OPINIÓN
28 de agosto “Día de los abuelos”: El futuro político de Alfaro está con abuelos y adultos mayores
Por Remberto Hernández Padilla //
Es conveniente dejar referido que el mes de agosto se destina a festejar a las Personas Adultas Mayores, dado que desde el año 1982 se decretó en México conmemorar el mes de agosto como el de la vejez.
En referencia al “Día de los Abuelos” existe el antecedente que se inició durante el “porfiriato”; sin embargo, fue en el año 1932 en que, en México, se instituyó oficialmente el 28 de agosto como “Día del Abuelo”. (Esta efeméride se da en varios países el 26 de julio).
Hace años se infería que el ser abuelo era necesariamente ser un anciano (difícilmente se llegaba a los 50 años de edad); de ahí que por tradición ambos conceptos representaran casi lo mismo; sin embargo, bien se conoce que, hoy por hoy, existen una gran cantidad de abuelos que no son adultos mayores; sabemos de jóvenes de 40 años que son abuelos, y adultos mayores que no viven el privilegio de ser abuelos y poder convivir con sus nietos. (Cuando una persona habla o escribe en referencia a los abuelos, o a los adultos mayores, se refiere a ellos en términos genéricos hombre o, mujer).
Queda afirmado que el “Día de los Abuelos” es el 28 de agosto; y, también el “Día de las Personas Adultas Mayores”, dado que fue el 28 de agosto de 1957 cuando tuvo lugar en la ciudad de México el primer Congreso Panamericano de Gerontología, ahí se propuso que en América Latina se festejara el “Día Internacional de las Personas de Edad” cada 28 de agosto, efeméride reconocida en México.
¿QUIÉN ES ADULTO MAYOR?
“Las personas Adultas Mayores son aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad”, así lo define la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo tercero – fracción primera. Pero, existe desconcierto entre una gran parte de la sociedad en torno a la definición de quién es adulto mayor; se ha saber que desde el año 2012 el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como también en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, dejaron considerados como adultos mayores a las personas con más de 65 años; pero esa “definición” ha sido únicamente para los efectos de una serie de prestaciones para las personas que han superado esa edad. Sin embargo, tal parece que existe un interés gubernamental en que el reconocimiento a los adultos mayores se de partir de los 65 años y no de los 60 como en la actualidad lo definen las disposiciones legales.
Aquí es conveniente referir que en las normas oficiales referentes a las personas de edad se dan las categorías definidas de la siguiente manera: pre vejez, de los 60 a los 65 años de edad; la vejez funcional, luego de haber cumplido los 65 años de vida hasta los 75; la plena vejez de los 75 hasta los 84 años, y la vejez avanzada o “cuarta edad”, a partir de los 85 años.
LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
El programa de pensiones para beneficiar a los adultos mayores que otorga el gobierno de la República por conducto de la Secretaría de Bienestar ha venido siendo administrado, a todas luces, con criterio clientelista a favor de la 4T, y partidista a favor de Morena.
Veamos: La Subsecretaria de Bienestar del gobierno de la Republica difundió, en días anteriores, que el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, “cuenta actualmente con más de 8 millones de adultos mayores incorporados”.
Sin embargo: de acuerdo con las cifras que difunde el Instituto Nacional Electoral existen en la República trece millones de personas con credencial de elector que son mayores de sesenta años de edad. Entonces, con cifras oficiales conocemos que existe una omisión de, nada menos que cinco millones de personas adultas mayores que no están siendo beneficiadas por ese tipo de “apoyo económico”.
En Jalisco de acuerdo con el INE existe un padrón electoral de más de un millón de adultos mayores y por declaraciones de quien fuera Coordinador de las Delegaciones Federales en nuestra entidad, “En Jalisco se están entregando más de 360 mil pensiones a los adultos mayores”. Con estas cifras bien podemos concluir que existe una marcada diferencia entre quienes reciben la “pensión” y quienes no son tomados en cuenta en esa distribución de dinero; y que tampoco concuerda con el ordenamiento que en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos refiere: “Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión”.
EL GOBERNADOR ALFARO Y LOS ADULTOS MAYORES
Los jaliscienses quedamos desconcertados cuando al asumir al poder Enrique Alfaro Ramírez. hizo desaparecer el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor; y, decepcionados por el trato de indiferencia que a ese grupo social les ha dado durante dos años.
En el presente mes de agosto ¡por fin! el gobierno del Estado destinó algunos recursos económicos para llevar “apoyos” a unas 50 mil personas de la tercera edad; (esa cifra cubriría solo el 5% de los adultos mayores que existen en Jalisco; bueno, por algo se empieza).
Fuentes bien enteradas nos informan que en el “bosquejo” en lo que se pretende dar a conocer en el 2021 con una nueva Constitución Política de Jalisco, sí se tiene un texto en el que se da prioridad a todos los asuntos relacionados con los Adultos Mayores. y, desde luego que sin apartarse de los objetivos que, para el beneficio de la sociedad, están incluidos en nuestra Carta Magna. Se pretende, informan, “que esa norma de Jalisco sea modelo para otras entidades federativas”.
ADENDA PARA EL BUEN ENTENDEDOR
1.- Los mexicanos debemos de ser conscientes de lo que acontece con nuestros adultos mayores, veamos: Ni las autoridades federales, ni las estatales y las municipales, le dan los apoyo que ellos requieren; desafortunadamente la sociedad tampoco les da la suficiente atención a sus adultos mayores, manifestándose como un asunto de gravedad.
2.- Ni el gobierno del Estado, ni el DIF- Jalisco entregaron este año preseas para los adultos mayores distinguidos; ello, entre otros asuntos, por la presencia de la pandemia del Corona-virus que nos ha bloqueado en las actividades cotidianas.
3.- El “apoyo” que en pensión entrega el gobierno federal a algunos adultos mayores y que afirma el presidente de la República que es “Pensión Universal” no lo es, porque: universal es para todos; y esa entrega de dinero es selectiva y no llega ni a la mitad de jaliscienses de la tercera edad. Este asunto también es delicado.
4.- Es claro que todo buen político actúa con visión al futuro y de acuerdo con su ideario; y en el programa de lo que se conoce como “Refundación de Jalisco” existe un plan para que, habiendo quedado incluido en lo que será la nueva Constitución Política de Jalisco, los adultos mayores puedan disfrutar de los beneficios que por su edad merecen recibir por una dependencia del gobierno para mejorar las condiciones de protección, atención, bienestar y desarrollo; y así puedan, ellos, lograr su plena integración al desarrollo social, económico, cultural y político.
5.- En Jalisco sí existen focos rojos en el ámbito político, dado que un millón de ciudadanos, adultos mayores, que hasta ahora no han sido suficientemente atendidos determinarán, con su voto en el 2021, en favor o en contra el futuro político de Enrique Alfaro. Aún es tiempo…
* Remberto Hernández Padilla.
Adulto Mayor Distinguido / Premio Nacional de Periodismo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
