OPINIÓN
Clases presenciales hasta agosto: Dios ha muerto…y la escuela también
Educación, por Isabel Venegas //
Uno de los filósofos más discutidos y por lo tanto, de los más actuales es Nietzsche. La reflexión acerca de sus frases más célebres sigue abriendo fuertes debates de interpretación que al final se reducen al deseo de aplicar su postura crítica en el apremio de un mundo sumamente tecnologizado, productivo, dinámico a la vez que poco reflexivo y analítico.
De esas frases del filósofo, una es la que dice ¡Dios ha muerto! Podríamos tomar esa idea en el sentido de que para el hombre debiera llegar el punto en el que se tiene que enfrentar a la necesidad de asumirse a sí mismo con unicidad, con la responsabilidad que le conlleva adjudicarse todos los sucesos con las consecuencias propias y lógicas, pero no logrará llegar a ese punto mientras le siga endilgando sus facturas a un ser supremo y alejado.
Creer en un Dios que se encarga de todo, que a cada necesidad y ante cada deseo va a aparecer para modificar el rumbo del universo y atender mis demandas personales sin mirar las implicaciones que puede haber alrededor, tarde o temprano desemboca en el nihilismo, en un modo de pensar individualista y cerrado.
Superar ese pensamiento no significa eliminar la parte espiritual, ni haber resuelto todas las dudas existenciales o la idea de qué pasa con la muerte, con el más allá; sin embargo, sí es el fin a un modo de pensar, sí hay un despojo ante la tradición de querer endosar mis problemas a un ser al que tampoco se suele rendir cuentas de cada acto.
Ese despojo se puede comparar con tocar fondo, llegar al punto de inflexión en el que se encuentra sumamente desposeído para volver a conquistar lo que se ha ganado, porque siguiendo los mismos principios de Nietzsche, lo que no se conquista se muere, lo que se queda estático se pierde y tal vez por eso, si la iglesia, la educación o la política no han ido a la conquista de nuevas ideas, de más terreno, de nuevos retos, sea la razón de que se hayan dedicado a transitar por su lenta y pausada agonía.
Los esfuerzos de toda una historia llena de mártires que fueron por brechas y caminos difíciles para acercar a los pueblos más alejados la escritura, la lectura y las matemáticas más básicas, mucho se comparó con el ejercicio de los sacerdotes y misioneros, que por su gran vocación y encomienda humanitaria, sabían que aunque llegaran a recibir un salario, no tendría que ver con la proporción del esfuerzo y del riesgo que corrían. Con el paso del tiempo, nuestro país estructuró un sistema de educación pública y con él se facilitó la organización de los esfuerzos a través de coberturas ordenadas y de profesionalización de la atención. A los pueblos más alejados no llegaría un profesor porque simplemente había terminado la secundaria, y su labor no se limitaría a que las personas tuvieran una educación mínima, básica.
El anhelo de reducir la población de menos recursos y sin acceso a una escolaridad, hoy se aleja al tener una mayor profundización de la brecha de desigualdad. Para un niño de bajos recursos sin internet, sin equipo de cómputo y sin el apoyo de familiares o amigos que fungieran como tutores académicos, sobrevino la carestía económica y a muchos de ellos les tocó trabajar; acompañar a sus padres a la tienda, al puesto en el tianguis, o al taller, reduce casi a cero las posibilidades de que se pueda conectar con su maestro a distancia. En un polo opuesto están los niños de familias con mayor poder adquisitivo quienes tuvieron la posibilidad de contratar a un profesor particular, con espacio adecuado para instalar un escritorio diseñado ergonómicamente para su edad, y con el internet y las herramientas suficientes para vivir la escolaridad a distancia.
Ya hace rato el sistema de educación mexicano se había enfrentado a los nuevos modelos educativos basados en metodologías innovadoras que no requieren de tener los mismos edificios dispuestos por aulas, con sillas formadas en filas y columnas, con listas en las que se registran los estudiantes según su edad y no por sus potenciales, gustos o afinidades. Son décadas de intentar instalar un modelo educativo basado en competencias, con perspectivas desarrolladoras y con un eje de participación social, pero al parecer la inercia se mantiene.
Formar a esos ciudadanos del mundo con una visión de democracia, de solidaridad y de comprensión planetaria, que como muchos pedagogos refieren, es esencial para que los estudiantes desde pequeños, entiendan la necesidad de cuidar los recursos naturales, valorar las diferencias entre razas, culturas y religiones y poder dejarlas de ver como amenazas, más bien apreciarlas desde una postura de enriquecimiento, necesita obligatoriamente un pensamiento nuevo, una vida nueva que no deje en el imaginario colectivo de un ente divino la buena suerte de nuestra sociedad.
Muchos profesores y padres de familia siguen preocupados por dos cosas que incluso tal vez, ya no debieran existir: las calificaciones y la aprobación de grados escolares. La mayoría de los directivos están preocupados porque los niños no han entregado evidencias de que están haciendo las tareas, y con ello no hay posibilidad de evaluar su “rendimiento escolar”; las estadísticas arrojarán un escandaloso índice de deserción, una reprobación que quizá se alcance a disimular con pobres justificaciones, pero que no recupera la gran experiencia de vida de nuestros niños, de sus padres y de toda la comunidad que aprendió a sobrevivir tras una pandemia, o en su caso a sobrellevar el enorme dolor de haber perdido a uno o incluso, a varios miembros de la misma familia.
Hoy ya llegamos al punto de no retorno, el Gobernador de Jalisco ha decretado el regreso al modelo presencial hasta el próximo ciclo escolar. Será en agosto cuando nos volvamos a encontrar físicamente, y los alumnos que hoy están en este grado escolar se perderán de muchas cosas, pero espero que puedan valorar otras tantas; el momento histórico les obligó a pagar esta cuota, pero también es a ellos a quienes brinda la verdadera oportunidad de conocer una escuela diferente.
Liberar la consciencia del hombre, potenciar todas sus habilidades, dotar de herramientas que les ayuden a transitar por el mundo con más elementos, implica pensar una escuela que deja de pensar en cantidades, sino más bien en cualidades; si esa conquista no se está dando es porque se apela simplemente a seguir haciendo todo como antes, con la premisa de que “eso nos ha funcionado bastante bien”… hasta ahora.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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