OPINIÓN
Biden sondea dar un “Zedillazo”: Reconformar la mayoría en la Suprema Corte de EUA
Política Global, por Jorge López Portillo Basave //
En medio de la crisis migratoria más aguda de la historia en la frontera México-EUA, Biden retoma una demanda que muchos de los más extremistas de sus compañeros de partido han venido manejando durante los últimos meses.
El fin de semana la Casa Blanca publicó un comunicado de prensa mediante el cual informaba que el presidente había creado por decreto una comisión para “analizar la duración de los ministros de la Corte así como el número de integrantes de la misma”.
Durante la campaña del 2020 tanto Kamala Harris como Joe Biden fueron cuestionados sobre la idea y propuesta de reconfigurar a la Suprema Corte de los EUA, idea planteada por algunos de sus colegas.
En su momento tanto el presidente Biden como Harris se negaron a responder dicha pregunta e incluso dijeron que responder a esa pregunta sólo distraería de los asuntos de campaña y del gobierno de Trump.
Durante dicha campaña muchos de los candidatos del partido opositor a Biden decían que si los demócratas ganaban la mayoría reformarían la forma de operación del Poder Judicial de los EUA y que tratarían de “legislar desde el Poder Judicial” designando a activistas y a radicales para ocupar los cargos del Poder Judicial y de la Suprema Corte.
Dichas acusaciones fueron ignoradas por Joe Biden en los debates con Trump, de hecho en una ocasión el periodista Chris Wallace le pidió a Biden que no respondiese a dicha pregunta hecha por el presidente en el segundo debate, toda vez que la pregunta no fue hecha por el conductor de televisión.
Durante la presidencia de Ernesto Zedillo el Poder Legislativo en México reformó la Constitución y jubiló a todos los ministros de la Corte, instalando una nueva conformación de ministros de nuestra máxima autoridad jurisdiccional. A esa operación se le llamó el “Zedillazo”.
En el caso de EUA, la Suprema Corte es conformada por nueve ministros, quienes son designados a propuesta del presidente y ratificados por el Senado, igual que aquí. Los ministros duran en su posición hasta que ellos deciden retirarse o mueren. El actual número de ministros se instauró en 1869 y desde esa época ha sido una institución por lo general muy respetada en ese país y en el mundo.
SATURAR LA SUPREMA CORTE
Todos los partidos políticos del mundo, de hecho los ciudadanos, quisiéramos que los jueces o las Cortes nos diesen siempre la razón. Pero cuando un partido tiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo y además tiene al Poder Ejecutivo, no faltan los atentos arrastrados al poder y autoritarios que desearían tener poder absoluto.
En 1983 el entonces senador Joe Biden dijo que “el rellenar la corte era una terrible, terrible, idea, una idea de cabeza dura”. Dicha declaración se dio en el contexto de un debate sobre leyes y democracia en memoria de una iniciativa de ley que promovió el Presidente Franklin D. Roosevelt en 1937 después de su arrolladora reelección.
En ese momento el presidente demócrata se enfrentó con reveses legales para implementar lo que él llamó el “Nuevo Acuerdo”, programa que era insigne de su gobierno. Molesto con el Poder Judicial FDR, envió una iniciativa al Poder Legislativo para que los jueces que llegasen a los 70 años fuesen jubilados por obligación y para aumentar el número de nueve ministros hasta asegurar una mayoría que le permitiese pasar y ejercer sin problema sus programas. Al final la propuesta de Roosevelt fue congelada por sus propios colegas en el Senado y después desechada por una nueva mayoría al paso de las elecciones de 1941.
Resulta memorable que Biden tenga un programa que se llama “El nuevo Acuerdo Verde” mismo que también enfrenta varios problemas en tribunales.
No podemos olvidar que Trump y Obama criticaron decisiones de jueces o ministros, pero ninguno decidió crear una comisión para amenazar a jueces o ministros como lo hizo el líder del Senado Schuk Schumer en la escalinata de la Suprema Corte de EUA hace un año gritándoles que “no sabrían qué les golpeo” y dejando que cientos de protestantes tratasen de derribar la puerta de dicho edificio por estar en desacuerdo con una decisión. Claro contraste con el escándalo que se desató unos meses después cuando otra protesta, pero ahora de derecha irrumpió en el Capitolio el pasado 6 de enero.
“UNA REPÚBLICA, SI PUEDEN MANTENERLA”
Cuando se estafa fundado lo que ahora es EUA, una persona le preguntó a Benjamín Franklin: “¿Qué tipo de país era el que proponía para las colonias independientes? El Brillante político y científico respondió “República”, si pueden mantenerla”. Él sabía que una democracia y una república se pueden formar, pero también perder si sus ciudadanos no luchan por mantenerlas, en especial si la gente no se educa en los valores republicanos. En la democracia se puede elegir a buenos, medianos o malos gobernantes, pero si un grupo o un individuo remodela las instituciones de balances y contrapesos como el Poder Judicial para que le sean tapete, entonces las repúblicas y las democracias desaparecen y se convierten en plutocracias o autocracias.
Durante la campaña del 2020 Biden se “vendió” como el candidato moderado que unificaría al país después de los twitters y la retórica dura de Trump, lo que contrasta con su decreto del pasado jueves o con la apariencia del mismo. Si bien es cierto que la comisión también analizará ampliar el número de jueces y magistrados de circuito, dicho análisis incluirá, además del número de ministros, el funcionamiento interno de la propia Corte, con lo que se podría alegar que le quieren quitar o restar independencia o poder al máximo tribunal.
La frustración del ala más radical del Partido Demócrata ha presionado a Biden quien parece haber aceptado la idea de formar esta comisión por decreto, a la que le dio seis meses para presentar sus resultados en lo que se llama la reforma del Poder Judicial al que podrían reformar para aumentar entre otras cosas de 9 a 13 ministros con lo que asegurarían una mayoría de ministros afines en una Corte que ha sido referente de imparcialidad y democracia a nivel mundial.
En este momento y dadas renuncias y vacantes que se dieron durante la presidencia de Trump, el máximo tribunal gabacho se integra por seis ministros conservadores y tres liberales, pero en muchas ocasiones ha quedado claro que dichos ministros votan por apego a la ley y no por interés ideológico. Recordemos que fue esta integración de la Suprema Corte la que negó escuchar el caso de fraude electoral que alegaba Trump y fue esta misma Corte la que también se negó a aceptar la cancelación del programa de los Dreamers, por lo que es muy claro que a pesar de ser propuestos por un partido o presidente, los ministros gringos se han mantenido independientes en la mayoría de los casos.
Obama designó a tres ministros, lo mismo que Trump, algunos presidentes han podido designar a uno otros a cinco, pero si no hay una reforma pronto o si no se jubila alguno, puede que Biden no tenga tiempo para designar a nadie, al menos eso es lo que parecen pensar sus correligionarios, quienes incluso están presionando públicamente al ministro Breyer de 82 años para que renuncie de inmediato y permita a los demócratas que de momento tienen mayoría en el Senado, la designación de un nuevo ministro más joven.
No es la primera vez que los demócratas presionan a un ministro para que renuncie, de hecho lo hicieron también en contra de la afamada ministra Ruth Bader Ginsburg, pero no parece haberles molestado que Joe Biden sea sólo tres años menor al ministro que desean jubilar. Cabe recordar que Breyer es ministro liberal como lo fue Ginsburg. La ministro también se opuso a esa presión de sus colegas liberales durante la era de Obama, manteniéndose en el cargo hasta que falleció en el 2020, dando oportunidad a Trump para designar en sus últimos meses y previo a la elección a la ahora ministro Amy Barrett.
También en su tiempo Ruth Ginsburg declaró que el “rellenar la Corte” era un error que dañaría la imagen de la justicia en EUA. El jueves pasado y durante una cátedra impartida en la Universidad de Harvard, el ministro Breyer declaró: “El Estado de Derecho ha superado muchas amenazas, pero se mantiene fuerte. Yo espero que la corte mantendrá su autoridad, pero esa autoridad, así como el Estado de Derecho están basados en la confianza de que el Poder Judicial y la Suprema Corte están guiados por el principio de la ley y no por la política. Los cambios estructurales en la integración o funcionamiento de la corte motivados por el precepto de influencia política únicamente serán para el beneficio de la política”.
Algunos dicen que el decreto de Biden es para presionar a los jueces y a la Corte, amenazándoles con destituirles o diluir su poder si no les dan la razón a sus aliados radicales. Otros dicen que el movimiento de Biden es para apaciguar a sus radicales y que dicha comisión no llegue a nada de fondo, pero otros creen que su idea es alterar la conformación del poder judicial de EUA ahora que tienen mayoría en ambas cámaras y antes de las elecciones del 2022 en las que podrían perder una o ambas cámaras.
¿Qué pasaría si aquí el presidente decidiese aumentar el número de jueces o de ministros hasta asegurar una mayoría de aliados que le den en el Poder Judicial la certeza de que sus políticas sobrevivirán más allá de su mandato y más allá de elecciones? Veremos si es sólo una amenaza o un “atole con el dedo”, pero podríamos estar ante un ejemplo que después nuestros gobernantes repitan.
“La verdadera impartición de Justicia, es el pilar más fuerte de la democracia”, es la frase inscrita en la parte superior de los juzgados federales en Nueva York, misma que va en el mismo sentido de la que está en la Suprema Corte en Washington… “Justicia Igual bajo la Ley”. Con mayoría de jueces y ministros amigos, designados por criterios ajenos a los intelectuales y éticos, la imagen del poder judicial de dicho país se vería severamente afectada como lo dice el ministro Breyer.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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