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¿Se justifica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos? El forcejeo de dos poderes con fondo político electoral

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Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

Con motivo de las reformas impulsadas por la actual administración federal, autotitulada Cuarta Transformación (Cuatro T, 4T), han surgido cuestiones muy singulares que involucran, en un forcejeo, a los tres poderes constitucionales, a los partidos políticos y a los factores cruciales que operan en la República.

Hoy por hoy, el punto álgido es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuya autorización es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; junto a ese tema, se enlaza la supresión de varios fideicomisos del poder judicial. En esencia, la pugna conlleva bizarra contienda político-electoral, cuya real definición ocurrirá en los comicios generales del año venidero.

Ya sabemos que el líder de la 4T es el primer mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, (Amlo) y se prevé que su obra se proseguirá por la virtual candidata presidencial del partido -Morena- fundado por el susodicho mandatario, Claudia Sheinbaum Pardo: esto en el supuesto de que, de acuerdo a todas las encuestas creíbles, tras la coyuntura del 2 de junio de 2024, ella será la sucesora de aquél, es decir de Amlo. En consecuencia, los principios vigentes, que han sido bandera del actual gobierno federal, se supone continuarán dominantes el próximo sexenio, siendo principalmente los siguientes: a) Por el bien de todos, primero los pobres; b) la austeridad republicana; c) separar al poder económico del poder político; d) Combatir la corrupción y erradicar la impunidad; e) Alcanzar la autonomía de México en el orden energético, alimentario y actividades prioritarias para la nación y f) Completa vigencia del estado de derecho. Todos los puntos anteriores, ejecutados sin titubeos o zigzags, enmarcados por los paradigmas de no robar, no mentir y no traicionar.

Por su lado, las oposiciones a la 4T, -encarnadas por el Frente Amplio de México (FAM) conformado por PAN, PRI y restos del PRD, más Claudio X. González jr., y sus corifeos de la derecha -algunos que se dicen representan a la sociedad civil-, sumados a ONG’S de puro membrete, todos los cuales sostienen airados: que nacionalmente todo está por los suelos, (economía, seguridad, estructuras, etc.) que no se cumple con la ley, que los ideales de AMLO son falacias, que el tabasqueño está convertido en dictador, implacable destructor de instituciones, persecutor tenaz de sus adversarios y drástico represor de la libre expresión que como meta convertirá a México en una Venezuela chavista, que para sus fanáticos, es ser comunista.

En los actuales momentos del país, las dos fuerzas representativas del panorama político antedicho (la 4T y las oposiciones) están desatadas, realizando denodados esfuerzos para ganar la batalla -que se librará en las urnas- por adquirir el poder político, a partir del cargo público más alto, de elección popular, que es la presidencia de la república.

A la par se lucha por obtener las mayorías de las cámaras del Congreso de la Unión (senadores y diputados) indispensables para lograr reformas a las leyes y particularmente a la Carta Máxima, que requiere votaciones calificadas, a diferencia de las modificaciones legales -también muy necesarias- que se alcanzan con mayorías simples.

Complementariamente, en ese enfrentamiento electoral, estarán en juego nueve gubernaturas, la mayoría de legislaturas estatales y ayuntamientos: en total, se votarán 20, 286 posiciones de elección popular. Es pues, con mucho, la mayor jornada comicial en la historia de nuestra patria, con casi dos mil puestos más que en 2018. Y en cuanto a ciudadanos, ahora se convocará a alrededor de 98 millones, nueve más que hace cinco años.

Así las cosas, presenciamos a diario un constante forcejeo entre los dos bandos, con la particularidad de que las oposiciones coinciden en muchas facetas con el poder judicial federal, en tanto que el ejecutivo recibe el apoyo invariable de la mayoría de componentes del poder legislativo. El resultado lógico, es esa cada vez más profunda discordancia entre ambas partes. Ya antes se había observado tal contienda cuando se trataron -entre otras materias- temas como la energía eléctrica y el renglón electoral: la 4T fracasó en su propósito de reformar a la Constitución, por no poseer mayoría calificada en las Cámaras, mientras que pudo imponer innovaciones en la legislación ordinaria, aunque eso sí, casi todas combatidas en tribunales por las oposiciones, las cuales, coincidentes en posturas con muchos miembros del poder judicial, pudieron neutralizar ciertas disposiciones.

En razón de lo anterior, el guía de la 4T y su movimiento partidista (englobado en la alianza “juntos haremos historia”) se trazó como meta, emerger en las elecciones de 2024 con la suficiente mayoría de diputados y senadores, para llevar a cabo las enmiendas constitucionales que se le han negado.

Ese proyecto es denominado “Plan C”, para distinguirlo del inicial “plan A”, que pretendió modificar preceptos de la ley suprema, y se frustró, así como diferente al “plan B”, que consistió en rehacer varias normas que coinciden en materia electoral y de instituciones encargadas de tal materia (como el INE o el Tribunal Electoral Federal) incluidos básicos aspectos que atañen a los partidos políticos.

Este segundo plan, también se vio frenado, a iniciativa de los opositores, por fallos de los tribunales de la Federación, abanderados por la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Esta narrativa generó una especie de refriega entre poderes, misma que a la fecha se ha acentuado.

Ese recrudecimiento se presenta con motivo de la discusión y aprobación del PEF, que implica un recorte a lo solicitado por el órgano jurisdiccional, así como el empeño de la 4T, por suprimir varios fideicomisos (13 de 14) que se han creado en el ámbito del poder judicial.

Para las oposiciones, esas decisiones del legislativo (los diputados federales) obedecen a un afán de venganza, por los reveses que ha sufrido la 4T en las contiendas judiciales que ha sostenido, y en las cuales regularmente recibió “palo”, como se dice en el argot de los abogados y los litigios, para denotar que ese actor procesal, perdió un juicio.

SILENCIO NO IMPLICA INACCIÓN”: NORMA PIÑA

Ahora pues, el forcejeo entre poderes está en crecimiento cada día. La presidenta de la SCJN, (Norma Piña Hernández) a unos días de estar callada, afirmó en petit comité (gravada sin querer y eso hecho público) que su discreto “silencio no implica inacción”, eso con motivo de la posible desaparición de fideicomisos del Poder Judicial.

En cambio, el primer mandatario, sobre los excesos de los ministros y magistrados, que estos señalan son correctos, manifestó: “Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan 43 veces más que el salario promedio de los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social”, por lo que cuestionó: “¿qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza”, es decir, para Amlo, eso es una forma de corrupción.

Y debido a que los trabajadores del PJF se han pronunciado contra la supresión de esos fideicomisos, casi parealizando la justicia que allí se imparte, el mandatario federal les dijo que mediten ese movimiento, pues defienden prebendas; luego declaró que le gustaría que los mismos ministros y magistrados, marcharan y se declararan abiertamente.

Es inconcuso, que la Cámara de Diputados, tiene como exclusiva facultad aprobar el PEF, así lo establece sin tapujos la Constitución. ¿por qué tanta gritería de la oposición y ahora hasta de los trabajadores del PJF? Asimismo, es cierto que el PJF o la Suprema Corte, no tienen por qué crear fideicomisos (salvo uno, para fortalecer la administración de justicia, que autoriza la ley), puesto que lo anualmente autorizado en el presupuesto, es para ejercerse, y si por algo hay un sub ejercicio, debe devolverse esos recursos a la tesorería de la Federación. Eso se previene legalmente, y la Corte no tiene más acción que cumplir las normas; sin embargo, resulta que hace “guardaditos” y al margen de su deber, constituye fideicomisos, que por cierto tienen acumulados más de quince mil millones de pesos a la fecha.

La conclusión, es que cada poder e institución involucrada en este forcejeo, lo que han de hacer para no defraudar al pueblo mexicano, es ceñirse estrictamente las leyes, respetar el ámbito de competencia de cada uno y, de forma invariable, dejar de andar riñendo entre sí; en cambio, deben esmerarse en cumplir sus obligaciones, teniendo como mira, la mejoría de la población, el fortalecimiento de la república y la impartición pronta, gratuita e imparcial, de la justicia en todos sus órdenes, conmutativa, económica y social.

Finalmente, hemos de apuntar que sobre este forcejeo con trasfondo político-electoral, la ciudadanía tendrá la última palabra el 2 de junio de 2024, y dependiendo lo que dictamine con su voto, los mexicanos, como verdaderos demócratas, habremos de acatar lo que su voluntad defina. Tengamos presente que el pueblo es como la ley: Al margen, nada; por encima, nadie, lo cual se complementa con la frase juarista de que, “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”.

EXCESOS EN LA JUSTICIA LOS ELEVADOS SUELDOS DE MINISTROS Y MAGISTRADOS

En síntesis, es un hecho irrefutable, que los ministros, magistrados y jueces del poder judicial federal (PJF) y muchos de organismos descentralizados, así como de los Estados y municipios, perciben elevados ingresos, retribuciones que superan con mucho a lo que gana el Presidente de la República, y que mandata la Constitución de la República, prescripción que debe ser el tope de los salarios que se otorgue a cualesquier servidor público, ya federal, estatal ó municipal, incluyendo a organismos que funcionen con recursos del erario. Los más relevantes en tal ramo, son los altos integrantes del PJF, siendo de plano extremosos por lo elevado de sus remuneraciones, los ministros y magistrados.

Al decir de los estudiosos y periodistas que se han ocupado de esa temática, los alcances en dinero, para esos miembros del PJF, van de 300 mil a 700 mil pesos… ¡mensuales! La cifra, para un país como México, definitivamente es descomunal, e injusta; pero todavía se agudiza esa desigualdad, cuando la comparamos con el salario mínimo (poco más de $207 pesos diarios, de un obrero mexicano, excepto la zona fronteriza del norte que es mayor). Asimismo es inequitativo ese sueldo, si advertimos que el ingreso medio de los afiliados al Seguro Social, no pasa de 16 mil pesos mensuales, que siendo una cantidad superior al del asalariado común -el del mínimo- es infinitamente inferior al de los ministros y magistrados del PJF y la SCJN.

Ahora bien, los apoyos y prestaciones privilegiadas de que gozan esos integrantes del PJF, son verdaderamente fuera de serie: sueldo neto, $206,948.00 pesos; aguinaldo y prima vacacional, $445,309.00 pesos; pago anual por riesgo, $416,754.00 pesos. Y seguimos enumerando, pues viene el seguro de vida institucional por 40 meses de sueldo; el estímulo quinquenal y luego, seguro de gastos médicos mayores por más de un millón 50 mil pesos; pago por defunción, ayuda de gastos funerarios, y más etcéteras, como el fondo para comer en restaurantes de lujo, para vehículos blindados tipo VAN considerando apoyo para el estacionamiento; otros rubros, son para computación, IPAD y celulares, gasolinas, ayuda de mantenimiento de casa, apoyo de casi 5 millones y medio anual para contratar personal de soporte, y hasta auxilios de ahorro para marcha al dejar el empleo.

A lo anterior, no le agregamos que la SCJN y el PJF, tienen recursos para jardinería, deportes, talleres de yoga, de baile, etc. Como ejemplo del despilfarro, es que cuando viajan, si quieren, pueden llevar casi un séquito, pero si quien imparte una conferencia sin pertenecer al PJF, no tiene recursos ni para un ayudante, ni más respaldo que un modesto traslado y alimentos básicos, olvidando desde luego (por lo general) que se le otorguen honorarios, ya que aducen en la SCJN que tienen restringidas sus erogaciones.

 

 

 

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NACIONALES

Elecciones del Poder Judicial: Abstención del 86 por ciento; votaron 13 millones, es decir, entre el 12.57 y 13.32%

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Por Mario Ávila //

En un ejercicio sin precedentes en la historia de México y del mundo, alrededor de 13 millones de ciudadanos salieron a las urnas este domingo para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.

La jornada electoral, que transcurrió sin incidentes graves en el país, marcó un hito en la democracia mexicana, aunque también dejó al descubierto los retos de un proceso inédito que busca transformar una de las instituciones más importantes del Estado.

Participación ciudadana: Un 13% acude a las urnas

A las 23:00 horas de este domingo, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ofreció un corte informativo sobre la jornada electoral. Según las estimaciones del INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que equivale a un rango de 12.5 a 13.3 millones de votantes de un padrón de 99.7 millones de ciudadanos registrados en el Listado Nominal del Electorado.

Para obtener esta cifra, el INE recurrió a una muestra representativa de 1,644 casillas seccionales, equivalente al 2% de las más de 83 mil instaladas en todo el país. La muestra fue diseñada por expertos en estadística y matemática, garantizando su representatividad. Aunque la participación fue baja comparada con otros procesos electorales, Taddei celebró el ejercicio como “una etapa histórica para el INE, como organizador y depositario de la confianza ciudadana, que ha hecho todo para garantizar una elección transparente”.

Para contextualizar, la participación en la elección presidencial de 2024, que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia, alcanzó el 61%, mientras que en la Revocación de Mandato de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, votaron 16.5 millones de mexicanos (un 17.7%).

En la consulta para juzgar a expresidentes de 2021, otro proceso inédito, la participación fue aún menor, con un 7.4%. Si bien la elección del Poder Judicial no puede compararse directamente con estos ejercicios, la cifra del 13% refleja los desafíos de involucrar a la ciudadanía en un proceso complejo y poco familiar.

Un proceso de conteo escalonado y transparente

El cierre de casillas marcó el inicio de un arduo proceso de cómputo que se lleva a cabo en los 300 Consejos Distritales del INE, donde miles de funcionarios y ciudadanos trabajan para dar certeza a los resultados. Taddei explicó que, a diferencia de elecciones anteriores, el conteo comenzó a las 18:00 horas del mismo domingo, transmitiéndose en vivo a través de los canales del INE y bajo la supervisión de observadores electorales para garantizar máxima publicidad.

En esta elección se renovaron 881 cargos del Poder Judicial: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 15 magistraturas de Salas Regionales del TEPJF, 464 magistraturas de Tribunales de Circuito y 386 jueces de Distrito. La magnitud del proceso obligó al INE a diseñar un calendario escalonado para el cómputo de votos.

Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la SCJN, y entre el 3 y el 4 se computarán los del Tribunal de Disciplina Judicial. Los días 4 y 5 se dedicarán a la Sala Superior del TEPJF, mientras que del 5 al 6 se contarán los votos de las Salas Regionales.

Entre el 6 y el 8 de junio se procesarán los votos para Tribunales de Circuito, y del 7 al 10 los de jueces de Distrito. El 12 de junio se validarán los resultados, y el 15 se realizarán los cómputos nacionales, declarando la validez de la elección y entregando constancias de mayoría a los ganadores.

López Obrador reaparece y respalda la reforma

Un momento que captó la atención nacional ocurrió a las 9:50 de la mañana en Palenque, Chiapas, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de esta reforma durante su sexenio, reapareció para votar en una casilla especial.

Visiblemente más delgado, con el cabello corto y vestido con una guayabera blanca con vivos guinda, López Obrador habló con los medios tras emitir su voto: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo había tenido el derecho de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez, por eso quise participar en esta elección histórica”.

El expresidente aprovechó para elogiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor del mundo”, y reveló que está trabajando en un nuevo libro sobre la grandeza cultural de México. “Es la tercera vez que salgo de la quinta, porque estoy escribiendo algo que les va a gustar mucho”, adelantó, generando expectativa entre sus seguidores.

Protestas y elecciones concurrentes

Mientras López Obrador celebraba el proceso, en la Ciudad de México y otras capitales estatales se registraron marchas de protesta contra la elección, lideradas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), exfuncionarios del Poder Judicial y comunicadores opositores a Morena. Las críticas señalaron la falta de información, la confusión en las boletas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones” para orientar el voto, lo que algunos consideran una forma de manipulación.

Este domingo también se eligieron cargos del Poder Judicial en 19 estados de la República, además de elecciones municipales en Veracruz y Durango. En:Jalisco, Luis Zamora Cobián, vocal de la Junta Local del INE, aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes relevantes. “Fue una buena elección, no hubo hechos que lamentar en el estado”, afirmó, destacando el esfuerzo de organización en un contexto de procesos concurrentes.

Un hito con retos pendientes

La elección del Poder Judicial Federal marcó un antes y un después en la democracia mexicana al permitir que la ciudadanía participe directamente en la renovación de una institución clave. Sin embargo, la participación del 13% evidencia los retos de un proceso complejo, con miles de candidatos y cargos poco conocidos para la población. La desinformación, la falta de campañas efectivas y las irregularidades reportadas, como el uso de “acordeones”, subrayan la necesidad de ajustes para futuros ejercicios de este tipo.

A pesar de estos desafíos, el INE reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que cada voto será contado con certeza. Esta elección, aunque perfectible, sienta un precedente para la democratización de instituciones tradicionalmente alejadas de la participación ciudadana. Ahora, el país espera los resultados que definirán el rumbo del Poder Judicial, mientras la sociedad reflexiona sobre el impacto de este proceso en el equilibrio de poderes y la consolidación de la democracia mexicana.

LOS NÚMEROS

Los ciudadanos salieron a las urnas para elegir mil 800 puestos en los poderes judiciales locales y federales:

9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

2 Magistraturas de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)

464 Magistraturas de Circuito

386 personas Juzgadoras de Distrito

Se registraron 1,700 incidentes durante la jornada

De acuerdo con el corte de caja que dio el INE a las 18:00 horas, se instalaron en el país 83 mil 974 casillas, lo que representa el 99.98%. Las casillas cerraron alrededor de las 18:00 horas luego de su apertura a las 08:00 horas, después de la tradicional ceremonia de honores a la Bandera en la explanada del INE.

En tanto, el INE reportó 1770 incidentes; de los más relevantes, 500 fueron incidentes relacionados con la interferencia para impedir la realización de la jornada «sin causa justificada». Las incidencias fueron desde riesgo en casillas hasta el mal tiempo por el clima. De todas las incidencias reportadas, el 80.4% fueron atendidas.

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JALISCO

¿Por qué el rechazo ciudadano a la reforma judicial en Jalisco?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La participación del 7.07% en las elecciones judiciales del pasado domingo en Jalisco, la segunda más baja del país (detrás de Guanajuato que fue del 6.5), es un mensaje contundente de la ciudadanía: un rechazo claro a la reforma judicial impulsada por Morena y una señal de desconfianza hacia las instituciones. Este resultado no solo expone las fracturas internas del partido en el estado, sino que también pone en duda la legitimidad del proceso y plantea serios desafíos para el futuro político de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum en una región clave.

Un abstencionismo que habla

El 7.07% de participación –equivalente al 92.93 de abstención– no puede interpretarse de otra manera que como un fracaso estrepitoso de los operadores y liderazgos de Morena en Jalisco. Figuras como Carlos Lomelí, Claudia Delgadillo, Erika Pérez, Chema Martínez y Laura Imelda Pérez, así como la Universidad de Guadalajara, mostraron una incapacidad evidente para movilizar al electorado.

¿Dónde quedó el morenismo que prometía transformar el estado? El abstencionismo no solo refleja la falta de articulación del partido, sino también un rechazo público a lo que muchos perciben como un intento de Morena por controlar el Poder Judicial y socavar su independencia.

En mi columna del lunes, titulada “¿Democratización o control político?”, planteé si este proceso realmente democratiza la justicia o si es un mecanismo para consolidar el poder de Morena. Los números de Jalisco responden con claridad: los ciudadanos ven más allá de la narrativa oficial de “democratización” y perciben la reforma como una toma de poder, especialmente en un contexto donde Morena domina el Congreso de la Unión.

Líderes sociales como el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, han criticado el proceso como un ejercicio que favorece la agenda de Morena en lugar de mejorar el sistema judicial. Su descripción de un proceso “planchado” resuena con un electorado jalisciense históricamente receloso del control centralizado, lo que explica su decisión de abstenerse.

Fragmentación y divisionismo en Morena

Otro factor detrás de esta baja participación es la fragmentación interna de Morena en Jalisco. El partido carece de unidad y de una visión compartida; en su lugar, prevalece una lucha de intereses por el control y el poder. Los liderazgos locales, más preocupados por sus agendas individuales que por un proyecto colectivo, se comportan como “perros y gatos en disputa”, cada uno aferrado a su hueso. Desde la Ciudad de México, figuras como Leonel Cota Montaño y Alfonso Ramírez Cuéllar intentaron, sin éxito, alinear a los grupos locales. A pesar de sus declaraciones públicas de unidad y de promesas de duplicar la participación, el morenismo jalisciense quedó en evidencia.

La Universidad de Guadalajara, que se involucró en el proceso, tampoco logró movilizar al electorado. Su incapacidad para mantener el registro del partido Hagamos en elecciones pasadas ya había mostrado sus limitaciones, y esta elección judicial lo confirmó. Morena le falló a la presidenta Sheinbaum al no conectar con los jaliscienses, un estado donde el partido ha enfrentado dificultades históricas para consolidarse. Si en la elección federal de 2024 Morena obtuvo resultados en Jalisco, el mérito fue del liderazgo de Sheinbaum, no de las figuras locales, marcadas por el divisionismo, el egocentrismo y el individualismo.

Desconfianza institucional y desencanto ciudadano

El 92.93% de abstención no solo es un rechazo a la reforma judicial, sino también un reflejo del desencanto con el sistema político en general. La percepción de que estas elecciones carecen de legitimidad o de un impacto real en la justicia ha exacerbado la crisis de confianza en las instituciones. Los ciudadanos jaliscienses, conocidos por su tradición de autonomía y resistencia al poder central, ven en esta reforma un intento de Morena por imponer su agenda, más que una solución genuina a los problemas del Poder Judicial, como la corrupción, el nepotismo y la falta de acceso a la justicia.

Esta desconfianza se suma a la falta de información y a la complejidad del proceso electoral. Con miles de candidatos y cargos poco conocidos, muchos ciudadanos optaron por no participar, percibiendo el ejercicio como una farsa diseñada para favorecer a Morena. La baja participación en Jalisco, comparada con el promedio nacional del 13%, refleja un sentimiento anti-morenista que podría fortalecerse en el futuro, especialmente si el partido no ajusta su estrategia.

Implicaciones para el futuro político de Jalisco

El fracaso de Morena en movilizar a los ciudadanos en un proceso tan publicitado como las elecciones judiciales expone su vulnerabilidad en Jalisco, un estado donde ha luchado por consolidarse frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano. Esta baja participación podría fortalecer a la oposición y al sentimiento anti-morenista, abriendo la puerta a que partidos locales capitalicen el descontento ciudadano. Además, el divisionismo interno de Morena podría llevar a una reconfiguración de sus liderazgos en el estado, un proceso que será crucial para su futuro político.

¿Quiénes podrían emerger como nuevos líderes? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero lo que sí está claro es que Morena necesita un liderazgo más inclusivo y una comunicación efectiva para reconectar con los jaliscienses. Sin estos cambios, el partido seguirá enfrentando reveses en un estado estratégico para el panorama nacional. La presidenta Sheinbaum, quien ha apostado por esta reforma como un pilar de la 4T, también enfrenta un desafío: demostrar que puede unificar a su partido y ganar la confianza de regiones tradicionalmente reticentes al proyecto morenista.

Un mensaje claro para Morena

El 7.07% de participación en Jalisco es una combinación de factores: un rechazo a la reforma judicial, una profunda desconfianza en las instituciones, una división interna de Morena y un fortalecimiento del anti-morenismo local.

Este resultado plantea un reto significativo para el partido y para Sheinbaum, quien deberá replantear su estrategia en el estado si busca consolidar su proyecto político a nivel nacional. La ciudadanía jalisciense ha hablado con su abstención, y su mensaje es claro: no basta con discursos de democratización; se necesitan acciones que realmente.

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NACIONALES

Elección judicial en México: ¿Democratización o control político?

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Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.

La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.

BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN

Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.

La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.

El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.

IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.

Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.

La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.

EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN

Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.

IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.

Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.

La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.

UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS

La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.

México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.

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