Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

En la Cámara de Diputados, la sobrerrepresentación operó con una precisión milimétrica, permitiendo que la minuta de la reforma judicial navegara sin contratiempos hacia el Senado. Pero en este escenario, el Senado, no es el simple trámite que el oficialismo quisiera.

Los 83 senadores con los que cuenta Morena y sus aliados no alcanzan los 86 necesarios para aprobarla, lo que deja al país en un suspenso incómodo. Un solo voto. Un escaño que no solo representa una decisión legislativa, sino el peso de la historia.

La reforma judicial que está en juego no es cualquier cambio técnico a las leyes, es el corazón del futuro político del país, de la independencia de sus instituciones y del equilibrio de poderes. Manuel Velasco, uno de los operadores más astutos del oficialismo, lo sabe bien. Sabe que la presión por ese voto es monumental. Los dos senadores del PRD, un partido que se desmorona entre la apatía y el olvido, han decidido sumar sus nombres a la lista de quienes entregan su lealtad a cambio de beneficios inmediatos. Los ciudadanos de Michoacán y Tabasco, quienes los llevaron al Senado, quizás nunca reciban una explicación honesta por este movimiento que huele más a traición que a convicción. ¿Fue codicia, miedo o simple resignación? Nadie lo sabrá. Lo único claro es que, por su acto, presidirán dos comisiones.

Con los 85 senadores que ahora suma el oficialismo, la cuestión es angustiante: falta uno. Solo un voto más y el gobierno obtendría la mayoría calificada. El país entero aguarda el desenlace en una Cámara Alta que se ha convertido en un campo de batalla simbólico.

Mientras tanto, en la bancada opositora, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, conscientes de la magnitud del reto, cierran filas. El anuncio de los senadores del PRI, acordando un voto en bloque en contra de la minuta, no deja margen para dudas. Incluso Miguel Riquelme, exgobernador de Coahuila, desde su cama de hospital, tras someterse a un cateterismo, asegura que, de no poder asistir personalmente, pedirá licencia para que su suplente vote en contra. Este nivel de compromiso no es habitual en la política mexicana, donde la traición y los intereses personales suelen dictar el rumbo de las decisiones.

Pero no todo es certeza en el panorama opositor. Los rumores se arremolinan en torno a Manlio Fabio Beltrones, un veterano de mil batallas que algunos ingenuos creyeron dispuesto a cruzar al bando oficialista. Su rotundo rechazo en redes sociales deja en claro que no será él quien incline la balanza. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, también ha despejado cualquier duda sobre su postura. «Mi voto será totalmente en contra», ha dicho, en un gesto que algunos consideran valiente y otros lo vemos como mera estrategia política.

El ambiente en el Senado es denso. Los observadores ciudadanos no quitan los ojos de quienes tienen en sus manos el destino de la justicia mexicana. Un solo voto será el desenlace de esta intrincada trama política. ¿Quién lo entregará? ¿Quién será el senador que ceda ante las promesas o las presiones? Este episodio se va configurando como uno de los más oscuros y a la vez más reveladores de nuestro tiempo.

La reforma judicial que el presidente saliente impulsa con fuerza es una bomba de tiempo. Ha sido calificada por expertos económicos y financieros como una amenaza directa a la confianza de los inversionistas, nacionales y extranjeros. El mensaje es claro: con esta reforma, México deja de ser un lugar predecible y seguro para invertir. Las señales son ominosas: mercados inestables, incertidumbre jurídica y la amenaza de un retroceso en la independencia de los poderes. El sexenio de Sheinbaum, que aún no comienza formalmente, ya tiene un enemigo claro: una reforma judicial que, si se aprueba en sus actuales términos, condenará su mandato a ser un mero bienio de crisis, desgaste y descontento.

Adán Augusto López lo sabe. No es ingenuo. Sabe que el futuro de la presidencia de Sheinbaum depende de lo que ocurra en el Senado en las próximas semanas. Pero también sabe que el verdadero desafío no es la oposición, siempre lista para vender a alguno de sus senadores a cambio de beneficios inmediatos, sino su propio bloque. En Morena y sus aliados está la clave. Un par de ausencias estratégicas, quizás alguna licencia temporal, y la reforma se detiene. No es necesario un enfrentamiento frontal, basta con que dos o tres senadores del bloque gobernante no estén presentes al momento de la votación para que la maquinaria presidencial que deja López Obrador no imponga esta reforma.

En las entrañas del Senado mexicano se libra una batalla crucial, pero el centro de gravedad no está en la oposición, como muchos suponen, sino en el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. La decisión que tome en los próximos días definirá no solo el futuro inmediato de la nación, sino también el del sexenio que Claudia Sheinbaum está por comenzar. En sus manos está la posibilidad de evitar que su gobierno naufrague antes de zarpar.

¿Y el senador morenista Marcelo Ebrard? Él, ya presentó su licencia al Senado para que su nombre no aparezca entre quienes votaran a favor de la reforma al Poder Judicial, con miras a la elección de 2030, ese hombre que pudo haber sido presidente, se ha convertido en un espectador más del drama político nacional, en medio de este juego de lealtades y traiciones, Ebrard sigue ahí, observando, esperando, quizás ya resignado a que su gran oportunidad nunca llegará. La política mexicana tiene una forma cruel de desechar a aquellos que, a pesar de sus sacrificios, no logran ajustarse al perfil de la obediencia ciega. Y si hay algo que nos deja claro la historia de Ebrard, es que, en este juego de poder, la lealtad no siempre se paga como se espera.

La vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna de esta sesión por las manifestaciones en contra de la reforma, se convertirá en el escenario de la traición o del heroísmo. Los nombres que ahí resuenen quedarán marcados en los libros de historia, como los que decidieron si México mantuviera su independencia judicial o la sacrificaría en el altar del poder presidencial.

La apuesta del presidente es clara: un bono político de fin de mandato que dejaría el camino despejado para el proyecto de continuidad de la 4T. La pregunta es: ¿a qué costo? Morena parece estar a las puertas de conseguir ese último voto, pero la oposición ha cerrado filas de una manera inesperada, firme, con estrategias que no habíamos visto en años recientes.

Los senadores de oposición han tomado medidas inusuales: suplentes preparados, compromisos públicos de votar en contra, e incluso amenazas implícitas de consecuencias políticas para quien se atreva a cambiar de bando. El escenario es incierto, y el reloj político no se detiene. ¿Habrá un último traidor? ¿O la oposición, resurgida de sus propias cenizas, será capaz de frenar el proyecto del presidente?

Hoy, el Senado es el campo de batalla, pero mañana lo será la nación entera.

En X @DEPACHECOS

Opinión, por Miguel Anaya //

Una pelea es un enfrentamiento entre dos o más personas, grupos de individuos, corporaciones u otra clase de entidades. Las peleas pueden ser físicas, verbales o incluso simbólicas, según sea el caso; por su parte, el conflicto se define como el conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce una pelea o una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra.

En la democracia, el conflicto es parte del día a día, pues al caber casi todas las opiniones nos daremos cuenta de que siempre habrá diferentes posturas sobre el mismo tema, aquí es donde resalta la importancia de la política, pues ante la existencia de conflictos se deben encontrar puntos de convergencia, de acuerdo entre las distintas posturas. No todos los conflictos terminan en pelea, sin embargo, todas las peleas provienen de una mala gestión del conflicto.

Durante los últimos días, a la agitada agenda nacional se ha agregado un tema que ha generado una serie de conflictos y que, de manera impensada, ha desestabilizado la entrega del poder de un sistema que será dirigido por personajes provenientes de la misma corriente política. La Reforma Judicial ha generado conflicto entre la población y la mala gestión del proceso de aprobación ha desatado una pelea que hoy se ve en las calles, en las escuelas y que ha traspasado las fronteras del país.

La Reforma Judicial que plantea la elección por voto popular de jueces y magistrados ha sido altamente cuestionada ya que rompe el esquema de buscar juzgadores que cumplan una carrera dentro del Poder Judicial, -con la respectiva experiencia que esto conlleva- y además, compromete la independencia del Poder Judicial, ya que desde el proceso de validación de candidaturas hasta el patrocinio de campañas conlleva a adoptar acuerdos que seguramente complicará la autonomía e imparcialidad de quienes imparten justicia.

La propuesta de votar a jueces se ha hecho -según los impulsores de la idea- para dar más poder al pueblo, pues en un real ejercicio de la democracia, los ciudadanos deberían poder elegir a los representantes de los tres Poderes de la Unión, sin embargo, nadie ha explicado cómo es que mandar a elección popular los nombramientos de jueces y magistrados podría reducir los casos de corrupción y nepotismo que existen dentro del Poder Judicial.

Los promotores de esta reforma no han entendido -o si lo entienden sería aún más preocupante- que insistir con la reforma tal cual está planteada dejará un país incendiado a la próxima presidenta del país, pues el poner en duda la independencia del Poder Judicial ha ahuyentado a inversores internacionales, ha despertado a los estudiantes de humanidades que estaban muy tranquilos y ha preocupado a un sector importante de las clases medias que han pasado de la resignación a la idea de tomar las calles buscando defender el Estado de Derecho.

México es un país con un alto índice de impunidad, es una afirmación obvia y una realidad evidente, sin embargo, esta generalmente comienza por algunos malos policías que no hacen el trabajo o por aquellas fiscalías o ministerios públicos que por falta de capacidad o por omisión integran mal casos y expedientes, abriendo la puerta a delincuentes; las policías y las fiscalías dependen del Ejecutivo y afortunadamente nadie ha propuesto la elección popular de fiscales o de policías, y que sería un grave error.

En el Poder Judicial también hay casos de omisión y corrupción, pero si el sistema está mal hay que mejorarlo, no terminar de dañarlo.

En fin, el trabajo de la actual legislatura y de la próxima presidenta será el de consensar esta reforma y las siguientes, el de dar un buen mensaje de unidad nacional y de estabilidad para cuidar las relaciones internacionales y con ello la economía del país. El gran reto es evitar que el conflicto se convierta en pelea y para eso se necesita mucho diálogo y mucha, muchísima política.