OPINIÓN
Clases presenciales hasta agosto: Dios ha muerto…y la escuela también
Educación, por Isabel Venegas //
Uno de los filósofos más discutidos y por lo tanto, de los más actuales es Nietzsche. La reflexión acerca de sus frases más célebres sigue abriendo fuertes debates de interpretación que al final se reducen al deseo de aplicar su postura crítica en el apremio de un mundo sumamente tecnologizado, productivo, dinámico a la vez que poco reflexivo y analítico.
De esas frases del filósofo, una es la que dice ¡Dios ha muerto! Podríamos tomar esa idea en el sentido de que para el hombre debiera llegar el punto en el que se tiene que enfrentar a la necesidad de asumirse a sí mismo con unicidad, con la responsabilidad que le conlleva adjudicarse todos los sucesos con las consecuencias propias y lógicas, pero no logrará llegar a ese punto mientras le siga endilgando sus facturas a un ser supremo y alejado.
Creer en un Dios que se encarga de todo, que a cada necesidad y ante cada deseo va a aparecer para modificar el rumbo del universo y atender mis demandas personales sin mirar las implicaciones que puede haber alrededor, tarde o temprano desemboca en el nihilismo, en un modo de pensar individualista y cerrado.
Superar ese pensamiento no significa eliminar la parte espiritual, ni haber resuelto todas las dudas existenciales o la idea de qué pasa con la muerte, con el más allá; sin embargo, sí es el fin a un modo de pensar, sí hay un despojo ante la tradición de querer endosar mis problemas a un ser al que tampoco se suele rendir cuentas de cada acto.
Ese despojo se puede comparar con tocar fondo, llegar al punto de inflexión en el que se encuentra sumamente desposeído para volver a conquistar lo que se ha ganado, porque siguiendo los mismos principios de Nietzsche, lo que no se conquista se muere, lo que se queda estático se pierde y tal vez por eso, si la iglesia, la educación o la política no han ido a la conquista de nuevas ideas, de más terreno, de nuevos retos, sea la razón de que se hayan dedicado a transitar por su lenta y pausada agonía.
Los esfuerzos de toda una historia llena de mártires que fueron por brechas y caminos difíciles para acercar a los pueblos más alejados la escritura, la lectura y las matemáticas más básicas, mucho se comparó con el ejercicio de los sacerdotes y misioneros, que por su gran vocación y encomienda humanitaria, sabían que aunque llegaran a recibir un salario, no tendría que ver con la proporción del esfuerzo y del riesgo que corrían. Con el paso del tiempo, nuestro país estructuró un sistema de educación pública y con él se facilitó la organización de los esfuerzos a través de coberturas ordenadas y de profesionalización de la atención. A los pueblos más alejados no llegaría un profesor porque simplemente había terminado la secundaria, y su labor no se limitaría a que las personas tuvieran una educación mínima, básica.
El anhelo de reducir la población de menos recursos y sin acceso a una escolaridad, hoy se aleja al tener una mayor profundización de la brecha de desigualdad. Para un niño de bajos recursos sin internet, sin equipo de cómputo y sin el apoyo de familiares o amigos que fungieran como tutores académicos, sobrevino la carestía económica y a muchos de ellos les tocó trabajar; acompañar a sus padres a la tienda, al puesto en el tianguis, o al taller, reduce casi a cero las posibilidades de que se pueda conectar con su maestro a distancia. En un polo opuesto están los niños de familias con mayor poder adquisitivo quienes tuvieron la posibilidad de contratar a un profesor particular, con espacio adecuado para instalar un escritorio diseñado ergonómicamente para su edad, y con el internet y las herramientas suficientes para vivir la escolaridad a distancia.
Ya hace rato el sistema de educación mexicano se había enfrentado a los nuevos modelos educativos basados en metodologías innovadoras que no requieren de tener los mismos edificios dispuestos por aulas, con sillas formadas en filas y columnas, con listas en las que se registran los estudiantes según su edad y no por sus potenciales, gustos o afinidades. Son décadas de intentar instalar un modelo educativo basado en competencias, con perspectivas desarrolladoras y con un eje de participación social, pero al parecer la inercia se mantiene.
Formar a esos ciudadanos del mundo con una visión de democracia, de solidaridad y de comprensión planetaria, que como muchos pedagogos refieren, es esencial para que los estudiantes desde pequeños, entiendan la necesidad de cuidar los recursos naturales, valorar las diferencias entre razas, culturas y religiones y poder dejarlas de ver como amenazas, más bien apreciarlas desde una postura de enriquecimiento, necesita obligatoriamente un pensamiento nuevo, una vida nueva que no deje en el imaginario colectivo de un ente divino la buena suerte de nuestra sociedad.
Muchos profesores y padres de familia siguen preocupados por dos cosas que incluso tal vez, ya no debieran existir: las calificaciones y la aprobación de grados escolares. La mayoría de los directivos están preocupados porque los niños no han entregado evidencias de que están haciendo las tareas, y con ello no hay posibilidad de evaluar su “rendimiento escolar”; las estadísticas arrojarán un escandaloso índice de deserción, una reprobación que quizá se alcance a disimular con pobres justificaciones, pero que no recupera la gran experiencia de vida de nuestros niños, de sus padres y de toda la comunidad que aprendió a sobrevivir tras una pandemia, o en su caso a sobrellevar el enorme dolor de haber perdido a uno o incluso, a varios miembros de la misma familia.
Hoy ya llegamos al punto de no retorno, el Gobernador de Jalisco ha decretado el regreso al modelo presencial hasta el próximo ciclo escolar. Será en agosto cuando nos volvamos a encontrar físicamente, y los alumnos que hoy están en este grado escolar se perderán de muchas cosas, pero espero que puedan valorar otras tantas; el momento histórico les obligó a pagar esta cuota, pero también es a ellos a quienes brinda la verdadera oportunidad de conocer una escuela diferente.
Liberar la consciencia del hombre, potenciar todas sus habilidades, dotar de herramientas que les ayuden a transitar por el mundo con más elementos, implica pensar una escuela que deja de pensar en cantidades, sino más bien en cualidades; si esa conquista no se está dando es porque se apela simplemente a seguir haciendo todo como antes, con la premisa de que “eso nos ha funcionado bastante bien”… hasta ahora.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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