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NACIONALES

¿Se justifica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos? El forcejeo de dos poderes con fondo político electoral

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Con motivo de las reformas impulsadas por la actual administración federal, autotitulada Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), han surgido cuestiones muy singulares que involucran, en un forcejeo, a los tres poderes constitucionales, a los partidos políticos y a los factores cruciales que operan en la República.

Hoy por hoy, el punto álgido es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuya autorización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; junto a ese tema, se enlaza la supresión de varios fideicomisos del poder judicial. En esencia, la pugna conlleva bizarra contienda político-electoral, cuya real definición ocurrirá en los comicios generales del año venidero.

Ya sabemos que el líder de la 4T es el primer mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, (Amlo) y se prevé que su obra se proseguirá por la virtual candidata presidencial del partido -Morena- fundado por el susodicho mandatario, Claudia Sheinbaum Pardo: esto en el supuesto de que, de acuerdo a todas las encuestas creíbles, tras la coyuntura del 2 de junio de 2024, ella será la sucesora de aquél, es decir de Amlo. En consecuencia, los principios vigentes, que han sido bandera del actual gobierno federal, se supone continuarán dominantes el próximo sexenio, siendo principalmente los siguientes: a) Por el bien de todos, primero los pobres; b) la austeridad republicana; c) separar al poder económico del poder político; d) Combatir la corrupción y erradicar la impunidad; e) Alcanzar la autonomía de México en el orden energético, alimentario y actividades prioritarias para la nación y f) Completa vigencia del estado de derecho. Todos los puntos anteriores, ejecutados sin titubeos o zigzags, enmarcados por los paradigmas de no robar, no mentir y no traicionar.

Por su lado, las oposiciones a la 4T, -encarnadas por el Frente Amplio de México (FAM) conformado por PAN, PRI y restos del PRD, más Claudio X. González jr., y sus corifeos de la derecha -algunos que se dicen representan a la sociedad civil-, sumados a ONG’S de puro membrete, todos los cuales sostienen airados: que nacionalmente todo está por los suelos, (economía, seguridad, estructuras, etc.) que no se cumple con la ley, que los ideales de AMLO son falacias, que el tabasqueño está convertido en dictador, implacable destructor de instituciones, persecutor tenaz de sus adversarios y drástico represor de la libre expresión que como meta convertirá a México en una Venezuela chavista, que para sus fanáticos, es ser comunista.

En los actuales momentos del país, las dos fuerzas representativas del panorama político antedicho (la 4T y las oposiciones) están desatadas, realizando denodados esfuerzos para ganar la batalla -que se librará en las urnas- por adquirir el poder político, a partir del cargo público más alto, de elección popular, que es la presidencia de la república.

A la par se lucha por obtener las mayorías de las cámaras del Congreso de la Unión (senadores y diputados) indispensables para lograr reformas a las leyes y particularmente a la Carta Máxima, que requiere votaciones calificadas, a diferencia de las modificaciones legales -también muy necesarias- que se alcanzan con mayorías simples.

Complementariamente, en ese enfrentamiento electoral, estarán en juego nueve gubernaturas, la mayoría de legislaturas estatales y ayuntamientos: en total, se votarán 20, 286 posiciones de elección popular. Es pues, con mucho, la mayor jornada comicial en la historia de nuestra patria, con casi dos mil puestos más que en 2018. Y en cuanto a ciudadanos, ahora se convocará a alrededor de 98 millones, nueve más que hace cinco años.

Así las cosas, presenciamos a diario un constante forcejeo entre los dos bandos, con la particularidad de que las oposiciones coinciden en muchas facetas con el poder judicial federal, en tanto que el ejecutivo recibe el apoyo invariable de la mayoría de componentes del poder legislativo. El resultado lógico, es esa cada vez más profunda discordancia entre ambas partes. Ya antes se había observado tal contienda cuando se trataron -entre otras materias- temas como la energía eléctrica y el renglón electoral: la 4T fracasó en su propósito de reformar a la Constitución, por no poseer mayoría calificada en las Cámaras, mientras que pudo imponer innovaciones en la legislación ordinaria, aunque eso sí, casi todas combatidas en tribunales por las oposiciones, las cuales, coincidentes en posturas con muchos miembros del poder judicial, pudieron neutralizar ciertas disposiciones.

En razón de lo anterior, el guía de la 4T y su movimiento partidista (englobado en la alianza “juntos haremos historia”) se trazó como meta, emerger en las elecciones de 2024 con la suficiente mayoría de diputados y senadores, para llevar a cabo las enmiendas constitucionales que se le han negado.

Ese proyecto es denominado “Plan C”, para distinguirlo del inicial “plan A”, que pretendió modificar preceptos de la ley suprema, y se frustró, así como diferente al “plan B”, que consistió en rehacer varias normas que coinciden en materia electoral y de instituciones encargadas de tal materia (como el INE o el Tribunal Electoral Federal) incluidos básicos aspectos que atañen a los partidos políticos.

Este segundo plan, también se vio frenado, a iniciativa de los opositores, por fallos de los tribunales de la Federación, abanderados por la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Esta narrativa generó una especie de refriega entre poderes, misma que a la fecha se ha acentuado.

Ese recrudecimiento se presenta con motivo de la discusión y aprobación del PEF, que implica un recorte a lo solicitado por el órgano jurisdiccional, así como el empeño de la 4T, por suprimir varios fideicomisos (13 de 14) que se han creado en el ámbito del poder judicial.

Para las oposiciones, esas decisiones del legislativo (los diputados federales) obedecen a un afán de venganza, por los reveses que ha sufrido la 4T en las contiendas judiciales que ha sostenido, y en las cuales regularmente recibió “palo”, como se dice en el argot de los abogados y los litigios, para denotar que ese actor procesal, perdió un juicio.

SILENCIO NO IMPLICA INACCIÓN”: NORMA PIÑA

Ahora pues, el forcejeo entre poderes está en crecimiento cada día. La presidenta de la SCJN, (Norma Piña Hernández) a unos días de estar callada, afirmó en petit comité (gravada sin querer y eso hecho público) que su discreto “silencio no implica inacción”, eso con motivo de la posible desaparición de fideicomisos del Poder Judicial.

En cambio, el primer mandatario, sobre los excesos de los ministros y magistrados, que estos señalan son correctos, manifestó: “Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 43 veces más que el salario promedio de los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social”, por lo que cuestionó: “¿qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza”, es decir, para Amlo, eso es una forma de corrupción.

Y debido a que los trabajadores del PJF se han pronunciado contra la supresión de esos fideicomisos, casi parealizando la justicia que allí se imparte, el mandatario federal les dijo que mediten ese movimiento, pues defienden prebendas; luego declaró que le gustaría que los mismos ministros y magistrados, marcharan y se declararan abiertamente.

Es inconcuso, que la Cámara de Diputados, tiene como exclusiva facultad aprobar el PEF, así lo establece sin tapujos la Constitución. ¿por qué tanta gritería de la oposición y ahora hasta de los trabajadores del PJF? Asimismo, es cierto que el PJF o la Suprema Corte, no tienen por qué crear fideicomisos (salvo uno, para fortalecer la administración de justicia, que autoriza la ley), puesto que lo anualmente autorizado en el presupuesto, es para ejercerse, y si por algo hay un sub ejercicio, debe devolverse esos recursos a la tesorería de la Federación. Eso se previene legalmente, y la Corte no tiene más acción que cumplir las normas; sin embargo, resulta que hace “guardaditos” y al margen de su deber, constituye fideicomisos, que por cierto tienen acumulados más de quince mil millones de pesos a la fecha.

La conclusión, es que cada poder e institución involucrada en este forcejeo, lo que han de hacer para no defraudar al pueblo mexicano, es ceñirse estrictamente las leyes, respetar el ámbito de competencia de cada uno y, de forma invariable, dejar de andar riñendo entre sí; en cambio, deben esmerarse en cumplir sus obligaciones, teniendo como mira, la mejoría de la población, el fortalecimiento de la república y la impartición pronta, gratuita e imparcial, de la justicia en todos sus órdenes, conmutativa, económica y social.

Finalmente, hemos de apuntar que sobre este forcejeo con trasfondo político-electoral, la ciudadanía tendrá la última palabra el 2 de junio de 2024, y dependiendo lo que dictamine con su voto, los mexicanos, como verdaderos demócratas, habremos de acatar lo que su voluntad defina. Tengamos presente que el pueblo es como la ley: Al margen, nada; por encima, nadie, lo cual se complementa con la frase juarista de que, “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

EXCESOS EN LA JUSTICIA LOS ELEVADOS SUELDOS DE MINISTROS Y MAGISTRADOS

En síntesis, es un hecho irrefutable, que los ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal (PJF) y muchos de organismos descentralizados, así como de los Estados y municipios, perciben elevados ingresos, retribuciones que superan con mucho a lo que gana el Presidente de la República, y que mandata la Constitución de la República, prescripción que debe ser el tope de los salarios que se otorgue a cualesquier servidor público, ya federal, estatal ó municipal, incluyendo a organismos que funcionen con recursos del erario. Los más relevantes en tal ramo, son los altos integrantes del PJF, siendo de plano extremosos por lo elevado de sus remuneraciones, los ministros y magistrados.

Al decir de los estudiosos y periodistas que se han ocupado de esa temática, los alcances en dinero, para esos miembros del PJF, van de 300 mil a 700 mil pesos… ¡mensuales! La cifra, para un país como México, definitivamente es descomunal, e injusta; pero todavía se agudiza esa desigualdad, cuando la comparamos con el salario mínimo (poco más de $207 pesos diarios, de un obrero mexicano, excepto la zona fronteriza del norte que es mayor). Asimismo es inequitativo ese sueldo, si advertimos que el ingreso medio de los afiliados al Seguro Social, no pasa de 16 mil pesos mensuales, que siendo una cantidad superior al del asalariado común -el del mínimo- es infinitamente inferior al de los ministros y magistrados del PJF y la SCJN.

Ahora bien, los apoyos y prestaciones privilegiadas de que gozan esos integrantes del PJF, son verdaderamente fuera de serie: sueldo neto, $206,948.00 pesos; aguinaldo y prima vacacional, $445,309.00 pesos; pago anual por riesgo, $416,754.00 pesos. Y seguimos enumerando, pues viene el seguro de vida institucional por 40 meses de sueldo; el estímulo quinquenal y luego, seguro de gastos médicos mayores por más de un millón 50 mil pesos; pago por defunción, ayuda de gastos funerarios, y más etcéteras, como el fondo para comer en restaurantes de lujo, para vehículos blindados tipo VAN considerando apoyo para el estacionamiento; otros rubros, son para computación, IPAD y celulares, gasolinas, ayuda de mantenimiento de casa, apoyo de casi 5 millones y medio anual para contratar personal de soporte, y hasta auxilios de ahorro para marcha al dejar el empleo.

A lo anterior, no le agregamos que la SCJN y el PJF, tienen recursos para jardinería, deportes, talleres de yoga, de baile, etc. Como ejemplo del despilfarro, es que cuando viajan, si quieren, pueden llevar casi un séquito, pero si quien imparte una conferencia sin pertenecer al PJF, no tiene recursos ni para un ayudante, ni más respaldo que un modesto traslado y alimentos básicos, olvidando desde luego (por lo general) que se le otorguen honorarios, ya que aducen en la SCJN que tienen restringidas sus erogaciones.

 

 

 

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JALISCO

Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias

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– Por Francisco Junco

En el marco de las celebraciones de septiembre, el tequila se convierte en protagonista indiscutible de la mesa mexicana. No solo es la bebida nacional por excelencia, sino un emblema de identidad, cultura y tradición que representa a México ante el mundo con la fuerza de su historia y el sabor de su tierra.

De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), actualmente existen 3 mil 211 marcas registradas, vinculadas a 213 productores autorizados, lo que demuestra la amplitud y versatilidad de esta bebida que acompaña con orgullo a la gastronomía nacional.

“De esta agroindustria tequilera dependen más de 100 mil familias; hoy es un producto que se comercializa en más de 120 países y, por supuesto, está sujeto a un cumplimiento normativo muy minucioso. Cada gota es inspeccionada, certificada y analizada por el Consejo Regulador del Tequila”, destacó María Bertha Becerra, responsable de aseguramiento de producto terminado en el CRT.

El recorrido del tequila es también una historia de manos mexicanas. Desde los campos de agave azul, pasando por las destilerías, envasadoras y centros de distribución, miles de trabajadores imprimen tradición, conocimiento y pasión en cada etapa de su producción.

“Tenemos cinco clases: blanco, joven, reposado, añejo y extra añejo, además de dos categorías: tequila y tequila 100% de agave”, explicó Becerra, al recordar la diversidad que ofrece esta bebida reconocida como la primera Denominación de Origen de México.

Además de ser un símbolo, es una de las bebidas más reguladas del planeta. Desde 1994, el CRT supervisa cada fase de su producción conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, garantizando calidad y autenticidad en cada botella que se consume dentro y fuera del país.

Con más de 200 municipios protegidos por la Denominación de Origen, repartidos entre Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato, el tequila es mucho más que un acompañante de las fiestas patrias: es el espíritu de México que une a generaciones y brinda al mundo un motivo más para decir: ¡Qué viva México y qué viva el tequila!

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

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Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU

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NACIONALES

Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción

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– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín

UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.

No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.

A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.

Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.

Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.

El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.

Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.

En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.

Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.

Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.

Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.

En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.

Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.

La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.

Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.

Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.

Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.

Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.

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