a la CFE que envíe energía de un sistema a otro independiente.
Algo increíble, es que más de cien centrales de generación de energía han sido financiadas mayoritariamente con recursos públicos, tanto desde la Banca de Desarrollo e incluso para disponer del patrimonio que los trabajadores tienen en las Afores, pues ha apalancado 123 proyectos entre 2014 y 2020, con tasas preferenciales y aportando por arriba del 50% de los recursos invertidos.
Bancomext aportó el 64 por ciento en 69 proyectos, Nafin el 71 por ciento en 36 proyectos y Banobras el 66 por ciento en 18 proyectos. Aunque en la iniciativa no se precisan cantidades invertidas, el Consejo Coordinador Empresarial informó el jueves pasado que los empresarios mexicanos han canalizado 21 mil 500 millones de dólares en el desarrollo de parques fotovoltaicos y eólicos entre 2010 y marzo de 2021, por lo cual la aportación de la Banca de Desarrollo y de las Afores, debe ser muy superior a esa cantidad. Sumados todos los rubros en que se escamotean recursos a la CFE, sin exagerar hay pérdidas superiores al medio billón de pesos, gracias a la reforma energética peñanietista.
En esa crónica del caos, merece medalla especial la ausencia de planeación para responder a las necesidades reales de cada región y subsanar carencias en las zonas de mayor rezago. Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía con Peña Nieto, otorgó permisos de generación sin el menor respaldo de un documento que visualizara la demanda en esa fecha y los requerimientos a futuro.
La demanda estimada a 2024 es de 52 mil 410 MW, pero ellos autorizaron permisos por 104 mil 372 MW, es decir, que los permisos duplican la demanda. A 2021, la CFE reporta que ya están instalados 86 mil 039 MW, cuando la demanda real máxima en 2020 fue de 46 mil 628 MW.
Eso sin contar que están pendientes de aprobación solicitudes de generación instalada para llegar a 134 mil 409 MW, que equivale al triple de la generación requerida, cuando la CFE considera que con una capacidad de reserva entre el 15 y 20 por ciento, es suficiente para operar el sistema eléctrico nacional en condiciones de seguridad. ¿Dónde irán a colocar casi 80 mil MW si se aprueban todas las solicitudes?
LA INICIATIVA DE AMLO
Como lo precisa en su presentación, es una “reforma en materia energética”, en la cual sobresalen las modificaciones a la Constitución, para que el Estado recupere la exclusividad en la explotación y administración de los recursos naturales -el petróleo, el litio, energía nuclear, el agua-, así como preservar a la Comisión Federal de Electricidad como institución dominante en el mercado y rector de la distribución de la energía eléctrica, que en adelante se tendría contemplado como asunto concerniente a la seguridad nacional y emblema de soberanía, no solo como empresa proveedora de servicios o supeditada a entes externos como los permisionarios privados, que es la situación actual.
Las empresas privadas abastecen el 62 por ciento de la demanda de energía eléctrica, privilegiadas por contratos ilegales y actos de simulación entre proveedores y clientes, en tanto que la CFE solo aporta el 38 por ciento, con el quebranto natural al desperdiciar el 19 por ciento de su capacidad de generación. En la iniciativa se plantea que la CFE genere por lo menos el 54 por ciento de la energía, en tanto que los privados podrán participar con un tope del 46 por ciento de la demanda.
Se propone desaparecer las nueve empresas autónomas que crearon durante el gobierno de Peña Nieto, además de integrar ya sin autonomía a la CENACE a la CFE, en tanto la CRE también deja de ser autónoma y se integra en la Secretaría de Energía.
“Tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”, puntualiza la iniciativa.
“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones”, se precisa para rechazar las concesiones de los gobiernos neoliberales.
JALISCO
El reclamo de la Comunidad Indígena de Mezquitán: Confían en Sheinbaum para saldar deuda histórica de 21 años

– Por Gabriel Ibarra Bourjac
Para la Comunidad Indígena de Mezquitán la luz al fondo del túnel parece vislumbrarse. La esperanza la cifran en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la ven muy distinta a sus antecesores al frente del gobierno federal que trataron a la comunidad con apatía, indiferencia e irresponsabilidad.
Recientemente han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) al buscar negociar para cubrir el incumplimiento de pago del adeudo contraído hace 21 años al ceder la comunidad 270 mil metros cuadrados de terreno para la construcción de la carretera Guadalajara-Saltillo.
En entrevista con Conciencia Pública, Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado Indígena, junto a Miguel Ángel Rivera, tesorero, y Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria General, exponen su frustración, esperanza y su exigencia de justicia, pero esperan que la situación cambie.
“Ha sido una lucha difícil y agotadora”, expresa Saúl Rodríguez Barajas, líder de la comunidad. Miguel Ángel Rivera, tesorero, con la tristeza reflejada en el rostro, recuerda que en lo que va de este año han perdido a cuatro personas, y en años anteriores, muchas más.
“La gente está desesperada. Han sido 21 años esperando”, señala Rivera, destacando cómo la cesión de tierras afectó los cultivos y obligó a familias a reubicar sus hogares, trastocando su forma de vida.
Eulalia Dolores Velázquez López, secretaria de la comunidad, alza la voz por estas mujeres: “Algunas han tenido que abandonar tratamientos médicos por falta de recursos. Otras han fallecido, dejando hijos menores”. Su mensaje a la presidenta es claro: “Sabemos que ha recibido nuestros documentos. Esperamos que responda conforme a la ley y haga justicia”.
Desde hace más de dos décadas, la Comunidad Indígena de Mezquitán libra una incansable batalla contra el incumplimiento del gobierno federal. En 2001, cedieron 27 hectáreas de sus tierras para la ampliación de la arretera Guadalajara-Saltillo, un proyecto que prometía desarrollo, pero que los dejó en una espera interminable.
A pesar de un convenio firmado con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy SICT, el pago justo nunca llegó, convirtiéndose en un calvario de promesas incumplidas y un tortuoso litigio judicial.
Saúl Rodríguez subraya la apatía e irresponsabilidad de las autoridades, a pesar de que la comunidad ha ganado en todas las instancias judiciales, incluida una sentencia firme del Tribunal de Justicia Agraria Superior.
“Muchos compañeros que esperaban este recurso han fallecido”, lamenta. La comunidad, con 333 comuneros y sus familias, ha enfrentado no solo el retraso, sino también pérdidas humanas que agravan su dolor.
En 2004, se otorgó un anticipo inicial y otro posterior de unos 5 millones de pesos (de un acuerdo de 40 millones que sería en total y que se incumplió), pero la oferta reciente de la SICT, presentada el 24 de septiembre, no refleja el valor actualizado de la deuda, como lo ordenan las sentencias.
“Esa cantidad no tiene nada que ver con lo que debería ser hoy”, afirma Rodríguez Barajas. La comunidad propuso aceptar el pago como un anticipo y negociar el resto tras una valuación justa, pero aún no hay respuesta, generando desencanto ante la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a los pueblos indígenas y la realidad.
El gobierno federal ha declarado 2025 como el año de la mujer indígena, un reconocimiento significativo para Mezquitán, donde más del 50% de los comuneros son mujeres, muchas adultas mayores, madres solteras o con problemas de salud.
Eulalia Dolores enfatiza la difícil situación de estas mujeres, quienes enfrentan carencias económicas que les impiden acceder a tratamientos médicos o sostener a sus familias.
La comunidad ha buscado contacto directo con la presidenta Sheinbaum, enviándole peticiones y entregando escritos en persona. “Hemos recibido respuestas que indican una orden para atender el caso, lo que nos da esperanza”, señala Saúl Rodríguez.
Sin embargo, insiste: “Queremos que no se tarde más”. La comunidad ve en este compromiso una oportunidad para que el gobierno demuestre que su apoyo a los pueblos indígenas es genuino, en contraste con gobiernos anteriores que, según Sheinbaum, usaron a estas comunidades con fines políticos sin garantizar justicia.
El caso de Mezquitán trasciende lo económico; es una lucha por la dignidad y los derechos indígenas. Cada año de espera ha sido un golpe, con pérdidas de tierras, esperanza y vidas. “Queremos que esto termine este año”, enfatiza Rodríguez.
Aunque abiertos a negociar, exigen un pago justo: “No pedimos nada regalado, solo lo que nos corresponde”. La sentencia judicial es clara, y el gobierno no tiene pretextos para evadir su responsabilidad. “Ya no tienen margen para alargar esto”, sentencia Rodríguez.
Para Mezquitán, el cumplimiento de esta deuda significaría no solo justicia económica, sino la reivindicación de mas de 21 años pidiendo Justicia.
En este año de la mujer indígena, la comunidad confía en que Sheinbaum cumpla su compromiso. “Queremos que nos vea”, insiste Eulalia Dolores. Con una lucha de mas de dos décadas, los comuneros buscan el reconocimiento de su derecho a una vida digna.
Mientras tanto, alzan la voz, recordando que la justicia no puede seguir esperando.
Mezquitán no solo espera un pago, sino un acto de reparación histórica. La luz al fondo del túnel, que hoy parece más cercana, depende de la voluntad política de un gobierno que ha prometido ser diferente.
La comunidad, unida y resiliente, mantiene la esperanza de que 2025 marque el fin de su calvario y el inicio de una nueva etapa de dignidad y justicia.
URGE ACCIÓN CONCRETA: ESPERANZA EN LA RESPUESTA DE SHEINBAUM EN LA MAÑANERA
– Por Raúl Cantú
La Comunidad Indígena de Mezquitán, tras 21 años luchando por la justicia trasr ceder 27 hectáreas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo, encuentra esperanza en la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a una pregunta de la periodista Susana Carreño en La Mañanera.
El 13 de octubre, la periodista Susana Carreño cuestionó la deuda pendiente desde 2001 con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sheinbaum, con antecedentes del caso, tras recibir un escrito y un libro de la comunidad el 9 de agosto en Tlajomulco, prometió atenderlo y dio instrucciones a su equipo.
Sin embargo, los asesores jurídicos de la comunidad, consideran la respuesta insuficiente. En entrevista con Conciencia Pública, urgen al gobierno federal a actuar antes del 31 de diciembre de 2025, especialmente para las mujeres, que representan más de la mitad de los 333 comuneros, quienes enfrentan necesidades urgentes.
Cuatro días después, el 17 de octubre, llegó una respuesta escrita, un avance frente a los tres meses que tardó la administración anterior. “Eso da esperanza de que esta administración sea diferente”, aunque “Solo menciona atender a la brevedad, sin comprometerse a cumplir la sentencia del Tribunal Agrario”.
Dicha sentencia, firme desde diciembre de 2024, ordena a la SICT realizar un avalúo vía INDAABIN para determinar la indemnización actualizada, pero el proceso está detenido por tácticas dilatorias. La comunidad, agotada por promesas incumplidas de cuatro gobiernos previos, otorga el beneficio de la duda hasta fin de año.
La comunidad propone aceptar un anticipo ofrecido por la SICT el 24 de septiembre, siempre que se respete la actualización de valores. “Hay mucha necesidad. Un anticipo aliviaría a las familias, especialmente a las mujeres” .
La SICT, que ya dio anticipos en 2004 y 2007, condicionó el pago a renunciar a la actualización, lo cual fue rechazado. “Tienen una cantidad disponible; que la entreguen como anticipo y luego definan el monto final”.
En el año de la mujer indígena, Mezquitán espera que Sheinbaum demuestre su compromiso. “Si no hay anticipo antes del 31 de diciembre, pensarán que son iguales a los anteriores gobiernos”, advierten los representantes de la Comunidad Indígena. La comunidad no pide favores, sino justicia. La respuesta presidencial es un paso, pero solo acciones concretas honrarán la sentencia y la dignidad de Mezquitán.
NACIONALES
El perfil electoral en la victoria de Claudia Sheinbaum

– Columna invitada, por el doctor Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza
En octubre de hace un año, Claudia Sheinbaum Pardo hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México. Con más de 33 millones de votos y un 59% del total electoral, su triunfo fue rotundo. Pero más allá del resultado, ¿cómo se construyó ese respaldo ciudadano?
La elección presidencial de México en 2024, marcó un hito histórico con la victoria de CS, primera mujer en ocupar la titularidad del Ejecutivo federal. Han pasado poco más de 12 meses del suceso, es pertinente el recuerdo por el alto nivel de popularidad que goza CS a un año de distancia de su toma de posesión, que, depende la casa encuestadora, ronda entre el 62 y 80 por ciento. (Se analizaron las de: Encuesta de encuestas Polls MX, MileniA, Enkoll Inteligencia de Mercados, Consukta Mitofsky y Morning Cosult).
Así las cosas, se analizó el perfil sociodemográfico de los votantes que la respaldaron, esto a partir de esas encuestas especializadas y estudios académicos, donde se identifica una correlación entre el voto por CS y variables como ocupación, ingreso, escolaridad y región geográfica.
Claudia Sheinbaum obtuvo el 59% de los votos en la elección presidencial, superando por más de 30 puntos a su principal contendiente, Xóchitl Gálvez. Más allá del resultado electoral, el análisis del perfil de votantes revela patrones significativos que permiten comprender las bases sociales de su triunfo.
Se amplió el análisis con datos de la encuesta nacional de Áltica para El País y El Imparcial; el Estudio Nacional Electoral de México 2024 (ENEM), elaborado por Castro Cornejo, Altamirano y Beltrán. También se consultaron los análisis de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung del Colegio de Tlaxcala, de Espinoza, G., Meléndez, C., & Zanotti, L., y de Cazarín-Martínez.
La triangulación de fuentes permite una aproximación rigurosa al comportamiento electoral por segmento poblacional.
NIVEL EDUCATIVO
Los votantes con educación básica, es decir, aquellos que sólo cursaron primaria o secundaria, mostraron una clara preferencia por Claudia Sheinbaum, con un 62% de apoyo. En contraste, Xóchitl Gálvez obtuvo apenas el 24% en este grupo. Entre quienes cursaron educación media superior, Sheinbaum mantuvo una ventaja con el 58% frente al 30% de Gálvez. Sin embargo, entre los votantes con estudios universitarios, la tendencia se invirtió: Gálvez obtuvo el 51% de los votos, mientras que Sheinbaum alcanzó el 49%.
NIVEL DE INGRESO
El respaldo electoral también se correlacionó con el nivel de ingreso. Entre quienes ganan menos de $10,000 pesos mensuales, Sheinbaum obtuvo un contundente 65% de apoyo, frente al 22% de Gálvez. En el segmento de ingresos medios, entre $10,000 y $25,000 pesos, mantuvo la delantera con el 57%, mientras que Gálvez alcanzó el 30%. En cambio, entre quienes perciben más de $25,000 pesos mensuales, XG, fue la preferida con el 55%, superando a Sheinbaum, quien obtuvo el 42%.
OCUPACIÓN
Por ocupación, las amas de casa representaron uno de los grupos más fieles a Sheinbaum, con un 63% de apoyo. Los jornaleros y obreros también se inclinaron mayoritariamente por su candidatura, con un 61%. Entre los empleados informales, el respaldo fue del 60%. En contraste, entre los profesionistas y trabajadores con formación universitaria, Gálvez logró una ligera ventaja, con el 52% frente al 48% de Sheinbaum.
REGIÓN GEOGRÁFICA
La distribución territorial del voto también fue determinante. En el sur y sureste del país —incluyendo estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco— CS obtuvo entre el 65% y el 70% de los votos. En el centro del país, que abarca entidades como Ciudad de México, Estado de México y Puebla, su apoyo rondó el 60%.
En cambio, en el norte y el Bajío, regiones con mayor desarrollo industrial y urbano, XG logró una ligera ventaja, con porcentajes que oscilaron entre el 50% y el 55%.
Los datos sugieren que CS logró articular una coalición social basada en sectores históricamente marginados. El acceso a programas sociales, la identificación con el proyecto político de Morena y la narrativa de inclusión fueron factores clave. En contraste, XG captó el voto de sectores más escolarizados y con mayor poder adquisitivo, lo que refleja una polarización socioeconómica en el electorado.
CONCLUSIÓN
La victoria de Claudia Sheinbaum en 2024, fue producto de una movilización electoral profundamente arraigada en los sectores populares. El análisis por nivel educativo, ingreso, ocupación y región permite entender cómo se construyó esta mayoría. Este patrón plantea desafíos para la gobernabilidad, la representación y la cohesión social en el México contemporáneo.
CURIOSIDADES
Hace un par de semanas mencioné, en dos grupos distintos de WhatsApp, que la dra. Claudia Sheinbaum había logrado el triunfo electoral gracias a los segmentos poblacionales arriba documentados. En uno de esos grupos, seguidores de Morena comentaron con orgullo que, efectivamente, el movimiento que representan tiene su estructura fundamental desde abajo, con el lema ¡Primero los pobres!; en el segundo de esos colectivos, hubo molestia, que eran datos clasistas, que eran sesgados, como que les daba “penita” reconocer de donde surgía el soporte electoral señalado.
Lo curioso resultó que en el grupo “molesto” con la realidad, los que se incomodaron con la verdad del resultado y su construcción, no tienen función, al menos visible, dentro de la estructura de Morena, o cargo alguno en el gobierno federal, a diferencia del grupo orgulloso de la base popular de la que goza CS, quienes, si tienen responsabilidades formales de relevancia dentro de la estructura del gobierno federal, incluso algunos fueron electos al Congreso de la Unión.
En fin, transitan en vías distintas el relato con el dato.
JALISCO
Requisitos para darse de alta ante el IMSS: Los desempleados pueden pensionarse con 9,400 pesos

– Consejos para tu jubilación, por Arturo Pérez Díaz
En México, una parte significativa de la población ocupada trabaja por cuenta propia, para ellos se creó la modalidad de incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Modalidad 10 y 40, para que puedan jubilarse aún sin empleo. Hablamos de casi 25 millones de personas que carecen de empleo formal, pero que si no actúan hoy, mañana se quedarán sin jubilación.
¿Con cuánto me puedo jubilar aún sin empleo?
Las Personas Trabajadoras Independientes (PTI), mediante las modalidades voluntarias permite que quienes no tienen un patrón puedan cotizar al Seguro Social y acceder a prestaciones, incluyendo una jubilación mínima garantizada en este año 2025, por 9 mil 400 pesos.
La Ley del Seguro Social (LSS) reconoce que el Instituto tiene la atribución de inscribir a los trabajadores independientes al régimen obligatorio a su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 251, fracción X, de la LSS.
Este esquema aparece ya en el portal del IMSS bajo “Personas Trabajadoras Independientes (PTI)” como una modalidad de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio; mediante ese mecanismo, el IMSS presta servicios médicos, prestaciones en dinero y cotización para pensión.
El mecanismo voluntario, puede ser estratégico para quienes fueron despedidos a los 50 años, ya cerca de una edad de jubilación, dado que permite mantener continuidad para efectos de pensión y completar en ley 73, al menos 500 semanas de cotización, que dan derecho a una pensión desde los 60 años de edad.
REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA ANTE EL IMSS
Para que una persona trabajadora independiente pueda incorporarse al IMSS bajo este régimen, debe cumplir ciertos requisitos y pasos:
1. Solicitud de incorporación voluntaria: la persona debe pedir su afiliación al Seguro Social bajo la modalidad de PTI o incorporación voluntaria al régimen obligatorio.
2. Identificación oficial y CURP: presentar documento de identidad reconocido.
3. Determinación del salario base de cotización (SBC): seleccionar un salario base de cotización sobre el cual hará sus aportaciones.
4. Pago de las cuotas correspondientes: pagar todos los conceptos asegurados (enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro/cesantía/vejez) con cargo al asegurado, pues no hay patrón que haga aportaciones.
Además, para personas mexicanas en el extranjero, existe la posibilidad de afiliarse como trabajador independiente.
Una vez que la persona trabajadora independiente se encuentra afiliada bajo este esquema, puede acceder a muchos de los derechos del régimen obligatorio, similares a los de los trabajadores asalariados:
Atención médica, hospitalaria, farmacéutica y atención obstétrica para el asegurado y sus beneficiarios.
Incapacidades y subsidios por enfermedad o maternidad.
Seguro de riesgos de trabajo (accidentes laborales) si aplica.
Pensión por invalidez y de vida para sus beneficiarios.
Cotización para el fondo de retiro (el seguro de retiro/cesantía/vejez).
Conservación de derechos para efectos de pensión.
Continuidad en la historia laboral formal, lo cual es relevante para acceso a créditos, prestaciones y financiamientos.
Uno de los propósitos centrales de afiliarse al IMSS, es que la persona pueda aspirar en el futuro a una pensión. En el régimen del IMSS, las pensiones conocidas como “Cesantía en Edad Avanzada” y “Vejez” aplican según la edad del solicitante al momento de la petición y las semanas cotizadas.
Acorde a la ley 73, si la persona está entre 60 y 64 años, y ya causó baja del régimen obligatorio, puede solicitar pensión por cesantía en edad avanzada. Si tiene 65 años o más, la pensión solicitada será por vejez.
El importe de la pensión de cesantía en edad avanzada se calcula con un porcentaje que depende de la edad al momento de pensionarse:
– 60 años → 75 %
– 61 años → 80 %
– 62 años → 85 %
– 63 años → 90 %
– 64 años → 95 %
– Si la persona cumple los 65 años (o 64 años y 6 meses con un día) → 100 %.
MERCADO LABORAL: TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Para dimensionar el segmento de personas que podrían beneficiarse de este esquema, revisemos datos del INEGI. Según los más recientes boletines de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las personas trabajadoras por cuenta propia representaron 41.9 % de la población ocupada en México, con una caída anual de 3.0 puntos porcentuales.
En el segundo trimestre de 2025, la población ocupada fue de 59.4 millones de personas. Si 41.9 % de esa población está en trabajo por cuenta propia, eso implicaría aproximadamente 24.9 millones de personas que laboran sin subordinación.
Estos números son consistentes con las estimaciones que vinculan el alto nivel de informalidad en México: el 54.8 % de la población ocupada se considera informal, muchas de ellas precisamente trabajadores por cuenta propia sin seguridad social.
Este universo es el mercado potencial para la afiliación voluntaria como PTI, pues son personas que hoy laboran sin cobertura formal.
En 2025 se reportaron pérdidas de empleo formal en varios meses; por ejemplo, en junio de 2025 se eliminaron 46,378 puestos formales en un solo mes, la mayor caída para un mes similar en más de una década (excluyendo pandemia).
Durante el segundo trimestre de 2025 también se reportó una pérdida neta de plazas formales. Eso aumenta la población sin seguridad social y en consecuencia sin futuro de jubilación.
Muchas personas que pierden su empleo alrededor de los 55 años enfrentan un dilema crítico: ya han acumulado tiempo de cotización, pero están demasiado cerca del final de su vida laboral para “empezar de cero”. Si no consiguen un empleo formal inmediato, corren el riesgo de no completar las semanas requeridas para pensión. En esos casos, afiliarse como PTI puede ser una estrategia de salvaguarda.
PENSIÓN SIN EMPLEO
Si eres parte de esos 25 millones de mexicanos que siguen siendo productivos, pero está sin IMSS, debes asesorarte y asegurarte por cuenta propia, no dejar tu pensión en la incertidumbre, cada vez más personas se acercan a preguntarme por esta opción, es una gran satisfacción que ya estén cotizando en modalidad voluntaria , asegurando su futuro.
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Arturo Pérez Díaz, es periodista independiente, ha sido docente de Política, Opinión Pública y Mercadotecnia Política, así como asesor profesional de Comunicación Pública.
E-mail: amper61@hotmail.com
JALISCO
Reconocimiento de la Comunidad Indígena de Mezquitán a la Cámara de Diputados, por exhorto a la SICT

– Desplegado de la Comunidad Indígena de Mezquitán
En virtud de la respuesta de LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS a la solicitud de nuestra Comunidad Indígena de Mezquitán, entregada el pasado 9 de septiembre, para que se envíe exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes {SICT), para que a la brevedad se nos pague el adeudo pendiente desde el 2004 (hace más de 21 años) por la ocupación de nuestras tierras para la ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
Nuestra comunidad RECONOCE a la Cámara de Diputados, por haber respondido solidariamente a nuestro llamado, a través de la aprobación el 13 de octubre, de un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a cumplir con las sentencias de los Tribunales Judiciales y Agrarios, el ordenamiento judicial y pagar la indemnización ordenada.
Esta decisión histórica representa un avance crucial en una lucha de más de 21 años, marcada por el incumplimiento de convenios firmados por la secretaría, sin que nuestra comunidad haya recibido hasta la fecha la debida compensación.
La aprobación del Pleno surge como respuesta directa a una carta enviada por la Comunidad Indígena de Mezquitán al Pleno de la Cámara los primeros días del mes de septiembre, en la que solicitamos la intervención de ese Órgano Legislativo, para resolver esta injusticia.
A pesar de contar con sentencias favorables emitidas por los Tribunales Agrarios, la comunidad ha enfrentado durante más de dos décadas una burocracia federal insensible que ha retrasado el pago justo ordenado por ley.
Se reconoce y agradece profundamente la labor del diputado jalisciense Alberto Maldonado Chavarín, coordinador de los diputados federales de Jalisco del grupo parlamentario de Morena, quien atendió la solicitud de la comunidad e impulsó decididamente este punto de acuerdo en el recinto legislativo.
Su compromiso ha sido clave para visibilizar y avanzar en esta causa indígena, convirtiendo el clamor de las más de 300 familias de la Comunidad Indígena de Mezquitán en una resolución formal del Poder Legislativo.
La comunidad, integrada en su mayoría por mujeres y adultos mayores, extiende un sincero reconocimiento y agradecimiento al resto de las diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias de la actual Legislatura Federal, cuya solidaridad y voto unánime transformaron nuestra petición en un exhorto oficial, demostrando su apoyo a los justos derechos de nuestra Comunidad Indígena.
«La aprobación de este punto de acuerdo prueba que nuestra voz fue escuchada. Enviamos nuestra carta al Pleno de la Cámara de Diputados, a principios del mes de septiembre, con la esperanza de ser atendidos, y hoy responden a nuestro clamor. Agradecemos a legisladoras y legisladores, por hacer suya nuestra lucha y proponer este suceso histórico.
Ahora exigimos que la SICT acate sin demora este exhorto, «en los términos de las sentencias agrarias».
La Comunidad lndlgena de Mezquitán confía en que la SICT atenderá de inmediato el exhorto de la Cámara de Diputados, saldando esta deuda histórica y poniendo fin a décadas de marginación.
Este pago justo no solo reparará el daño causado, sino que honrará los derechos ancestrales de la comunidad.
ATENTAMENTE
Comunidad Indígena de Mezquitán Zapopan, Jalisco
14 de octubre de 2025