OPINIÓN
Alfaro y el Presidente: Tregua o viraje
Opinión, por Pedro Vargas //
Desde hace meses un grupo de gobernadores se han dedicado a criticar la política seguida por la 4T. De los más destacados en tal aspecto han sido los ejecutivos de Jalisco, Colima y Guanajuato. Inclusive, cierta porción de políticos, comentaristas y empresarios, han especulado que el Ing. Enrique Alfaro se desempeña como una especie de líder anti López Obrador, aunque no ha aceptado expresamente tal postura, si bien a veces da señales como que no le desagrada.
Con motivo del caso del albañil Giovanni López ocurrido el 4 de mayo y cuya indagatoria afloró hasta un mes después debido a manifestaciones populares que exigían justicia, y que generaron detenciones irregulares por parte de policías estatales, al parecer de la Fiscalía General de Jalisco, el ejecutivo local emitió declaraciones candentes. Según afirmó el jueves 4 de junio, las personas que protestaron pidiendo justicia, ni siquiera son de Jalisco, y precisó: “Le pido al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que le diga a su gente y a su partido (Morena) que ojalá estén midiendo lo que hacen, el daño que generan al país con este ambiente de confrontación”. Es entonces que pronunció su ya célebre frase de que «desde los sótanos del poder en la Ciudad de México» se orquestó la protesta por la muerte” de Giovanni.
Muchos otros aspectos han tocado los gobernadores que impugnan acciones u omisiones del Presidente, destacando entre tales temas la estrategia relativa a la lucha contra el Corona Virus y, de manera muy especial, lo referente a las participaciones o recursos que la Federación entrega conforme la Ley de Coordinación Fiscal a los Estados.
Para nadie es oculto que la delincuencia que conlleva inseguridad, es un gravísimo problema nacional y que algunos lugares llegan a niveles de crisis. Tal es el caso de Guanajuato, Colima y Jalisco. Por ello llamó la atención que el primer mandatario decidiera realizar una gira por esos tres Estados, la cual se desarrolló del 15 al 17 de julio.
La primera escala en esa que se veía como complicada salida presidencial, fue en la empanizada Guanajuato. Allí el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, panista de perfiles al estilo foxista, había declarado en diciembre pasado, sobre una alusión del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien expuso que el gobernador no había asistido a más de tres reuniones sobre seguridad, que eso era mentira: “Yo digo que es falsa esa información, porque aparece que tres veces he ido y yo no he ido a ni una, entonces son falsos los datos. No he estado ni iré a esas reuniones,… ya lo había dicho públicamente y lo vuelvo a repetir”.
De entonces a la fecha, la situación de esta entidad se empeoró, alcanzando un ambiente pésimo en inseguridad, convirtiéndose en líder de homicidios nacionalmente, sufriendo las tropelías del Cartel Santa Rosa y mostrando alarmante descomposición política, conforme análisis del periodista guanajuatense Arnoldo Cuéllar.
Pero se llegó el día del encuentro con AMLO y el discurso de ese miércoles 15 ante el Presidente fue todo lo contrario a lo esperado: El gobernador se comprometió a asistir a las reuniones sobre seguridad, incluso el fin de semana.
Hoy vimos -dice el periodista antes señalado- a un gobernador Diego Sinhue muy borrado y doblando las manos. Y hasta se arrepintió, pues confesó: “Es muy importante destacar este acto de rectificación, nosotros no podemos ser autocomplacientes, regodearnos en nuestras posturas cuando no son las mejores en beneficio de la colectividad, el hecho de rectificar y decir ‘no era lo más adecuado y ahora vamos todos juntos’ es muestra de mucha responsabilidad de parte del gobernador. Esto es lo que estamos ahora inaugurando una nueva etapa en esta relación”. Y el Presidente simplemente concluyó: “Se inicia una nueva época de coordinación para lograr salir avante en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad”.
El jueves 16 de julio arribó AMLO, en medio de la lluvia, al mero Jalisco, donde inauguraría un edificio de la Guardia Nacional en Zapopan y como siempre, daría su conferencia mañanera. En ésta, Enrique Alfaro, al abrir la sesión, dijo que valora la visita del Presidente en tiempos complicados, añadiendo: “Su presencia aquí es una señal clara de que podemos superar los momentos de tensión que se han vivido para cerrar filas con usted por el bien de México”.
El mandamás jalisciense agregó que hará todo lo posible para alcanzar ese propósito, y remachó al afirmar que: “Asumo con entereza y humildad, la responsabilidad de corregir lo que yo haya hecho mal, usted tiene mi respeto y mi aprecio. Sé que Jalisco cuenta con su presidente”.
Desde hacía varias semanas, Enrique Alfaro había buscado una entrevista con López Obrador, por lo que ahora que lo tuvo enfrente, le aseguró que busca reconstruir la relación entre ambos gobiernos y le propuso “corregir el rumbo para iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación” con base en el respeto, asegurando que “sólo pedimos ser escuchados, que los asuntos de interés nacional, en los que los estados que formamos este país no estemos de acuerdo con la federación sean puestos sobre la mesa con voluntad para encontrar una salida”.
Los más delicados temas en que Alfaro centra sus diferencias con la Federación, podemos decir que son: el de energías limpias, donde se tuvo que acudir a una controversia constitucional; la inseguridad, renglón en el cual insiste que ya se logró reducir la incidencia delictiva y la cuestión fiscal, pues considera que se deben otorgar mayores recursos a la entidad. Esto sin olvidar diferendos como es el caso de la última confrontación pública que tuvieron ambos gobernantes, cuando Enrique Alfaro acusó al gobierno federal de estar detrás de la manifestación violenta que se registró el 4 de junio en el centro de Guadalajara con motivo del caso Giovanni López.
Por cierto, que cuestionado al respecto en la conferencia mañanera del jueves, Alfaro mencionó que entregaría las pruebas al Presidente -a quien calificó de “hombre de bien, que no haría algo para lastimar a Jalisco- para que sea él y nadie más quien valore lo sucedido, pues no pretende seguir el camino de la confrontación con el mandatario nacional”.
Sobre el Pacto Fiscal o sea la Ley de Coordinación, no deja de tener justificación el ejecutivo jalisciense, materia en la cual el Primer Magistrado Federal ha concedido cierta razón a los gobernadores, pero como lo dice, en su momento y de acuerdo al interés de la República, ya que los recursos generales deben distribuirse racionalmente para que el país camine armónicamente. El gobernador insistió en que sin la ayuda de la federación los estados no podrán hacer frente a la dificultad económica que provoca la pandemia, “crisis de proporciones nunca antes vista”.
Da la impresión de que a partir de ahora, sobreviene no un viraje del Ejecutivo jalisciense, sino una tregua entre él y AMLO.
Finalmente el Presidente visitó Colima, donde el priista José Ignacio Peralta Sánchez, regentea la administración estatal y en no pocas ocasiones ha mostrado cierta hostilidad a la 4T. Frente al jefe del Gobierno Federal le manifestó algo que casi lo copió a Enrique Alfaro: “Encontrará en mi a un interlocutor respetuoso, pero también defenderé mi punto de vista, que las coincidencias no impliquen sometimiento y las diferencias no impliquen confrontamiento”.
En conferencia de prensa reveló: “El decir estar conmigo o en mi contra atenta contra el Federalismo, disentir no debe nunca más confrontar”. Y como ocurrió en Jalisco, el mandatario estatal solicitó una revisión al pacto fiscal para tener más recursos, concluyendo: “necesitamos de su apoyo, señor Presidente, y doy el primer paso para sumarme a los esfuerzos que coordine usted desde el gobierno federal para enfrentar estas problemáticas”.
Por lo sucedido en esta gira de tanta expectativa, los gobernadores tal parece que han dado una especie de viraje; sin embargo más vale no creer a pie juntillas sus declaraciones, y considerar que su actitud más bien es una tregua, porque ya veremos que más pronto que tarde, volverán a la carga y multiplicarán sus desencuentros con la 4T.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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